La evasión de procedimientos de contratación pública como peculado: una lectura crítica del derecho penal garantista

Resumen

La reforma al art. 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incorpora la evasión de procedimientos de contratación pública como una modalidad del delito de peculado, ha generado un debate relevante sobre su alcance e interpretación. Este análisis es relevante por sus implicaciones en la seguridad jurídica y en principios como la proporcionalidad y la mínima intervención penal. La presente investigación tiene como objetivo examinar críticamente las distintas interpretaciones posibles de esta disposición —ya sea como agravante, como tipo autónomo o como modalidad dependiente del tipo base de peculado— y proponer una lectura que respete los principios de un derecho penal garantista. Se concluye que la interpretación más adecuada es aquella que subordina la evasión de procedimientos al tipo base de peculado, exigiendo la concurrencia de todos sus elementos estructurales, tales como el beneficio propio o de terceros y el abuso de recursos públicos. Penalizar únicamente la inobservancia de normas formales, sin daño patrimonial ni beneficio ilegítimo constituye una extensión desproporcionada del derecho penal, que puede llevar a la criminalización de actos administrativos sin relevancia penal real. Esta expansión afecta la seguridad jurídica y las garantías propias del Estado de derecho. La investigación se desarrolló bajo una metodología cualitativa de análisis dogmático.