Editorial

Notas sobre la Política de niños, niñas y estudiantes extranjeros en Chile, 2024

Notes on the Policy for Children and International Students in Chile, 2024

María Loreto Mora-Olatea

a Universidad de Chile. Departamento de Educación. Facultad de Ciencias Sociales. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Región Metropolitana, código postal 7750000, Santiago, Chile.

https://doi.org/10.32719/26312816.2023.7.1.01

En mayo de 2018 y, considerando el desfase de la política pública frente a los escenarios crecientes de diversidad cultural migrante que se empezaron a experimentar en las escuelas en Chile, sostuve la tesis del silencio elocuente (Mora-Olate, 2020); es decir, que la realidad diversa en las aulas no llegaba a un nivel de elocuencia suficiente para ser oída por el Estado, que permanecía silente.

En ese mismo mes se presentó, sin muchas luces mediáticas, la Política nacional de estudiantes extranjeros 2018-2022, que tenía por objetivo

garantizar el derecho a la educación e inclusión de estudiantes extranjeros en el sistema educacional, contribuyendo a fortalecer la calidad educativa, respetando los principios de igualdad y no discriminación enmarcados en los compromisos internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile. (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2018, p. 26)

Dicho documento no pasó de ser una especie de recopilación histórica de aspectos como el panorama estadístico de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo, las normativas nacionales y referencias internacionales que darían sustento al trabajo con esta población, las definiciones metodológicas para la gestión de la política en cuestión y los desafíos que ello involucraba.

Por lo tanto, aquella “política” resultó discutible en cuanto a su aporte en la práctica pedagógica del día a día en las escuelas (Beniscelli et al., 2019). No fue más que un hito comunicacional del gobierno de centro-derecha a meses de iniciar su mandato, ya que no entregaba líneas de acción que concretaran sus definiciones metodológicas en el campo curricular, que tenían como telón de fondo el concepto de educación intercultural, pero sin esclarecer un lineamiento.

Al respecto, las voces académicas no tardaron en manifestar la necesidad de revisar dicha política

desde un enfoque de derechos y de educación intercultural, que aborde de manera integral las diferentes dimensiones involucradas en el derecho a la educación de los estudiantes migrantes, poniendo énfasis en la estructura general del sistema educativo y sus efectos en la inclusión de los estudiantes migrantes. (Cisternas et al., 2019, p. 97)

El aspecto curricular y su necesidad de flexibilización resultaron visibilizados en el documento en términos de una demanda desafiante en el área de fortalecimiento de la gestión educativa, pero no fueron integrados en los objetivos del área (Mora-Olate, 2020). En suma, esta respuesta del Estado no fue suficiente para romper la tesis del silencio elocuente.

El jueves 18 de enero de este año, se presentó en la biblioteca de Santiago la Política de niños, niñas y estudiantes extranjeros. Garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad: Educación parvularia, educación escolar, educación superior. El primer punto de inflexión que se observa en esta actualización es que el propósito garantista se amplía hasta la educación superior, al procurar el resguardo “del acceso, permanencia y progreso en sus trayectorias educativas” (MINEDUC, 2024, p. 19).

Esta versión actualizada de la política subraya su comprensión de la educación como un derecho humano “que se materializa en acciones institucionales que buscan generar las condiciones para la inclusión educativa de las personas extranjeras que residen en Chile, a lo largo de toda la trayectoria educativa” (p. 4); por tanto, se concibe como un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior, así como con los servicios asociados. Un segundo punto de inflexión lo constituye esta modalidad de trabajo tanto intra- como interministerial: si bien se menciona en la Política de 2018 como uno de los enfoques, ahora se explicitan con mayor vigor cuáles serían las unidades comprometidas, como lo indica el eje estratégico 4, de articulación institucional e intersectorial con las correspondientes líneas de acción (estructuras de coordinación, fortalecimiento de capacidades institucionales y territoriales, y marcos legales y de política nacional) (pp. 21-22).

En la política anterior, se consignó la realización de instancias participativas, pero solo preferentemente en regiones con mayor concentración de matrícula: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana (MINEDUC, 2018, p. 16-17). Sin embargo, y como tercer punto de inflexión, el actual documento detalla cuantitativamente el proceso participativo que está en la base de esta actualización de la política (MINEDUC, 2024, pp. 16-18). Resulta destacable que se realizara no solo en las regiones con mayor presencia extranjera, sino en todo Chile, y también que convocaran a estudiantes y familias extranjeras para conocer su experiencia en el sistema escolar nacional.

Para cumplir su cometido, la nueva Política se estructura en cinco ejes estratégicos: disponibilidad de condiciones para asegurar oportunidades de educación y aprendizaje; acceso a la educación en condiciones de igualdad; experiencias educativas pertinentes y relevantes; articulación institucional e intersectorial; y monitoreo de trayectorias educativas. En cada eje se distribuyen doce líneas de acción. Esta estructura de la actualización de la Política resulta más concreta para los actores involucrados que las tres grandes áreas de gestión y los objetivos específicos de la Política de 2018, señalados como definiciones metodológicas para la gestión de dicha política, pero que no entregaban un curso de acción más específico ni dialogaban fluidamente con los enfoques declarados de derechos humanos, inclusión, interculturalidad, género, entre otros.

Esta Política entra al aula en su dimensión didáctica y evaluativa a través de la promoción de procesos reflexivos. Así, el eje de experiencias educativas pertinentes y relevantes está conformado por las líneas de acción “Bases curriculares” y “Prácticas pedagógicas”, en las que se subraya no solo la importancia de un buen marco de acceso a la educación, sino el fondo, su contenido; esto es, que el currículum sea pertinente y con “recursos educativos que valoren la diversidad y promuevan el diálogo intercultural” (p. 21). De la mano con esto, se destaca la necesidad de “sumar los esfuerzos para actualizar, ampliar y profundizar la gestión de la prescripción curricular (políticas, procedimientos y prácticas)” (p. 21). En este punto, sería propicio que el actual proceso de actualización del currículum nacional, desarrollado desde 2023 por el MINEDUC y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC), dialogara con esta Política, otorgando pertinencia a su implementación.

Una variable no menor es la consignación de un concepto más amplio de lo que se considerara como extranjero. Antes remitía solo a los escolares menores de edad nacidos fuera de Chile, pero ahora dicha categoría incluye a niños, niñas, jóvenes y adultos de padres extranjeros, bajo protección internacional (solicitantes de asilo, personas refugiadas, víctimas de trata de personas y otros delitos), afrodescendientes cuyos padres ejercen labores diplomáticas en el país, apátridas y jóvenes y adultos en intercambio estudiantil o que retornan al país. A su vez, la escuela, como garante del derecho a la educación, está llamada en esta Política a promocionar la regularidad migratoria, a través de “proveer de información a los padres, madres y/o cuidadores acerca de los diferentes mecanismos para la regulación migratoria de los estudiantes” (p. 20).

También es valorable el rol que se asigna a la academia para asegurar la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes extranjeros: al tiempo que se aporta evidencia para la comprensión de las trayectorias educativas que experimenta este grupo de interés, se destaca “la colaboración en el diseño de programas de formación continua, dirigidos a equipos docentes y directivos, así como de las metodologías y herramientas para la educación inclusiva e intercultural” (p. 26). Curiosamente, en la Política 2024 no se alude a ningún estudio realizado por la comunidad científica nacional, a pesar de que Chile lidera en Latinoamérica la productividad académica sobre educación y migración en el período 2014-2020 (Granda & Loaiza, 2021).

Para cumplir dicha labor, a mi juicio, resulta imprescindible que quienes investigamos estos temas podamos acceder a información reportada desde el año 2021 por el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) de la Agencia de Calidad de la Educación. Como el informe de los resultados solo lo reciben los establecimientos, la Agencia no emite resultados censales —pese a ser solicitados vía la Ley de Transparencia— que permitan hacer seguimientos de la situación tanto académica como socioemocional de los estudiantes migrantes en cada región del país.

Sugiero también una articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que puede informar al MINEDUC sobre las investigaciones FONDECYT terminadas o en curso en materia de migración y educación. De esta manera se sostendría un diálogo con las y los investigadores a cargo de todo Chile, que podemos aportar desde la evidencia científica en la implementación de la Política 2024 en las comunidades escolares y de educación superior, así como en la generación de nexos con “espacios educativos alternativos y en territorios de mayor complejidad, como campamentos u otros asentamientos precarios” (MINEDUC, 2024, p. 26), relevados en el documento.

En suma, esta actualización de la Política de niños, niñas y estudiantes extranjeros es una respuesta declaratoria del Estado, que no solo aspira a velar por el acceso a la educación, sino que amplía su foco a lo que ocurre en el terreno de las aulas, en términos curriculares y didácticos.

No obstante, y considerando que una de las fortalezas de esta Política 2024 es la visión amplia de las trayectorias educativas desde la primera infancia hasta la educación superior, estimo que se echa en falta en su estructura una línea de acción que aluda a la formación inicial docente, porque necesitamos profesorado no solo sensible interculturalmente, sino preparado desde un enfoque educativo intercultural, para dar vida a los lineamientos que nos propone este texto esperanzador. Sin duda, una preocupación latente es el aseguramiento de los recursos necesarios y de las voluntades políticas y de gestión para echar a andar la orgánica que la Política propone en los múltiples niveles del ecosistema educativo.

Referencias

Beniscelli, L., Riedemann, A., & Stang, F. (2019). Multicultural, y sin embargo asimilacionista: Paradojas provocadas por el currículo oculto en una escuela con alto porcentaje de alumnos migrantes. Revista Calidad en la Educación, 50, 393-423. https://doi.org/10.31619/caledu.n50.522

Cisternas, N., Jara, L., & Vuollo, E. (2019). Luces y sombras de la inclusión de estudiantes migrantes en Chile. En N. Rojas y J. Vicuña (eds.), Migración en Chile: Evidencia y mitos de una nueva realidad (pp. 73-106). LOM. http://tinyurl.com/25pzhhpe

Granda, I., & Loaiza, J. (2021). La niñez migrante y su acogida en la escuela: Investigaciones latinoamericanas. Cadernos de Pesquisa, 51. https://doi.org/10.1590/ 198053147987

MINEDUC (2018). Política nacional de estudiantes extranjeros 2018-2022. MINEDUC. http://tinyurl.com/4fzr6yvj

MINEDUC (2024). Política de niños, niñas y estudiantes extranjeros. Garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad: Educación parvularia, educación escolar, educación superior. MINEDUC. http://tinyurl.com/bdzcs4zd

Mora-Olate, M. L. (2018). Política educativa para migrantes en Chile: Un silencio elocuente. Polis (Santiago), 17(49), 231-257. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682018000100231

Mora-Olate, M. L. (2020). Currículum y diversidad cultural: Un estudio desde disciplinas escolares y discursos docentes en establecimientos educacionales con alumnado de origen migrante [Tesis de doctorado]. Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.

Agradecimiento

Este planteamiento se desarrolla en el contexto del Proyecto FONDECYT de Postdoctorado n.° 3230358, Estudio sobre las prácticas docentes de los/as formadores/as de futuros/as profesores/as en contextos de enseñanza y aprendizaje de la educación intercultural, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile, donde la autora es la investigadora responsable.



Mora-Olate, M. L. (2024). Notas sobre la Política de niños, niñas y estudiantes extranjeros en Chile, 2024. Revista Andina de Educación 7(1), 007101. Publicado bajo licencia  CC BY-NC 4.0