Registrarse en la Policía y la Sanidad, recibir una libreta en la Oficina de Profilaxis Venérea (OPV), ¹ asistir a exámenes médicos semanales, estas y otras medidas definieron la nueva cancha en la que las meretrices tuvieron que desenvolverse desde 1921 cuando se implantó el reglamentarismo en Quito. Este implicó el reconocimiento de la prostitución como una actividad legal, pero controlada por el Estado, pues se consideraba que las hetairas eran el principal foco de difusión de las enfermedades venéreas. ² De esta manera, se pretendía proteger la salud de los clientes y del resto de la población, garantizándose la existencia del capital humano sano y productivo requerido para el progreso de la nación. ³

Su implementación supuso el surgimiento de una clasificación de las prostitutas en tres grandes grupos en función de su apego a las normas: las inscritas correctas, que cumplían las disposiciones; las remisas, inscritas que no acudían al examen profiláctico obligatorio, y las clandestinas, que trabajaban fuera de la ley. Desde el ámbito sanitario, estas últimas fueron vistas como las más peligrosas porque se asumía que sin control médico fácilmente podían infectarse e infectar a muchas personas. ⁴ Su presencia se volvía muy incómoda, ya que evidenciaba las limitaciones del reglamentarismo y la incapacidad estatal para solucionar eficazmente el meretrício y sus consecuencias en la salud pública.

Pese a la importancia de examinar la clandestinidad para comprender de forma más integral la historia de la prostitución, ⁵ en realidad este es un tema que a nivel latinoamericano se ha trabajado poco. Usualmente se encuentra no tanto en textos específicos, sino inmerso en estudios que abarcan un panorama más amplio sobre el meretricio, abordándose esencialmente la concepción de la clandestinidad, la legislación, los lugares de trabajo, las denuncias y las tensiones con la autoridad. ⁶ El vacío se profundiza cuando se trata de las clandestinas menores de edad, cuyo caso es apenas mencionado. ⁷ En cuanto al Ecuador, el escenario es más complejo debido a que la prostitución no ha concitado mayor interés investigativo y quienes la examinan hacen referencias cortas sobre la cuestión. ⁸

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo responder a una pregunta central: ¿cómo funcionó la prostitución clandestina dentro del esquema reglamentarista quiteño, entre las décadas de 1920 y 1960? ⁹ Se parte de la idea de que esta fue una modalidad de meretricio radical en el cual las mujeres, mayores y menores de edad, estuvieron en un campo caracterizado por el juego entre las imposiciones estatales orientadas a disciplinarlas y las respuestas que ellas dieron. Para examinar el tema, utilizo documentos del fondo Dirección Nacional de Sanidad del Archivo Nacional de Historia de la Medicina (ANHM), en especial informes y partes de controles nocturnos, tesis de grado de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, informes anuales del Ministerio de Previsión Social y legislación sobre la prostitución y los menores. Este material, en el cual se escucha fundamentalmente la voz masculina y oficial, fue sometido al respectivo análisis documental de contenido (lectura-comprensión, análisis y síntesis) y leído a través de las categorías táctica y estrategia de Michel de Certeau ¹⁰ y disciplina de Michel Foucault. ¹¹

El texto está dividido en dos secciones. En la primera, examino los distintos procedimientos que el reglamentarismo introdujo para el manejo del meretricio (inscripción y registro de datos, emisión de la libreta sanitaria, control médico, recorridos nocturnos); el surgimiento de varias categorías de hetairas entre las que se encontraban distintos tipos de clandestinas; las herramientas utilizadas por la Sanidad para regularizarlas y las ventajas y desventajas de su estatus. Mientras, en la segunda, me centro en las clandestinas menores de edad, la delicada situación en la que se hallaban, las motivaciones que las llevaron a tomar ese camino y las acciones institucionales desplegadas para controlar este problema social, destacando el caso del Hogar de Reeducación Femenina de Conocoto.

LAS GRADACIONES DE LA PROSTITUCIÓN: INSCRITA, REMISA Y CLANDESTINA

Cuando, en mayo de 1921, se asignaron los fondos para el establecimiento de la OPV en Quito y en septiembre abrió sus puertas, la vida de cientos de mujeres que se dedicaban a la prostitución dio un giro, pues comenzó a aplicarse el reglamentarismo. ¹² Esto supuso la incorporación de dicha oficina en la estructura estatal y la conformación de un "lugar propio", con funcionarios, normativas y procedimientos específicos, a través del cual se ejerció un poder marcado por criterios médico-sanitarios. Así, el servicio inició con un jefe-médico y uno de laboratorio, dos auxiliares estudiantes de medicina y cuatro agentes, que trabajaban en un local con salas de espera, inscripciones, exámenes y tratamientos, laboratorio bacteriológico y una habitación anexa al Hospital Civil donde se aislaba a las meretrices enfermas. ¹³

En este marco, el primer paso a seguir fue el registro de las prostitutas y el consiguiente surgimiento de la inscrita. En esto desempeñó un papel crucial la Policía de Orden y Seguridad, cuya labor permitió contar con el catastro inicial de las hetairas. ¹⁴ Según el Reglamento de Vigilancia de la Prostitución (1926), esta dependencia era la encargada de matricular a todas las meretrices, emitiendo un documento en el cual constaba el número de orden, fecha de inscripción, nombre, edad, nacionalidad, estado civil, número y edad de hijos, domicilio y si la matrícula se extendía por prostitución clandestina o a solicitud de la interesada. Una copia textual debía enviarse a la OPV, donde la meretriz tenía que regularizar su situación en un máximo de 24 horas. ¹⁵ Aquí, con una mirada y objetivos distintos, se registraban también su filiación, procedencia, raza, paternidad, nivel de educación, profesión anterior, inicio de la menstruación, edad de desfloración y profesión de quien le quitó la virginidad, tiempo en el meretricio, causas que la llevaron a prostituirse y presencia de enfermedades venéreas. ¹⁶

Una vez inscrita, la OPV expedía la respectiva libreta sanitaria o carné. De acuerdo con el Reglamento de Profilaxis Venérea para la Zona Central (1926), ¹⁷ contenía el número y fecha de inscripción, nombre, edad, estado civil, nacionalidad y domicilio, filiación y señas particulares, firma del médico jefe y certificados de su estado de salud firmados por el jefe del servicio. Estos últimos permitían hacer un seguimiento de su asistencia al examen médico semanal, que podía realizarse tanto en el dispensario como el domicilio de la hetaira, si contaba con la respectiva autorización. Cuando, por enfermedad o calamidad doméstica, la meretriz no concurría a la cita, debía avisar oportunamente al jefe del servicio. Además, estaba obligada a llevar siempre consigo el carné y, cuando le fuese solicitado, presentarlo a las autoridades de Sanidad o de Policía y a los clientes. ¹⁸

Estamos, por lo tanto, frente a un mecanismo de registro, ¹⁹ propio de un sistema disciplinario, dirigido a separar a las prostitutas del resto de mujeres y, luego a ese grupo, que podía verse como una "multitud confusa o peligrosa", transformarlo en una "multiplicidad ordenada". Mediante esta intervención de carácter identificatorio y organizativo, el meretricio se volvió una actividad inteligible, generándose un conocimiento que facilitaba el manejo de las hetairas. En la práctica, se tradujo en procedimientos orientados a garantizar el cumplimiento de las normas, siendo los recorridos nocturnos uno de los más importantes. Efectuados por funcionarios de la OPV y la Comisaría de Sanidad, permitían detectar si las prostitutas estaban inscritas y llevaban su libreta. ²⁰ Los resultados de los controles fueron diversos. Por ejemplo, el parte del recorrido realizado entre el 27 y 28 de noviembre de 1956 daba cuenta de que, aunque la mayoría presentó su documento en regla, hubo algunos inconvenientes: una de ellas tenía su carné, pero se lo incautaron por grosera; otra no lo llevaba consigo, por lo que fue citada a Comisaría, y una tercera señaló que la Intendencia de Policía se lo había retirado. ²¹

La verificación de los carnés implicaba comprobar que correspondieran a las personas que los portaban y que no se hubiera desprendido o dañado el retrato ni alterado la filiación, el certificado médico o cualquier detalle. ²² Un paso esencial era constatar la fecha del último examen profiláctico, pues si una inscrita no había acudido, inmediatamente se convertía en una remisa a quien debía aplicarse multas o días de prisión. El caso de A. Pazmiño muestra la fuerte resistencia que podía generar esta obligación. Calificada como "remisa reincidente", en mayo de 1946, el doctor Pedro Zambrano, jefe de la OPV, informaba al jefe sanitario provincial de Pichincha que dicha inscrita se encontraba en la lista de las prostitutas que debían ser sometidas a tratamiento, sin embargo, había sido imposible conseguir que acudiera al servicio. Anotaba que la única opción de chequear su estado de salud era que los inspectores logren capturarla. ²³

El examen clínico general consistía en verificar el pulso, la presión, la piel, las mucosas, los sistemas ganglionar y nervioso, los aparatos circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario y los órganos sensoriales. Se prestaba especial atención a las lesiones externas de los genitales y, mediante un espéculo, se examinaba el interior de la vagina y el cuello uterino, tomándose las muestras necesarias. Para un diagnóstico certero, se hacía también una prueba serológica. ²⁴ Cuando los resultados daban positivo para males venéreos, la meretriz estaba obligada a seguir las indicaciones médicas. ²⁵ Si era hospitalizada, no podía abandonar el centro de salud hasta que un facultativo le diera el alta y certificara que se hallaba rehabilitada para trabajar. No acatar esta disposición o ejercer su oficio enferma era una pena grave sancionada con multa de seis a 50 sucres o prisión de dos a cuatro días. ²⁶ Estas prácticas y regulaciones permitían a la Sanidad contar con los "cuerpos dóciles" para controlar la difusión del peligro venéreo.

Así, al ponerse al margen del control médico, las remisas quebraban una de las bases del reglamentarismo y ponían en cuestión la capacidad estatal para manejar el meretricio. Sin embargo, no eran ellas las que mayor preocupación generaban en la esfera sanitaria, sino las clandestinas, ²⁷ es decir, aquellas que no se habían registrado y trabajaban ilegalmente. En su Estudio sobre la prostitución en Quito (1924), Zambrano las describía en los siguientes términos:

En realidad, no se sabía con exactitud cuántas eran, pero se asumía que su número era mayor que el de las inscritas, duplicándolo o triplicándolo, por lo menos. ²⁹ Se concluía, entonces, que un importante grupo de meretrices estaba contagiando sin restricción alguna a la población. El temor se acrecentaba al considerar que cualquier mujer podía ser una clandestina. Advirtiendo este hecho, en 1921 el doctor Ricardo A. Paredes llamaba la atención sobre cómo una mujer, en apariencia sana, podía transmitir la "sífilis más terrible" al incauto que, vanagloriándose de una conquista, en verdad había conquistado "una enfermedad de pronóstico muy obscuro". ³⁰ A su criterio, existía una clara diferencia entre las clandestinas del "bajo pueblo" y las de "categoría más elevada". Las primeras eran especialmente muchachas de servicio, quienes carecían de costumbres higiénicas y frecuentemente estaban contaminadas. Mientras las segundas correspondían a mujeres de una alta posición social, elemento engañoso porque podía pensarse que no eran meretrices, deduciéndose erróneamente que gozaban de salud. ³¹

En cambio, en 1949, el doctor Ernesto Pérez Córdoba planteaba que la prostitución clandestina era practicada por aristócratas y acaudaladas, que frecuentaban teatros, hoteles, clubes y demás lugares de prestigio. ³² Si eran víctimas de un mal iban a un consultorio privado. Ocultando su verdadera cara, se hacían pasar por mujeres intachables, por lo que los hombres caían fácilmente en sus redes. En el extremo opuesto, expresaba, se encontraban quienes se dedicaban a la prostitución pública. A diferencia de las anteriores, pertenecían a una clase social baja, eran ignorantes y buscaban sus clientes a la salida de los cines y espectáculos públicos, en las calles, parques, salones de juego, cabarés y burdeles. La brecha que las separaba respondía, además, al motivo central que las impulsaba hacia el "vicio": el deseo de placer, en las unas, y la pobreza, en las otras. ³³

Queda claro que las clandestinas no fueron vistas como un grupo homogéneo, y se operaba sobre ellas un sistema clasificatorio, fundamentalmente a partir de su posición socioeconómica, el cual reprodujo la visión negativa, moral y sanitaria que pesaba sobre las meretrices. Desde la letra de la ley, las diferencias referidas no existían: una clandestina era una clandestina y, como tal, debía ser sancionada. De acuerdo con el Reglamento de Profilaxis Venérea, su desacato merecía una multa de seis a 50 sucres o dos días de prisión. ³⁴ Para la aplicación de estas penas, primero se localizaba a la infractora y registraba tanto en la Policía como en la Sanidad. En esta última se procedía a su examen médico y elaboración de su historia clínica. Si los análisis revelaban que estaba enferma se iniciaba el tratamiento y, de ser pertinente, su aislamiento u hospitalización. Adicionalmente, se le emitía el carné y el funcionario competente la juzgaba por sus faltas. ³⁵ Es decir, se activaba el mecanismo estatal creado para regularizar su actividad y mantenerla bajo control.

Pero ¿cómo localizaban las autoridades a las escurridizas clandestinas? La revisión de carnés en los controles nocturnos fue una de las estrategias más efectivas. Por ejemplo, en 1957, mediante esta modalidad se encontró a varias prostitutas no registradas en la av. 24 de Mayo, las cantinas La Rocola y Rincón Quiteño, la casa de citas de C. Erazo, entre otros sitios. ³⁶ Los informes de los recorridos registran que las respuestas ante este tipo de intervención fueron diversas. Así, en octubre de 1947, se descubrió a tres hetairas que declararon haber ejercido el comercio sexual clandestino y se inscribieron sin oponerse. ³⁷ Diez años después, en cambio, durante una inspección al Salón Bolga, las cosas se complicaron y, para salvar la situación, no se dudó en recurrir a ciertas tácticas. En efecto, al llegar los funcionarios observaron la presencia de una sospechosa que se dio a la fuga. Al interrogar a la propietaria, esta manifestó que nadie más estaba presente, y se negó a la revisión de habitaciones, hasta que su protegida estuvo a salvo. ³⁸

A la par, las clandestinas eran ubicadas gracias a las denuncias. Esto implicaba comprobar directamente si los datos eran verdaderos o falsos, cuestión compleja por la diversidad de elementos que entraban en juego. Podía suceder que las denuncias fueran producto de "venganzas o malas voluntades", como sospechaba Zambrano cuando, en mayo de 1946, sus inspectores visitaron el Salón Oriental y no detectaron nada fuera de lugar. ³⁹ También era posible que, siendo auténticas las acusaciones, las coimas a la autoridad acallaran el problema, ⁴⁰ o que la verificación requiriese de un personal y tiempo que no se tenían. Justamente, en junio de dicho año, Zambrano se dirigía a su superior, indicándole que sus funcionarios no estaban en condiciones de vigilar permanentemente la calle Antepara para determinar si, en realidad, ahí se apostaban meretrices clandestinas. ⁴¹

Se observa, por lo tanto, que las clandestinas siempre estuvieron en la mira de las autoridades y que uno de los costos de su condición fue recibir el peso de la ley cuando eran descubiertas. ⁴² Paralelamente, había ventajas a considerarse: evadir el registro les permitía librarse del estigma de ser oficialmente una prostituta, mancha que podía dificultarles encontrar un trabajo aceptado socialmente ⁴³ o descalificarlas en procesos legales, como los juicios de alimentos. ⁴⁴ Igualmente, si el meretricio no era su actividad principal, sino una opción complementaria o temporal a la que acudían para salir de una necesidad, ⁴⁵ era mejor no inscribirse y evitar las restricciones que traía el reglamentarismo.

Una de las trabas impuestas fue a la movilidad. Tanto el Reglamento de Profilaxis Venérea como el de Vigilancia de la Prostitución determinaban que la inscrita debía notificar a las autoridades cuando cambiaba de domicilio o de población. Violar esta medida implicaba recibir una multa de uno a cinco sucres o un día de prisión. ⁴⁶ A pesar de las sanciones, el cambio de residencia fue una de las tácticas más usadas por las meretrices, clandestinas o no, para evadir el control sanitario. En noviembre de 1947, por ejemplo, ocho inscritas se trasladaron a Ambato para seguir trabajando, aunque tenían blenorragia. El inspector técnico de Sanidad de la Zona Central ordenó entonces al jefe de Tungurahua que las capturara y sometiera al tratamiento que habían abandonado al huir de Quito. ⁴⁷

En medio de este panorama, podría argumentarse que la clandestina perdía la oportunidad de contar con el servicio médico gratuito que brindaba la OPV. No obstante, desde junio de 1925 esta dependencia comenzó a atender también a mujeres voluntarias y a hombres, ⁴⁸ es decir que si le faltaba recursos económicos podía acceder a los mismos especialistas y tratamientos que las hetairas públicas. En este punto, cabe mencionar que dicha dependencia atravesó momentos en extremo difíciles por los limitados fondos que se le asignaban. En mayo de 1932, Zambrano revelaba que apenas recibían cien sucres mensuales, monto que les permitía adquirir lo estrictamente indispensable, circunstancia que incluso les había obligado a pedir a los enfermos que compraran sus medicamentos. ⁴⁹

Si bien acogerse a la ley no garantizaba un cuidado médico de calidad, estar matriculada y tener una libreta sí podía facilitar el trabajo en los establecimientos de comercio sexual (clubes nocturnos, casas de cita, cabarés, pensiones, etc.), donde estaba totalmente prohibido recibir o conservar meretrices que no portaran su carné al día. Sus dueños, a la vez, tenían la obligación de presentar a la Sanidad, en un máximo de 24 horas, a las mujeres que ejercieran la prostitución sin contar con dicho documento. ⁵⁰ En la práctica, estas medidas fueron transgredidas por propietarios como C. Garzón, que recibía clandestinas en su casa de citas Roxi Bar. ⁵¹

Poniendo en una balanza los pros y los contras de ser clandestina, se aprecia que había una serie de ventajas que explicaría, al menos en parte, su crecido número a lo largo del tiempo. ⁵² La dificultad de poder controlarlas muestra las imperfecciones del sistema reglamentarista, su incapacidad para intervenir en el comercio sexual y lograr su objetivo final: evitar la propagación de los males venéreos. Esa situación colocaba a la Sanidad en una posición cuestionable, que alcanzaba una dimensión mayor grave cuando esas clandestinas no habían cumplido la mayoría de edad. ⁵³

LAS MENORES DE EDAD: EL LADO MÁS OSCURO DE LA CLANDESTINIDAD

Este tipo de prostitución fue una problemática que el reglamentarismo no logró solucionar. ⁵⁴ A dos años de abierta la OPV, en junio de 1923, el informe anual de la Subdirección de Sanidad de Pichincha reportaba que de las 311 meretrices inscritas, 49 eran menores de edad, es decir, 15,75 %. ⁵⁵ La cifra llamaba la atención porque el Reglamento de Profilaxis Venérea estipulaba que las menores de 18 años no podían ejercer la prostitución ni ser inscritas, ⁵⁶ con lo cual en el documento se admitía que la misma Sanidad estaba incumpliendo la ley. No obstante, se aducía que había un motivo que justificaba la decisión: ante la realidad de los hechos, era preferible inscribir a las menores que dejarlas en la clandestinidad. Si se carecía de un establecimiento adecuado para recluir a esas "desgraciadas muchachas", era necesario buscarlas para inscribirlas, examinarlas y curarlas, protegiéndolas de esta forma del deterioro biológico que provocaban las enfermedades venéreas. ⁵⁷

En su Estudio sobre la prostitución en Quito, Zambrano las mostraba como un problema sanitario, señalando que eran las que más fácilmente podían contagiarse y contagiar. Esto se debía a que tenían una numerosa clientela, hacían caso omiso a las normas de higiene genital, ignoraban cómo se manifestaban los males venéreos o, aun con conocimiento, para hacerse las "conquistadas", no tomaban las precauciones requeridas y podían ser muy remisas, lo que complicaba su oportuno tratamiento. En tal virtud, era indispensable recluirlas en una casa de corrección, enseñarles un oficio y darles educación sexual hasta que cumplieran la edad prescrita. Si bien sus afirmaciones estaban atravesadas por una dosis de prejuicio, su preocupación respondía a una realidad concreta, pues de las 60 menores de edad registradas en la OPV, 30 eran sifilíticas, 26 blenorrágicas y apenas 4 estaban sanas. ⁵⁸

No obstante, más allá de números y porcentajes, se trataba de duras vivencias que las jóvenes podían llegar a afrontar cuando se involucraban en el meretricio. En Por la salud sexual (1934), el doctor Luis F. Domínguez explica al caso de una inscrita de aproximadamente 15 años que fue al hospital víctima de terribles dolencias en todo su cuerpo, puesto que sus genitales y piernas estaban cubiertos de úlceras. Acostada en la camilla para el examen físico, relata, el jefe de laboratorio tomó con una lanceta un poco de rezumo seroso y al colocar la muestra bajo el microscopio encontró un crecido número de espiroquetas que confirmaron una infección sifilítica. La enfermedad había avanzado hasta su segundo estadio porque, huyendo de la vigilancia reglamentaria, la muchacha había acudido primero a una curandera. ⁵⁹

Ante el cuadro descrito, surge la pregunta sobre por qué una menor escogía un camino que la colocaba en una posición de extrema marginación y peligro. Aunque las respuestas desde la esfera médico-sanitaria fueron múltiples, en general se apuntaba que el centro de las motivaciones era la falta de recursos económicos y la posibilidad de acceder, mediante el meretricio, tanto a elementos esenciales para subsistir como a esos lujos y comodidades que, al estarle vedados por su pobreza, se volvían más apetecibles. A esto se sumaban factores como la ausencia de una familia bien constituida que la protegiera, la acción de los proxenetas, el influjo pernicioso de amigas, películas o publicaciones y, debido a la falta de un barrio de tolerancia, la facilidad con la cual podía ver actos inmorales y estar en contacto con el mundo de la prostitución. ⁶⁰

No hay que olvidar tampoco la delicada etapa que las menores atravesaban. Al respeto, el director general de Hogares de Protección Social, Alfredo Carrillo, al abordar el estado psíquico de los niños en edad escolar y los adolescentes, destacaba cómo sus comportamientos estaban marcados por el espíritu de imitación, fantasía, fabulación, hiperexcitabilidad del sistema nervioso, el deseo de aventura y la sugestibilidad. ⁶¹ Justamente este último rasgo era, para el doctor Édgar Rentería Guerra, la variable clave para comprender la lógica que entraba en funcionamiento cuando una menor se involucraba en el meretricio:

Desde lo físico, Zambrano subrayaba la importancia de la primera menstruación en las niñas, pues en muchas esta experiencia las "excitaba gravemente". De esta suerte, si habían sido criadas en la usual hipocresía y secreto con que se manejaban los temas sexuales, podían ser fácilmente seducidas por hombres o muchachos sin conciencia que las conquistaban y después las abandonaban. Así, la desfloración podía constituirse en el inicio de una pendiente que las llevaría directamente a la prostitución. Según sus observaciones, de las 325 inscritas de la OPV, 260 habían sido desfloradas entre los 12 y 15 años (80 %), edad en la que, igualmente, 295 habían tenido su primera regla (90,76 %), donde el médico encontraba un nexo, por lo que era indispensable guiar a las jóvenes en ese período crítico, más todavía si el inicio de la actividad sexual podía conllevar una maternidad no deseada. ⁶³

Aunque su investigación revelaba que de las 60 menores inscritas, solo 13 habían concebido, los 14 embarazos registrados mostraban un alto índice de mortalidad infantil. En efecto, únicamente tres niños llegaron a término y vivieron, seis nacieron pero murieron al poco tiempo y cinco no llegaron a nacer. Las cifras, indicaba, eran entendibles porque se trataba de niñas de 10 a 16 años, cuyos órganos genitales carecían de las condiciones apropiadas para la fecundación y su esqueleto no había alcanzado el desarrollo requerido para alojar un feto. Además, ninguna estaba sana, pues tenían sífilis o blenorragia, patologías que provocaban abortos, mortinatos, niños con deformaciones o enfermos. Para complicar el cuadro, por su juventud, inmadurez e ignorancia no estaban preparadas para desempeñarse como madres. Consecuentemente, advertía que su maternidad se convertía en una equivocación difícil de enfrentar, por lo que el aborto o el abandono del hijo eran alternativas siempre presentes. ⁶⁴

Los riesgos no terminaban ahí. Su trabajo significaba salir en la noche y trabajar en la calle, hospedajes, domicilios o locales de diversión nocturna. De acuerdo con la normativa, en estos últimos no podían permanecer menores de 21 años de cualquier sexo, so pena de sufrir su clausura temporal o definitiva. ⁶⁵ Empero, los controles de la Comisaría mostraban que esta disposición podía obviarse como sucedió en el salón Los Panchos, el 27 de abril de 1957. Aquí los notificadores sorprendieron a una menor, cuya filiación no pudieron captar, libando cerveza en compañía de cuatro hombres en avanzado estado de ebriedad. ⁶⁶ Meses más tarde, la situación se repitió, encontrándose esta vez a tres hombres bebiendo con una inscrita y una menor, que al mencionar su nombre estaba tan borracha que fue imposible entender lo que decía. ⁶⁷

Los partes de los notificadores no dan cuenta del procedimiento que luego se seguía. Sin embargo, como se ha visto, una de las opciones era regularizarlas mediante su inscripción, carnetización, control médico semanal, tratamiento y hospitalización si lo requiriesen. Es decir, era factible imponerles una reglamentación que había sido diseñada para adultas. No obstante, esta vía tensionaba mucho las cosas al punto que, en septiembre de 1953, el director general de Sanidad le pidió la renuncia del jefe de Profilaxis Venérea por la ineficacia técnica reiteradamente comprobada en el control de la prostitución y la inapropiada expedición de libretas a menores de edad. ⁶⁸

Para ellas, estar registradas conllevaba aceptar las regulaciones y, ante esta perspectiva, hubo quienes decidieron usar sus propias tácticas. A inicios de enero de 1947, por ejemplo, el inspector técnico de Sanidad de la Zona Central le solicitó a su jefe de Pichincha que investigara y sancionara, si fuese necesario, al notificador de Profilaxis Venérea, porque se lo acusaba de recibir dinero de las menores para que les avisara las fechas de las visitas. En caso de que fuera verdad, se trataba de jóvenes que habían aprendido los ardides necesarios para sobrevivir en el ambiente, de un funcionario que aprovechaba su posición de poder para obtener dinero y de la intervención del azar, pues, según el documento, el hecho fue descubierto casualmente por el encargado del control de menores en el Ministerio de Previsión Social y Trabajo. ⁶⁹

Bien, si institucionalmente la inscripción de las menores era un procedimiento discutible, ¿cómo podía manejarse el problema adecuadamente? Para el Estado, una solución viable fue su clausura, utilizándose para ello los hogares de protección social. ⁷⁰ De acuerdo con el Código de Menores de 1938, este término comprendía colonias, establecimientos preescolares, escolares, profesionales y todos aquellos que sirvieran para su educación y reeduca-ción. ⁷¹ Precisamente, en mayo de 1946, el Servicio Antivenéreo capturó a varias menores que estaban ejerciendo la prostitución clandestina. El primer paso fue practicarles exámenes médicos y luego presentar los casos al jefe sanitario provincial de Pichincha para que gestionara su reclusión. ⁷²

Desde 1938, el Tribunal de Menores, ⁷³ adscrito al Ministerio de Previsión Social, fue la entidad encargada de analizar los casos y definir lo procedente. En cuanto a las menores prostituidas, la opción era enviarlas al Hogar de Reeducación Femenina (HRF). Previo a este, había existido en Quito un Hogar de Señoritas, que fue intervenido para convertirlo en un reformatorio. Esto implicó desalojar a las menores que tenían padres que podían hacerse cargo de ellas y crear dos secciones: una temporal, con aquellas que carecían de medios de vida y serían colocadas en lugares más idóneos; y otra, con las menores irregulares, entre las que había numerosas jóvenes de 14, 13 e incluso 12 años, que se dedicaban al meretricio. ⁷⁴ Desde un principio, el trabajo fue visto como el factor redentor que permitiría reencausar sus vidas al abrirse talleres para que aprendieran un oficio, generaran recursos y fueran independientes. ⁷⁵

El devenir del HRF fue complejo y estuvo inmerso en las dificultades que, en general, experimentaron las dependencias de protección social. De entrada, para estas instancias no fue fácil abrirse paso en la estructura estatal, ya que su funcionamiento suponía implementar todo el sistema técnico-administrativo requerido para proteger a los menores desde la etapa prenatal hasta la adolescencia. La estrechez económica reportada constantemente por las autoridades fue una limitante. La falta de fondos hizo difícil contar con edificios propios y adecuados, disponer de personal suficiente y especializado y brindar la ayuda material que muchas familias precisaban. ⁷⁶ No obstante, con estos elementos en contra, su labor fue afianzándose, se dieron avances y se logró cubrir diversas necesidades. ⁷⁷

Un acercamiento a esa experiencia lo permite la tesis de Rentería Guerra titulada "Estudio médico psicológico de la prostitución de menores" (1968), que se centró en 50 internas del HRF de Conocoto, ⁷⁸ del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, administrado por las religiosas del Buen Pastor. ⁷⁹ Realizar la investigación, mencionaba, no fue fácil por la resistencia e incluso hostilidad de muchas de ellas y de las 50 menores vagabundas no ingresadas que le sirvieron como grupo de contraste. Su negativa es comprensible porque aceptar su condición implicaba someterse a un examen clínico general, responder preguntas y hacer pruebas para que se determinara su carácter, personalidad, etc. ⁸⁰ Es decir, permitir que un extraño inspeccionara sus vidas. Mediante esta metodología, Rentería Guerra fue "extrayendo un saber" ⁸¹ y configurando una versión que estaría avalada por la ciencia médica.

Los resultados obtenidos revelaban que en su mayoría tenían entre 15 y 18 años, eran de Pichincha, habían terminado la escuela o cursado los primeros cuatro grados, contaban con un nivel intelectual mediano, habían nacido dentro del matrimonio y se habían iniciado en el oficio a los 16 o 17 años. Como clandestinas, habían enfrentado el arresto o detención de las autoridades, que las localizaron en compañía de meretrices mayores o de hombres menores, en salones de baile, a la salida de hoteles, por denuncia de los padres u otras personas y cuando la Policía intervenía en eventos no relacionados con el comercio sexual. Una vez capturadas, usualmente en la noche, eran llevadas a los calabozos de la Intendencia o las comisarías. A la mañana siguiente eran puestas a órdenes del Tribunal de Menores, donde se las juzgaba y, con la orden del juez y el asesoramiento del Servicio Social Nacional, eran remitidas al Hogar de Reeducación. ⁸²

Aquí se activaba un mecanismo de registro que se traducía en una ficha personal donde constaba su aspecto exterior, comportamiento, carácter, personalidad, historia familiar, aptitudes y vocación profesional. Además, se iniciaba su rehabilitación, asignándoles primero trabajos simples como lavado y planchado, al igual que tareas de limpieza. Según Rentería Guerra, las nuevas reglas eran difíciles de asimilar y, si bien hubo menores que lograron adaptarse en unos 15 días, otras nunca lo consiguieron. Esto se reflejó en una actitud de rebeldía que las llevó a fugarse del establecimiento, intentar suicidarse o regresar a la prostitución. La información recabada apuntaba a que, en un principio, el hogar era visto como un sitio de penitencia, ⁸³ donde se sentían presas, víctimas de la injusticia social o la incomprensión familiar. ⁸⁴ Fue el caso de Isabel S., de 17 años, nacida en Tambillo:

Mientras ella y el resto de las jóvenes habían trabajado en la clandestinidad, sufrido el arresto de la Policía, pasado por un Tribunal y se hallaban recluidas en Conocoto, a sus clientes no les había sucedido nada. Averiguando quiénes eran los hombres que compraban sus cuerpos, Rentería Guerra concluía que se dividían en tres grupos que iban de lo menos anormal a lo más anormal: los adolescentes, inmaduros sexuales que veían en la prostitución la vía para convertirse en "hombres íntegros"; los adultos con inmadurez afectiva y sexual, que buscaban meretrices porque no podían mantener una relación amorosa normal, y los casos patológicos, que comprendían a pervertidos sexuales como los sadomasoquistas y fetichistas. Aunque unas pocas menores habían declarado que tenían preferencia o repulsión por un tipo específico de hombre, subrayaba que lo que mandaba en ellas era el dinero. ⁸⁶ De esta manera, con las limitaciones de una investigación realizada por un hombre, médico, adulto, y registrar testimonios que respondían también a las circunstancias e intereses de las menores, la tesis nos aproxima a una problemática compleja que el Estado no logró solucionar. En efecto, el recorrido realizado muestra que tanto el registro de niñas y jóvenes que se dedicaban al meretricio en la OPV como su ingreso a hogares de reeducación, constituyeron medidas parciales que no atacaron directamente la raíz del asunto: la pobreza y abandono en que se encontraba un porcentaje significativo de menores; así como la persistencia de una estructura sociocultural que admitía la demanda masculina de un servicio sexual que involucraba a uno de los grupos poblacionales más vulnerables por su edad, clase y género.