Durante los últimos años, Ecuador ha vivido un intenso calendario electoral debido al desarrollo de los comicios seccionales y las elecciones generales anticipadas producidas tras el decreto presidencial de "muerte cruzada" en 2023, la convocatoria a una consulta popular en 2024 y la proyección de las nuevas elecciones presidenciales previstas para 2025. Al tenor de estos eventos, ha vuelto a emerger un discurso permeado por la exigencia de acciones destinadas a garantizar la participación, seguridad y transparencia del voto ciudadano. Dichas demandas, sustentadas en la necesidad de contrarrestar problemáticas relacionadas con la falta de Estado de derecho o la deficiencia de estructuras institucionales, sistemas electorales o de partidos, parten de una visión de lucha por la democracia que impone un compromiso político cada vez más urgente frente al desafío de la gobernabilidad.

El ejercicio electoral libre y universal aparece entonces como un elemento clave de la progresión democrática que busca superar dichas problemáticas y, de esa forma, conjurar el fantasma de un pasado marcado por los rezagos del sufragio restrictivo, así como por la impronta del autoritarismo, la violencia o el fraude, que han perjudicado el bicentenario trayecto de la democracia representativa en Latinoamérica. Sin embargo, tal visión acerca de un desarrollo electoral socavado a lo largo de los años adeuda una reflexión que, lejos de caer en la trampa del presentismo, permita entender la compleja configuración histórica de las prácticas electorales y su entramado con los procesos de disputa, incorporación y participación política, construcción de la ciudadanía y la democracia representativa en la región.

Como se puede observar, este escenario proyecta un reto imperativo. Aún más si se toma en cuenta que aquello que se conoce desde el diverso abanico epistemológico de las ciencias sociales sobre el surgimiento del voto moderno durante el siglo XIX, y su compleja experimentación a lo largo de dicha centuria, resulta muy limitado. De hecho, si bien durante las últimas décadas el estudio especializado de los procesos electorales decimonónicos ha tomado impulso en Latinoamérica, y ha generado discusiones que están echando por tierra aquella "leyenda negra" nombrada por el historiador Antonio Annino para referirse al espejismo del fracaso electoral,¹ en el Ecuador aún es notoria la escasez de trabajos sobre dicho campo. De ahí la necesidad de escudriñar el pasado y las problemáticas de esta práctica política, indagar su lugar como mecanismo fundamental para la construcción y legitimación de los procesos de institucionalización republicana y expansión de la cultura política moderna, así como colocar dichas discusiones tanto a la vista del interés académico y social local, como también en conexión con un ámbito de debates más amplio y comprometido con la reinterpretación crítica de la trayectoria democrática en la región.

Un aspecto clave al momento de enfrentar tales desafíos es el reconocimiento de aquellos trabajos que, aun siendo escasos, conforman el cúmulo de estudios existentes sobre la historia del sufragio en el Ecuador. Observar dicha producción contribuye no solo a la puesta en uso de sus resultados, sino también al balance de las narrativas construidas en torno al pasado de este ejercicio político y al examen de los objetivos e intereses de su interpretación, en correspondencia con las distintas formas, contextos y enfoques de trabajo académico. Al mismo tiempo, la proyección de una visión panorámica a través de este mapa historiográfico puede facilitar el trazado de nuevas interrogantes alrededor de este fértil campo de investigación.

Es por ello que las siguientes páginas abordan la revisión de la historiografía ecuatorianista interesada en el desarrollo del fenómeno electoral decimonónico, con el propósito de identificar la dirección y los avances que, hasta el momento, han moldeado su comprensión. Tal recorrido persigue las coordenadas teóricas y metodológicas de un acumulado de estudios, en relación con los contextos de producción generados por los procesos de instauración y transformación de la disciplina histórica en el país, a lo largo del siglo XX. En ese camino, se identifica la emergencia de su estudio en el marco de la institucionalización de la historia como ciencia y la impronta del canon conservador que rigió la academia hasta mediados de dicha centuria; las contribuciones que aparecieron una vez iniciado el proceso de profesionalización de aquella disciplina, la cual marcó el ascenso de la nueva historia ecuatoriana, vinculada a los paradigmas científicos de posguerra; y, finalmente, los estudios que desde la década de los noventa se han encaminado hacia un abordaje conectado con las múltiples posibilidades de interpretación abiertas por la nueva historia política.

Para iniciar este recorrido es necesario mencionar que, a la luz de las grandes narrativas y crónicas sobre la época republicana elaboradas a lo largo del siglo XIX por figuras como Pedro Fermín Cevallos, Pedro Moncayo o Juan León Mera, los asuntos electorales fueron supeditados al relato descriptivo de los eventos políticos que absorbían, por entonces, la escritura de la historia. De esta manera, las convocatorias comiciales, el resultado de una elección presidencial, la distribución del sistema de representación o las directrices de los reglamentos electorales encontraron un lugar muy acotado en las páginas de sus obras al momento de referir los acontecimientos que marcaron el devenir del Estado, especialmente en lo relativo a la disputa y llegada al poder de las élites dirigentes.

Mas, el sufragio, como objeto específico de la historiografía, tuvo que esperar durante algún tiempo hasta llegar a emerger hacia las primeras décadas del siglo XX, de la mano de intelectuales que provenían del ámbito jurídico. En ese escenario, se destacó la figura de Julio Tobar Donoso, reconocido jurisconsulto de tendencia conservadora, quien a lo largo de su vida desarrolló un gran interés por la historia que lo llevó a vincularse a espacios académicos de este ámbito y publicar varios estudios sobre el Estado, la Iglesia, figuras políticas e ilustres católicos del siglo XIX.

Hacia 1918, con motivo de su incorporación a la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos, presentó su monografía "Las segundas elecciones de 1875". En este trabajo abordó la conflictiva organización de las candidaturas presidenciales por parte de las facciones políticas que se disputaron el poder tras la muerte del líder conservador Gabriel García Moreno. La narración cronológica de los acontecimientos protagonizados por las figuras políticas que intervinieron en esta competencia electoral, realizada con base en los debates legislativos, prensa, mensajes y correspondencia oficial de la época, configuró un relato interesado en describir aquella "gran lidia en que iba a decidirse la suerte del país".² Sin embargo, como menciona el historiador Guillermo Bustos, el trabajo de este intelectual no buscaba solamente narrar la victoria de Antonio Borrero y el desplazamiento del Partido Conservador del poder durante el último cuarto del siglo XIX, sino prevenir a los militantes del movimiento católico de su tiempo sobre el efecto del divisionismo al interior de esta tendencia, fomentando así la visión de la historia como maestra de la vida política.³

Años después, Tobar Donoso publicó otro estudio, de carácter más bien interpretativo, que proponía una periodización evolutiva de la organización del sufragio en el país. En ese camino, marcó una primera etapa entre 1830 y 1860 caracterizada por la configuración regional y caudillista del poder que incidió en la mentalización y puesta en marcha del sistema de representación política. A partir de la segunda mitad de siglo situó un período matizado por las "grandes conquistas del sufragio en sentido democrático" que resultaron de la Constitución promulgada por el gobierno garciano; así como la posterior "corrupción radical del sistema" debido al fraude y la violencia que atribuía a los gobiernos liberales finiseculares.⁴ Por último, identificó un tercer período, hacia el segundo cuarto del siglo XX, que se distinguió por la consecución del voto libre, universal y obligatorio para las personas letradas y por las iniciativas a favor de un poder electoral autónomo.

Como se observa, el tratamiento de las elecciones por parte de Tobar Donoso enfatizó la dimensión de los eventos comiciales de la época pos-garciana, así como la organización y evolución del voto desde la creación de la república. Estos trabajos, además de anclarse en la concepción positivista de la historia, se enmarcaron en un momento clave para el posiciona-miento de un canon historiográfico de corte patriótico, católico e hispanista que sostuvo el proceso de institucionalización de la historia como disciplina académica en el país, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.⁵ Se puede entender entonces su inclinación hacia una narrativa permeada por el valor patriótico y la virtud cristiana, los cuales le llevaron a exaltar el protagonismo de García Moreno como punto de inflexión en el proceso de evolución del sistema de sufragio y figurar dicha trayectoria como una "línea recta y luminosa".⁶ De tal manera que, en este contexto de producción, las elecciones pasaron a representar un escenario que permitía proyectar el perfeccionamiento de la vida política y, con base en esa visión, formaron parte de aquellos relatos sobre la construcción de la nación que lideraron las voces conservadoras desde el quehacer historiográfico de aquellas décadas.

Es necesario mencionar que, al mismo tiempo, la trayectoria del sufragio fue convirtiéndose en objeto de estudio al interior de las ciencias jurídicas. Trabajos como los de Manuel Romero o Raúl González, publicados durante el primer cuarto del siglo XX, empezaron a interesarse por el ordenamiento jurídico de ese campo a lo largo de los años. Dicho interés fue renovándose eventualmente, tal como se observa por los análisis de Roberto Moncayo y José Benítez que circularon en las facultades de jurisprudencia durante la década de 1960, cuando el debate se intensificó en torno a la posibilidad del sufragio universal. Tiempo después, hacia finales de los años 80, el vacío que se percibía motivó la colección denominada "Elecciones y democracia en el Ecuador", donde se incluyó una panorámica evolutiva del sistema electoral, elaborada por Ernesto Albán Gómez. A ese análisis se sumó el aporte de Agustín Grijalva y, en años más recientes, otras compilaciones centradas en la evolución jurídica del sufragio.⁷ Este conjunto de obras, que tiene como rasgo común un ejercicio esencialmente descriptivo del sistema electoral que surgió con la creación del Estado, se ha enfocado en la dimensión estrictamente normativa del sufragio como base para elaborar una genealogía de la democracia. Es por ello que varios de estos trabajos buscaban evidenciar las debilidades del sistema electoral ecuatoriano en el transcurso de su historia y promover reformas para establecer un ordenamiento jurídico que afiance el sistema democrático de gobierno.

Durante la época de retorno a la democracia que vivió el Ecuador a fines de los años 70, nuevas generaciones de intelectuales, esta vez vinculadas con el ámbito profesional de la sociología, volvieron a interesarse por la larga trayectoria del voto en el país. Estos trabajos surgieron al tenor de un nuevo contexto historiográfico que buscaba tender puentes con las ciencias sociales, de cara al influjo epistemológico de los paradigmas correspondientes a la escuela francesa de los Annales, el estructuralismo y el marxismo inglés. Dicho cambio de orientación encaminó nuevas perspectivas teórico-metodológicas que desplazaron el lugar de la tradicional historia política, limitada hasta entonces a describir los sucesos del pasado, por estudios que más bien se interesaban en su comprensión a partir de las interrelaciones determinadas por las estructuras socioeconómicas que regían a las sociedades.

En ese momento, el sociólogo y politólogo Rafael Quintero publicó un estudio en el que examinó la estructura institucional de representación implantada a partir de 1830. Para la elaboración de dicho análisis contempló diversas fuentes primarias entre las que se distinguió el uso de registros poblacionales y actas electorales, así como también una metodología de tipo cuantitativo, que por entonces tenía un amplio espectro dentro las ciencias sociales, con el objeto de superar la eventualización de la realidad. La investigación de Quintero reveló aspectos novedosos como el volumen y composición de los cuerpos electorales, su distribución territorial, porcentajes de participación, cifras de votos, entre otros elementos inexplorados que revelaron una nueva dimensión de las elecciones decimonónicas.

A partir de esta evidencia, el autor sustentó una interpretación alineada con la visión sociológica que años atrás había inaugurado el destacado intelectual Oswaldo Albornoz Peralta, acerca del predominio terrateniente en la articulación histórica de las estructuras económico-sociales que marcaron el sometimiento de la población campesina e indígena. En consonancia con esta visión germinal, Quintero identificó la formación de un sistema de representación de corte oligárquico durante las primeras décadas republicanas, organizado y controlado por las élites latifundistas serranas, en el marco de un orden precapitalista. De acuerdo con su argumentación, la instrumentalización del voto por parte del poder terrateniente, que buscaba defender sus intereses de clase frente al ascenso de la burguesía costeña, repercutió en el "tardío surgimiento del Estado nacional" y la "pequeñez de la realidad democrática", a lo largo el siglo XIX en el Ecuador.⁸

Bajo la impronta de estos paradigmas surgieron, paralelamente, varios estudios impulsados por una generación de académicos que dio a su producción historiográfica el nombre de nueva historia. Con el propósito de distanciarse de "la vieja escuela y del anquilosado academicismo oficial",⁹ los intelectuales involucrados dentro de esta corriente se opusieron a la continuación de ciertas prácticas asociadas con aquella historia política tradicional que incluían la hegemonía y culto a ciertos temas, períodos y protagonistas del pasado, ausencia de metodología, énfasis en la dimensión descriptiva o narrativa y uso de la historia para la legitimación de las clases dominantes. Esta generación impulsó, a su vez, la creación de espacios de formación profesional, así como de investigación y difusión de nuevas aproximaciones al pasado que consolidaron el ascenso de la historia social y económica a partir de los años 80.¹⁰

Uno de los principales representantes de esta corriente es el historiador Enrique Ayala Mora, autor de la difundida obra Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, que apareció durante la coyuntura electoral de 1978-1979, la cual puso término al ciclo de dictaduras militares extendido en el país a lo largo de aquella década.¹¹ En este contexto de redemocratización, Ayala Mora se interesó por la trayectoria de los partidos políticos y su lugar como elemento clave en el escenario de la competencia por el poder. Siguiendo el influjo de los paradigmas dominantes, su estudio se centró en la comprensión del proceso de formación del Estado durante el siglo XIX, cubriendo el trayecto que avanza entre la coyuntura independentista y el predominio de los gobiernos liberales finiseculares. A lo largo de esta amplia temporalidad examinó a los actores hegemónicos, la formación de sus proyectos nacionales y la impronta de los procesos de fundación de la República, la consolidación y declive del Estado oligárquico terrateniente y el posterior ascenso de la burguesía agroexportadora.

Con base en el entramado de relaciones sociales y disputas del poder que devino de aquellos escenarios, Ayala Mora situó la progresiva formación de las tendencias ideológico-políticas que hacia el último cuarto de siglo se identificaron con el conservadurismo, progresismo, liberalismo y radicalismo. Su estudio puso especial atención en las pugnas entre estas identidades políticas fragmentadas que incidieron en la complejización y ampliación de los procesos electorales haciendo de estos un escenario que impulsó la organización de plataformas de participación tales como las sociedades y los clubes, además de permitir la vinculación de sectores medios de la sociedad, absorbidos, no obstante, a través de una dinámica eminentemente clientelar.

Esta interpretación histórica, que gira en torno al predominio del poder terrateniente como condición estructural que dictaminó la dinámica sociopolítica del siglo XIX, se evidencia en otros estudios clave sobre la formación temprana del Estado, como es el caso de la historiadora Silvia Vega. La autora ofreció un análisis de la acción gubernamental de Vicente Rocafuerte y Juan José Flores durante el período 1830-1845, con base al cual planteó la existencia de un proyecto inicial de centralización que fue liderado por la clase terrateniente frente a la necesidad de sostener la existencia y fortalecimiento del Estado.

En su trabajo, Vega consideró los procesos electorales no solo para referir la llegada al poder de estos líderes, sino como un escenario que condensó algunas problemáticas trasversales a la definición de sus proyectos políticos.

Una de ellas relacionada con el conflicto entre el poder local y central debido a la modalidad de designación de gobernadores y alcaldes que inicialmente favoreció tanto la capacidad autónoma de las localidades en el ámbito procedimental de los comicios, como la selección de autoridades provenientes de sus propios grupos de poder, que no siempre resultaban funcionales al afán centralizador del Estado. Por ello, una de las reformas del segundo gobierno floreano dispuso que la designación de los gobernadores provinciales corriera a cargo del Ejecutivo, a la vez que este amplió sus funciones para que se convirtieran en agentes estatales dentro de la administración política interna.

La autora también identificó que las restricciones impuestas al sistema de representación perfilaban el proyecto terrateniente de nación, el cual restringía la idea de participación a un cuerpo político estratificado, en lugar de una comunidad integrada por individuos libres, iguales y asociados voluntariamente. Con lo cual, Vega concluyó que las elecciones evidenciaban "el carácter elitista y aristocrático del Estado terrateniente y de la clase que, recogiendo la tradición, costumbres e instituciones desde la época colonial, logró imprimir su dirección intelectual y política en la sociedad republicana, reivindicando para sí la encarnación de la nacionalidad ecuatoriana".¹²

La llegada de los años 90 marcó un nuevo rumbo en la forma de abordar las elecciones, hasta entonces regida por el canon de la historia positivista y la historia en clave socioeconómica. Este distanciamiento se evidenció en la producción de nuevas lecturas sobre las elecciones decimonónicas, conectadas con las tendencias historiográficas que surgieron tras la caída de aquellos paradigmas dominantes. Dicho cambio de orientación, que se inició en el ámbito académico europeo y norteamericano de los años 70 de la mano de fundamentos posmodernos y deconstruccionistas, contribuyeron a cuestionar la perspectiva estructuralista del conocimiento dentro de las ciencias sociales. En este contexto, los estudios históricos desplazaron su afán de una comprensión mimética, objetiva y universal del pasado hacia una dimensión epistemológica preocupada por las coordenadas de su representación y las condiciones de producción de dicho conocimiento. Posicionamiento que dio como resultado el viraje antropológico y lingüístico del campo.

Hacia el último cuarto del siglo, tales trayectorias posibilitaron el renacimiento de la historia política que, distanciándose de sus concepciones disciplinarias clásicas, dio lugar al estudio de lo político, como un espacio desde donde se podía entender la existencia y organización de la vida comunitaria "más allá de la competencia partidaria por el ejercicio de poder, de la acción gubernamental del día a día y la vida ordinaria de las instituciones".¹³ De acuerdo con Pierre Rosanvallon, esta perspectiva revelaba su "importancia en las sociedades democráticas, es decir, en aquellas donde las condiciones para la vida en común no están definidas a priori [...] En efecto, la democracia constituye a la política en un campo sumamente abierto a partir de las tensiones e incertidumbres que subyacen en ella".¹⁴ En ese camino, el estudio de las prácticas políticas, entre ellas el voto, emergió como un escenario relevante que permitía escudriñar el espesor y la complejidad del poder, entretejidos en la configuración del orden político moderno.

Inmersos en ese horizonte, aparecieron los trabajos dirigidos por Antonio Annino, Carlos Malamud y Eduardo Posada Carbó, cuyo aporte historio-gráfico permitió mapear algunas problemáticas y complejizar las interpretaciones sobre el desarrollo del voto en el contexto de la modernidad política atlántica.¹⁵ Precisamente, el proyecto de Posada Carbó reunió varias investigaciones que abordaban la dinámica electoral anterior al voto universal y su impacto en la tradición democrática de países europeos y latinoamericanos, entre los que se incluyó un capítulo sobre el Ecuador. Este trabajo fue elaborado por Juan Maiguashca, historiador de amplia trayectoria, quien analizó las reformas electorales de 1861 que pusieron término a los comicios con carácter restrictivo e indirecto.¹⁶

Su propuesta situó a los agentes del Estado como principales actores de esta transformación, debido a que dichas reformas fueron un recurso fundamental que puso en marcha la nueva generación de dirigentes políticos para enfrentar el conflicto territorial entre centro y periferia, alimentado durante largo tiempo por un sistema de representación departamental que contribuyó a sostener los poderes regionales y sus aspiraciones federalistas, así como por las tensiones sociales entre la élite y el pueblo que desencadenaron, en conjunto, la fragmentación del país hacia finales de la década de 1850. Reunidos en la Convención Nacional de 1861, estos dirigentes llevaron a cabo la transformación del sistema de representación, con el propósito de recomponer el equilibrio interno de la comunidad política.

La lectura de Maiguashca se fundamentó en sus estudios alrededor del Estado como institución administrativa que contribuyó a la formación de las naciones en la región andina.¹⁷ En ese camino, se posicionó frente a los planteamientos de Quintero, quien concibió dichas reformas como una concesión instrumentalizada por parte de las élites para mantener su hegemonía. Su análisis también cuestionó la idea arraigada sobre los resultados poco favorables de las trasformaciones normativas para la consecución de experiencias electorales más participativas. Tras examinar los debates producidos en dicha Convención, los informes diplomáticos de la época y el estudio cuantitativo de Quintero, evidenció que dichas iniciativas tuvieron un impacto efectivo en la transformación del orden político debido a que viabilizaron la incorporación de nuevos actores y la expansión de su participación política durante la segunda mitad del siglo XIX, además que posibilitó una distribución proporcional de la representación que contribuyó a estabilizar el ejercicio de poder, tras la mencionada crisis.

Distanciándose de la dimensión sistemática o legal del voto, estos planteamientos situaron la discusión del campo electoral en el centro de un proceso de reorganización político-administrativa del Estado que se desplegó a inicios de la década de 1860. De tal manera que su interpretación conectó con el enfoque de historiadores como Posada Carbó o Annino, quienes buscaban alejarse de los estudios comúnmente limitados a sentenciar el fracaso democrático de las elecciones debido a las restricciones impuestas a sus reglas operativas, al carácter confiscatorio marcado por la hegemonía de las élites, o al despliegue de "prácticas de mecenazgo y clientelismo, o simplemente el fraude y la coerción".¹⁸

Precisamente, la obra de Annino, que se publicó en colaboración con investigadores interesados por la cuestión electoral en México, los Andes, Río de la Plata y Brasil, incluyó un artículo de la investigadora francesa Marie-Danielle Demélas sobre las primeras elecciones desarrolladas a la luz de la Constitución gaditana en la región andina, entre 1813 y 1814.¹⁹ Demélas, quien venía de una sólida trayectoria de estudio sobre la construcción de la soberanía popular, la representación moderna y la ciudadanía en el contexto de las revoluciones hispanoamericanas,²⁰ evidenció junto a François-Xavier Guerra que "el problema de la representación política y la práctica electoral ocupó un lugar central en este proceso porque se dirigió al corazón de la acción revolucionaria: una nueva legitimidad política nacida de la nación cuya soberanía fue declarada en la primera sesión de las Cortes en Cádiz".²¹

En el artículo mencionado, Demélas indagó el ejercicio del voto popular durante dicha coyuntura en sociedades marcadas por una predominante composición pluriétnica como Charcas y la Real Audiencia de Quito. Su investigación evidenció que las autoridades de esta última acogieron los planes de elecciones decretados por las Cortes, deliberaron activamente sobre el sufragio de amplios sectores de la población conforme a los principios estipulados por dicha carta y gestionaron aquella participación, de cara a las disputas generadas por la intervención de dirigentes y notables locales en la organización de los censos, circunscripciones y actos electorales de localidades como Cuenca y Loja.

En su lectura, el revolucionario reconocimiento de los indígenas como ciudadanos de la nación española y la integración de un solo cuerpo electoral conformado por las comunidades que, hasta entonces, habían actuado en los márgenes de la República de indios y otra de españoles no significó la instauración de un nuevo orden político basado en la proyección de una representación y ciudadanía modernas, sino la coexistencia de esas novedades, al interior de una sociedad predominantemente estamental y corporativa. Según advirtió la historiadora, "la observación de las primeras elecciones modernas en los Andes confirma la utilización del sufragio amplio como electorado cautivo, así como ciertas formas de resistencia de los notables vinculados con las representaciones de Antiguo Régimen".²²

No obstante, mencionó que su interpretación -basada en el plan de elecciones de 1813, emitido por el fiscal de la Audiencia, y las consultas presentadas por las autoridades de las localidades mencionadas- no constituía una explicación exhaustiva de estas experiencias electorales, por lo cual afirmó que el camino quedaba abierto para futuras investigaciones sobre el tema. Efectivamente, tiempo después, varios investigadores empezaron a sumarse al gran debate generado sobre la representación y el ejercicio de las primeras elecciones constitucionales en el espacio hispanoamericano durante la coyuntura revolucionaria de inicios de siglo.²³

En ese camino, Jaime E. Rodríguez O., historiador ecuatoriano-estadounidense con amplio conocimiento del período de las independencias, publicó un artículo sobre los comicios realizados durante el primer momento gaditano.²⁴ Abordó tanto la convocatoria para la designación de los representantes americanos ante la Junta Suprema Central que presidió el gobierno de España a inicios de la ocupación napoleónica, como también la intensificación del escenario comicial tras la publicación de la Constitución gaditana que ordenó la celebración de elecciones para la conformación del nuevo gobierno representativo articulado en tres niveles (ayuntamientos, diputaciones provinciales y cortes). Rodríguez O. resaltó la iniciativa de conformar un gobierno representativo moderno y el carácter eminentemente popular del voto habilitado para los ciudadanos de la nación española, es decir, todos aquellos hombres libres nacidos o avecindados en sus dominios, sin requisitos de propiedad o instrucción, y con la única excepción de los descendientes africanos.

En un estudio posterior, su atención se dirigió a la participación indígena durante dichas elecciones. Este trabajo, incluido en una obra de la historiadora Marta Irurozqui que reunió varios aportes en torno al proceso de construcción de la ciudadanía en la región andina del siglo XIX, se concentró en la materialización de dicha condición política para la población indígena y su incorporación a través del voto. Su lectura destacó la transformación de la esfera política debido a la introducción del gobierno representativo más avanzado de la época que favoreció la participación de gran parte de la población masculina, entre la que se incluyó a sectores étnicos y populares.²⁵

Al igual que Demélas, Rodríguez O. abordó los procesos electorales desarrollados en Cuenca y Loja, pero indagó con más amplitud la intervención de las autoridades y el clero en los comicios, al tenor de las disputas por el gobierno local. Esto le permitió distanciarse de la visión que proponía el predominio unidireccional de las élites sobre aquellos sectores del cuerpo electoral. Rodríguez O. evidenció que los indígenas participaron activamente e hicieron uso de la ciudadanía y del nuevo sistema de representación para proteger sus intereses y hacer valer sus derechos políticos. De esa manera, su voto se convirtió en un factor determinante dentro de la dinámica comicial. Mediante dicho mecanismo, y actuando conforme a las posibilidades normativas, establecieron sus ayuntamientos, formaron coaliciones electorales interétnicas y determinaron, en gran parte, los resultados de las elecciones locales. "El nuevo orden, por lo tanto, afianzaba el poder político de los naturales", quienes no resultaron ser las "víctimas pasivas que muchos historiadores describen. [...] Ellos, como muchos de sus conciudadanos, eran participantes activos en el surgimiento de la nueva nación de Ecuador".²⁶

Tras estas interpretaciones de los procesos electorales más tempranos, la discusión volvió a reavivarse a través de un destacado trabajo publicado por la historiadora italiana Federica Morelli, quien llevó el problema de la transición entre el Antiguo Régimen y la conformación del Estado nacional hacia una lectura centrada en la dimensión de los desafíos territoriales y los conflictos por la construcción espacial del poder.²⁷ Su trabajo proponía que, en el contexto revolucionario de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la dinámica política fue sostenida por los poderes locales organizados a través del gobierno municipal, instancia que venía sustentada en la larga tradición del cabildo colonial y que se colocó por entonces a la cabeza de funciones como la justicia y la representación. Estos aspectos profundizaron las condiciones de diversidad, autonomía y fragmentación territorial en la Audiencia, que años más tarde dificultaron el surgimiento de una entidad estatal moderna.

Morelli identificó la cuestión electoral como un escenario fundamental para abordar dicha problemática, en consideración a lo propuesto por la historiografía electoral europea y latinoamericana sobre la dimensión comunitaria y local de la política. Así como la impronta del ideario liberal que marcó la institucionalización de la soberanía popular, la figura del ciudadano como nuevo actor con capacidad de participar en la vida política y el principio de igualdad de representación sostenido en un proceso de redefinición territorial, a través de la doctrina constitucional gaditana.

Tras analizar estos aspectos, la historiadora propuso la existencia de un "neosincretismo político". Por un lado, estas iniciativas fortalecieron las identidades territoriales conformadas desde el Antiguo Régimen, puesto que se reprodujo la misma organización del espacio distribuida en parroquias, corregimientos y provincias. Por otra parte, la idea de ciudadanía continuó, en cierta medida, canalizando una concepción orgánica del cuerpo político, debido a que su mentalización estuvo mediada por la condición de vecindad. Criterio que, en lugar de priorizar la idea moderna de individuos con capacidad autónoma, favoreció una forma de privilegio tradicional basada en el reconocimiento y pertenencia social.

Esta llegada del liberalismo gaditano a la Audiencia de Quito le permitió evidenciar varias encrucijadas. Si bien la introducción del nuevo modelo de representación posibilitó la participación de sectores marginados del ejercicio del poder, la dimensión comunitaria de los procesos electorales, el control ejercido por las élites locales sobre la organización y procedimientos sufragistas, así como el diseño de un sistema de elecciones indirecto y restrictivo que suponía varios vacíos normativos, fueron aspectos que contribuyeron a contener el desarrollo de la representación moderna dentro de valores y prácticas tradicionales. Para Morelli, la observación de dichas condiciones iluminó nuevos elementos que permitían entender el dificultoso proceso de construcción del Estado nacional decimonónico e ir más allá de las lecturas sobre el fracaso del sistema político debido a problemas como el caudillismo y la ingobernabilidad.

Tiempo después, los trabajos mencionados abrieron el camino para varios estudios de caso que surgieron a la sazón de las conmemoraciones por el bicentenario gaditano. Entre ellos, el artículo de Tatiana Hidrovo sobre los comicios ejecutados en algunas poblaciones costaneras y la adopción de las nociones de soberanía y ciudadanía por parte de estas durante la coyuntura electoral gaditana. Su análisis acerca de los acontecimientos electorales que se produjeron entre 1812 y 1822 en Puerto Viejo y La Canoa, actual provincia de Manabí, siguió de cerca las interpretaciones de Rodríguez O. y Morelli en torno al proceso revolucionario de las primeras décadas decimonónicas y la cultura política configurada por la convergencia entre la continuidad de la tradición corporativista y la introducción del nuevo imaginario liberal.

Con base en informes y expedientes judiciales, la investigadora evidenció la manera en que las disposiciones constitucionales dinamizaron el panorama político local al introducir novedades como la creación de ayuntamientos autónomos, la organización de elecciones para designar sus autoridades y la supresión temporal del tributo indígena. Dichas fuentes le permitieron observar también que las nociones de ciudadanía y soberanía fueron apropiadas "rápidamente y con fuerza", además de generar una respuesta favorable por parte de la población lugareña, que incluso llegó a protagonizar actos reaccionarios e insubordinaciones en defensa de las garantías obtenidas. De tal manera que su lectura subrayó la efectiva introducción de aquellas ideas y la disposición de la población hacia una "sociedad más liberal" que impulsó el proceso de experimentación de la modernidad política.²⁸

Por su parte, Ana Luz Borrero indagó la introducción y aplicación de las disposiciones gaditanas en las poblaciones rurales y con alta densidad indígena en la jurisdicción de Cuenca, entre 1812 y 1814.²⁹ Además de analizar la documentación del cabildo con base en las propuestas de los autores mencionados, Borrero colocó la discusión en diálogo con los planteamientos de Silvia Palomeque y Juan Marchena acerca del estudio de este enclave fidelista que acogió todas las providencias dispuestas por las sucesivas instancias del gobierno español, así como las transformaciones que estas supusieron para el sistema de gobierno indígena en las zonas rurales.³⁰

Tras examinar el proceso electoral destinado a conformar los nuevos ayuntamientos y nombrar electores para las diputaciones provinciales, la historiadora mostró que la adopción de la noción de ciudadanía no solo viabilizó la movilización e intervención en el ejercicio de poder que llevaron adelante los grupos indígenas de las zonas periféricas, sino que también colocó en discusión la posibilidad de esta facultad para las mujeres y su participación en el voto, aun cuando tal aspecto no se resolvió favorablemente. A pesar de confirmar la novedad que trajo consigo la participación de amplios sectores de la población masculina y el establecimiento de numerosos cabildos autónomos a nivel local que formarían parte de la estructura del nuevo gobierno representativo, Borrero concluyó que dichos cambios no marcaron una transformación en la organización corporativa y estamental de la sociedad, lo cual le llevó a afirmar, siguiendo la visión de Morelli, que la cultura política de Antiguo Régimen coexistió durante largo tiempo con el itinerario del nuevo horizonte político liberal.

Posteriormente, la discusión alrededor de estos procesos electorales tempranos fue ampliándose mediante estudios que buscaron indagar las problemáticas relacionadas con las primeras experiencias constitucionales en diversos espacios. En ese camino, Santiago Cabrera Hanna elaboró un análisis sobre el imaginario de ciudadanía y el tipo de representación político-territorial que se construyó a través de los marcos legales e institucionales impulsados en la Audiencia, a inicios de la época revolucionaria.³¹

Para realizar este trabajo, examinó el Pacto Solemne promulgado por la Junta Superior de Gobierno de Quito en 1812 y demostró que ese instrumento no solo supuso un ejercicio de soberanía por parte del poder local, sino también su visión de instituir un gobierno que tenía aspiraciones administrativas centralizadoras, expresadas a través de estrategias de homogenei-zación normativa e incorporación territorial. Así mismo, tomó en cuenta el estudio del censo poblacional ordenado por el presidente de la Audiencia en 1813, al que identificó como una herramienta que permitió crear ayuntamientos, organizar las elecciones, definir la incorporación y participación política a las puertas de Cádiz, con relación a los criterios tributarios del proyecto borbónico.³²

La interpretación de Cabrera Hanna no se limitó, por tanto, a observar la inclusión de la población indígena que devino de las formas de representación política y participación electoral trazadas por estas iniciativas y condensadas en el nuevo imaginario de la ciudadanía gaditana. Sobre todo, consideró que ese marco constitucional estuvo lejos de favorecer la visión del pacto quiteño y contribuyó, más bien, a desestructurar la centralidad anhelada por esta ciudad, recomponiendo en su lugar a los poderes locales del espacio regional que venían actuando desde el Antiguo Régimen.³³

Siguiendo el enfoque de Cabrera Hanna, en años recientes aparecieron otros trabajos que cierran, por el momento, aquella vertiente de estudios producidos alrededor del desarrollo electoral durante la coyuntura revolucionaria. Estas investigaciones corresponden a David Sánchez y Lenin Guerra, quienes examinaron las formas de recepción, publicación y jura de la Constitución Política de la Monarquía Española, los procesos comiciales gaditanos y la conformación de los cabildos constitucionales que tuvieron lugar en los corregimientos de Loja y Otavalo, respectivamente.³⁴

Además de preocuparse por entender a los actores de su espacio de estudio, el aspecto central del trabajo de Sánchez consistió en retrotraer el análisis a las prácticas electorales que desarrollaron las élites locales hacia finales del siglo XVIII para la conformación consensuada del cabildo lojano. Para ello se fundamentó en la perspectiva del habitus bourdieuano e indagó las repercusiones que generó la aplicación de la ciudadanía gaditana y la nueva representación política en el ejercicio sufragista que tuvo lugar al tenor de los comicios de 1813, y aquellos llevados a cabo en 1816 tras la restauración absolutista.

Este enfoque le permitió distanciarse de la interpretación de Demélas, quien había propuesto que los conflictos electorales observados en Loja fueron resultado, principalmente, de las disputas entre las facciones dominantes por el poder local y la manipulación del electorado. Sánchez identificó que la raíz de dichos conflictos se encontraba, más bien, en la tensión que había generado el nuevo imaginario y las prácticas políticas gaditanas respecto al habitus electoral y la cultura política asentada en esa localidad desde la época colonial tardía, lo cual provocó que los grupos de poder se abocaran a buscar diversas estrategias para enfrentar tales cambios, disputar con otros actores que tuvieron capacidad de movilización en dicha coyuntura y reacomodar así sus intereses y posiciones.

Por su parte, Lenin Guerra buscó entender la particularidad del proceso al interior del corregimiento de Otavalo. Al examinar las ceremonias de publicación y jura de la Constitución identificó en, primer término, la expresión del espíritu fidelista por parte de esta localidad que, ante todo, resaltó la figura ausente del monarca para legitimar el nuevo orden. En cuanto a los comicios constitucionales, destacó que los vacíos normativos de dicha carta y el plan de elecciones enviado por el presidente de la Audiencia dejaron un amplio margen de acción para que las autoridades locales adaptaran su aplicación, favoreciendo así el proceso de reorganización político-territorial y el reacomodo de los grupos de poder al interior del nuevo ayuntamiento constitucional. Aspectos que, en conjunto, le permitieron evidenciar el contraste entre el imaginario político liberal expresado en la Constitución y la serie de prácticas en torno a los eventos electorales que pusieron de manifiesto la dinámica corporativa de dicha sociedad.

Como se observa, los estudios existentes sobre las primeras elecciones constitucionales desarrolladas en la Audiencia de Quito han conformado un acumulado que ha ampliado el debate sobre el impacto local del liberalismo temprano en la configuración de los imaginarios y prácticas políticas. Dichos trabajos, enmarcados en la línea de la nueva historia política, han ofrecido luces para repensar la construcción de principios como la soberanía popular, ciudadanía y representación política. Ejercicio que resulta fundamental para entender los procesos de ruptura y continuidad que matizaron la dinámica de tránsito entre el Antiguo Régimen y la modernidad política, en el espacio hispanoamericano.

El creciente interés académico observado en las últimas décadas sobre este escenario ha hecho aún más visible la necesidad de discusiones sobre el desarrollo electoral durante el resto del siglo XIX. En efecto, la problemática del voto republicano ha sido abordada en estudios muy puntuales que decantaron por las elecciones producidas durante la segunda mitad de dicha centuria, al tenor de las reformas posgarcianas que eliminaron el sistema de representación censitario e indirecto, el escenario contencioso que marcó el período progresista o la Revolución Liberal finisecular, los cuales serán referidos a continuación. No obstante, existe un vacío respecto de las primeras elecciones republicanas que únicamente han sido consideradas a la luz del contexto grancolombiano por parte de Cabrera Hanna y la historiadora colombiana Nhora Palacios, en cuyas recientes publicaciones examinaron los escenarios de transición del principio de la soberanía de los pueblos a la soberanía de la nación, que dieron lugar al proceso de institucionalización de la república representativa en el espacio norandino.

En su estudio sobre el sufragio en Colombia entre 1809 y 1838, Palacios ofrece un análisis del sistema electoral restrictivo e indirecto que se estableció a partir de la creación de la República de Colombia en 1819 y su puesta en práctica durante las elecciones que precedieron a los Congresos de Angostura en 1819 y Cúcuta en 1821. Así como los comicios presidenciales de 1825 y los convocados para la Convención de Ocaña de 1828, respecto de los cuales abordó, tangencialmente, la participación electoral de las provincias correspondientes al Distrito del Sur. Experiencias que, además de producirse en medio del conflicto entre facciones santanderistas y bolivarianas, reflejaron el declive del mecanismo electoral como principio de legitimación de la autoridad.³⁵

Cabrera Hanna también aborda este escenario y observa con especificidad el rol del municipio quiteño como agente de representación y administración política que asumió la titularidad de la soberanía de los pueblos durante la época revolucionaria y su relación con las nuevas formas de expresión y legitimación de la voluntad popular, que dieron lugar al surgimiento de las entidades políticas republicanas. En ese camino, evidencia la dinámica pactista y las formas de soberanía primitiva (cabildos abiertos o asambleas públicas) que fueron puestas en marcha por los cuerpos municipales para dirimir su unión a la República de Colombia en 1822, así como también para enfrentar sus momentos de crisis a través de pronunciamientos, proclamas o manifiestos, cuya legalidad fue cuestionada por el gobierno central colombiano. Hecho que evidenció el conflicto de estas expresiones frente al ámbito de la nueva soberanía nacional, que se fundamenta en la organización de la voluntad popular a través del mecanismo electoral y la conformación del poder legislativo.³⁶

A pesar de estas disputas, las instancias municipales continuaron dirimiendo la dinámica política y fueron agentes claves de los consensos que dieron lugar a la separación de la Gran Colombia y la invención de la nueva república ecuatoriana en 1830. En ese camino, Cabrera Hanna observa el proceso de transición de soberanías que se cristalizó a partir de la convocatoria y formación del reglamento electoral para la integración del Congreso Constituyente de Riobamba. Lo cual se produjo mediante la proyección de una representación nacional de tipo paritario, censitario e indirecto que configuró el nuevo órgano depositario de la voluntad popular, sobre la base de un criterio pactista que buscaba garantizar la actuación política de las élites y una participación territorial igualitaria entre los departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca. Si bien aquello constriñó el ámbito de las soberanías municipales, Cabrera afirma que estas no se desdibujaron por completo en el horizonte republicano y quedaron latentes con la posibilidad de ser reasumidas en momentos de crisis.³⁷

Continuando con los estudios en torno al desarrollo electoral republicano, realizados desde las posibilidades analíticas abiertas por la nueva historia política, es necesario saltar el intervalo historiográfico respecto del desconocido fenómeno electoral durante los primeros años del Estado ecuatoriano y avanzar hacia aquellos que abordaron la actividad comicial a lo largo de la segunda mitad del siglo. Se ha hablado del trabajo de Maiguashca sobre las reformas electorales de 1861, situándolo como una de las primeras investigaciones que abordó dicho campo a inicios de este nuevo contexto de producción historiográfica. A ese trabajo puede sumarse un artículo elaborado por la historiadora uruguaya Ana Buriano, especialista en el período garciano y el pensamiento conservador ecuatoriano, quien dirigió su atención hacia los inexplorados eventos electorales del interregno y refrescó la discusión desde un enfoque centrado en la organización de las candidaturas y el desenvolvimiento de las campañas políticas para la sucesión presidencial de Javier Espinosa, en 1868.

De esa manera, Buriano evitó insistir en el protagonismo de García Moreno y la construcción de su programa nacional, aspectos que han acaparado el tratamiento historiográfico de dicha temporalidad. En esta ocasión, la autora escudriñó "la forma de manejar la lucha por el poder, el uso de las influencias y las redes de amistad que se configuran y reconfiguran en la coyuntura electoral", con el propósito de entender "cómo se fabrican las candidaturas, cómo se coquetea con el poder, cómo se manipulan los procesos electorales, cómo se mueven los hombres entre las tendencias y aun dentro de una misma; las formas que utilizan para ganar legitimidad o para prescindir de ella".³⁸

Al abordar estos cuestionamientos desde un análisis que enfatizaba el estudio de la pluralidad de actores, prácticas y escenarios relacionados con la eclosión del asociacionismo, el crecimiento de la prensa, la opinión pública, y su lugar fundamental dentro de las disputas por la legitimad y el poder durante dicha coyuntura, la historiadora contribuyó a desplazar uno de los argumentos persistentes en la historiografía: el predominio caudillista sobre identidades doctrinarias bien definidas, cuya lucha dicotómica absorbió y determinó la dinámica política; con lo cual, generó un aporte para la interpretación del espectro de lo político que se intensificó y amplió hacia la segunda mitad del siglo XIX.

En efecto, la época posgarciana configuró un escenario extremadamente contencioso, abordado en pocas ocasiones desde la especificidad del campo electoral. No obstante, existen trabajos que han discutido las experiencias de distintos actores, discursos y prácticas políticas que geminaron en el contexto de disputa entre la continuidad del proyecto conservador, la toma del poder por parte del liberalismo veintimillista, la transición hacia el progresismo y el ascenso del liberalismo radical. Este es el caso de los historiadores Carlos Espinosa y Cristóbal Aljovín, quienes han estudiado la acción política del clero, de cara a la disputa por el legado del Estado confesional, y el advenimiento de los proyectos de secularización durante el último cuarto del siglo XIX en el país.³⁹

Siguiendo a autores que han renovado la lectura del conflicto Estado-Iglesia en Latinoamérica, como Roberto di Stefano, Sol Serrano o Brian Con-naughton, su análisis se interesó por la movilización política de esos actores con el objeto de enfrentar a sus adversarios liberales y la incidencia que tuvo esta acción en las pugnas por la definición del Estado. En ese camino, observaron el despliegue de repertorios políticos radicales que incluían procesiones, interdictos y lucha armada, durante aquellos momentos de mayor conflicto como el que supuso la dictadura de Ignacio de Veintemilla (1876-1878), además de otras acciones usuales de contienda política como la excomunión y la censura eclesiástica, o su intervención en los procesos electorales.

Precisamente, como parte de este estudio se evidenció que los clérigos emplearon asiduamente esa estrategia de cara a la contienda entre los sectores ultramontanos, conservadores moderados y liberales, que caracterizó al período progresista (1883-1895). Estos actores, además de haber sido elegidos como representantes, participaron activamente en los procesos electorales de la época formando listas de candidatos católicos, promocionándolas a través del púlpito y movilizando a las sociedades civiles católicas, gremios de artesanos, élites conservadoras y otros sectores urbanos, como parte de su electorado afín. Esto agregó a los estudios electorales una visión más amplia de la dimensión performática de los comicios decimonónicos, que aguarda por ser estudiada.

La contienda desplegada a lo largo de aquellas décadas también dio lugar a otras impugnaciones sobre el campo político. Un aspecto de estos itinerarios de disputa, que llamó la atención de Mercedes Prieto y Ana María Goetschel, fueron los debates legislativos sobre la ciudadanía y el derecho al sufragio que se produjeron al tiempo de redactarse la Constitución de 1884, dado su interés por rastrear la trayectoria del voto femenino más allá de aquellos estudios que se habían centrado en su consecución una vez avanzado el siglo XX.⁴⁰ Desde la perspectiva de la historia de género, las autoras analizaron la intención de explicitar que la ciudadanía debía ser una condición propia de los varones, por parte de las élites que integraron el Congreso de aquel año. Si bien este debate se produjo en medio de las polémicas interpartidistas producto del ascenso del progresismo, la ciudadanía masculina terminó por imponerse con base en la construcción cultural de los linderos público-privados asociados a los roles de género. Este hecho, que privó a las mujeres la posibilidad de ejercer una participación política formal, no obstante, abrió un horizonte de exceptiva que dio lugar, posteriormente, a nuevos debates e iniciativas favorables al sufragio femenino.

Mientras tanto, la experiencia política contenciosa de aquellos años fue intensificándose y dio paso a la Revolución Liberal de finales de siglo. La historiadora Valeria Coronel recientemente publicó un estudio de largo alcance sobre la acción política de los sectores populares y su conexión con el triunfo del programa liberal-radical, la redefinición del republicanismo y la institucionalización democrática de mayor envergadura producida en la región andina de aquella época.⁴¹ Coronel situó un primer escenario de este proceso entre 1883 y 1895, caracterizado por una dinámica eminentemente militar, que hizo posible la conformación y triunfo del radicalismo frente al proyecto conservador, sobre la base de una estrategia de acumulación política que consistió en la articulación de sectores sociales y étnicos heterogéneos dentro de las milicias revolucionarias.

Según su lectura, a ese escenario le siguió un ciclo de construcción de hegemonía e institucionalización del programa liberal-democrático, plasmado en la Constitución de 1896. Dicha agenda tuvo en mente la universalización de la ciudadanía y los derechos de igualdad y libertad, con el objeto de fortalecer a la sociedad civil y dirimir la conflictividad social, respondiendo así a las expectativas de los sectores subalternos que se abocaron a un nuevo momento de politización popular. Coronel desplegó un análisis minucioso sobre las reformas democráticas que propugnaron ampliar el electorado, eliminar el requisito de ser católico para obtener la ciudadanía y alfabetizar a las milicias populares para convertirlas en votantes. Adicionalmente, se restringió la incidencia del clero al desplazar su presencia de las juntas parroquiales y prohibir su nombramiento como legisladores, acciones que causaron el repudio de las élites conservadoras, quienes consideraron el alcance de esta ciudadanía y del voto popular como graves amenazas.

Con base en estos argumentos, la autora cuestionó tanto la lectura es-tructuralista sobre la pasividad política atribuida a las poblaciones campesinas e indígenas, como también el discurso de matriz conservadora que deslegitimó los procesos electorales de la época revolucionaria a partir de una imagen de fraude, violencia y manipulación. Dichos aspectos, que forman parte de su reinterpretación acerca del proceso revolucionario finisecular, han colocado a la luz la experiencia del republicanismo popular democrático en el país durante su tránsito hacia el siglo XX.

Para cerrar este recorrido, cabe mencionar el trabajo de Javier Gomezjurado, quien visualizó otra dimensión de estas disputas finiseculares que tuvieron como escenario el conflicto del poder municipal y su relación con el Estado central durante el predominio liberal-radical. El autor tomó como objeto de estudio los comicios municipales efectuados en Quito, entre 1895 y 1906, con el fin de comprender los vínculos y redes familiares que conformaron el tejido sociopolítico que sostuvo la composición del gobierno local durante la época de la Revolución Liberal.⁴²

Al observar el régimen municipal, el procedimiento para la elección del cabildo y la composición de sus miembros, Gomezjurado evidenció las relaciones existentes entre los grupos de poder que controlaban el municipio, articuladas tanto por la presencia de élites afincadas desde finales de la Colonia, como por la integración de nuevos concejales provenientes de la burguesía comercial en ascenso. Adicionalmente, mostró la conflictiva interrelación política del gobierno central que buscaba injerir en la conformación del cabildo y controlar sus competencias y gestión. Mientras que el municipio capitalino rechazó dicha intervención, tratando de asegurar su predominio al interior de esta instancia, defender su autonomía y canalizar sus intereses, de cara al auge de las administraciones liberales que se impusieron en el escenario político de finales del siglo XIX e inicios del XX.

Al recorrer la historiografía desarrollada sobre el fenómeno electoral decimonónico en Ecuador se ha podido observar una trayectoria trazada por las condiciones de distintos escenarios de producción interrelacionados con el proceso de construcción de esta disciplina. Para iniciar, se ha identificado la impronta jurídico-positivista de los iniciales estudios electorales que aparecieron al tenor de la institucionalización de la historia en Ecuador durante la primera mitad del siglo XX, cuyos relatos no solo evidencian el influjo del modelo rankeano, sino el sustrato católico, patriótico e hispanista que sostuvo su derrotero academicista.

En segundo término, se ha examinado el aporte que a partir de la década de los 70 realizaron las nuevas generaciones de sociólogos e historiadores profesionales, cuya lectura de los procesos electorales decimonónicos -permeada por los paradigmas dominantes en las ciencias sociales, especialmente, el materialismo histórico clásico y la línea más estructuralista de Louis Althusser, Nicos Poulantzas y Antonio Gramsci- se formuló en relación con la formación oligárquico-terrateniente del Estado y la impronta que marcó para la estructuración de un sistema de representación con carácter elitista y confiscatorio a lo largo del siglo XIX.

Para terminar, se ha hablado de los estudios que aparecieron tras el declive de este canon historiográfico y la emergencia de la nueva historia política. El itinerario revisionista de dicha corriente, y su sentido de fractura epistemológica con las grandes teorías, posibilitó el desplazamiento de aquellos estudios concentrados en la normativa, el sistema o los resultados electorales. Dicho cambio de enfoque, que Annino refiere como la transición de una visión concentrada en los outputs del voto a una preocupada por la dimensión de sus inputs,⁴³ encaminó a los historiadores a indagar, en las últimas décadas, nuevos indicios del pasado y evidenciar las prácticas e imaginarios que entretejieron la mentalización y puesta en marcha del voto como elemento clave para los procesos de institucionalización de la nueva forma de gobierno y transición hacia una cultura política moderna.

Como se ha mostrado, dichas investigaciones priorizaron la observación de las experiencias endógenas en torno a la inserción del principio de representación, ciudadanía y puesta en marcha del voto durante el período de las revoluciones hispanoamericanas. Esta producción y los trabajos existentes sobre la dinámica electoral durante la segunda mitad del siglo XIX hacen notorio, en primer lugar, la escasez de la historiografía en términos de una temporalidad cubierta que ha dejado a la sombra la comprensión de los comicios republicanos del resto del siglo. Lo cual desafía a poner en perspectiva las rupturas y continuidades que pudieron expresarse durante el tránsito entre ese voto liberal temprano y las elecciones constitucionales de los nuevos Estados, únicamente abordados por Palacios y Cabrera Hanna en el escenario grancolombiano.

Al hilo de ello, se pueden mencionar ciertas problemáticas que han quedado abiertas por los estudios precedentes. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de rastrear la historicidad del sufragio más allá de las periodizaciones que han demarcado su estudio basándose únicamente en el diseño normativo del campo. Tomando en cuenta que la práctica del voto no es una invención política intrínsecamente moderna⁴⁴ y que algunos trabajos han demostrado, por ejemplo, la existencia de un habitus electoral desde el Antiguo Régimen o la yuxtaposición de antiguas y nuevas formas de soberanía que marcaron el desarrollo de las primeras elecciones modernas, resulta conveniente proyectar la investigación de esas trayectorias en una visión más amplia. Esto proporcionaría un panorama más claro de las amalgamas que matizaron no solo la construcción de la institucionalidad electoral, sino también el sentido de la cultura política moderna en un momento inaugural y, por lo tanto, experimental del nuevo orden.

Otro aspecto que queda abierto es el alcance de aquellas experiencias relacionadas con la ciudadanía liberal y el voto amplio que posibilitaron la integración y participación de la población indígena. Rodríguez O. ha afirmado que los procesos de independencia y creación de los nuevos Estados pusieron fin a ese experimento democrático en Hispanoamérica, dada la introducción de sistemas electorales restrictivos. No obstante, el tratamiento de este escenario requiere de un análisis que aborde la problemática del voto como mecanismo mentalizado por las élites dirigentes con el objeto de legitimar la configuración del poder en el marco de un gobierno republicano, cuya soberanía residía en la nación, el cual fue diseñado con un filtro restrictivo e indirecto, para viabilizar una forma de participación e incorporación política de la población, que se sostuviera en el criterio capacitario de la ciudadanía y no pusiera en riesgo el orden o las estructuras de poder, luego de los tiempos revolucionarios.

Sobre este punto, también es necesario rastrear con mayor detenimiento la posibilidad de una agencia por parte de sectores populares o subalternos al interior de los cuerpos electorales y su injerencia en las disputas comiciales que tuvieron lugar en las urnas y más allá de ellas. Los cuales son aspectos adeudados por la producción historiográfica que emergió en el contexto de la nueva historia ecuatoriana, cuyos principales exponentes, como se ha mencionado, adoptaron la línea más estructuralista y dejaron de lado la visión social thompsoniana de una "historia desde abajo". Para cubrir esta necesidad, se puede apelar al enfoque de los estudios subalternos que proponen distanciarse de las narrativas hegemónicas y centrarse en la comprensión de la agencia política de los grupos populares en la construcción del poder,⁴⁵ como lo ha hecho Coronel.

Adicionalmente, queda pendiente retomar la discusión de Morelli, quien identificó que las condiciones del sistema de representación y ejercicio del voto durante el contexto gaditano, en lugar de trazar una ruta clara hacia la modernidad política, dificultaron el surgimiento del Estado-nacional. Sus afirmaciones invitan a analizar la continuidad de dicha problemática en relación con la distribución de la representación nacional, los conflictos por la organización administrativa del territorio y las tensiones entre las aspiraciones políticas unitaristas o federalistas, así como los intereses centralistas y descentralistas que tuvieron lugar en los distintos momentos de crisis y recomposición del siglo XIX, estudiados por Maiguashca y Vega.

Por otra parte, la escasez de trabajos que aborden de manera específica las problemáticas inherentes al desarrollo de las elecciones republicanas impulsa, en primer término, a complejizar las interpretaciones sobre su proceso de institucionalización, más allá de la dimensión normativa priorizada por la mirada jurídica. En efecto, se nota la ausencia de investigaciones que desentrañen no solo los límites y posibilidades construidos y disputados en relación con su diseño censitario/capacitario, sino también el funcionamiento del sistema indirecto que ha quedado a la sombra de una visión concentrada en los eventos más notorios correspondientes a las elecciones presidenciales de tercer nivel. En ese sentido, aún se desconoce la conflictiva dinámica en torno a los procesos de convocatoria, voto formal y escrutinio, tanto al interior de las asambleas parroquiales como de los colegios provinciales. Así como la injerencia del poder local en la puesta en marcha de dichos niveles comiciales y las disputas por su conformación a través de las elecciones municipales republicanas, observadas únicamente por Gomezjurado hacia el término del siglo.

A su vez, es indispensable retomar el estudio cuantitativo del voto. Tanto Quintero como Grijalva han proporcionado estadísticas de la participación electoral a lo largo del siglo XIX basadas en las actas de escrutinio cantonales y provinciales, de las que se han servido algunos trabajos posteriores. No obstante, hay que advertir el carácter parcial de esos resultados que demanda un trabajo de archivo más amplio e interesado en los primeros niveles de votación. Así como su intersección con registros censales que permitan advertir algunas novedades acerca de la dimensión, composición y perfil social de los cuerpos electorales que han sido inexplorados hasta el momento.⁴⁶

Por otro lado, una deuda considerable dentro del tratamiento de las elecciones republicanas radica en la revisión de la diversidad de prácticas e imaginarios a través de los cuales se construyeron y disputaron las experiencias electorales, más allá del voto frente a las urnas. Este enfoque cultural, que ha sido aprovechado fundamentalmente por Buriano y Espinosa, implica un reto inherente a la diversificación de la pesquisa histórica con el fin de abordar el espectro performático del campo que debe observarse por fuera de su dimensión normativa. Esta perspectiva de estudio sobre el voto, que fue especialmente considerada por el historiador inglés Frank O'Gorman, marcó una línea dentro de la historiografía electoral latinoamericana impulsada por los trabajos de Hilda Sabato y, en años más recientes, Fausta Gantús y Alicia Salmerón, quienes han dilucidado aspectos que van desde los rituales y campañas electorales, pasando por el lugar de la prensa, las asociaciones, gremios y clubes, ofreciendo así una interpretación que ha demostrado la dinamización de la esfera civil en formación alrededor del fenómeno electoral decimonónico y, con ello, el proceso de proyección de la cultura política moderna.⁴⁷

No se puede olvidar que el estudio de las elecciones también podría nutrirse de los diálogos surgidos en relación con la historia conceptual de lo político y la nueva historia intelectual, que se han desarrollado sobre la base de las propuestas de Rosanvallon, Reinhart Koselleck y la Escuela de Cambridge. Esta dirección, impulsada por el trabajo de historiadores como François-Xavier Guerra, José Carlos Chiaramonte, Elías José Palti,⁴⁸ entre otros, se ha preocupado por discutir ciertas tensiones de orden interno, correspondientes al análisis de las formas representativas -imaginarios, significados, conceptos o discursos- a través de las cuales las sociedades configuraron el orden de su vida comunitaria durante una determinada época. Se han producido, así, reflexiones sobre la configuración de la ciudadanía, representación, nación, soberanía, etc., que han permitido complejizar la comprensión de la trayectoria democrática en la región.

Como se ha observado, el camino por recorrer es amplio y puede encontrarse un cúmulo de evidencia empírica, perspectivas teóricas y recursos metodológicos cuyo uso aún adeuda la labor de investigación. Precisamente, el avance historiográfico en este campo, que desde tiempo atrás convocó a varios investigadores cuyo trabajo integra un acumulado consistente de estudios en Latinoamérica,⁴⁹ ha proyectado un desafío asumido durante años recientes por un grupo interuniversitario de investigación coordinado por los historiadores Juan Maiguashca, Galaxis Borja González y Luis Esteban Vizuete. Esta comunidad ha anunciado una gran iniciativa investigativa en torno a aspectos inexplorados de la cultura política y las elecciones en Ecuador, a lo largo del siglo XIX, relacionados con la institucionalización del sufragio, el ejercicio de los cuerpos electorales, la formación de la esfera pública y la disputa de su legitimidad a través de la violencia, la movilización y la opinión pública.

Los aportes más recientes que se han mencionado en este recorrido, así como los alcances avizorados por esta nueva propuesta, no solo empiezan a cubrir un importante nicho de análisis histórico, también constituyen el punto de partida para afrontar la discusión de otros aspectos pendientes y, al mismo tiempo, se proyectan como un incentivo en torno a las posibilidades que tiene el estudio del voto en el país. Esto augura un espacio de debate que, en diálogo con la historiografía electoral regional, contribuya a reconsiderar las miradas que han provincializado la trayectoria política de Latinoamérica, en lugar de reconocerla como un eje cardinal para comprender la compleja construcción de las experiencias democráticas.