Un primer tema que exploran los trabajos referidos a la aprobación del voto para las mujeres alfabetizadas otorgado por la Asamblea de 1928-1929 son los derechos concedidos por los gobiernos liberales luego de la Revolución de 1895. ² Entre las acciones específicas que se mencionan están: el Decreto 68 que las declaró habilitadas para el ejercicio de cargos públicos (1895), la Ley de Matrimonio Civil (1902), la Ley de Divorcio (1910) y la de Emancipación Económica de la Mujer Casada (1911), que permitió la exclusión de bienes de la sociedad conyugal. También se señala que los gobiernos liberales no excluyeron explícitamente el sufragio femenino, aunque lo mantuvieron en términos ambiguos, por temor de favorecer a los conservadores. ³

A ello se agregan otros cambios producto de la Revolución Liberal, que abrieron paso a una incipiente participación femenina, en momentos en que organizaciones sociales, sindicales y políticas buscaron capacitar a la mujer en actividades relacionadas con la esfera pública, dando paso al trabajo asalariado y la posibilidad de incorporarse a nuevas formas de organización, así como el contexto internacional de la primera ola feminista. Se asegura también que la educación liberal permitió formar a las primeras maestras y periodistas, que crearon revistas femeninas y literarias, así como organizaciones de beneficencia de logias masónicas de las mujeres de las clases altas liberales, que impulsaron la beneficencia. ⁴ No obstante, como se verá en las próximas líneas, algunas de estas afirmaciones requieren de revisión, dado que, según la revisión de fuentes, las católicas fueron las pioneras en la publicación de prensa femenina, así como en actividades de asistencia social.

Pero, antes de profundizar en el período de estudio, es necesario definir que el voto no se otorgó a "la mujer ecuatoriana" -esencialización que impide una correcta lectura del pasado- sino únicamente a las alfabetizadas, es decir, a mujeres blanco-mestizas de clase media y alta, pues las de estratos bajos no fueron beneficiadas por las reformas liberales; aún más, eran consideradas como el "símbolo de la desviación femenina por antonomasia", dado que no respondían al ideal de mujer doméstica, ⁵ en una época definida por Juan Maiguashca como contrarrevolución oligárquica por la ruptura entre los de abajo y los de arriba. ⁶

Hecha esta aclaración, es relevante mencionar que las católicas de clases medias y altas estuvieron en constante actividad pública por lo menos desde la década de 1870 y fueron las primeras en pronunciarse sobre su situación de género, su religiosidad y la política nacional; pues las liberales solo se expresarán a partir del siglo XX. Las declaraciones de las católicas, no directamente relacionadas con sus propios derechos políticos sino más bien con los de la Iglesia, alimentaron el debate sobre el papel de las mujeres en la vida pública, en medio del conflicto cultural por el tipo de Estado que planteaban clericales y seculares, ámbito en el que las mujeres intervinieron de manera determinante. ⁷

La pugna entre liberales y conservadores ecuatorianos por el lugar que debía ocupar la religión en el régimen republicano se extendió entre mediados del XIX y las primeras décadas del XX y se vivió en todo el espacio trasatlántico. ⁸ Ese conflicto implicó una problemática construcción del Estado republicano, en un país "escasamente integrado, con amplias zonas aisladas o débilmente comunicadas, y con una sociedad poco disciplinada, acostumbrada a las prácticas de escamoteo y desviación". ⁹ Aunque también se debe señalar que, más allá de sus discrepancias ideológicas, todos los agentes políticos estuvieron de acuerdo en la legitimidad del régimen republicano, pero disentían sobre su forma y contenido. ¹⁰

En sus inicios, el Estado republicano se basó en el concepto ilustrado que planteaba una sociedad dividida en dos esferas separadas -una pública, relacionada con la razón y la masculinidad, y otra la privada, doméstica, femenina y religiosa- que fue la base para plantear la autonomía entre la política y la religión. ¹¹ Con esa misma lógica se asoció la ciudadanía a la virilidad, lo que introdujo en la política la diferenciación sexual; ¹² y llevó a los dirigentes liberales a negar la posibilidad de que las mujeres intervinieran en la esfera pública, pese a valorar positivamente su influencia en el ámbito familiar. ¹³

Aunque la Iglesia también había participado activamente en el proceso de construcción de la diferenciación entre hombres y mujeres y la restricción de estas al espacio doméstico, al considerarse en peligro de subsistencia justificó la intervención femenina en la esfera pública, especialmente de las más respetables señoras de condición acomodada, bajo la conceptualización de que la Virgen María, como madre poderosa, había intervenido activamente en los destinos de su hijo, lo que la convirtió en un poderoso símbolo de la capacidad femenina de ir más allá del ámbito familiar. ¹⁴

En el caso específico de Quito, esa actuación se facilitó por la importancia que habían tenido los linajes maternos desde la época colonial, lo que legitimaba su participación en política, frecuentemente a favor de la Iglesia. ¹⁵ De acuerdo con Marie-Danielle Demélas e Yves Saint-Geours, si bien se le puede atribuir a la modernidad la creación de un universo no religioso, la paradoja ecuatoriana muestra que la esfera pública se alimentó de una visión cristiana común, con diferencias regionales (más fuerte en la sierra que en la costa). ¹⁶

De manera que la lenta secularización del país tuvo que ver con la revitalización de la Iglesia ante la amenaza que percibió en las reformas liberales, ante las cuales reaccionó con una vigorosa prensa católica, órdenes religiosas llegadas de Europa, asociaciones piadosas de laicos, cofradías marianas y de caridad, especialmente entre las mujeres, al tiempo que la Iglesia local se articulaba de mejor manera al Vaticano y la sociedad vivía un momento de activación general, con sectores ubicados en distintos bandos, mientras la economía nacional se integraba al capitalismo mundial. ¹⁷ Este fue un escenario propicio para que las católicas pudieran emitir abiertamente sus criterios, cosa que anteriormente solo había sucedido de manera circunstancial. ¹⁸ Por ejemplo, en 1877, durante el Gobierno de Ignacio de Veintemilla -18 años antes de la Revolución Liberal- las señoras de Loja protestaban por una posible exclusión de la Iglesia del ámbito educativo:

Si bien esta declaración y muchas otras se registran en hojas volantes, a fines del siglo XIX también existieron ilustradas que publicaban impresos que se adscribían a los principios católicos, sin estar orgánicamente vinculadas a la Iglesia. Es el caso de Lastenia Larriva de Llona, limeña que vivió en Guayaquil luego de casarse con el poeta Numa Pompillo Llona, ciudad en la que publicó El Tesoro del Hogar. Semanario de Literatura, Ciencias, Artes, Noticias y Modas, entre los años 1887-1888 (primera época) y 1891-1892 (segunda época), que llegó a contar con 118 ediciones, prácticamente dos décadas antes de que circulara en Quito La Mujer, editada por Zoila Ugarte en 1905, tradicionalmente considerada como la primera revista literaria del Ecuador. ²⁰ Este tipo de publicaciones reforzó la alianza simbólica entre mujeres y catolicismo, pero, además, tuvo mayor popularidad que la literatura liberal, generalmente restringida a los círculos de ilustrados. ²¹

El peso político de El Tesoro del Hogar se puede ver en uno de sus ejemplares de enero de 1888, donde Larriva de Llona reporta que recibió una solicitud de Quintilio Bonini, director periódico romano La Palestra del Clero, para apoyar la candidatura de Antonio Flores a la presidencia de la República; y, pese a que lamenta no poder complacerlo porque "aunque nos congratulamos sobre manera por el prestigio de que este digno caballero goza en los altos círculos católicos del mundo, queremos permanecer fieles á nuestro propósito de absoluta prescindencia en los asuntos políticos", ²² tradujo y transcribió la carta de manera íntegra.

Las acciones de las católicas se profundizaron tanto en el ámbito de la asistencia como de la escritura a partir de la década de 1890, con la publicación de la encíclica Rerum novarum, donde el papa León XIII hizo referencia a los deberes del capital, los derechos de los trabajadores y el papel del Estado. ²³ A partir de entonces, la Iglesia dio mayor protagonismo a la sociedad civil para el reforzamiento de la religiosidad, con lo cual tomaron fuerza demostraciones públicas de fe, como las peregrinaciones hacia el Quinche y la devoción a la Virgen de La Dolorosa, que exponían el poder eclesiástico y evidenciaban el papel de las madres en la educación de los hijos; ²⁴ rasgos sentimentales con los cuales el catolicismo buscó combatir la concepción liberal de la nación. ²⁵

Si bien el catolicismo social convocó por igual a hombres y mujeres, para ellas fue especialmente novedoso porque implicó convertirse en sujetos militantes, que sustituyeron las clásicas obras caritativas por una acción social organizada para afrontar la "cuestión social", es decir, los efectos sociales y morales del liberalismo económico. Aquí es donde se produjo el quiebre del modelo femenino decimonónico de mujer doméstica, que dio paso al de mujer social, impulsado por la Iglesia, que trasladó el papel de madres al espacio público, con la idea de que también la sociedad necesitaba ese tipo de cuidados. ²⁶

Ese discurso de rehabilitación social, aceptado por conservadores y liberales, amplió el acceso de las mujeres a actividades en la esfera pública, de manera social y personalmente aceptable, dado que se trataba de llevar adelante prácticas tradicionalmente consideradas femeninas, bajo una serie de supuestos considerados femeninos: su superioridad moral, sus cualidades para el cuidado de otros y su mayor religiosidad. ²⁷ A la acción de las seglares se unían las ejecutadas por las congregaciones femeninas de vida activa, que se ocuparon de la educación primaria y secundaria femenina, la asistencia en hospitales y la atención de colectivos vulnerables, como ancianos, huérfanos prostitutas o sirvientas. ²⁸

De tal manera que las católicas de comienzos del siglo XX, a diferencia de las anteriores, articularon su acción en torno a un apostolado femenino público, permanente y de masas, que reformuló el imaginario sobre la restricción de las mujeres al espacio doméstico. ²⁹ La organización más fuerte fue la Acción Católica Ecuatoriana, que cuestionó la educación laica, el matrimonio civil y el divorcio, al tiempo que desarrolló iniciativas de asistencia social. ³⁰ Aunque no faltaron otras manifestaciones públicas contra medidas liberales como la Ley de Cultos. ³¹ En ese momento aparecen también las primeras expresiones públicas de las mujeres laicas y librepensadoras, quienes si bien mantenían diferentes opiniones sobre el papel de la Iglesia y el Estado, compartían la noción de mujer-madre y la relevancia de la religión en sus vidas. ³²

La coincidencia por su condición de género, que trascendió las diferencias ideológicas, se registra en 1907, cuando el Gobierno de Eloy Alfaro reprimió una manifestación en su contra, con el saldo de tres jóvenes muertos, cuyos cadáveres fueron secuestrados por el gobierno y al ser devueltos a sus familias, quienes asistieron al entierro fueron encarcelados. Ante estos hechos, las señoras de Quito -conservadoras, esposas y hermanas de liberales opuestos a Alfaro, de clases altas, medias y bajas- publicaron en el diario La Patria una proclama sobre su derecho a la insurrección y pidieron la dimisión del gobernante. ³³ Ante las críticas del gobierno a las mujeres liberales, como Zoila Ugarte de Landívar, una de las firmantes, esta replicó en carta pública:

Pero así como se puede encontrar liberales que critican al gobierno alfarista, también hay felicitaciones recibidas de ilustradas católicas como Zoila Rendón, por el decreto legislativo sobre la emancipación económica de la mujer casada, que consideraba "prueba de haber dado un gigantesco paso hacia el progreso y la civilización". ³⁵ Al tiempo que pedía al Estado trabajar por la formación, cultura y regeneración de la mujer ecuatoriana, para llevar a la "Patria en la senda del progreso y bienestar". ³⁶ Y es que la mayor preocupación de las escritoras de la época era el desamparo en el que consideraban se encontraba la mujer por las normas del Código Civil, como se verá más adelante.

El debate sobre la participación de la mujer en política, completamente ausente en el siglo XIX, llega de la mano del feminismo, al que el papa Pío X hace referencia en 1908, explicando que son admisibles las labores de las mujeres fuera del hogar, con "la sola condición de no contrariar las doctrinas del catolicismo". Sin embargo, entre esas actividades no se incluía la política, pues "vosotras debéis limitaros a educar a vuestros hijos en las más sanas ideas [...] ¡Indirectamente, influiréis así, por vuestra dulzura, bondad y clarividencia en la política de vuestro país!". ³⁷ De estas declaraciones nació el llamado "feminismo bien entendido", al que adscribieron escritoras católicas como Adelaida Velasco Galdós, quien en 1914 aseguraba:

Años más tarde, ya en la década de los 20, Victoria Vásconez Cuvi defiende el feminismo y asegura que "no está como algunos espíritus presumen, ávido de obtener prerrogativas innobles ni de usurpar los derechos del hombre", sino que "viene a volver útil la vida de la mujer, tiende a dar trabajo y protección a la obrera, asilo y defensa al niño infeliz, consuelo a la anciana y enferma". ³⁹ Pero no se trata de una adscripción al feminismo norteamericano o inglés sino un avance del feminismo católico, pues luego la autora asegura: "para discurrir con paso firme por los campos de la moral y penetrar los misterios de nuestra voluntad juguetona y caprichosa, es necesaria la moral cristiana [...] la fuente más pura y el origen de la virtud y perfección más excelsas". ⁴⁰

Como se puede notar, los escritos de las mujeres de la época muestran mayor preocupación por la pertinencia del feminismo que por el acceso al voto, a pesar de que en el ámbito internacional las mujeres de las clases medias reivindican el acceso a ese y otros derechos políticos y que la resistencia a dichas propuestas se basó en argumentos como la inconveniencia de que la mujer abandonara el espacio privado, la dificultad práctica de ejecutar el voto, el poder indirecto que se consideraba ya ejercía desde el ámbito doméstico y el hecho de que se le otorgaría un derecho sin cumplir con obligaciones como el pago de impuestos y el servicio militar. ⁴¹

Al llegar a este punto no puede dejar de mencionarse que la Asamblea de 1928-1929, en la que se aprueba el voto femenino alfabetizado, es producto de la Revolución juliana y el Gobierno del doctor Isidro Ayora -colega de Matilde Hidalgo, mujer que solicitó se aprobara este derecho-, cuyas reivindicaciones se dirigían a profundizar las reformas liberales que habían beneficiado a los sectores medios, con cuyo respaldo habían tomado el poder; y que tanto los liberales como los julianos reivindicaron para el Estado el control de espacios sociales que habían sido administrados por la Iglesia católica, proceso en el cual requirieron de una burocracia secular que incluía a las mujeres de la clase media, a quienes se educó para adquirir parte de esas responsabilidades. ⁴² Con esta revisión general sobre el ingreso de las mujeres al espacio público, es momento de considerar la consolidación del Estado sobre sus periferias sociales en el proceso previo y el otorgamiento del voto a las mujeres alfabetizadas, mediante los debates legislativos sobre el tema.

En general, los textos sobre el sufragio femenino alfabetizado hacen referencia a las Constituciones previas a su aprobación como una manera de ver el avance de los derechos ciudadanos. A ello debe sumarse que la penetración normativa evidencia el fortalecimiento institucional del Estado, ⁴³ en momentos históricos concretos, dentro de campos de fuerza específicos, como es el caso del sistema judicial, que establece pautas de relacionamiento y configura atributos estatales, al igual que sucede con el sistema educativo, la salud y las obras públicas, conjunto de poder sobre la población, que se aplican mediante la negociación con distintas fuerzas sociales, para el fortalecer la soberanía estatal. ⁴⁴

De ahí que resulte de interés conocer que la primera ocasión en que se menciona la limitación de las mujeres para acceder al voto fue en la Asamblea de 1861, durante el Gobierno de Gabriel García Moreno y en el mismo año de aprobación del Código Civil, cuando el vicepresidente de la Asamblea aseguró, al referirse al derecho de propiedad, que para acceder al voto "no basta tener ilustración y razón bastante desarrollada, pues en tal hipótesis, no deberían ser excluidos los menores de 21 años, ni las mujeres". ⁴⁵ Esta reflexión, que defendía el voto censitario, se realizaba tres lustros más tarde de la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls (1848), donde las sufragistas blancas norteamericanas registraron sus anhelos de que se les concedieran los mismos derechos que a "los hombres más ignorantes e inmorales", empezando por el "inalienable derecho al voto"; ⁴⁶ y también tenía como antecedente que en 1853 la legislatura provincial de Vélez (Colombia) había aprobado el voto femenino, aunque la Corte Suprema Nacional lo descalificó inmediatamente. ⁴⁷

Como se puede notar, la participación pública de las mujeres ya era objeto de regulación en toda el área andina, cuyas repúblicas procuraban restringir su acción al ámbito familiar, cimiento de la sociedad republicana. ⁴⁸ Es así que menos de 20 años después, la Convención de 1883-1884, realizada bajo el régimen Progresista, ya determinó de manera explícita: "son ciudadanos los ecuatorianos varones que sepan leer y escribir y hayan cumplido veintiún años y sean o hubieren sido casados". ⁴⁹ El hecho de que se incluyera la palabra varón puede tener como antecedente que en la reforma electoral chilena de 1874, al suprimir los requisitos censitarios para el voto, no se excluyó a las mujeres, quienes se registraron como votantes, ante lo cual se reformó la ley para prohibir su voto de manera expresa. ⁵⁰

Jenny Londoño asegura que la razón por la que se incluyó la palabra varón fue que el diputado liberal Luis Felipe Borja insistió en ello, asegurando que "algunos colegas quieren otorgar el derecho al voto a la mujer". ⁵¹ Al tiempo que su coideario, Marcos Alfaro, abogó por eliminar la condición de letrado para votar, a lo que el conservador Remigio Crespo respondió que aceptaría incluir en los derechos de ciudadanía a mujeres, incapaces y niños pero no a iletrados porque significaría "encomendar a los ignorantes el ejercicio de derechos políticos". ⁵² Estas declaraciones podrían dar cuenta de una intención conservadora de otorgar el voto a la mujer alfabetizada, como socia natural de sus intereses, ante lo cual los liberales plantearon una opción extrema para la mentalidad de ese momento: conceder el voto a los iletrados, con lo cual se habría conseguido detener las intenciones conservadoras.

La intención conservadora parece comprobarse con las declaraciones de Antonio Flores, quien planteó la aprobación del voto femenino argumentando que "después de la dominación de Veintimilla, contra cuya revolución protestaron las señoras de Quito, manifestando con ello su perfecta capacidad de tener opinión, y á cuya caída habían contribuido, quizá más que los hombres". ⁵³ Sin embargo, Francisco Javier Montalvo puso coto al debate al señalar que "la discusión se ha separado de su objeto, pues no se trata de conceder derechos de ciudadanía a la mujer, sino de si la palabra varón debe o no existir en el artículo". ⁵⁴ La palabra fue incluida pese a que varios diputados la consideraron innecesaria, dado que el sentido común y la costumbre hacían obvia esa limitación, a lo que agregaban el hecho de que las mujeres nunca habían pretendido la ciudadanía.

Este debate ha sido interpretado de diversas maneras, pero cabe detenerse en la apreciación de Raquel Rodas, quien sostiene que "Borja ocasionó una estocada profunda a la pretensión de conceder estatus de ciudadanía a la mujer", una "victoria del sexismo y el androcentrismo en el lenguaje oficial y en la cultura canónica"; ⁵⁵ mientras que respecto a Flores asevera: "también tuvimos quien hablara por nuestros derechos y defendiera posiciones de avanzada", al tiempo que considera que "las mujeres encapsuladas en sus prácticas domésticas y religiosas, no parecen haberse percatado de la aberrante omisión". ⁵⁶ Sin embargo, la inclusión de la palabra "varón" parece haber estado directamente relacionada con la coyuntura política generada por el régimen de Ignacio de Veintimilla que, al autoproclamarse dictador, partió hacia Guayaquil; mientras al calor de las circunstancias, su sobrina Marietta comandó la guarnición de Quito por casi un año (marzo de 1882 a enero de 1883), contra quien lucharon las señoras de la capital hasta provocar su salida del Palacio Presidencial. Estos hechos y los descritos en el acápite anterior dejan claro que las mujeres no se hallaban encapsuladas en sus prácticas domésticas ni eran ajenas a la realidad política del país.

Más tarde, a fines del siglo XIX, luego de que la Revolución Liberal accediera al poder, se realizó la Asamblea de 1897-1898, que bajó la edad y eliminó las referencias al sexo del votante. A decir de Rodas, una comisión de esa Constituyente intentó conceder el voto a las mujeres, pero el diputado César Borja Cordero impugnó la moción con el argumento de que "si a la mujer se le conceden derechos, también se le deben exigir deberes, por consiguiente, tendría que cumplir con el servicio militar". ⁵⁷ Cabe mencionar, como se señaló anteriormente, que los liberales no tenían interés en que las mujeres accedieran a derechos políticos, en primer lugar porque esperaban que se mantuvieran en la esfera privada, a la que consideraban su lugar natural y, en segundo término, porque dichas mujeres estaban movilizadas a favor de la Iglesia y eran opuestas tanto a la secularización como al anticlericalismo. De tal manera que el acceso a voto para las mujeres no fue objeto de nuevos tratamientos sino hasta la Constitución dictada luego de la Revolución juliana.

Cuando se realizó la nueva Constituyente, al final de la década de 1920, las condiciones de las mujeres habían variado considerablemente respecto a los inicios del siglo XX, entre otras cosas porque la concentración de tropas para la I Guerra Mundial evidenció la capacidad femenina para cumplir con labores productivas, lo que llevó a que Inglaterra aprobara su acceso al voto en 1918, aunque se impuso una mínima los 30 años, en medio de un debate con argumentos a favor y en contra; pues, aunque los Consejos Electorales habían aprobado el voto femenino en 1869, su aprobación se había detenido por considerar que favorecería la tendencia conservadora. ⁵⁸ Mientras que en Canadá varios estados habían concedido el voto a las mujeres alfabetizadas desde 1916, aunque la medida solo se implementó a nivel nacional en 1929, por lo que se lo califica como el segundo país en otorgar ese derecho en América, luego de Estados Unidos, que lo aprobó en 1920, por exigencia del movimiento sufragista femenino blanco, que se erigió en oposición al voto masculino negro. En América Latina, el Ecuador fue el primero en admitir la votación femenina; le siguió Brasil, en 1932, aunque lo incorporó a su Constitución en 1934 por presión femenina; Uruguay lo hizo en 1932; Bolivia en 1946 -y ya en 1952 la Revolución promulgó el voto universal, que en el Ecuador se aprobó a fines de los 70-; ⁵⁹ Argentina lo aprobó en 1947; México en 1953; y Colombia en 1957. ⁶⁰

Como se dijo ya, en un municipio de Colombia se propuso el voto femenino a mediados del siglo XIX; en México, luego de la Revolución en la que las mujeres participaron masivamente, se intentó reconocer en la Constitución de 1917 su derecho a voto, pero los legisladores desistieron por considerar que "el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de ejercer la selección autoriza la negativa". ⁶¹ Con lo cual, dos de los países pioneros en intentar conceder ese derecho a las mujeres alfabetizadas terminaron siendo los que lo efectivizaron de manera más tardía.

En los años 20, las mujeres ecuatorianas eran activas participantes de la política nacional, pues, además de lo detallado anteriormente, crearon el Club Femenino Dolores Sucre para auspiciar al candidato, y futuro presidente, José Luis Tamayo; en 1924 las obreras actuaron en la campaña liberal para el Concejo Municipal; y en 1925 -año de la Revolución juliana- Matilde Hidalgo se inscribió en el padrón electoral. El Consejo de Estado decidió a su favor, con tres argumentos: a) que las palabras hombre, persona, niño y adulto, en su sentido general, se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo; b) que las mujeres están vinculadas a la sociedad por su carácter de nacionales; y c) que la legislación secundaria, en ciertas condiciones, reconoce a la mujer su capacidad de guardiana del patrimonio y de sus hijos e hijas. ⁶² Pero la ejecución efectiva de ese derecho debió esperar a que se reuniera la Asamblea de 1928-1929, que aprobó el sufragio facultativo de la mujer alfabetizada el 14 de diciembre de 1928, con el siguiente texto: "Art. 13. Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años que sepa leer y escribir". ⁶³

El registro del debate legislativo muestra que los diputados conservadores, que ya habían propuesto el voto femenino en la Asamblea de 18831884, volvieron a hacerlo en esta ocasión. Remigio Crespo Toral -apoyado por sus coidearios, Miguel Cordero Dávila, Remigio Romero y Cordero y Alberto Acosta Soberón- afirmó: "a pesar de mis principios, proclamo que el sufragio sea universal, que sea un derecho para todas las personas, sepan o no leer y escribir". ⁶⁴ Los liberales negaron la moción y los conservadores no insistieron, pero, al analizar la decisión del Consejo de Estado sobre el voto femenino alfabetizado, el liberal Alejandro Mosquera argumentó en contra asegurando que la mujer "por política desatiende sus sacrosantos deberes, pierde todos sus encantos, todos sus atributos y degenera en un ser despreciable". ⁶⁵ A lo que el conservador Jacinto Jijón y Caamaño replicó:

De manera que la Asamblea Constituyente reconoció el derecho de la mujer alfabetizada al sufragio propuesto por los conservadores bajo el criterio que ella purificaría la política. Entre quienes se opusieron, el principal argumento fue el temor a que su voto fuera manipulado por los conservadores y la Iglesia. En la sociedad civil, las mujeres de clase media y alta tuvieron posiciones contrarias: las católicas se opusieron al voto, mientras Victoria Vásconez Cuvi y María Angélica Idrobo llamaron a ejercerlo. Los obreros de Quito y los juristas de la Universidad Central solicitaron su abolición por considerar que a la mujer le faltaba autonomía y no cumplía con la obligación de hacer el servicio militar. ⁶⁷

El sociólogo Rafael Quintero asegura que el Partido Conservador impulsó la extensión del sufragio femenino porque buscaba la derrota electoral de los liberales, lo que se evidenciaría en las elecciones presidenciales de Neptalí Bonifaz (1931) y Velasco Ibarra (1933), donde participó un reducido grupo de votantes, dado que los iletrados correspondían al 65 % de la población mayor de 21 años; pero, además, de quienes cumplían los requisitos para sufragar, solo lo hicieron el 49 % en 1931 y el 27 % en 1933. ⁶⁸ Si bien la aprobación del voto para la mujer alfabetizada permitió la creación de Comités Electorales Femeninos de gran actividad, como los impulsados por la Iglesia católica en la sierra centro, no existen datos sobre el sufragio femenino porque las mesas electorales no se diferenciaron por sexo; aunque se puede deducir que llegó a ser de entre el 9 y 12 %, sobre todo en la zona rural. ⁶⁹ En esa medida, es posible suponer que el voto de las alfabetizadas no fue determinante en esas elecciones y, en todo caso, solo reflejaron el sentir de las clases medias; como se registra en estudios realizados para otros países de la región, que consideran que "la inclusión formal de la mujer al electorado tuvo efectos inocuos para el sistema político", dado que votaron más o menos igual que los varones. ⁷⁰

Las intenciones de esta Asamblea Constituyente han sido sujeto de lecturas contradictorias. Mientras hay autores que consideran que fue influida por el constitucionalismo social inglés de la primera postguerra; ⁷¹ otros lo consideran un mecanismo de manipulación del voto, en medio de la lucha de las clases dominantes por el control del Estado. ⁷² Una tercera visión es que hubo un acuerdo entre diversas tendencias para que se legitimara el voto femenino alfabetizado; ⁷³ e incluso una adicional habla de un supuesto "hecho cierto de la existencia de un movimiento sufragista que se expresó a través de revistas propias y de otros medios de comunicación de la época y en foros y debates que se desarrollaron a lo largo de varios años, sobre la necesidad del voto femenino". ⁷⁴ Consideración que dice sostenerse en una visión "feminista e historicista". ⁷⁵

No obstante, estas lecturas requieren algunas puntualizaciones. Como se ha visto en la revisión de los debates de las diversas Asambleas, el voto femenino siempre fue impulsado por los conservadores y no constó en las agendas legislativas de liberales ni de los socialistas, por los motivos ya indicados sobre la cercanía de las mujeres a las posiciones clericales. De todas maneras, aunque los conservadores esperaban beneficiarse del voto femenino alfabetizado, los datos presentados por Quintero sobre las elecciones inmediatas a la aprobación de ese derecho político evidencian que no constituyó un cambio mayor en los procesos electorales.

En cuanto a la afirmación de que existió un movimiento sufragista, se debe señalar que la extensa movilización femenina, sobre todo católica, no estaba tan interesada en impulsar derechos políticos, sino que más bien se centraba en las actividades de asistencia pública y regeneración social, con la idea de la maternidad extendida, basada en los principios religiosos, naturalizados como esencialmente femeninos. Si bien hubo mujeres de clase media interesadas en impulsar el voto, no existen evidencias de que se constituyeran como un movimiento político. De hecho, la consulta realizada al Consejo de Seguridad fue firmada únicamente por Matilde Hidalgo, quien libró otras batallas de manera solitaria, como el ingreso a la carrera de Medicina. Un movimiento sufragista habría llamado la atención pública, pero no existen registros de ese hecho en la época de referencia. En esa medida, explicar el voto femenino alfabetizado requiere de una mirada más amplia, que complemente la irrupción de las mujeres en el espacio público con las decisiones parlamentarias, para entender el sentido que tuvo este hecho histórico, sin perder de vista que los horizontes de las mujeres del pasado no tienen que ser coincidentes con las expectativas del presente; ⁷⁶ como indica Joan Scott, los movimientos políticos no se desarrollan lógicamente sino improvisando proclamas y adaptando ideas a su causa, por lo que no corresponden a sistemas de pensamiento unificados coherentemente sino a una mezcla de interpretaciones y programas. ⁷⁷

La institucionalización del Estado ecuatoriano, mediante la progresiva incorporación de diversos grupos sociales a su control administrativo y burocrático, se profundizó a partir del régimen de Gabriel García Moreno, a mediados del siglo XIX. Desde ese momento es posible evidenciar que todos los gobiernos posteriores, incluido el liberal, procuraron fortalecer y volver más eficaces sus aparatos, cuerpos normativos, funcionarios y sistemas de control, como expresión de la razón estatal ejercida sobre la sociedad, tanto en el campo jurídico como en las prácticas económicas, simbólicas y socia-les. ⁷⁸ La evolución jurídica del siglo XIX significó una lenta corrosión de las prerrogativas del padre, ante la creciente tutela del Estado hacia las mujeres y las familias, por la incuria paterna; ⁷⁹ así se consolidó el Estado republicano, mediante la regulación de las conductas masculinas y femeninas, que se volvieron un tema político. Por ello, la normativa que diferenció las obligaciones y derechos de acuerdo con el sexo son relevantes para entender la ampliación de la frontera estatal hacia poblaciones anteriormente no reguladas.

En esa medida, se debe mantener en mente que el Estado ecuatoriano no se concibió como un ente estatal a secas sino como una institución republicana que, más allá de sus realidades, generó aspiraciones que moldearon el pensamiento y la acción de sus integrantes. ⁸⁰ De manera que, si bien respondía a la creación y el fortalecimiento estatal, implicaba también un programa cultural y político que tenía como elemento fundamental ofrecer un futuro caracterizado por la concreción de posibilidades realizables a través de una agencia humana autónoma, lo que promovió acciones políticas que se activaron mediante protestas, rebeliones y la construcción de nuevas identidades, como herramientas del cambio social. ⁸¹

En el caso de las mujeres, la construcción republicana implicó un primer momento de repliegue al ámbito privado, cosa que se evidencia en la decisión del presidente Vicente Rocafuerte de prohibir expresamente su intervención en el ámbito público, luego de la batalla de Miñarica, en la que participaron activamente. ⁸² Mientras que el Código Civil de 1861, primera normativa republicana que las consideró como sujetos de control estatal, reguló la vida de las mujeres, sujetándolas a la autoridad marital, al tiempo que regulaba la separación de bienes, el divorcio canónigo, las sociedades gananciales y el control de sus bienes raíces. El Código asimiliba a las mujeres con los menores de edad, por lo tanto siempre necesitadas de un varón para la administración de sus bienes o su relación con el Estado. ⁸³

Es decir que en la sociedad decimonónica las mujeres no solo carecían de derechos políticos, sino que tampoco tenían derechos civiles, reducidas como estaban en la consideración liberal a la reproducción y crianza de los hijos de la patria, de donde se explica su profunda relación con la Iglesia, que, si bien también las subordinaba, les ofrecía un espacio propio, a través de la oración, la confesión, el convento y la santidad, únicos ámbitos de compensación y placer que les estaban permitidos. ⁸⁴ De manera que, al ser convocadas para defender a la Iglesia y detener la secularización, se volcaron con la fuerza de su convicción religiosa sobre la capacidad que tenían para regenerar la esfera pública.

Ya en el siglo XX, la encíclica Rerum Novarum, para el caso de las católicas, y los nuevos referentes de la modernidad -la moda, el teatro, las novelas-, así como las oportunidades abiertas por el Estado mediante la educación laica y los empleos públicos, modificaron sus condiciones de vida y trajeron para sí mismas nuevas nociones sobre lo que era posible hacer y alcanzar fuera del espacio doméstico, en medio de dos proyectos políticos contrapuestos que las movilizaron con la idea de las madres sociales. ⁸⁵

El Estado buscó obtener su favor y atraerlas a sus filas, entre otras cosas, porque las necesitaba para asumir la administración de los servicios y bienes que hasta tradicionalmente habían estado en manos clericales, como los registros de nacimientos, muertes y matrimonios; la tutela de hospicios, hospitales, cementerios, escuelas y formación docente. Esta intervención estatal introyectó valores, conocimientos y símbolos que reforzaron el sentimiento de nacionalidad laico. ⁸⁶ En la guerra cultural que mantuvo contra la Iglesia, el Estado de la década de 1920 intervino directamente en la vida de las mujeres mediante una campaña de control de la mortalidad infantil. Este problema de salud pública equiparó el cumplimiento de los deberes maternos (lactancia, higiene y educación) con la ciudadanía femenina. Así, se logró una penetración normativa horizontal y vertical que impactó a las mujeres de los estratos bajos, objeto de la mayoría de regulaciones; mientras que a las mujeres de la clase media se les permitió optar por profesiones liberales relacionadas con niños, mujeres y temas domésticos; y las de estratos altos se dirigieron a actividades de beneficencia que les ofrecieron carreras públicas satisfactorias. ⁸⁷ Gisela Zaremberg, quien ha estudiado la relación entre el acceso al voto de las mujeres alfabetizadas y sus labores en la asistencia social para los casos de México y Argentina, asegura que esas labores fueron un componente central en la agenda de las mujeres cuando se expandió el derecho de voto, dado que pudieron evidenciar que desarrollaron las actividades de beneficencia pública desde fines del siglo XIX. ⁸⁸

En el caso ecuatoriano, la crisis demográfica legitimó la intervención médica en la formación de hogares, en el parto, en la crianza de los niños y en los comportamientos morales de la población. Al promover la visión de madre-ciudadana, el Estado creó las condiciones para la inclusión de las mujeres en la actividad pública, en la que una de sus principales actividades fue promover la moralidad, como se evidencia en fechas muy cercanas a la obtención del voto, donde se ve que sus intereses estaban más centrados en este tipo de temas que en la obtención de derechos políticos. En 1928, Zoila Rendón pedía emprender una campaña contra los seductores "fundando asilos en los que se les dé ejemplo de virtud i de moralidad; en los que, a esas desgraciadas, se les enseñe las artes manuales, culturales i artísticas; hagamos que odien el juego, que adquieran amor al trabajo, sobre todo amor al hogar, principio i fin de su existencia y de la sociedad misma". ⁸⁹ Según su testimonio, se ocupó también de presentar una propuesta a la Asamblea de 1928-1929, que no buscaba el voto de manera específica, sino que hablaba de una serie de necesidades más amplia, según explica en un libro publicado una década más tarde:

La relación de estos hechos permite evidenciar que fue en el contexto de la guerra cultural entre la Iglesia y el Estado que las mujeres de estratos medios lograron ampliar su participación en actividades públicas que les permitieron construir su propia imagen y desarrollar estrategias discursivas en la prensa, la literatura y en diversas acciones políticas. ⁹¹ La ausencia de solidaridad hacia las mujeres de estratos bajos parece haber sido parte del patrón cultural bajo el cual fueron educadas, ⁹² como se puede constatar en los testimonios de las maestras de la primera mitad del siglo XX, recogidos por Ana María Goetschel, donde una de ellas dice: "Yo mandaba en mi hogar. Las empleadas siempre sabían lo que tenían que hacer"; a lo que la autora agrega: "las maestras entrevistadas pudieron compaginar las dos actividades porque tenían la ayuda de las empleadas domésticas. En todo caso, esta era una condición común a las mujeres blanco-mestizas, tanto de las capas altas como medias". ⁹³ Es decir, que estas mujeres liberaron tiempo para trabajar fuera de casa delegando las tareas domésticas a otras, excluidas de los procesos estatales de alfabetización y, por lo tanto, de ascenso social.

De ahí que se pueda concluir que las mujeres alfabetizadas de inicios del siglo XX jugaron más con una identidad de clase que de género, cosa que también se puede comprobar en las diferencias que plantean sus reivindicaciones laborales. Mientras las primeras exigían acceso a empleos públicos; las obreras y artesanas -para quienes el trabajo era consustancial a sus vidas- reclamaban pagos justos, la disminución los horarios laborales, la protección de las trabajadoras nocturnas, de las menores de edad y de las obreras embarazadas. ⁹⁴ Estas diferencias fueron auspiciadas por un Estado aristocratizante, como lo califica Maiguashca, que imponía el requisito de alfabetismo para votar, con lo cual excluyó al menos a la mitad de la población. ⁹⁵

Pero si bien es cierto que el temprano acceso a derechos políticos de las mujeres alfabetizadas tuvo que ver con la confianza que sintieron sus pares varones en que eran sus aliadas en la consecución de los mismos objetivos para la institucionalización del Estado, no se puede negar el empuje que en ello tuvo también la implicación de las mujeres del movimiento católico, primeras en minar la exclusión del espacio público, lo que favoreció la progresiva incorporación de las mujeres en las actividades reservadas de manera exclusiva para los varones en los inicios de la república. ⁹⁶ Sin embargo, su accionar en el ámbito público -al que se unieron luego otras mujeres- activado por el enfrentamiento de dos poderosas instituciones sociales llevó a que poco más de medio siglo pasaran de no tener derechos civiles ni políticos a ser las primeras en América Latina en conseguir el acceso al voto facultativo, si bien con las exclusiones sociales ya referidas, que no solo afectaban a las mujeres pobres sino también a los hombres de la misma condición.