Procesos 56, julio-diciembre 2022 213
Es así que, desde mediados del siglo XIX, en vísperas de la asunción de
un gobierno liberal, el cabildo de Cali estableció regulaciones y ordenanzas
sobre las tierras de ejidos. Entre 1849 y 1865 se presentaron conictos alre-
dedor de cuatro puntos: el uso de caminos, de los cuales dependía la subsis-
tencia económica y social rural, desde una visión tradicional; la delimitación
de la propiedad privada, ya que el derecho al uso común y público para
cultivar, pastar y tener caminos fue obstaculizado por el cercamiento de tie-
rras (razón por la que muchos cercos fueron quemados); el incumplimiento
de la libertad de los esclavos, que produjo la revuelta de los zurriagueros de
1848 a 1850; y la defensa de las costumbres de uso de los recursos naturales
y formas de trabajo en tierras ejidales.
En el período 1865-1880 se registra un giro en la política llevada adelante
hasta entonces, con la Ordenanza 31, del 25 de enero de 1865, que permitió
hacer casas, mangas, labranza u otras obras en terrenos de ejidos, pudiéndo-
se enajenar la obra mas no el terreno. Esta medida convirtió a los pequeños
labradores en consumidores y vendedores de futas y hortalizas. Además, las
tierras de haciendas entregadas para ejidos fueron posteriormente otorgadas
a la gente “ampliando el poblamiento urbano de Cali sobre la zona rural
de las inmediaciones” (p. 38). Según Rodríguez, esas políticas buscaban dar
mayor poder al cabildo —y posteriormente a la municipalidad— sobre el
control de la tierra y sus recursos, mediante políticas de arrendamiento que
aseguraban el abastecimiento de alimentos para la ciudad y promovieron
el crecimiento poblacional, luego de la merma consecuencia de las guerras
civiles. Al mismo tiempo, los terratenientes se transformaron en pequeños y
grandes propietarios, pues a estos grupos les fue entregada la mayor canti-
dad de tierra para la producción de tabaco, café y cacao, en un contexto de
auge de la agroexportación en Colombia.
Este trabajo permite obtener interesantes conclusiones sobre el sentido y
alcance de las políticas liberales en el agro colombiano. La autora evidencia
que esas medidas estuvieron vinculadas a los “proyectos políticos liberales
en América Latina orientados a la expansión de las relaciones con el mercado
exterior” (p. 29). Pese a ello, la vinculación de ese territorio a la economía
nacional no contribuyó “a liberar la mano de obra ni a generalizar el régimen
de trabajo asalariado” (p. 30). En cuanto a las políticas agrícolas, el proyecto
liberal no redujo sino que amplió el monopolio sobre la tenencia de la tierra
y el manejo de los centros de comercio de las nuevas élites, idea fuerza que se
desarrolla a lo largo del trabajo y que explica el incremento de los conictos
por la tenencia de la tierra en la zona durante el período de estudio.
La autora también inserta un matiz interesante al señalar que, de todas
formas, las políticas liberales implicaron una salida aparentemente pacíca
a las continuas revueltas desatadas entre 1840 y 1853. Además, la cuestión