INTRODUCCIÓN
En la Constitución de 2008 existe una constante referencia a la reparación integral.
1 Esto obedece a dos circunstancias en particular en materia de justiciabilidad
de los derechos constitucionales. La primera de ellas es que fue la Constitución
2008 la que reconoció de manera expresa e inédita, en su artículo 86 número 3, el
concepto y alcance de la reparación integral en materia de garantías jurisdiccionales,
a partir de lo cual la declaración de vulneración de un derecho lleva necesariamente
la reparación integral del derecho conculcado. La segunda razón, consecuente con la
primera, es la recepción de los estándares internaciones de los derechos humanos en
nuestra Norma Suprema,2 específicamente estándares internacionales respecto a la
restitutio in integrum, razón por la cual conocer el discurso judicial existente respecto
a ella se torna fundamental para tener el panorama claro respecto a la efectividad de
las garantías de los derechos.
En cuanto a su reconocimiento expreso en la Constitución 2008, cabe señalar que
esta positivización guarda una relación proporcional con los cambios sustanciales que
también sufrieron las garantías jurisdiccionales con relación a aquellas existentes en
el año 1998. Así, por ejemplo, entre los cambios principales está la naturaleza de las nuevas garantías, mecanismos propiamente jurisdiccionales, de conocimiento, las que
dejan atrás una concepción meramente cautelar. En efecto, el carácter cautelar de
las garantías previstas en la Constitución de 1998, no permitían que juezas y jueces
puedan declarar vulneraciones a derechos constitucionales y, en consecuencia, que
puedan reparar integralmente. Estas limitaciones y déficits, que claramente tenían impactos
en el ámbito material de protección de aquellas garantías, fueron enmendadas,
confiriendo al juez constitucional un rol protagónico en la tutela judicial efectiva de
los derechos constitucionales objeto de vulneraciones.3
Por esta razón el presente estudio concentra su atención en indagar y proponer
reflexiones en torno a la naturaleza y el alcance de esta reparación integral desde la
vigencia de la Constitución 2008, en la dimensión sociológica.
Cabe precisar que cuando nos referimos al análisis de la reparación integral desde
la vigencia de nuestra Constitución 2008, lo hacemos desde una concepción anti
formalista y amplia, es decir, nuestro análisis no se ciñe al análisis descriptivo de las
normas constitucionales que reconocen a esta institución, sino principalmente a la
forma cómo esta ha sido entendida por el órgano autorizado para interpretarla con
carácter objetivo.
Es así que, sin descuidar el componente doctrinario o teórico, los principales aportes
de esta investigación se construirán desde el análisis de los particularismos que
se advierten en la jurisprudencia constitucional relevante emitida por la Corte Constitucional,
y que en definitiva mostrarán cómo está operando esta institución en la
práctica. Desde ahí, desde la dimensión sociológica, jurisprudencial, se aportará con
planteamientos y reflexiones en torno al necesario desarrollo de ese concepto de reparación
integral ecuatoriano, aquel que parte de la Constitución pero que centralmente
se muestra en la práctica diaria del máximo órgano de justicia constitucional del país.
Sus criterios vinculantes no solo obligan a los casos particulares que resuelven, sino
que muchos de esos criterios interpretativos sirven de parámetros para la argumentación
jurídica de todos los jueces del país.
Por ello, luego de una revisión de la base de datos de la Corte Constitucional,
de sus publicaciones en la materia, se han seleccionado aquellas decisiones que en
primer lugar tengan un efecto objetivo y que a su vez hayan desarrollado de manera
pormenorizada, atendiendo al bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad,
el concepto, naturaleza y alcance de la reparación integral.
Resulta, entonces, sumamente necesario partir de un método deductivo, que considere
las cláusulas constitucionales pertinentes, la doctrina más relevante para pasar
al análisis particular, casuístico, en torno a la materia. Sin embargo de ello, nuestro
mayor aporte se construirá desde el método inductivo, es decir, la teoría y las cláusulas
constitucionales no serán el parámetro estándar desde el cual evaluaremos nuestra
jurisprudencia; todo lo contrario, con la finalidad de construir un análisis crítico, lo
que pretendemos es aportar a la construcción de teorías y conceptos locales, teorías
que se encuentran centralmente en aquella dimensión sociológica de nuestro derecho
y que no pueden no deben ser evaluadas desde teorías transnacionales.
Con esta aclaración metodológica podemos iniciar nuestro análisis. La reparación
integral surge como consecuencia jurídica de la vulneración de un derecho por la que
se exige a su vez la responsabilidad del agresor. Esta premisa permite afirmar inequívocamente
que toda persona que se vea afectada en sus derechos ilegítimamente tiene
derecho a exigir la reparación del daño. Este carácter de exigibilidad que impregna a
la reparación integral la convierte en un derecho individual y colectivo, cuando deviene
de la transgresión de un derecho humano/fundamental/constitucional.4
Así, en el contexto internacional se determina reiteradamente que “toda violación
de derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación a favor de la víctima, de
sus parientes o compañeros y que implica el deber del Estado de reparar”.5 En virtud
de la significativa relevancia que representa en materia de derechos humanos, la reparación
integral es también concebida como un principio rector de carácter internacional,
situación que configura la proyección de su naturaleza jurídica en una doble
dimensión.
La reparación integral contiene alcances más profundos respecto al proyecto de
vida de las víctimas, en razón de que la afectación de derechos implica consecuencias
de mayor magnitud en los ámbitos intangibles del ser humano, que no se limitan a una
compensación económica. Es entonces que la estricta indemnización actúa de manera
reparadora frente a daños civiles, mientras la reparación integral opera para enfrentar
afectaciones más complejas provenientes de vulneraciones de derechos constitucionales.
Y es que el daño debe ser entendido como todo menoscabo a las facultades
jurídicas que tiene una persona para disfrutar un derecho constitucional. La responsabilidad
jurídica es de naturaleza internacional cuando se incurre en ilícitos que son
contrarios a las obligaciones reconocidas por el derecho internacional, compuesta por
un elemento objetivo, es decir la violación positiva o negativa de una prescripción
normativa del derecho internacional de derechos humanos y el elemento subjetivo que
refiere la atribución de dicha conducta ilícita a un Estado.
A partir de esta breve introducción, en el presente trabajo ofreceremos, en primer
lugar, la dimensión normativa de la reparación integral, en la Constitución de 2008,
para luego pasar a revisar el desarrollo de las medidas de reparación integral ordenadas
en el discurso judicial que ha impuesto la Corte Constitucional del Ecuador en sus
decisiones, y finalizar con las reflexiones que ofrece el estudio.
REPARACIÓN INTEGRAL EN EL VIGENTE
MARCO CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR
La reparación integral, como concepto básico de las decisiones constitucionales,
ha tenido múltiples referencias, principalmente desde el derecho internacional de los derechos humanos, dado su objeto principal de tutela, la dignidad humana, las cuales
han sido asimiladas en el plano normativo y jurisprudencial, por el Estado ecuatoriano
a partir del cambio de modelo constitucional.6
Con su uso se pretende señalar la necesidad de reconocer como un derecho, el
otorgamiento de medidas personales y materiales, mediante criterios objetivos para
determinar la condición de víctima. Dicho concepto, como es conocido, en el contexto
del trabajo de las Naciones Unidas, surgió cuando la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las minorías decidió encargar un estudio sobre este
derecho para elaborar sus principios y directrices básicos, lo cual resultaba apropiado
en una época en que se buscaba una justicia de transición en varios países a finales de
los años de 1980.7
En los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que fueron
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, quince años después,
se establecen diversas formas de reparación, que pueden resumirse en: restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.8
La reparación integral es una institución jurídica que tiene por objeto subsanar, en
la medida de lo posible, las consecuencias reales y potenciales generadas a partir de
la vulneración de un derecho, para que este sea reintegrado in integrum; de ahí que
el artículo 86 número 3 de la Constitución de la República del Ecuador recoja la disposición
que el juez, en caso de constatar la vulneración a derechos constitucionales
y/o reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, declarará tal
vulneración y ordenará la reparación integral, material e inmaterial, especificando
las obligaciones positivas o negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial.
Es importante resaltar que la citada disposición resalta que los procesos judiciales en
materia de garantías jurisdiccionales de protección de los derechos “Solo finalizarán
con la ejecución integral de la sentencia o resolución”.9
Resulta entonces claro que la Norma Fundamental prevé en materia de garantías
jurisdiccionales, en primer lugar, el derecho a la reparación integral de las víctimas
de derechos humanos como una consecuencia de la transgresión de uno o varios derechos constitucionales; y, en segundo lugar, que solo culminará el proceso con una
constatación de la ejecución de la reparación integral si se han declarado vulneraciones
a derechos constitucionales; de este modo, las garantías de protección de los
derechos solo son eficaces en la medida que las medidas de reparación integral sean
ejecutadas de manera adecuada y oportuna.
En efecto, si el fin primigenio del Estado constitucional de derechos y justicia es
asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas y naturaleza, las garantías
jurisdiccionales de protección de los derechos actúan como mecanismos de protección
judicial, en los cuales la reparación integral es medular. Precisamente, en este
sentido se ha generado el desarrollo infraconstitucional, Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional –vigente desde el 22 de octubre de 2009–
(en adelante LOGJCC) norma adjetiva de la Constitución en materia de control constitucional
y garantías jurisdiccionales de los derechos, al determinarse en el artículo
6 que el propósito esencial de las garantías jurisdiccionales es la protección eficaz e
inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales
de los derechos humanos, la declaración de la transgresión de uno o varios
y la reparación integral de los daños causados por la vulneración.
En esta misma línea, el artículo 17 de la LOGJCC, al establecer los requisitos
mínimos que deben contener las sentencias emitidas en las decisiones de garantías
jurisdiccionales, consagra la reparación integral como un elemento imprescindible del
fallo constitucional, dado que la declaración de vulneración de uno o varios derechos
constitucionales pierde sentido sin la correspondiente reparación integral a la víctima.
Se determina expresamente en el artículo 18 del mismo cuerpo normativo que
“La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias de los
hechos y la afectación al proyecto de vida”, con lo cual la reparación integral debe
ser fruto de la motivación del juzgador constitucional, considerando como principal
elemento la proporcionalidad que debe existir entre los remedios jurídicos y la declaratoria
de vulneración de los derechos constitucionales.
Adicionalmente, en la misma disposición normativa se reconoce el tipo de reparaciones
posibles, sin que sea una lista taxativa, lo cual es fruto de la recepción de
estándares internacionales; así, expresamente se hace mención a las medidas de: restitución
del derecho, compensación económica o patrimonial, rehabilitación, satisfacción,
garantías de no repetición, obligación de investigar, medidas de reconocimiento,
disculpas públicas, prestación de servicios públicos, atención de salud, entre otras. De
manera que la restitio in integrum procure a las víctimas de las transgresiones a los
derechos constitucionales un goce del derecho de la manera más adecuada posible y
en la medida de lo posible se restablezca a la situación anterior de la violación, cuando
aquello sea posible.
Otra cuestión fundamental que debemos resaltar es aquella relacionada con la posibilidad
que la reparación integral no surja exclusivamente de la decisión de un juez
constitucional, dado que también puede ser resultado de un acuerdo reparatorio al que
han llegado la persona víctima de un derecho constitucional y de quién transgredió el
derecho, como otra de las formas de terminar el litigio jurisdiccional de protección de
derechos.10
Frente a la existencia de la vulneración de derechos constitucionales se configuran
varios elementos que se analizarán brevemente a continuación. El primero tiene que
ver con la existencia de un sujeto titular del derecho sobre quien recae la vulneración
y es considerado como víctima de la trasgresión, al igual que los individuos que le
rodean y se sienten también afectados en sus derechos de manera directa o indirecta
por el mismo acto. Este concepto de víctima ha sido desarrollado por la jurisprudencia
de la Corte IDH ya que en un principio y desde una visión restrictiva se consideraba
víctima únicamente a quien había sufrido directamente la vulneración, dejando a un
lado a los familiares y personas cercanas del afectado sobre los cuales recaen también
las consecuencias de los daños,11 con lo cual las víctimas pueden ser las directamente
o indirectamente afectadas por la transgresión de los derechos constitucionales. La
admisión de las víctimas indirectas implica la ampliación del ámbito de protección y
por consiguiente de reparación.
El segundo elemento que conforma la reparación integral es la pretensión que persigue
de restablecer el derecho, como finalidad idónea de esta que es expresada a través
de la restitutio in integrum, institución que pretende devolver a la víctima al estado
anterior a la producción del daño, siempre y cuando sea posible, como por ejemplo
en el caso de reintegro de un trabajador a su puesto de trabajo. Es importante recalcar
que cuando no es posible la retroacción de los sucesos que vulneraron el derecho,
como ocurre en el caso de graves vulneraciones de derechos humanos, será necesaria
la adopción de medidas alternativas o un conjunto de formas de reparación que puedan
compensar el daño propiciado; sin embargo, la restitutio in integrum constituye
el máximo ideal de la reparación integral, por cuanto define que devolver a la víctima
a su estado anterior conforma la finalidad óptima de alcanzar la reparación integral.
En efecto, la imposibilidad de sustraer en su totalidad los efectos de la afección
de los derechos genera la necesidad de acudir a las formas o medidas alternativas
de reparación integral ya sean estas de naturaleza compensatoria o simbólica. Esta
implementación de diferentes medidas de reparación ajustables a la magnitud de vulneraciones,12 como lo demuestra el actual debate en Colombia sobre la implementación
de la justicia transicional.13
La restitutio in integrum por la naturaleza de las afectaciones derivadas de una
transgresión de un derecho constitucional debe ser interpretada de manera profunda,
con lo cual no implica limitadamente el solo reconocimiento de la restitución del goce
del derecho, ya que el restablecimiento debe comprender un goce material para que se
ajuste a una reparación adecuada, debe desplegarse el derecho a los hechos. Entonces,
es la naturaleza del conflicto y el tipo de afectaciones las que determinan las formas y
alcances de la reparación integral.
El tercer elemento se refiere a la proporcionalidad, como el elemento que brinda
equilibrio entre la afectación generada a los derechos y las medidas adoptadas en la
decisión de reparación integral. La finalidad de la proporcionalidad de las medidas de
reparación se funda principalmente en evitar su desnaturalización a través del enriquecimiento
de la víctima por propiciarle una cuantiosa indemnización o la insatisfacción
de la víctima al no cubrir adecuadamente el resarcimiento. La medición de los
daños con base en la magnitud que comporta busca que ante mayores daños se debe
aplicar mayores medidas de reparación y viceversa, con lo cual la proporcionalidad
entonces exige la presencia del nexo causal y la estimación de los agravios para aplicar
reparaciones proporcionales y adecuadas.
La proporcionalidad de las medidas de reparación es evaluada a partir de la motivación
judicial. En efecto, la reparación integral, al ser objeto principal del proceso
en el que se declaró la vulneración de un derecho constitucional, debe ser suficientemente
justificada, razón por la cual inclusive la LOGJCC determina la posibilidad de
realización de audiencias posteriores a la emisión de la sentencia para determinar las
medidas proporcionales a la vulneración.14
Finalmente, el cuarto elemento de la reparación integral, emana de la responsabilidad
asumida o condenada al transgresor del derecho que está obligado a resarcir el daño. En este sentido, la obligación que se deriva de la responsabilidad se convierte en
el derecho de la víctima a ser resarcida por los daños inmateriales o materiales, por lo
tanto, se convierte en un elemento clave de la reparación integral, en este caso, la responsabilidad
personal cuando se tutela en el derecho interno de cada Estado, o internacional
de los Estados a nivel internacional de protección de los derechos humanos.
DISCURSO JURÍDICO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
RESPECTO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
La Corte Constitucional del Ecuador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
429 de la Constitución de la República, es el máximo órgano de la administración de
justicia constitucional, razón por la cual surge su rol de custodio de los derechos, en la
dimensión subjetiva (resolviendo las vulneraciones de derechos de los accionantes),
así como en la dimensión objetiva (creando precedentes de obligatorio cumplimiento
en la hermenéutica constitucional). Y es precisamente por el efecto multiplicador
que genera la dimensión objetiva de las decisiones de la Corte Constitucional que la
incorporación de estándares internacionales de los derechos humanos tiene especial
importancia en el contenido progresivo que se le ha dado a la reparación integral y en
consecuencia al goce de los derechos constitucionales.15 Para conocer los criterios de
la Corte Constitucional respecto de este aspecto, se examinaron algunas sentencias
que se emitieron entre 2008 y 2017,16 las cuales permitirán dar cuenta de la dimensión
real de la reparación integral.
A partir de la premisa que reconoce el derecho que posee toda persona a ser reparado
cuando se le propicia un daño. Si se considera que la vulneración de un derecho
implica el menoscabo a las facultades jurídicas de un sujeto, la sola vulneración de un
derecho humano ya comporta un daño en sí mismo y según la naturaleza del conflicto
se generan repercusiones en la vida jurídica, psicológica, económica y emocional del
sujeto. Estos efectos constituyen las consecuencias de la vulneración de derechos de
donde surge la necesidad de establecer la reparación integral en observación de los
criterios de proporcionalidad para las diferentes afectaciones o daños materiales o inmateriales padecidos por la víctima. Entonces, el deber de reparación, surge ante
toda violación de derechos y su alcance está determinado por la medida de los daños.17
En esta línea, los objetivos básicos que deben estar inmersos en todas las medidas
de reparación integral ordenadas deben estar dirigidas a: “1. Ayudar a las víctimas a
mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la violencia, reconociendo su
dignidad como personas. 2. Mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para
restablecer su confianza en la sociedad y las instituciones”.18
Finalmente, vale señalar que las decisiones analizadas corresponden a criterios
en los cuales la Corte ha desarrollado algún punto relevante de la reparación integral
desde los inicios de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para el período de
transición, pasando por la primera Corte Constitucional y la actual composición. Esto
de conformidad con el artículo 432 y 25 del Régimen de Transición de la Constitución
de la República del Ecuador, en concordancia con las disposiciones transitorias sexta,
séptima, octava y novena de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2008 Y 2009
En este primer período la Corte Constitucional para el período de transición, no
se pronunció con respecto a los contenidos que integran el derecho a la reparación
integral. Lo hace de manera circunstancial, ordenando el cumplimiento de las resoluciones
del antiguo Tribunal Constitucional.19 Esta forma de “reparar” estará presente
a lo largo de este período, pues se repite este patrón.20 En otras decisiones la Corte
señala que la reparación integral implica cumplir la sentencia, pues solo allí finaliza el
proceso judicial y que aquella debe ser la encargada de velar por su cumplimiento;21
o en otras se establece a la restitución como un elemento de la reparación integral.22
Por otro lado, cuando la Corte conoció acciones extraordinarias de protección,
dispuso, por ejemplo, el acceso a la información pública,23 así como que otras instituciones
adopten las medidas necesarias para examinar la conducta de un juez,24
ampliándose el espectro del ámbito decisorio del juez.
Finalmente, la Corte en materia de control constitucional, en el dictamen que señaló
la compatibilidad del Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas con la Constitución, se refirió a la reparación
integral en el sentido de que la Asamblea Nacional debía tipificar la desaparición
forzada de personas conminándola para que cumpla con su obligación;25 y, en una
sentencia interpretativa, dispuso que se inscriba en un Registro de la Propiedad una
declaratoria de utilidad pública.26
PERÍODO 2010
El patrón establecido en 2009 se mantiene en 2010. En efecto, la Corte, principalmente
al conocer acciones de incumplimiento con respecto a las resoluciones del
antiguo Tribunal Constitucional, siguió ordenando el pago de haberes, la restitución a
cargos, reliquidaciones, así como disponiendo se inicien investigaciones en contra de
quienes obstaculizaron el cumplimiento de sus decisiones;27 en otras ordenó el registro
de títulos, el reintegro de trabajadores en otras escalas laborales, la revocatoria de
medidas cautelares, la reforma de plazos para la convocatoria a concursos de méritos,
la inscripción en un Registro de la Propiedad de la titularidad de un predio a favor
del Estado, así como la destitución varios servidores públicos, o que el Banco Central
ubique una partida presupuestaria para el cumplimiento de su decisión.28
En varias de las referidas decisiones se señaló, además, que se deben procurar los
“medios” para que las reparaciones sean cumplidas, adoptando como sinónimas la
“aplicación integral de la sentencia” con la “reparación”, señalando que la reparación
integral es un derecho por lo que se debe analizar la resolución “para la realización de la justicia”; en otras decisiones, se ordenaron medidas para dejar sin efecto una orden
“por ser un asunto de mera legalidad”.29
En las decisiones sobre acciones extraordinarias de protección la Corte dispuso
mayoritariamente dejar sin efecto la decisión impugnada, como consecuencia de la
verificación de la vulneración de un derecho.30
Finalmente, en la sentencia de jurisprudencia vinculante No. 001-10-PJO-CC, en
la que por primera vez se dictaron explícitamente reglas jurisprudenciales se señaló
que:
45.- En armonía con la lógica del Estado Constitucional de derechos y justicia, la Constitución
vigente dispone expresamente en su artículo 86 numeral 3 que: ‘los procesos judiciales
solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución’. En virtud de
dicho precepto se desprende que un proceso constitucional no finaliza con la expedición de
la sentencia o resolución; por el contrario, lo trascendental es el cumplimiento de la misma,
su eficacia normativa, efecto jurídico que permite la materialización de la reparación
integral.
Esta decisión es un hito en el constitucionalismo ecuatoriano dado que la Corte
Constitucional, a partir de una interpretación integral, determinó que la acción de incumplimiento
de sentencias y dictámenes constitucionales es una verdadera garantía
jurisdiccional de derechos.31
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2011 Y 2012
En 2011 no existen mayores novedades, salvo una un poco marginal: en las decisiones
tomadas en los procesos de acciones extraordinarias de protección, pese a que
en ellas es común dejar sin efecto las sentencias de jueces a quo, se menciona que ello constituye reparación integral.32 En otras, se adoptaron medidas como la orden de conferir
una condecoración, o el señalar que si una persona se benefició de la sentencia de
un divorcio no puede impugnarla, o que la forma de garantizar la reparación integral
del derecho constitucional vulnerado es dejando sin efecto la sentencia dictada.33
En las decisiones de acciones de incumplimiento se señaló que la aplicación integral
de la sentencia implica su ejecución o reparación integral, que esta es un deber
y una obligación, ya que los procesos solo terminan con la aplicación integral de
la sentencia o reparación.34 También se señaló que, si la sentencia que se demanda
incumplida no establece pago alguno, aun así la reparación de haberes dejados de
percibir es procedente, que los tribunales de conciliación y arbitraje deben practicar
otra liquidación, o que se debe reintegrar a trabajadores a las funciones que venían
desempeñando.35
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2012 AL 2017
Es importante señalar que con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008,
como no pudo ser de otra forma, trajo consigo un período de transición, el cual culminó
para la justicia constitucional el 6 de noviembre de 2012, fecha en la que se
posesionaron los jueces de la Corte Constitucional que resultaron elegidos del proceso
determinado en la Constitución y LOGJCC. También es de destacar que es en este
período en el que la Corte Constitucional ha dictado decisiones relevantes en materia
de reparación integral y sobre todo en la recepción de los estándares internacionales,
así dentro de las decisiones hito tenemos:
1. En la sentencia No. 0001-13-SAN-CC se determinó que la reparación integral
se encuentra en comunión con el modelo de Estado que tiene actualmente el Ecuador,
el que señala el valor justicia como el estándar apropiado para el cumplimiento de
derechos; esta decisión se torna en fundamental dado que la Corte Constitucional expresamente
señala que la reparación debe ser considerada en su integralidad más allá
de los criterios económicos:
En efecto, una revisión panorámica de la Constitución nos remite a los artículos: 11 numeral
9, que determina que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; y el artículo 86 numeral 3 que señala que en
materia de las garantías jurisdiccionales, el juez resolverá la causa en sentencia, y en caso
de constatar vulneración de derechos, deberá declararla, ordenando reparación integral,
material e inmaterial, y especificar la individualización de las obligaciones, positivas y
negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias como deba
cumplirse. De esto se puede colegir que existe una amplia recepción del principio de reparación
integral del sistema internacional de los derechos humanos en la Constitución
ecuatoriana, que tiene sentido junto al modelo de Estado que incluye el valor justicia en
proscripción de la impunidad.
La Corte Constitucional determinó que la rebaja de pena es uno de los instrumentos
que permiten la reinserción adecuada de las personas privadas de la libertad a la
sociedad, a través de la participación activa y directa en los procesos de rehabilitación
que se producen en los centros penitenciarios. Sobre la base de la verificación de la
vulneración de derechos constitucionales del accionante señaló tres medidas de reparación.
La primera medida de reparación comportó una garantía de no repetición a favor
de las personas que se encuentran internas en los centros de rehabilitación social, precisando
que la obligación de abrir el expediente, conforme la normativa pertinente, es
el momento del ingreso del interno al centro. Señaló también que esta obligación debe
ser acatada por los directores de los centros de rehabilitación social; y la supervisión
de esta medida se encomendó a la Defensoría del Pueblo.
La segunda medida de disculpas públicas tiene un carácter simbólico y establece
que la institución encargada de la rectoría de los Centros de Rehabilitación Social –Ministerio
de Justicia– y el director del centro penitenciario en el que el accionante cumplió
su pena le ofrezcan disculpas públicas por el incumplimiento de la norma legal, las
cuales se realizaron en uno de los diarios de mayor circulación nacional.
Finalmente, la tercera medida, deber de investigar, está relacionada con la obligación
del Ministerio de Justicia de indagar y sancionar a los responsables del desconocimiento
de la norma infraconstitucional. Como se puede observar, esta decisión es
un claro ejemplo de la recepción de los estándares interamericanos sobre la reparación
integral y de entenderla como una verdadera restito in integrum.
2. En la sentencia No. 004-13-SAN-CC la Corte Constitucional determinó que la
forma de realizar el cálculo concerniente a la reparación económica como parte de la
reparación integral tiene que hacerse de manera célere, que el procedimiento determinado en el artículo 19 de la LOGJCC36 es constitucional siempre que sea entendido
como un proceso de ejecución, razón por la cual la Corte Constitucional declaró inconstitucional
la posibilidad de presentar recursos de casación en dichos procedimientos.
Posteriormente, frente a los problemas advertidos por la Corte Constitucional
en el proceso de seguimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, esta dictó
reglas de cómo debían sustanciarse estos procedimientos mediante la sentencia No.
0011-16-SIS-CC, con lo cual, en los dos casos dictó medidas de no repetición.
Estas sentencias se convierten en precedentes jurisprudenciales que reafirman el
derecho a la reparación integral sin considerar como presupuesto la gravedad o atrocidad
de los hechos, razón por la cual se afirma que la reparación integral brinda cobertura
a todos los casos en los que existan daños por vulneración de derechos, siendo
el punto de equilibrio la proporcionalidad de las medidas de reparación adoptadas en
relación al daño ocasionado.
3. La Corte Constitucional, al emitir la sentencia No. 080-13-SEP-CC,37 resolvió
acerca de un presunto acto discriminatorio en contra de una persona portadora de
VIH por parte de una entidad estatal que culminó con la destitución. La Corte inició
su análisis estableciendo que la Constitución en el artículo 11 número 2 consagra el
derecho de las personas a no ser discriminadas por ningún motivo, especialmente por
las denominadas “categorías sospechosas”, es decir, aquellos criterios que a priori
se consideran discriminatorios a menos que se demuestre lo contrario, debido a que
usualmente tienden a generar exclusión.
Como sustento de los criterios de la Corte, se cita la opinión consulta No. 18/03
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atinente a la obligación
de los Estados de adoptar medidas positivas para revertir las prácticas discriminatorias
existentes en las sociedades en perjuicio de determinados grupos de personas. La
Corte Constitucional decidió entonces que la destitución del accionante se tradujo en
un acto discriminatorio, razón por la cual dictó una medida de restitución de su puesto
de trabajo, así como la correspondiente medida de compensación económica y en
atención a la responsabilidad estatal de adoptar medidas de protección para las personas de los grupos de atención prioritaria, dicto tres reglas inter pares e inter comunis,
como garantía de no repetición.
4. En la decisión constitucional constante en la sentencia No. 004-14-SCN-CC,
relativa a la consulta de norma presentada por un juez de la Amazonía a la Corte Constitucional
dentro de la causa penal iniciada a varias personas pertenecientes al pueblo
indígena Waorani –de reciente contacto– por el supuesto genocidio cometido en contra
del pueblo indígena Taromenane –no contactado–. La Corte Constitucional analizó
la norma jurídica consultada a la luz del principio de diversidad étnico cultural de
los pueblos de reciente contacto, sobre la base del artículo 57 de la Constitución que
consagra la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar la vida de los
pueblos en aislamiento voluntario, hacer respetar su autodeterminación y la voluntad
de permanecer en aislamiento y precautelar sus derechos; y con base en lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT.
A partir de este examen la Corte Constitucional concluyó que, en el caso concreto,
existía un “error de comprensión culturalmente condicionado” por el que debía garantizarse
la no aplicación de la norma penal cuando se demuestre que uno o varios de
los miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena que supuestamente
perpetró un ilícito, se encontraba en una situación que les impedía conocer la norma
penal. Lo más relevante en este caso es que la Corte Constitucional determinó como
garantía de no repetición la siguiente regla interpretativa:
De conformidad con artículo 143 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, la figura penal del genocidio solo podrá ser aplicada en el
caso concreto por el juez consultante, siempre que se verifique de manera argumentada el
cumplimiento de todos y cada uno de los presupuestos convencionales determinados en la
“Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, todo ello en observancia
a los parámetros de interculturalidad, en los términos previstos en esta decisión.
5. Respecto al derecho a la verdad, la Corte Constitucional en la sustanciación de
una acción extraordinaria de protección presentada en contra de un sobreseimiento
definitivo emitió la sentencia No. 114-14-SEP-CC, en la cual se señaló que el derecho
a la verdad se orienta a garantizar a las víctimas o a sus familiares la reparación en
función del reconocimiento por parte de las autoridades competentes de la responsabilidad
en la falta de investigación de vulneraciones a derechos y/o falta de aplicación
de las sanciones que legalmente correspondan. En este caso la Corte Constitucional
se basó en el análisis convencional de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en los casos Velásquez vs. Honduras; González Medina y familiares vs. República Dominicana; y Gelman vs. Uruguay; concluyendo que había faltas graves
en la etapa de investigación del proceso penal.
6. Dentro de las medidas de rehabilitación ordenas por la Corte Constitucional
se puede citar la sentencia No. 016-16-SEP-CC, en la que la Corte determinó que la
destitución de un Policía Nacional sin considerar su situación de VIH comportaba un
trato discriminatorio; en consecuencia, la Corte dispuso como medida de rehabilitación,
entre otras, la siguiente:
3.2.1 Que las autoridades correspondientes, según la normativa interna de la Policía Nacional,
asuman la responsabilidad de la prestación de servicios médicos al accionante, incluidos
los tratamientos psicológicos (para él y su familia), y tratamientos físicos integrales
que requiera así como de la entrega de medicinas necesarias para atender su condición y
demás situaciones médicas que ocurran por ser portador de VIH, para lo cual adoptará las
medidas necesarias para su cumplimiento, ya sea en el ámbito médico privado o de la propia
institucionalidad médica de la Policía Nacional.
7. Respecto a derechos de género, la Corte ha sido enfática en aplicar criterios
convencionales, específicamente la Convención de Belem do Para y la sentencia de la
Corte IDH de Campo Algodonero; así se puede citar la sentencia No. 292-16-SEP-CC
que declaró la vulneración del derecho a la igualdad de la accionante y no discriminación
disponiendo, entre otras, como medidas de reparación integral, las disculpas
públicas y la restitución de su derecho, específicamente tener la oportunidad de regresar
a su puesto de trabajo.
8. En la sentencia No. 074-16-SIS-CC, el representante de un grupo de niños y niñas
solicitó la tutela del derecho a la salud, por ser diagnosticados con una enfermedad
rara. En este caso la Corte Constitucional, a partir de la declaración de la vulneración
de los derechos de los accionantes, dispuso la provisión del servicio de salud, atención
médica y entrega de medicamentos como medidas de reparación integral.38
9. Finalmente, respecto de la tutela del derecho a la identidad sexual, determinado
en la sentencia No. 133-17-SEP-CC, la Corte Constitucional dictó como medida de
rehabilitación que “la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
margine en la inscripción de nacimiento del señor [...], el cambio de sexo de
femenino a masculino. El representante de la Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación deberá informar documentadamente a esta Corte Constitucional
en el término de 20 días desde la notificación de la sentencia, respecto a las
acciones tendientes al cumplimiento de la presente medida”.
De la evolución jurisprudencial se puede inferir que la Corte Constitucional ha
generado medidas de reparación integral y no meras compensaciones económicas,
desarrollando distintas medidas de reparación integral, las cuales encuentran su origen
en la naturaleza y patrones fácticos del conflicto que representan las vulneraciones de
derechos constitucionales, entendiéndose que el conjunto de medidas alternativas de
reparación integral que hoy conocemos, como las disculpas públicas, rehabilitación,
garantías de no repetición, entre otras, han sido diseñadas en relación directamente
proporcional a los grados de afectación y gravedad que soportaron los casos.
En efecto, de los casos expuestos, se evidencian medidas de reparación de naturaleza
simbólica y de alcance profundo –medidas materiales e inmateriales–; asimismo
es posible identificar que la naturaleza de los conflictos que las determinan corresponde
a vulneraciones que afectan directamente al derecho a la vida, vida digna, igualdad,
entre otros derechos.
La especial atención a la reparación de la víctima en función a las prioridades particulares
representa sensibilización de la justicia restaurativa y el interrelacionamiento
entre diferentes mecanismos de reparación de carácter material e inmaterial, que demandan
la necesidad de coherencia entre todas las medidas dispuestas. Ciertamente,
no pueden analizarse aisladamente las medidas, sino como un conjunto de acciones
destinado a restituir los derechos de las víctimas y proporcionar a los beneficiarios suficientes
elementos para mitigar la afectación producida por las violaciones, promover
su rehabilitación y compensar las pérdidas.
