DESARROLLO
La acusación particular en la doctrina es definida como "la autorización
que se concede a las personas específicas, víctima u ofendido, para ejercerla ante los
tribunales, en los supuestos y con los requisitos fijados por las leyes reglamentarias".
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Es concebida como una institución procesal propia de sistemas acusatorios cuyo fin es
otorgar protagonismo a las víctimas para "obtener una reparación, para controlar a fiscalía,
así como la preservación de otros derechos"
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al considerarle parte en el proceso penal.
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En el Ecuador, la acusación particular "es la pretensión punitiva y la
indemnizatoria de reparación integral, que incluye daños y perjuicios".
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Para el profesor Guerrero, es "una declaración de conocimiento y voluntad por medio de
la cual, la persona facultada por la ley pone en conocimiento del juez la perpetración de la
infracción y se presenta como parte en el proceso penal con el objeto de ejercer la
pretensión penal y civil correspondiente".
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En conclusión, se puede definir como una institución procesal que faculta
a la víctima del proceso a presentarse por medio de una defensa -pública o privada- con una
pretensión punitiva
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y de reparación integral por los hechos sufridos, respetando el trámite para su
aprobación debidamente establecido en el COIP.
Esta institución en la legislación penal ecuatoriana no es nueva, puesto
que ya constaba en el Código Penal que precedió al COIP, con mayor transcendencia, debido a
que otorgaba titularidad de acción para las víctimas; su texto esbozaba: "Si el ofendido no
ha decidido presentarse al proceso penal como acusador particular, no es parte en el proceso
y, por ende, no podría interponer recurso de apelación".
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Es decir, la acusación particular facultaba a la víctima a ser parte
procesal, permitiéndole la posibilidad de impugnar resoluciones, buscar reparación integral
y solicitar que un dictamen abstentivo se eleve en consulta con el fiscal superior para que
ratifique o revoque el pronunciamiento. En resumen, otorgaba a la víctima la capacidad de
acceder a una tutela judicial material.
La referida transcendencia de la acusación particular finalizó con la
promulgación del COIP debido a que hoy la víctima es un sujeto procesal reconocido en la
normativa
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y, por tanto, "es la persona natural o jurídica que puede exigir la tutela judicial
efectiva".
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Las víctimas ya no dependen de una figura legal para ser consideradas sujetos de la
relación procesal, haciendo su participación protagónica en la causa, conforme los derechos
que le son reconocidos.
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En consecuencia, la víctima, al ser sujeto procesal, goza de un debido
proceso en el acceso a la tutela judicial efectiva,
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lo que les faculta, entre otras cosas, a contar con una defensa técnica, comparecer y
dejar de participar en cualquier momento del proceso, obtener una sentencia motivada,
recurrir la sentencia y obtener una reparación integral. Estas garantías no difieren del
hecho de presentarse como acusador particular, y el hacerlo tampoco agrega alguna regla de
garantía adicional por la acusación; por tanto, si no genera ningún beneficio, es una figura
procesal que actualmente es ineficaz; además, por la acusación particular se imponen ciertas
determinaciones que, en relación con las víctimas de violencia sexual y de género, provoca
una mayor revictimización.
Entre las determinaciones referidas está el deber obligatorio del acusador
particular de presentarse a la audiencia de juicio, caso contrario se declarará el
abandono.
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El abandono "es una consecuencia por la falta de actuación de una parte procesal o por
su negligencia. Sin embargo, su configuración debe respetar los límites impuestos por los
derechos reconocidos en la Constitución".
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La razón de existencia del abandono es viabilizar principios como la celeridad o
economía procesal, pero nunca se lo usa en detrimento de los derechos.
Ahora bien, el tribunal penal que declara el abandono lo resuelve mediante
una regla de trámite de la acusación particular; no obstante, al hacerlo imposibilita el
ejercicio de defensa de la víctima -pública o privada- en el proceso, impidiendo su
participación. La privación de la defensa técnica violenta el derecho a las víctimas a ser
representadas en juicio por el abogado de su confianza, lo que no es un menoscabo menor,
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y que opera por tener la calidad de acusador particular.
Lo dicho, en la práctica jurídica, impone una carga pesada a la víctima
para presentarse y comparecer de forma obligatoria
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a la audiencia de juicio, so pena de quedarse sin defensa técnica. Esta imposición,
analizada desde los delitos sexuales y de género, provoca un perjuicio y un irrespeto a sus
derechos, específicamente respecto del derecho a no se revictimizadas, circunstancia que va
en contra del deber de debida diligencia del Estado.
Para abordar este tema es importante exponer que la violencia de género y
violencia sexual, "según la Organización Mundial de la Salud, constituye además de una
violación a los derechos humanos, un grave problema de salud pública".
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Se tiene en consideración que esta violencia afecta principalmente a las mujeres y de
forma transversal,
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es decir, sin hacer distinción de ninguna naturaleza, aunque es claro que existen
ciertos contextos que agregan mayor vulnerabilidad a la mujer.
Por consiguiente, este tipo de violencia es calificada por "la OMS como
una pandemia, una problemática de dimensiones incontrolables que sugiere el interés del
mundo y la adopción de medidas urgentes".
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Estas medidas deben ser reales y efectivas mediante una política estatal y criminal,
con el objetivo de mitigar los efectos nocivos de los delitos al momento del conocimiento y
juzgamiento.
El Ecuador es consciente de que esta realidad es palpable a nivel interno,
conforme lo dicen las estadísticas,
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que ponen en alarma la calidad de vida que poseen las mujeres por la violencia de
género y violencia sexual. Sobre la base de lo determinado, la Constitución de la República
-en adelante CRE-, estableció que el conocimiento, juzgamiento y sanción de esta forma de
violencia se realice mediante un procedimiento especial.
Este procedimiento nació con el COIP,
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en la reforma de 24 de diciembre de 2019, bajo la denominación de procedimiento
unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos contra
la mujer o miembros del núcleo familiar. Determinó varias reglas importantes, entre las que
constan la competencia judicial especializada, atención y manejo de pruebas mediante
oficinas técnicas, medidas de protección inmediatas, participación
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protagónica de la víctima y el principio de debida diligencia.
Es destacable la tipificación de la debida diligencia por dos razones: la
primera, porque se configura como un principio convencional debido a su creación por la
Convención Americana de Derechos Humanos, de forma general, y de forma específica en la
Convención de Belém do Pará, lo que ha permitido irradiar este deber convencional a todo el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
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segundo, porque la Corte IDH, comprendiendo la subordinación y discriminación histórica
de las mujeres, impuso a los Estados una responsabilidad reforzada,
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tarea que también debe cumplir a cabalidad el Ecuador.
La debida diligencia reforzada es el deber que tiene el Estado para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El empleo de la debida
diligencia fomenta el acceso material al sistema de justicia a las víctimas de violencia,
"se impone como un estándar de actuación de los actores del sistema judicial y como
obligación del Estado en cumplimiento de un deber".
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Ahora bien, la Corte Constitucional del Ecuador -en adelante CCE-, a
través de sus sentencias ha determinado que "la debida diligencia no es un derecho,
constituye un principio procesal por el que los servidores judiciales se obligan a velar
porque en todo proceso se observen las garantías del debido proceso".
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Agreg que la vulneración a este principio opera siempre que esté relacionada con un
derecho o garantía procesal.
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En este orden de ideas, la debida diligencia es un principio fundamental
que genera apropiados parámetros en la administración de justicia en casos de violencia
sexual, entre uno de los cuales se contempla el evitar la revictimización
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o reexperimentación
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a las víctimas en el transcurso del proceso.
La no revictimización es uno de los derechos reconocidos a las víctimas
del proceso penal en nuestro país, su objetivo es evitar un menoscabo mayor ya que se ha
esbozado que "la revictimización en ocasiones es más dolorosa que el daño producido a
consecuencia del delito".
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Por tanto, cobra sentido este derecho en virtud de que es muy frecuente que las
víctimas abandonen el trámite judicial con el único fin de no seguir siendo revictimizadas.
La doctrina ha establecido que en los procesos judiciales en materia penal
opera la victimización secundaria, entendida cuando "el daño sufrido por la víctima es
incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia".
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Del porqué se procura que al acceder al sistema de justicia para obtener una respuesta
a las violaciones sufridas en los derechos de las víctimas no sea incrementado por un
proceso judicial engorroso y poco especializado en la protección de las víctimas.
De manera categórica se ha expresado que "la re victimización es el
resultado de la implementación de procedimientos de atención inadecuados que trazan una ruta
de obstáculos, y que no respetan la vivencia penosa de la víctima, reactivando emociones
negativas en relación con el delito y propiciando una repetición de la experiencia de
violencia".
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Por ende, al reconocer la gravedad de que la revictimización secundaria
genere efectos iguales o más graves que la acción delictiva,
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deviene la importancia de trazar dentro de la política pública, y desde el ámbito de
justicia, un proceso rápido y eficaz en el cual se garantice la no revictimización, a fin de
evitar una violación de derechos y cumplir con instrumentos internacionales de derechos
humanos, respecto de la protección de este tipo de violencia.
El no revictimizar consiste, entonces, en ajustar el procedimiento penal a
un enfoque consciente de los perjuicios -psicológicos, económicos, sociales- que se provoca
en la víctima por un proceso judicial tardío, repetitivo, engorroso y poco especializado, en
el cual esta sufre al recordar y ponerse en contacto con el hecho delictivo que pretende
superar. En el Ecuador, los estudios especializados
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han demostrado que una víctima repite los hechos del delito entre un mínimo de 3 a 8
veces a diferentes funcionarios judiciales, lo que, sin duda, violenta sus derechos.
En este orden de ideas, la determinación que presenta la acusación
particular al establecer en su regla que el acusador debe presentarse en la audiencia, caso
contrario se declara el abandono, fomenta la revictimización, lo que a su vez incumple el
deber de debida diligencia reforzada en favor de las víctimas.
El trámite de toda audiencia de juicio dentro del procedimiento especial,
se conforma por el alegato inicial, la presentación de pruebas y alegato final. Por tanto,
toda víctima al comparecer a la audiencia, deberá escuchar y reexperimentar lo vivido por un
mínimo de 6 veces, en donde se precisará la forma y el contexto en el cual fue víctima. Esto
por las declaraciones de testigos e intervenciones de sujetos procesales.
El contacto repetitivo que tiene la víctima con la declaración de su
propio relato, con ser objeto de observación por la administración de justicia o con
escuchar los hechos que menoscabaron su dignidad, provoca un perjuicio en sus derechos; del
porqué, atinadamente, se afirma que "el Código Orgánico Integral Penal carece de normas
especiales de atención a las víctimas de delitos sexuales a lo largo de las etapas del
proceso penal, lo que conlleva potencialmente la exposición de la víctima a revivir el
delito y los traumas vinculados a este".
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La reexperimentación del relato en la víctima de violencia sexual y de
género puede provocar que se activen diferentes síntomas
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de un determinado trastorno emocional que agrave su condición; debido a que "las
emociones más comunes tras un contacto con el sistema legal fueron decepción, sentirse
vulnerado y sentirse mal con uno mismo".
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Por consiguiente, si no es deseo de la víctima -como forma de cerrar su proceso
emocional- el estar presente en el trámite de la audiencia de juicio, el obligarla
provocaría un perjuicio en su ya vulnerable situación.
Esta determinación de la acusación particular va en contra de los derechos
que reconoce de forma más pormenorizada el COIP, ya que en el art. 11 num. 1 menciona que la
víctima tiene derecho a participar del proceso y dejar de hacerlo en cualquier momento,
enfatizándose que en ningún caso se obligará a la víctima a comparecer.
Por tanto, si es deber del acusador particular el presentarse en la
audiencia de juicio para que no se declare su abandono y en consecuencia no perder su
defensa técnica en el desarrollo de la audiencia, tácitamente se impone la obligación de
presentarse y ser revictimizada mediante la reexperimentación de los hechos. Aquello viola
sus derechos fundamentales.
Ahora bien, otra configuración normativa que procesalmente causa
perjuicios en virtud de la acusación particular -en este tipo de violencia- es cuando existe
un dictamen fiscal abstentivo; al momento de especificar quiénes pueden solicitar consulta,
la norma puntualiza: "cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad
de más de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la
abstención en consulta a la o al fiscal superior".
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Esta determinación condiciona que el solicitar que un dictamen abstentivo
se eleve a consulta del fiscal provincial, necesita que el delito supere los 15 años o
hacerlo bajo la calidad de acusador particular, caso contrario no cabe consulta.
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Ahora bien, del listado de delitos que sancionan la violencia sexual y de género que se
conocen en el procedimiento especial, solo dos
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ilícitos superan la pena de 15 años, por lo tanto, existen 14 delitos en los que si las
víctimas no presentaron acusación particular, no pueden ser enviados a conocimiento del
fiscal superior, haciendo inválida la posibilidad de consulta.
Privar de la facultad de consulta a las víctimas de violencia sexual o de
género por no haber presentado la acusación particular es un acto de discriminación muy
perjudicial, porque evita la verificación de la decisión del fiscal a cargo de la
investigación, lo cual no es un filtro menor, teniendo en consideración dos motivos
esenciales: primero, el error de la decisión fiscal, que opera por falta de conocimiento
especializado en la materia o por la excesiva cantidad de casos que se investigan en
fiscalía. Y, segundo, por actos de corrupción debido a que un expediente podría tener
ciertos elementos de materialidad y responsabilidad, pero si el titular de la acción penal
decide no acusar, no existiría recurso procesal alguno ante la decisión. Cuando opera un
dictamen abstentivo, el juzgador solo puede emitir el auto de sobreseimiento no susceptible
de apelación porque no existió acusación, blindando así una decisión corrupta.
En consecuencia, la determinación normativa en este tipo de violencia
implica que la víctima obligatoriamente participe del proceso desde el primer momento,
porque la acusación particular se presenta durante la instrucción fiscal, así la norma
vuelve a exigir no solo la participación de la víctima, sino que sea "ejemplar", esto es,
desde un inicio, para que presente la acusación particular y que, en caso de existir un
dictamen abstentivo, controle a fiscalía con la consulta al fiscal superior.
Las expuestas determinaciones generadas por la acusación particular en los
delitos de violencia sexual y de género se traducen en un contra sentido a los derechos de
las víctimas y del deber estatal de debida diligencia, ya que, por un lado, se esboza el
derecho a ser escuchada voluntariamente y, por el otro, bajo la figura de la acusación
particular, se norma que su participación sea obligatoria, repetitiva y oportuna so castigo
de verse perjudicada ignorando sustancialmente que la no revictimización no se materializa
por su exposición legal, sino por la ejecución de actos que eviten violentar los derechos de
las víctimas. En consecuencia, es una institución procesal que debe ser eliminada del COIP.
Contrario a lo analizado, en la acusación particular, la tutela judicial
efectiva en casos de violencia sexual y de género debe diseñar un procedimiento penal
especial, rápido y eficiente en el cual al abordarse los casos se entregue una respuesta
apropiada y efectiva a las víctimas, evitando lesionar más sus derechos fundamentales. "Se
hace necesario velar por la integridad de las víctimas, por sus derechos y acompañamiento
antes, durante y después del evento agresivo, garantizándoles con ello el cuidado y
protección que estas demandan del sistema jurídico-penal".
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En la medida que el acceso a la justicia sea mediante un enfoque de
género,
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permitirá eliminar las barreras que han sido implementadas en el área jurídica por una
forma de ver el derecho "inconsciente" a los padecimientos que le corresponde cargar a las
mujeres, víctimas principales de este tipo de violencia. Aquello se logrará por medio de "la
interpretación feminista que puede ser una herramienta muy eficaz al servicio del cambio
legal gradual".
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La proscripción de la revictimización es el ideal que debe guiar la
creación del procedimiento para las víctimas del proceso penal, pero con mayor énfasis de
violencia sexual y de género, para lo cual constantemente debe verificarse que el
procedimiento sea oportuno y en armonía con las necesidades de las víctimas. Es de vital
importancia entender que se necesitan esfuerzos para no "alejar a las víctimas de los
procesos".
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