El número 45 de la revista Foro abre su sección temática con un dossier dedicado al derecho internacional económico y la gobernanza de la economía digital. En un escenario de reconfiguración geopolítica, disrupción tecnológica e interdependencia regulatoria, lo que está en juego es la calidad del derecho -sus fuentes, sus instituciones y su capacidad para proteger bienes públicos globales- como condición para un desarrollo inclusivo y sostenible. Los trabajos aquí reunidos dialogan entre lo global y lo doméstico, entre los grandes dilemas de la arquitectura normativa y los desafíos concretos de su implementación, ofreciendo claves rigurosas y actuales para comprender la gobernanza de la economía digital con estándares de derechos.
En el primer artículo, Víctor Manuel Granda Aguilar y Víctor Paúl Granda López indagan sobre el tránsito de una globalización unipolar hacia una neoglobalización de grandes potencias. Destacan que ese fenómeno consolida la concentración de riqueza y poder de corporaciones transnacionales, erosionando márgenes de soberanía regulatoria y desplazando el papel social del derecho. La investigación reconstruye un pluralismo de fuentes -formales e informales, públicas y privadas- que, al operar con baja transparencia y débil control democrático, reconfigura autoritariamente el orden jurídico internacional. Los autores abogan por un nuevo paradigma en el que prevalezcan los derechos humanos frente a intereses geoeconómicos.
A continuación, Juan Manuel Gómez Rodríguez examina con sobriedad las promesas y riesgos de incorporar sistemas de inteligancia artificial (IA) en la gestión gubernamental. A partir de una metodología deductivo-analítica, el autor muestra cómo la IA puede mejorar previsión, calidad y eficiencia de servicios, y fortalecer valores como control y neutralidad. Subraya la urgencia de marcos institucionales que aseguren transparencia algorítmica, coordinación interinstitucional, participación ciudadana y evaluación continua, de modo que la eficiencia no se imponga sobre la protección de derechos.
Cierra el dossier temático Ika Riswanti Putranti, quien ofrece una radiografía normativa del régimen antilavado y anticorrupción indonesio, y evidencia cómo se explotan lagunas de verificación y monitoreo en plataformas cripto mediante estructuras de nominados y esquemas de estratificación. La autora propone alinear regulaciones, robustecer registros de titularidad real y desarrollar capacidades institucionales para detectar y recuperar activos ilícitos que hoy se ocultan con apariencia de legitimidad.
La sección abierta prolonga el debate sobre gobernanza y efectividad normativa hacia ámbitos fiscales, administrativos y penales. Roger Augusto Lara Algendones contrasta la normativa internacional sobre instrumentos financieros con la legislación tributaria del Perú, y evidencia una asimetría que, lejos de incentivar coberturas eficientes, introduce inseguridad jurídica y costos de cumplimiento -especialmente en los sectores minero y agroexportador expuestos a riesgos internacionales-. Propone, así, armonizar estándares contables y tributarios para restaurar los principios de previsibilidad y neutralidad.
A su turno, Hiram Zambrano Brambila e Itzel Gutiérrez Jiménez revisan los objetivos extrafiscales del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a los plaguicidas en México. El análisis sugiere que, contra la expectativa de desincentivo, en la práctica aumentó el uso, la fabricación, la venta y la recaudación. Evidencia que la falta de evaluación oficial limita una corrección de diseño basada en evidencia. La lección es crucial para la gobernanza regulatoria: sin métricas y evaluación, los impuestos conductuales pueden quedar en el terreno de la retórica.
En clave penal-económica, Pablo Andrés León González, Fernando José Yumi Hurtado y Kevin Alexander Esparza Rivadeneira discuten si la evasión de procedimientos configura una agravante, un tipo autónomo o una modalidad dependiente, y concluyen que debe subordinarse al tipo base de peculado, exigiendo sus elementos estructurales (beneficio, abuso de recursos). Consideran que penalizar la mera inobservancia formal, sin daño ni provecho ilegítimo, expandiría desproporcionadamente el ius puniendi del Estado.
La mirada garantista se complementa con la protección de víctimas. Diego Ávila Silva sostiene que, en el diseño ecuatoriano, la exigencia de intervención activa y presencia en juicio puede producir revictimización secundaria -en especial en casos de violencia sexual y de género- y restringir el acceso efectivo a la justicia (v. gr. la imposibilidad de elevar en consulta un dictamen abstentivo sin acusación particular). El artículo invita a repensar el equilibrio entre participación y cuidado del daño.
Finalmente, Karen Huilca Cevallos, Alejandra Vargas Naranjo y Víctor Jácome Calvache exploran la legítima defensa y la violencia intrafamiliar sistemática en Ecuador. Frente a la ausencia de reglas probatorias que reconozcan contextos de violencia reiterada, el estudio contrasta avances de Argentina y Chile -incluida la recepción del "síndrome de la mujer maltratada"- y propone una reforma que adecue la legítima defensa a situaciones de peligro permanente, evitando la revictimización que produce una aplicación restrictiva en Ecuador.
Visto en conjunto, este número traza un mapa de tensiones centrales para el derecho de nuestro tiempo: la redefinición de las fuentes y la autoridad en un orden global fragmentado; la necesidad de capacidad institucional para gobernar tecnologías opacas sin sacrificar derechos; la importancia de alineación regulatoria y evaluación basada en evidencia para que la tributación y el compliance cumplan sus fines; y la vigencia de un derecho penal garantista que proteja el erario sin criminalizar formalidades, al tiempo que robustezca la posición procesal de víctimas y atienda la violencia de género con miradas comparadas. Así, el dossier temático dialoga con la sección abierta: de la macroarquitectura del derecho internacional económico a las microdecisiones que definen si el sistema jurídico es, en la práctica, protector, transparente y eficaz.
Invitamos a recorrer estas páginas con espíritu crítico y comparado. Revista Foro, número 45, ofrece no solo diagnósticos y propuestas, sino un repertorio de conceptos, argumentos y evidencia útil para quienes investigan y deciden en las fronteras entre economía digital, integridad pública y tutela de derechos. Deseamos que este número se convierta en una referencia de consulta y una plataforma para futuras investigaciones que sigan iluminando las encrucijadas del derecho en la era digital.
Gustavo García Brito