INTRODUCCIÓN
Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas necesitan ser
estudiadas dentro de la intersección1 de clase, género y etnicidad, puesto que la
no inclusión de cualquiera de las mencionadas perspectivas imposibilitaría la comprensión
integral de la complejidad jurídica. En este sentido, el caso Fernández vs.
México sentenciado por la Corte IDH2 se presenta como una oportunidad para entender
la violación de los derechos humanos desde una dimensión sociocultural y
política. Hay que destacar que en el momento de los hechos la víctima no hablaba
español, no había asistido a una educación formal que le permitiera el aprendizaje del
idioma oficial, tampoco contaba con control médico –menos aún el ginecológico–,
pertenecía a una organización política del pueblo indígena. Si bien la Corte IDH creó
un precedente judicial, no pudo superar el análisis parcializado inclinándose por un
enfoque de género liberal con cierta sensibilidad para entender la condición identitaria
de indígena. Esto es visible porque, además, no se mencionaron en la sentencia ni el
Convenio 169,3 ni la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.4
El análisis partirá de cuatro categorías que son parte del desarrollo teórico respecto
de los derechos humanos de las mujeres indígenas desde el feminismo interseccional.
Los puntos que se tomarán como guía para el análisis son los siguientes:
1. La cuestión de género y etnicidad, el contexto de mujeres indígenas sin educación
formal y la violación sexual como parte de la historia colonial que han
sufrido las mujeres indígenas por parte del “hombre blanco”.
2. La cuestión de la educación y la lengua. Una lengua que a lo largo del proceso
se verá como desprestigiada y carente de todo valor, incluso burocrático, afectando
principalmente a las mujeres indígenas Tlapaneco/Me’phaa.
Al finalizar el artículo se tratará de dar algunos indicios para entender los supuestos
teóricos con los que suponemos la Corte Interamericana consideró al
momento de entender el caso, desde una perspectiva de género liberal.
LAS MUJERES INDÍGENAS
DEL PUEBLO TLAPANECO/ME’PHAA
El Estado de Guerrero en México es uno de los más pobres del país; posee múltiples
dificultades para asegurar a su población derechos sociales básicos, como educación,
salud y acceso a la justicia. Dentro de los grupos más afectados por la pobreza se encuentran
los pueblos indígenas y, dentro de estos, las mujeres. La mayoría de la población
indígena no cuenta con un adecuado servicio de salud y existe un ginecólogo para
cada 4.132 mujeres en edad fértil. El 55,7% de las muertes de mujeres en hospitales
ocurren durante el embarazo, el parto o el puerperio.5 La población indígena tlapanecos
(me´phaa) llega a los 119.291, es decir, el 26% de la población indígena en Guerrero.
El analfabetismo en los pueblos indígenas en México llega al 50,5%, siendo las
mujeres las más afectadas. El 18% de la población mayor de 15 años es analfabeta,
un 60% de este total siendo mujeres,6 y es el segundo Estado con mayor índice de
analfabetismo femenino.
Con estos antecedentes, se evidencia que las violaciones de las mujeres indígenas
se produjeron en un contexto de transgresión de los derechos económicos y sociales
por parte del Estado de México. Además, el país vive uno de los períodos más violentos
de las últimas décadas por el surgimiento de grupos armados provenientes del narcotráfico,
un contexto de violencia donde los pueblos indígenas son los más afectados.
Inés Fernández denunció la violación sexual ante las autoridades correspondientes; sin
embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero declinó su competencia
a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar, porque los acusados
eran parte del ejército mexicano, y la Constitución permitía una jurisdicción militar.
Por otro lado, las pruebas que fueron tomadas por los peritos médicos fueron extraviadas,
hecho que entorpeció el proceso de la causa, además Inés no contaba con
un intérprete de su lengua materna, lo cual dificultó la denuncia ante la fiscalía y la
coherencia de los argumentos.
LA VIOLACIÓN SEXUAL HACIA LAS MUJERES
INDÍGENAS COMO UN ARMA DE GUERRA
La violación sexual ha sido entendida por la Corte IDH como una experiencia traumática
que tiene severas consecuencias; causa gran daño físico y psicológico, deja a la
víctima humillada física y emocionalmente. Este delito se asemeja a la tortura por el
sufrimiento físico, psíquico y moral agudo. En el presente caso, la Corte IDH volvió
a tratar la violación sexual como una práctica de tortura, concluyendo que el Estado
violó los derechos de integridad personal, dignidad y vida privada, consagrados en el
artículo 5.2, 11.1, 11.2, de la Convención Americana,7 en relación al artículo 1 de la
misma Convención; y 1,2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Tortura,8 así como el deber establecido en el artículo 7 a) de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer.9 Sin embargo, y a pesar de haber ratificado el estándar de la violación sexual
como tortura, la Corte IDH se resistió a hacer un análisis más minucioso sobre
el alcance sociocultural, histórico y político de la violación sexual como una práctica
sistemática colonial y poscolonial contra las mujeres indígenas.
La violación sexual ha sido considerada, en varios estudios en contextos de conflicto
armado, como un arma de guerra por parte de las organizaciones de mujeres
indígenas. Esta práctica se puede encontrar desde la conquista y colonización hasta
la situación actual de las mujeres indígenas en todo el mundo, lo cual nos demuestra
que la colonialidad10 sigue siendo un tema de actualidad. Un ejemplo de esto es el
informe presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC,11
ante la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Violencia Sexual en el Marco de Conflictos Armados. En dicho informe se detalla la
crítica situación de tortura sexual de las mujeres indígenas, especialmente de niñas
entre 12 y 13 años de edad, en medio del conflicto. La violación sexual se presenta
así como un arma de guerra para intimidar a las comunidades. Además, las denuncias
no son tomadas en cuenta, no están cuantificadas, no están estudiadas y carecen de
importancia social.
El hecho de la indiferencia social e institucional de las violaciones a las mujeres
indígenas muestra una naturalización y se constituye como una práctica racista. Tanto
las violaciones que se producen en Colombia como en México –o en cualquier país
Latinoamericano– parten de la misma problemática donde el racismo colonial hace
que la condición del ser indígena y mujer sea más vulnerables a la violencia; además,
en ambos casos –Colombia y México– las autoridades tienen como práctica extraviar
las muestras periciales, así como la indiferencia en el proceso judicial, lo que lleva a
la impunidad de los casos. En Colombia, la ONIC no conoce de sentencias ejecutadas
por violaciones sexuales perpetradas hacia mujeres y niñas indígenas. Las escasas
denuncias se pueden explicar desde varias dimensiones; por un lado, el miedo a las
represalias hace que las mujeres no denuncien los abusos, y, por otro, la indiferencia y
la naturalización lleva a las víctimas al silencio y a la desconfianza institucional. Esta
característica se repite en otros lugares del mundo en el que existe un contexto de violencia
sistemática, siendo la sexualidad de las mujeres indígenas sometida a la tortura.
Al mismo tiempo siembra pánico y terror en las comunidades y sus organizaciones
políticas. De esta forma, la agresión sexual no solo afecta a las mujeres individuamente,
sino que perjudica directamente a toda la comunidad en su dignidad de pueblos.
Por otro lado, es cierto que existe un alcance muy limitado dentro de la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto a los contenidos de los
derechos específicos de las mujeres indígenas; únicamente el artículo 22.2 dice: “los
Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las
mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las
formas de violencia y discriminación”. No obstante esta limitación normativa, existen
estudios históricos, antropológicos y documentos recientes que permiten entender la
particularidad de los casos en mención. Otro punto que destacar es la violación del
derecho a la integridad personal relativo al trato que recibió la señora Fernández en el
proceso penal desde la dificultad del idioma hasta la pérdida de las pruebas. La Corte
IDH aceptó el allanamiento de México, pero se inhibió de pronunciarse sobre cómo
la ausencia de una justicia multilingüe afecta especialmente a las mujeres indígenas
que no han sido escolarizadas. Incluso desde una perspectiva positivista, la Corte IDH
pudo haberse pronunciado por el artículo 7.1 (derecho a la integridad), 13.2 (Intérpretes
en la cuestión administrativa) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
La ausencia de una justicia intercultural y multilingüe, en zonas donde existe una
proporción demográfica considerable de indígenas, demuestra la poca consideración
y desvalorización de las lenguas ancestrales, lo que significa también una desvalorización
cultural y un impedimento para el acceso a la justicia. Esto corrobora la
inexistencia de trabajadores públicos indígenas, lo que responde a una evidente discriminación
lingüística en un país que tiene cerca de 68 lenguas originarias. En la
misma línea de reflexión podemos observar que la falta de acceso a la educación
intercultural bilingüe afecta especialmente a las mujeres indígenas del Estado de Guerrero.
Las mujeres suelen ser vistas como las “portadoras de la cultura” o “guardianas
de la cultura y de la lengua” sin que exista una real necesidad de su escolarización. El
bilingüismo es un derecho de los pueblos indígenas para hacer efectiva la interculturalidad.
Sobre este punto la Corte IDH reconoció la violación del acceso a la justicia
en condiciones de no discriminación y la falta de protección judicial –artículo 8.1 y
25.1 de la Convención Americana, y el artículo 7.b de la Convención Americana–; sin
embargo, no hizo mención de cómo el analfabetismo afectó especialmente a la señora
Fernández en su condición de indígena y la falta de sensibilidad del sistema judicial
en no tener un intérprete. De esta forma, podemos concluir que la vulneración de las
garantías judiciales, especialmente el acceso a la justicia de los pueblos indígenas,
está insoslayablemente ligada a los derechos lingüísticos, como el uso de intérpretes
y traductores de lenguas indígenas en los procesos judiciales.
EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
DE LAS MUJERES INDÍGENAS
Los representantes de la víctima reclamaron para que la Corte IDH conociera y
se pronunciara respecto al derecho a la organización contemplado en el artículo 16
(libertad de asociación en la Convención Americana) porque Inés pertenecía a la Organización
Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (en adelante OIPMT,
organización antecedente de OPIM) desde el año 2000. Las actividades de Inés se encaminaban
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de la comunidad, además,
su padre había sido un dirigente indígena que fue presuntamente asesinado en situaciones
sospechosas. Esta condición de mujer indígena-dirigente era un tema clave en
el proceso puesto que la violación sexual pudo haber tenido otros propósitos como la
intimidación a las mujeres que hacen dirigencia en la organización.
Es inexplicable la razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(instancia que interpone el caso a la Corte IDH) no introdujo en primera instancia
el derecho a la libertad de asociación dentro de la demanda. A pesar de esto, la
Corte IDH pudo haber conocido el caso, porque la condición de dirigente social en la
comunidad la hacía más vulnerable; además, la condición de dirigente estaba directamente relacionada con la demanda inicial aunque no estuviera señalada expresamente.
El pronunciamiento positivo por parte de la Corte IDH hubiera potenciado la relación
entre género e indianidad de la víctima; además, hubiera podido pronunciarse en torno
al artículo 35 de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en cuanto al
derecho de organización de los pueblos indígenas.
Por otro lado, la Corte IDH tuvo una hermenéutica formalista cuando también se
abstuvo de conocer sobre la muerte del hermano de la víctima, Lorenzo Fernández
Ortega, quien fue presuntamente asesinado cuando el caso de Fernández estaba tratándose
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La única motivación fue
que el caso “no era parte del objeto de la Litis”. Desde una perspectiva de interseccionalidad,
ambas situaciones son parte de la problemática jurídica, porque la violación
ocurrió dentro de un contexto sistemático de violencia hacia los pueblos indígenas.
Una muestra de esta falta de perspectiva integral lo dio el juez ad hoc Alejandro
Carlos Espinoza, quien en su voto concurrente fue claro en expresar que la violación
sexual no se produjo como un “arma de guerra” –parafraseando al informe de Colombia–
ni como una forma de atemorización por parte del Estado a las comunidades
indígenas:
6. Debe destacarse que si bien quedó debidamente demostrada la negligencia y falta de
resultados a cargo de la procuración de justicia por parte del Estado mexicano, en los
diversos fueros constitucionales de carácter competencial en materia penal que se involucraron
en la investigación de los hechos, aun como coadyuvantes, también debe
indicarse que no se trata de una violación sistémica como instrumento de atemorización
dolosa por parte del Estado mexicano respecto de las poblaciones indígenas de la región,
particularmente de las mujeres.
7. La demanda como marco litigioso del proceso no excluye la posibilidad para la presentación
de pruebas supervinientes previas al dictado de la sentencia, lo que hay que
distinguir muy puntualmente de los hechos que no son objeto de litis, no obstante presenten
algún tipo de relación con el caso, de modo que la demanda o escrito inicial fija
la Litis.
LOS LÍMITES DEL ENFOQUE DE GÉNERO
EN LA SENTENCIA FERNÁNDEZ
El concepto “género” es uno de los grandes aportes del feminismo contemporáneo
occidental. Sin embargo, el término ha sido tomado por el feminismo para universalizar
los valores construidos por la cultura occidental, alejados de otros feminismos que
se construyen en contextos de diversidad lingüística, cultural y religiosa, conocidos
como “Feminismo de la diferencia”. En otras palabras, cuando hablamos de feminismo
o “género” solemos pensar en un movimiento histórico que permitió consolidar el derecho al voto de las mujeres, y de un movimiento actual, que ha puesto en debate
el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, especialmente nuestros úteros sometidos
a la decisión del Estado heteropatriarcal capitalista. Pareciera como si el feminismo
contemporáneo se agotara en estas raíces liberales, que son legítimas, pero no universales.
Las mujeres no-occidentales reclaman la construcción de otro tipo de derechos.
En la perspectiva del sur global ha emergido un feminismo anticolonial y antirracista
de las mujeres afrodescendientes, quienes han tomado la dirección.
Para Stolcke12 la categoría género no puede estar separado de otras, como el de
clase o etnia, puesto que existen diferencias sociales, culturales y económicas que deben
ser tomadas cuentan en sociedades diversas; la diferencia social y cultural determinará
mayor o menor grado de vulnerabilidad; en otras palabras, una mujer blanca,
occidental y privilegiada económicamente es menos vulnerable socialmente que la
mujer india-negra y pobre. El problema de concebir al “género” desde una perspectiva
liberal, aislado de la condición de clase y origen cultural, tiene como efecto una
interpretación sesgada por las luchas civiles y políticas de las mujeres occidentales sin
que se produzca una elaboración teórica más profunda sobre los derechos de género
desde la indianidad.
Estos problemas se hacen visibles cuando hay casos de violaciones de derechos
humanos de las mujeres indígenas, y se complica más cuando los perpetradores de
los abusos son agentes del Estado. En la práctica se ha demostrado que los discursos
se superponen y el juez tiende a optar por los derechos individuales en lugar de los
derechos colectivos. En el caso Fernández, la Corte IDH se inclinó por una interpretación
de vulneración de los derechos individuales con un cierto interés por entender
las dimensiones de la indianidad, pero nada más. Los instrumentos utilizados para
sancionar el caso fueron tomados de las reivindicaciones de los derechos a la luz de
concepto género liberal.
La falta de esta perspectiva, tiene un origen también teórico de los fundamentos
de los derechos, puesto que cuando se superponen discursos como el de los derechos
individuales (como el género) y los colectivos (identidades indígenas), las cortes
apuestan por aquellos que han sido considerados como los “auténticos” derechos, los
individuales. En definitiva, esto muestra la tensión permanente entre el discurso liberal,
tradicionalmente individualista frente al discurso desarrollado por los derechos
colectivos de los pueblos indígenas. La sentencia Fernández vs. México confirma que se puede sancionar un caso de violación a los derechos de la mujer desde una perspectiva
liberal.
Esta limitación hizo que la Corte IDH no pudiera pronunciarse por otros sucesos
que evidentemente eran parte de la complejidad del caso, como el presunto asesinato
del hermano y del padre de la víctima, así como los derechos políticos comunitarios
de la mujer-dirigente indígena. Fijar la litis desde una motivación formalista obstaculizó
el análisis complejo del caso y limitó la posibilidad de construir estándares más
firmes para los derechos de las mujeres indígenas. La Corte IDH sentenció al Estado
mexicano a que sancione a los culpables, otorgue becas de estudio a las mujeres y
contrate traductores en las instituciones públicas. Estas reparaciones no cuestionan la
discriminación y el racismo, tanto de los perpetradores de las violaciones como de las
instituciones públicas indiferentes.
Es pertinente lo señalado por Sieder y Sierra13 a través de la investigación Acceso
a la justicia para las mujeres indígenas en América Latina, donde concluyen que no
puede concretarse una perspectiva de género sin los derechos colectivos, puesto que
la aplicación por sí sola de dicha perspectiva es limitada y no alcanza a cubrir las necesidades
reales de las mujeres indígenas. En este sentido, las autoras concuerdan que
solo en la medida en que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas
se podrá garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas a la
justicia y a su identidad cultural.
El analfabetismo de Inés, la falta de servicios de salud, la violación sexual, la indiferencia
institucional por la denuncia, la pérdida de las pruebas médicas, la falta de
traductor, la condición de dirigente indígena y el asesinato del padre y del hermano
son hechos que no corresponden a un solo caso, sino que se repiten en los contextos
de violencia sistémica donde los cuerpos de las mujeres indígenas son torturados por
su condición étnica. La violación sexual como arma de guerra tampoco es nueva. No
existe un solo período desde la conquista-colonización hasta en la actualidad en el que
las mujeres indígenas hayan vivido sin el constante miedo a ser víctimas de violencia.
Si revisamos la historia en la región, especialmente de las mujeres dirigentes, no es
difícil encontrarse con relatos que detallan los abusos perpetrados por los hombres
blancos y mestizos, hechos que fueron naturalizados por toda la sociedad que legitimaba
las relaciones de explotación clasistas y raciales. Termino este análisis con una
frase de Sieder y Sierra que invita al debate entre quienes nos consideramos feministas: “Las mujeres indígenas no están sujetas a la violencia física y sexual debido a su
género, sino debido a su etnicidad, su clase social y a su historia”.
