INTRODUCCIÓN
Una de las cuestiones más controvertidas a las que se ha tenido que enfrentar el
derecho del trabajo en los últimos años es admitir o no la legitimidad de las
medidas de acción positiva a favor de las trabajadoras para garantizar su igualdad de
oportunidades en el mercado de trabajo y superar, de esta manera, las situaciones de
discriminación y segregación profesional que les impiden disfrutar de unas verdaderas
condiciones de igualdad en el mercado laboral.1 En la actualidad, el derecho
social comunitario europeo y, por ende, el derecho español, sí que las aceptan desde
un punto de vista legal aunque en la realidad práctica son de muy difícil implantación
por los requisitos exigidos por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE).2 La explicación última de esta situación puede tener su origen en
las suspicacias que levantan su implantación por cuestionar el derecho fundamental
a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo en su afección
más tradicional. Así, la finalidad de las medidas de acción positiva es dar un puesto
de trabajo a una trabajadora en vez de a un trabajador sobre la base de un factor de
diferenciación prohibido –el sexo– como forma de garantizar la plena igualdad de
oportunidades en el mercado laboral de las mujeres, cumpliendo con los mandatos del
principio de igualdad material, siempre y cuando respeten el juicio de igualdad desde
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. Teniendo en cuenta,
pues, la importancia de los bienes jurídicos protegidos se hace necesario un estudio
de las mismas para delimitar claramente a qué se hace referencia cuando se habla de
acción positiva y de las implicaciones que dichas medidas conllevan para garantizar
que su correcta implantación.
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LOS CONCEPTOS
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
A) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y SUS MANIFESTACIONES
El principio de igualdad está integrado por dos vertientes: la igualdad formal o
igualdad de trabajo y la igualdad sustancial o igualdad real o material. Respecto a la
primera de ellas, en el ordenamiento jurídico español el artículo 14 de la Constitución
Española (CE) señala: “Los españoles son iguales antes la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Así delimitado, este artículo consagra el derecho que todo ciudadano tiene a obtener
un trato igual –lo que es conocido como principio de igualdad formal de trato–
por parte de los poderes públicos sin que puedan establecerse diferencias arbitrarias
entre las personas fundadas en estos criterios. Además, es un derecho de titularidad
individual, lo que significa que a nadie le podrá ser negado por la mera pertenencia a
un colectivo o por una opción personal vinculada a la dignidad humana. Ello supone,
como regla general de aplicación, la prohibición de los tratamientos discriminatorios,
entendiendo por tales las conductas peyorativas basadas precisamente en condiciones
u opciones personales sobre las que una persona no tiene facultad de elección por ser
innata a ella o bien por tratarse del ejercicio de un derecho personal, asociado en la
mayoría de las ocasiones al ejercicio de la libertad como derecho fundamental.3
Pero también forma parte del principio de igualdad su vertiente sustancial, real
o material que, en el ordenamiento jurídico español, queda recogido en el artículo
9.2 CE: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
En dicho precepto se establece una obligación-mandato a los poderes públicos
de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos que
integran la sociedad sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud. Su finalidad es acabar con las situaciones históricas de discriminación
de determinados colectivos, corrigendo las desigualdades sociales, lo que
implica una actividad promocional por parte del Estado, tanto positiva –promoción de condiciones para que la igualdad sea real y efectiva– como negativa –remoción de
obstáculos que impidan el logro de esa igualdad–.4
La importancia de este artículo fue consagrada en la Sentencia del Tribunal Constitucional
Español (TC) 128/1987, de 16 de julio,5 que defiende una tutela antidiscriminatoria
unilateral con un sentido emancipador y corrector para acabar con situaciones
de discriminación social de grupos preteridos, lo que legitima un derecho desigual
igualatorio cuyo objetivo sea restablecer la igualdad socialmente ignorada:
pero ello no debe hacer olvidar que, por un lado, y como reiteradamente ha indicado este
Tribunal, no toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella
que se funda en una diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con
criterios o juicios de valor generalmente aceptados, y por otro, que, como este mismo
Tribunal ha sostenido, el tratamiento diverso de situaciones distintas “puede incluso venir
exigido, en un Estado social y democrático de Derecho, para la efectividad de los valores
que la Constitución consagra con el carácter de superiores del ordenamiento, como son la
justicia y la igualdad (art. 1), a cuyo efecto atribuye además a los poderes públicos el que
promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”. La actuación de los
poderes públicos para remediar, así, la situación de determinados grupos sociales definidos,
entre otras características, por el sexo (y, cabe afirmar, en la inmensa mayoría de las
veces, por la condición femenina) y colocados en posiciones de innegable desventaja en el
ámbito laboral, por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados
en la sociedad y difícilmente eliminables, no puede considerarse vulneradora del principio
de igualdad, aun cuando establezca para ellas un trato más favorable, pues se trata de dar
tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas.
Desde este perspectiva, se impone que, a la hora de valorar la racionalidad y proporcionalidad
de ciertas medidas y disposiciones –valoración que es necesaria desde
el punto de vista del juicio de igualdad– como puedan ser las medidas de acción positiva,
la existencia de colectivos sometidos a condiciones especialmente desventajosas
y sí la medida analizada pretende poner fin a esta situación.6
B) LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN Y SUS MANIFESTACIONES
Al igual que el principio de igualdad, la prohibición de discriminación posee dos
manifestaciones dependiendo de a qué concepto de igualdad hagamos referencia. Así,
al principio de igualdad formal o de trato consagrado en el artículo 14 de la CE van
unidos los conceptos de discriminación directa e indirecta. A diferencia de lo que
sucede con el principio de igualdad, el legislador sí que define ambos conceptos, siendo
la referencia principal el derecho comunitario europeo, en concreto la Directiva
54/2006, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
que en su artículo 4.1 establece que:7
1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a) “discriminación directa”: la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser
tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable;
b) “discriminación indirecta”: la situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular
con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios
para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
En el ordenamiento jurídico español el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), delimita ambos conceptos
de una manera idéntica a la Directiva Comunitaria, siendo importante destacar
el papel que la jurisprudencia comunitaria ha tenido en esta materia ya que fue, por un
lado, la encargada de delimitar su contenido hasta aprobación de la Directiva y, por
otro, por su influencia directa en los diversos ordenamientos nacionales comunitarios.8
Los principales rasgos que identifican este concepto es que se aplica a actos individuales
de discriminación, directa o indirecta, e impone la paridad de trato y la
interdicción absoluta de acto discriminatorio.9En este sentido, la tutela frente a estos
actos discriminatorios es de tipo negativa puesto que pretende castigar la discriminación
una vez que se ha producido mediante una sanción y la reparación de sus efectos,
fundamentalmente declarando la nulidad radical de los mismos. Por lo tanto, estaríamos
más bien ante una obligación de no discriminar cuyo incumplimiento acarrea
una sanción, sin que en ningún momento tenga la obligación de adoptar medidas de
carácter promotor o preventivo. Tampoco sirve para las discriminaciones omisivas,
esto es, aquellas consistentes en un no hacer.10
En este sentido, el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) Español
es la mejor manifestación de ello: “Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y
las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en
materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de
discriminación directa o indirecta...”.
Más allá de estas manifestaciones del concepto clásico de discriminación, hay que
hacer referencia a la noción de discriminación social, entendiendo por tal aquella producto
de prácticas, prejuicios y usos sociales hacia colectivos que integran una sociedad.
Como tal es manifestación del principio de igualdad sustancial o material, lo que supone
que, aplicado a situaciones de desigualdad histórica de ciertos colectivos o grupos, se
impone el restablecimiento del equilibrio social roto por medio de mecanismos más
potentes que la mera eliminación de las manifestaciones concretas de la discriminación.
De esta manera, este concepto se convierte en el fundamento de una tutela antidiscriminatoria
positiva, que pretende el logro de la igualdad real a través de intervenciones especiales
tendentes a lograr la igualdad de oportunidades rota por criterios de desigualdad
social, realzando las diferencias realmente existentes entre los grupos tratados desigualmente,
tal y como se señala en la ya citada Sentencia del TC 128/1987, de 7 de julio.11
Ello implica la legitimidad de desigualdades introducidas para restablecer la igualdad
socialmente ignorada, única fórmula de tutela activa que puede entenderse. Desde
esta perspectiva las características de esta tutela son las siguientes. En primer lugar,
no se exigen actos concretos discriminatorios sino que basta con el resultado
final discriminatorio, puesto que se busca la abolición de los obstáculos existentes
para la consecución de la igualdad sustancial desde una perspectiva promocional y
no sancionadora. En segundo lugar, se atiende a la interacción política e histórica
entre los individuos, los grupos y su entorno social, razón última de la situación de
discriminación que se pretende combatir, por lo que no se exigen actos concretos e
individualizables de conductas discriminatorias. Por último, la prueba de su existencia
va unida a criterios de infrarrepresentación de los colectivos preteridos mediante la
prueba estadística.12
C) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EN LA RELACIÓN LABORAL
Unido a los conceptos de igualdad y no discriminación, el principio de igualdad de
oportunidades en el ámbito laboral implica que cada trabajador o trabajadora disfrute
de las mismas oportunidades a la hora de acceder al mercado de trabajo o permanecer
en él por lo que habrá que eliminar todas las barreras que lo impidan. Dependiendo
de a qué noción de igualdad se haga referencia, existe un principio de igualdad de
oportunidades formal que implica que el factor de discriminación prohibido no puede
ser un motivo legítimo de diferenciación, lo que supone la ausencia formal de barreras
legales a la hora de acceder o permanecer en el mercado de trabajo por dicho motivo.13
Se trata, pues, de un perfil puramente negativo puesto que únicamente se plantea la
consecución de la igualdad prohibiendo las discriminaciones formales sin recalar en
las desigualdades debidas a los efectos persistentes de las discriminaciones ya superadas
formalmente. Desde esta perspectiva será discriminatoria cualquier diferenciación
por razón de sexo, salvo que exista una justificación razonable y objetiva que la legitime.
14 La protección de la maternidad biológica de la trabajadora es un ejemplo de la
excepción a este principio.15
En cambio, el principio de igualdad de oportunidades material va un paso más allá
y permite la distribución desigualdad de ciertos bienes como forma de superar y eliminar
los efectos de la discriminación social hacia determinados colectivos, poniendo
especial énfasis en la consecución de la igualdad de oportunidades en el momento
final y no en el inicio. Es más, y como expresión de una tutela antidiscriminatoria
unilateral, con un sentido emancipador y corrector, admite que determinadas causas
de discriminación sean el fundamento constitucional de un trato formalmente desigual
puesto que es la causa última de las conductas discriminatorias que se pretende definitivamente
erradicar y que impiden al colectivo femenino gozar de una verdadera
igualdad de oportunidades en el empleo.16
D) LAS MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA
El concepto de acción positiva, como manifestación o instrumento de las políticas
de igualdad de oportunidades material, hace referencia las medidas que pretenden
aumentar la presencia de las mujeres en el mercado laboral primando la contratación,
promoción o mantenimiento del empleo femenino. Se trataría, pues, de tratamientos
preferenciales a favor de las trabajadoras entendiendo por tales las reservas de puesto
de trabajo. Su finalidad es combatir los efectos de la discriminación social sobre la
mano de obra femenina en el mercado laboral, actuando tanto en el lado de la oferta
como en el de la demanda para garantizar su plena igualdad de oportunidades.17
Así delimitada sus principales características son las siguientes. En primer lugar, no
es necesaria una especificación concreta del acto discriminatorio que se pretende combatir
sino que la existencia de la discriminación se ha de probar por medio de la infrarrepresentación
de las trabajadoras en el sector laboral donde se vaya a implantar la medida de
acción positiva. En segundo lugar, el sexo de la trabajadora se convierte en el factor determinante
a la hora de conceder el puesto de trabajo o la promoción. No puede olvidarse
que las medidas de acción positiva se idean como el último instrumento para evitar que
conductas discriminatorias arraigadas en la sociedad sigan perpetuándose ante el fracaso
de las medidas reparadoras tradicionales. Y, en tercer lugar, tiene que estar perfectamente
justificada su implantación, para lo cual han de superar el juicio de razonabilidad y proporcionalidad
que impone el principio de igualdad ya que son una excepción al mismo.
Para ello los parámetros que hay que utilizar son los de la igualdad sustancial y, a su vez,
garantizar que en ningún caso se establecen privilegios o ventajas arbitrarias. Todo ello
dota a dicho juicio de gran complejidad, que demanda un análisis exhaustivo de cada situación concreta en la que vaya a implantarse la acción positiva, no bastando la mera
existencia de un contexto discriminatorio o una desigualdad numérica.18
EL MARCO NORMATIVO Y LA INTERPRETACIÓN
DE LOS TRIBUNALES DE LAS MEDIDAS
DE ACCIÓN POSITIVA
A) EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO Y SU APLICACIÓN
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
El concepto de acción positiva es deudor del derecho comunitario que define dichas
medidas y fija sus límites a la hora de ser aplicadas en los países comunitarios.
En este sentido, el artículo 141.4 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que
se remite el artículo 3 de la Directiva 54/2006, establece que:
Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida
laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener
o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos
representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas
en sus carreras profesionales.
De esta redacción legal se desprende que las medidas de acción positiva son una
excepción legítima al principio de igualdad de trato siempre y cuando sean medidas
neutras, es decir, su establecimiento no se haga teniendo en cuenta el sexo de los destinatarios,
sino solo si están o no infrarrepresentados. Por lo tanto, para el legislador
comunitario su implantación como medidas en pos de la igualdad de oportunidades
real depende exclusivamente de un factor objetivo de carácter numérico: la infrarrepresentación
del sexo en la actividad o sector en el que se apliquen sin que, a priori,
sus destinatarias puedan ser exclusivamente las trabajadoras.
El primer problema interpretativo surge de la delimitación de la acción positiva
como una excepción a la igualdad de trato. En este caso, el legislador comunitario sí
que está admitiendo que el sexo sea un factor legítimo de discriminación desde los
parámetros de la igualdad real, siempre y cuando el sexo beneficiado esté infrarrepresentado,
con independencia del origen de esta desigualdad numérica.
Por lo tanto, una vez fijadas su legitimación desde un punto de vista de legalidad
constitucional, hay que enfrentarse al segundo problema que plantea la redacción legal: el requisito de la infrarrepresentación como elemento legitimador de la medida
de acción positiva. Así, se exige que el sexo beneficiado esté menos representado –es
importante resaltar que introduce el concepto de pertenencia a un grupo definido por
el sexo para acceder a estas ventajas–, puesto que este factor –la infrarrepresentación–
es el que legitima en última instancia la aplicación de la medida de acción positiva.
Ello implica que lo primero que habrá que hacer a la hora de su implantación es un
estudio de su ámbito de aplicación para determinar si este requisito se cumple puesto
que, en caso contrario, no tendrán cabida en el ordenamiento jurídico comunitario.
Una vez constatado que se cumple dicho requisito, la medida de acción positiva será
legítima, lo que podría plantear situaciones un tanto surrealistas, como tratamientos
preferenciales para trabajadores varones en sectores en los que estén infrarrepresentados,
como por ejemplo matronas, sin necesidad de que sea un colectivo socialmente e
históricamente discriminado.
Respecto del ordenamiento jurídico español se sigue esta noción de acción positiva.
En concreto, en el artículo 17.4 ET dispone que:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá
establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las
profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia
para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo o categoría
profesional de que se trate.
Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las condiciones
de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condiciones
de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para
favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de que se trate.
En cuanto a los ascensos, el artículo 24 ET establece que: “Los ascensos y la promoción
profesional en la empresa se ajustarán a criterios y sistemas que tengan como
objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres
y hombres, pudiendo establecerse medidas de acción positiva dirigidas a eliminar o
compensar situaciones de discriminación”.
B) LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE ACCIÓN POSITIVA
Al igual que sucede con los conceptos de discriminación directa e indirecta, la delimitación
legal de las acciones positivas en el ordenamiento jurídico europeo también
es deudora de la doctrina del TJUE. En los fallos de este Tribunal se puede apreciar una evolución a la hora de analizar la acción positiva y establecer sus requisitos como una
excepción al principio de igualdad de trato consagrado en el derecho comunitario.19
En este proceso dos han sido las sentencias fundamentales. Así, en el caso Kalanke
el Tribunal entendió que la reserva de puestos de trabajo a favor de las mujeres no
constituía una excepción legítima al principio de igualdad de trato ya que instauraba
preferencias absolutas e incondicionales.20 Es a partir del caso Marschall cuando la
perspectiva del Tribunal cambia al tener en cuenta la situación de discriminación social
que afecta al colectivo femenino que de facto impide su igualdad de oportunidades
real a través de su adecuado acceso al mercado laboral o progresión en la carrera
profesional.21
Así, la doctrina jurisprudencial se puede resumir en los siguientes puntos.
El primero es que la acción positiva no constituya una preferencia absoluta e incondicional,
para lo cual debe existir una cláusula de apertura que permita considerar
las circunstancias particulares de cada caso y, excepcionalmente, denegar la preferencia
a la mujer. Este requisito fue formulado en la Sentencia Marschall y su importancia
radica en que ha servido para legitimar la adopción de medidas de acción positiva.
Eso remarca, como se señaló en la Sentencia Badeck, la obligatoriedad de la acción
positiva siempre que se respete la cláusula de apertura.22 En este sentido, la cláusula
de apertura es el correctivo que el Derecho exige para la admisibilidad de estas medidas
en el mercado de trabajo.
El TJUE no se pronuncia acerca del contenido de esta cláusula aunque de su doctrina
se pueden deducir dos condiciones previas para su correcta aplicación: por un lado,
que las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tengan en cuenta
todos los criterios relativos a los candidatos de ambos sexos; y, por otro, que tales
criterios no perjudiquen a las candidatas femeninas, esto es, no sean criterios discriminatorios.
Así las cosas, cumplidas las condiciones de apreciación objetiva de méritos y no discriminación, si en el momento de la contratación o de la promoción se
comprueba la existencia de alguna circunstancia determinante para otorgar el puesto
al hombre, entonces este deberá ser contratado o promovido en lugar de la mujer.23
En segundo lugar, que la persona beneficiada pertenezca a un colectivo infrarrepresentado,
siempre que esa menor presencia sea consecuencia de conductas discriminatorias
para lo cual habrá de tener en consideración las características del ámbito
de aplicación de la medida de acción positiva y las circunstancias específicas de cada
sector o campo, tal y como se señala en el caso Badeck.
En tercer y último lugar, tal y como se señala en el caso Abrahamsson, se exige que
los candidatos tengan méritos equivalentes o sensiblemente equivalentes para evitar
vulnerar el principio de objetividad. Por consiguiente, no basta que la candidata tenga
una capacitación suficiente para desempeñar las funciones del puesto de trabajo sino
que sus méritos han de ser equivalentes o sensiblemente equivalentes a los de otros
candidatos que concurran al mismo puesto de trabajo. Condición sine qua non es que
existan criterios claros, precisos y objetivos para valorar los méritos de cada candidato
al margen de valoraciones o criterios sexistas y discriminatorios.24
LA COMPLEJA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN
POSITIVA EN LA RELACIÓN LABORAL A FAVOR
DE LAS TRABAJADORAS
La especial dificultad a la hora de adoptar estas medidas en el marco de la relación
laboral es debida a diversas razones.25 En primer lugar, su configuración legal como
excepción al principio de igualdad de trabajo y la referencia al sexo menos representando
y la exigencia de una cláusula de apertura no ayudan en su implantación en la
práctica. En segundo lugar, la propia complejidad de la relación laboral, ya que se trata de una relación de carácter privado que se asienta en un conflicto de intereses radicalmente
opuestos, en este caso entre el derecho del trabajador a no ser discriminado
y el ejercicio de los derechos consustanciales al poder de organización y dirección del
empresario, exigiéndose una modelización recíproca entre ambos.26
En el caso que nos ocupa, el legislador español, al igual que el comunitario, ha
establecido que el empresario no podrá discriminar a sus trabajadores, siendo un derecho
básico de los trabajadores (art. 4.2.c (ET) cuya violación acarrea la nulidad
radical del acto empresarial (art. 17.1. ET). Pues bien, si la nulidad es el límite más
importante para el ejercicio de los poderes empresariales para garantizar la igualdad
de oportunidades de los trabajadores cabría preguntarse si es el más eficaz visto que
las persistentes diferencias entre los géneros en el mercado laboral.
Además, hay que tener en cuenta que el actual sistema de relaciones laborales se
fundamenta sobre los principios de la economía libre de mercado y el derecho a la
libertad de empresa consagrados en el art. 38 CE y la autonomía de la voluntad de
las partes manifestada en el contrato de trabajo.27 Este reconocimiento supone que el
empresario tiene libertad para organizar su empresa conforme a las finalidades que
él mismo establezca, siendo el poder de organización y dirección del empresario uno
de los instrumentos para ejecutar dicha libertad empresarial.28 Si bien tiene límites al
mismo, la prohibición de discriminación es una de ellas tal y como ha sido expuesto,
en la actual configuración no se le impone ninguna obligación de hacer, entre ellas el
trato igual entre sus trabajadores.
En concreto, respecto de la acción positiva, el modelo es absolutamente voluntario,
sin que existan incentivos reales de cara a su implantación, lo que hace que sean
hoy por hoy medidas residuales, por no decir inexistentes, en el ordenamiento laboral
español a favor de las trabajadoras. La situación cambia cuando el colectivo beneficiado
por los tratamientos preferenciales en el mercado laboral son jóvenes, parados de larga duración o trabajadores con discapacidad ya que la puesta en marcha de este
tipo medidas no se cuestionan, al menos con la misma intensidad que se aplica si son
trabajadoras, ni encuentran tantos obstáculos, ni legales ni sociales.
Un ejemplo de ello en el ordenamiento jurídico español es el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre 8, BOE No. 289), por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social que a lo largo de su articulado reconoce diversas medidas de acción positiva
para este colectivo sin que se exijan los requisitos de aplicación para las trabajadoras.
Es más, existe una cuota de reserva que impone que las empresas con 50 o más trabajadores
han de reservar el 2 por 100 de los puestos de trabajo para las personas con
discapacidad sin que hasta el momento se haya cuestionado su constitucionalidad.29
En tercer lugar, en torno al concepto de acción positiva existe cierta confusión
terminológica ya que se tiende a identificar como tal un conjunto de medidas como
derechos de protección de la maternidad o de la conciliación de la vida laboral o familiar
que en sí mismos nada tienen que ver con la acción positiva y que se dirigen más
bien a garantizar la igualdad de trato. Estos derechos forman parte de un modelo tradicional
de igualdad y no discriminación que hasta el momento, a pesar de los avances
logrados, se ha mostrado insuficiente para lograr la igualdad de oportunidades real.
