INTRODUCCIÓN
Sin duda los estudios de género han enriquecido los debates académicos en las
ciencias sociales. Particularmente en el derecho, la introducción de esta categoría
ha conllevado rupturas en la lógica positivista que caracteriza su formulación y aplicación.
No obstante, los debates de género en el derecho todavía aparecen marginales
y su estudio es específico y no transversal, relacionando insistentemente la categoría
género exclusivamente con las mujeres.
El trabajo que se presenta en estas líneas pretende ofrecer algunos elementos que
permitan complejizar el análisis del derecho, para lo cual, sin la pretensión de hacer
una síntesis exhaustiva, se hace una revisión de los aportes de las teorías jurídicas críticas
feministas. De estas posiciones, se rescata en especial la que propone observar al
derecho trascendiendo su aspecto formal, considerándolo más bien como un discurso
social que se expresa en distintas dimensiones, cada una cargada de elementos simbólicos
que generalmente son pasados por alto, pero que tienen un peso importante
en la construcción cotidiana del orden patriarcal y en la reproducción de modelos de
masculinidad y feminidad funcionales al sistema de dominación.
Los elementos que ofrece esta perspectiva resultan relevantes para problematizar
la relación género-derecho, buscando en su formulación y aplicación esos aspectos
simbólicos que un simple estudio obvia, asumiendo sin cuestionamiento que el sexismo
en el derecho se supera con la inclusión de las mujeres en sus normas, o tipificando
tipos penales para sancionar conductas que afectan especialmente a las mujeres, o
porque quienes lo aplican son cada vez más mujeres, cuyo punto de vista sería suficiente
para garantizar la inclusión del enfoque de género en el derecho.
Finalmente, con estos planteamientos, se hace una breve revisión del discurso jurídico
ecuatoriano, a partir de algunas figuras legales creadas específicamente para
controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, identificando los elementos simbólicos
que contribuyen en el fortalecimiento de los imaginarios que sostienen el sistema
patriarcal.
EL DERECHO BAJO LAS MIRADAS
FEMINISTAS CRÍTICAS
En el campo del derecho, el uso del género como categoría de análisis desmitificó
las características de objetividad, racionalidad y neutralidad que Kelsen le asignó
a esta disciplina para justificar su carácter científico, proponiendo la necesidad de
descontaminar el derecho de cualquier influencia ideológica, moral, política o sociológica.1 Diversas corrientes feministas han cuestionado estas características, identificándolo
más bien como un instrumento del orden patriarcal, utilizado para normalizar
las conductas de hombres y mujeres, estableciendo estándares de privilegio para los
primeros, y de subordinación para las segundas.
Frances Olsen es una de las autoras feministas que sistematiza las críticas feministas
al derecho. Su trabajo parte señalando que el pensamiento liberal clásico, desde su
origen hasta la actualidad, se ha configurado a base de dualismos dicotómicos como,
por ejemplo, racional e irracional; concreto y abstracto; objetivo y subjetivo. Cada
uno de los componentes de los dualismos están sexualizados y jeraquizados, sobrevalorando
las categorías que están relacionadas con lo masculino, como lo racional,
objetivo, concreto, etc., mientras que la otra parte de los dualismos, asociada a los atributos
femeninos, es desvalorizada. El derecho ha sido identificado con la parte de los
dualismos masculinos, dada su caracterización como objetivo, racional y universal.2
Olsen identifica tres categorías de críticas feministas al derecho que responden, a
su vez, a cada una las estrategias feministas que han surgido para combatir el sistema
de binarios opuestos, sea cuestionando la sexualización, la jerarquización de los
dualismos, o rechazando ambas determinaciones. En la primera categoría de críticas
jurídicas, que la denomina reformista, ubica aquellas posiciones que señalan que el
derecho no es racional, objetivo, ni universal, pues históricamente se ha evidenciado
que la regulación legal referente a las mujeres ha estado encaminada a la negación del
reconocimiento de sus derechos o a la restricción en el ejercicio de los mismos, aspectos
que denotan claramente una ausencia de objetividad y racionalidad.
Desde esta categoría de críticas feministas, se han planteado las principales reformas
legales tendientes al reconocimiento de derechos, en especial en lo relacionado
a la igualdad formal y posteriormente a la igualdad material. Al mismo tiempo, se
denunció que la noción de igualdad es relacional y se construye en función de los
hombres, de manera que las normas sobre discriminación sexual operan en un modelo
masculino.3
En esta categoría también se identifican aquellas críticas que denuncian que la esfera
privada no ha sido objeto de regulación, evidenciando con ello un desprecio estatal
por las necesidades de las mujeres, cuya cotidianidad se reproduce en ese espacio.
Estas críticas alentaron, en la mayor parte de los Estados, el debate y la colocación en la agenda pública de la violencia doméstica, reclamando la intervención punitiva del
Estado frente a este tipo de conductas violentas.
En opinión de Olsen, una segunda categoría de críticas jurídicas feministas reconoce
en el derecho el paradigma del poder masculino, pero no cuestiona la caracterización
del derecho como universal, objetivo y racional. Desde esta posición no se descarta
la posibilidad de modificar la raíz patriarcal del derecho, no obstante reconoce
las limitaciones que tienen las reformas legales y el litigio judicial en lograr cambios
sociales, si no van de la mano de transformaciones estructurales en los ámbitos económicos,
sociales y culturales.4
La tercera categoría de cuestionamientos al derecho, a la que Frances Olsen se
adscribe, es la denominada teoría jurídica crítica feminista,5 que toma elementos de
las categorías anteriores. Desde esta posición no se dejan de reconocer las ventajas
obtenidas en el reconocimiento y ejercicio de derechos de las mujeres mediante las
reformas legales realizadas en las últimas décadas, pero se insiste en que el derecho
no es abstracto, ni objetivo, ni racional, pues el “razonamiento jurídico y las batallas
judiciales no son tajantemente distinguibles del razonamiento moral y político y de las
batallas morales y políticas”.6
Esta categoría de críticas jurídicas, si bien reconoce una pérdida de fe en el razonamiento
jurídico y en la retórica de los derechos, no representan una postura pesimista
frente al derecho, pero sí propone complejizar su análisis sin perder de vista los contextos
de poder económico, político, sexual en los que se formula y se aplica.
Carol Smart complejiza el planteamiento de Olsen, advirtiendo que los argumentos
que califican de sexista o masculino al derecho corren el riesgo de someterse a un
determinismo biológico.7 Con ello no rechaza la idea de que el derecho sea sexista,
pues reconoce que las instituciones legales ofrecen un tratamiento discriminatorio a
las mujeres, como por ejemplo en las normas relacionadas al matrimonio y la prostitución.
La preocupación de la autora es válida, ya que la calificación del derecho como sexista impide observar los aspectos complejos y neurálgicos del derecho, creando
erróneamente la idea de que el sexismo jurídico podría ser superado con la inclusión
de normas que ofrezcan a las mujeres el mismo tratamiento que a los varones,
o simplemente visibilizando a las mujeres en el lenguaje jurídico, respuestas que la
autora califica como reduccionistas, pues no se observa la diferencia sexual como un
problema estructural, “enquistada en el modo en el que comprendemos y negociamos
el orden social”.8
Smart también rechaza la denominación del derecho como masculino, porque tampoco
escapa de un determinismo biológico. Argumenta que la masculinidad del derecho
se ha explicado a partir de las características de neutralidad y objetividad, que al
mismo tiempo describen los atributos masculinos. Smart encuentra en este enfoque
algunas contradicciones, pues considera incoherente apelar justamente a esos atributos
para formular la noción de igualdad, lo que en su opinión sería equivalente a que
las mujeres sean tratadas con los valores masculinos.9
Por otro lado, al describir el derecho como masculino, hace suponer que, al ser el
varón el referente biológico del derecho, protege los derechos de todos los varones
como categoría homogénea, lo cual no es preciso, así como tampoco es cierto que el
derecho ofrece el mismo tratamiento a todas las mujeres. Por lo tanto los valores y las
prácticas que describen lo masculino o lo varonil no deben obligatoriamente anclarse
al varón como referente biológico.10 Esta reflexión es relevante pues suele justificarse
que, si las decisiones judiciales fueran adoptadas por mujeres, el derecho no sería
sexista, lo cual constituye una falacia pues las mujeres también son portadoras de los
valores del patriarcado.
Smart no descalifica estos planteamientos pues reconoce que han servido para poner
en evidencia la discriminación de las mujeres en el derecho, y por lo tanto han sido
un aporte para su redefinición. No obstante, le preocupa que estos determinismos estanquen
el análisis feminista, pretendiendo que la categoría de género opere como una
especie de fórmula mágica que, al ser aplicada, modifique el derecho a favor de las mujeres,
cuando este no se formula al margen de un contexto de dominación patriarcal.11
Ahora bien, el orden patriarcal tiene varias expresiones; así, en el ámbito latinoamericano,
está marcado por el proceso de colonización. Algunos debates feministas
latinoamericanos proponen incluir la categoría de interseccionalidad para identificar
la exclusión de las mujeres “no blancas” de los discursos y las luchas que se han llevado a cabo en nombre de la “mujer”.12 Esta propuesta merece ser considerada en el
análisis discurso jurídico para identificar cómo opera en la construcción de las identidades
femeninas y masculinas en relación con el origen racial y la condición social
en el contexto ecuatoriano.
EL DERECHO COMO DISCURSO SOCIAL
La propuesta de Carol Smart se enmarca en las teorías críticas jurídicas desarrolladas
en las últimas décadas, que han puesto en cuestionamiento la retórica de los
derechos y la apelación insistente al razonamiento jurídico para protegerlos, pues es
evidente que, al mismo tiempo que existen avances en el reconocimiento formal e
inclusive en el desarrollo de su contenido, se continúa legitimando el sistema de dominación.
Ante esta constatación se propone trascender del análisis de las formas
evidentes en que el sistema legal perjudica a quienes carecen de poder, prestando
atención a aquellos aspectos en que el derecho “parece a primera vista básicamente
no controvertido, neutral y aceptable”.13
Robert W. Gordon, uno de los exponentes de estas posturas, afirma que el derecho,
tal como la religión, está configurado por un conjunto de creencias que operan con
otras no jurídicas, para convencer a las personas que todas las relaciones de poder son
“naturales y necesarias”.14 Por lo tanto el análisis del derecho desde una mirada crítica
obliga a identificar e interpretar la forma en que el discurso jurídico opera para interconectar
esas creencias, que dan lugar a estructuras jurídicas, en forma de “códigos
culturales complejos”.15
Desde esta perspectiva, intentar comprender el derecho exclusivamente como norma
es limitado y limitante, pues el derecho debe ser observado como un discurso social
que se expresa en diferentes ámbitos, enunciando los conflictos que se producen
en un momento histórico determinado.16 En opinión de Alicia Ruiz, el discurso jurídico
puede identificarse en distintas dimensiones, como en la producción de normas,
en la interpretación de las normas que se convierte en doctrina, en la jurisprudencia, y
en un nivel más oculto del que forman parte las “creencias y mitos” que constituyen determinantes ideológicos que se colocan en el imaginario social para legitimar el
orden social.17
Estos planteamientos en gran medida están influenciados por la propuesta de Foucault,
quien propuso en los años sesenta un examen complejo en la historia de las
ideas, de los conceptos, del pensamiento, planteando que estos no pueden ser observados
al margen de una serie de ideas conexas y hechos que son determinantes en su
constitución. Los conceptos, las ideas y las ciencias no son individualidades históricas;
son “categorías reflexivas, principios de clasificación, reglas normativas [...] son
hechos de discursos que merecen ser analizados al lado de los otros, con los cuales
tienen, indudablemente, relaciones complejas, pero que son caracteres intrínsecos,
autóctonos y universalmente reconocibles”.18 Foucault propuso como operación interpretativa
captar los enunciados del discurso, establecer su relación con otros enunciados
y captar aquello que se oculta.19
El derecho está construido por una serie de enunciados a través de los cuales se
establecen mandatos y se regulan las conductas de las personas. No hay un espacio
de la vida que escape de la intervención del derecho. Ahora bien, en el discurso jurídico
que aparece como neutro, en unos casos, y favorecedor con las mujeres, en
otros, subyacen imaginarios y elementos simbólicos que mantienen intacto el orden
de dominación patriarcal. Los elementos simbólicos de los enunciados del discurso
jurídico, dice Pierre Bourdieu, son útiles e indispensables para instituir lo que ya está
instituido:
El derecho es, sin duda, la forma por excelencia del poder simbólico de nominación que
crea las cosas nombradas y, en particular, los grupos sociales, la forma en que confiere a
estas realidades surgidas de sus operaciones de clasificación toda permanencia que una
institución histórica es capaz de conferir a instituciones históricas, igual a la que tienen los
objetos.20
El discurso jurídico opera simbólicamente, otorgando legitimidad a las estructuras
sociales de dominación masculina, en opinión de Bourdieu, la representación androcéntrica
de la reproducción social esta revestida por la objetividad de un sentido común.
El discurso jurídico aparece como producto de un consenso práctico y dóxico de
la división del mundo.21
EL DISCURSO JURÍDICO COMO PRODUCTOR
DE IDENTIDADES DE GÉNERO
La diferencia entre hombres y mujeres se ha construido a partir de algunas instituciones
políticas sexuales como la virginidad, monogamia, maternidad obligatoria,
heterosexualidad, prostitución, entre otras, dando lugar a concepciones que han justificado
el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres a través del derecho.
Como propone Foucault, los enunciados del discurso se relacionan complejamente
unos con otros;22 así, el discurso jurídico es portador de las representaciones de las
mujeres, que se han ido configurando a lo largo de la historia en un contexto simbólico
e ideológico, dando lugar a un régimen de saber-poder, que ha sustentado un discurso
sobre la identidad femenina construida a partir de las representaciones sexuales que
han sido trasladadas al derecho.
La inferioridad de las mujeres y la superioridad de los varones han sido objeto de
complejas explicaciones teóricas a lo largo de la historia. Claude Thomaset, estudiosa
del pensamiento de Aristóteles, destaca que este pensador planteó que las mujeres
eran una especie de macho incompleto, ya que debido a la baja temperatura corporal
no podían producir un fluido con la capacidad creadora, como sí sucedía en el caso de
los varones, cuya temperatura les permitía alcanzar ese grado de perfección.23
La doctrina aristotélica sobre la temperatura corporal de las mujeres se proyectó a
la Edad Media y sirvió a la filosofía patrística para explicar la excepcional concepción
de Jesús en el cuerpo de María. Tomás de Aquino afirma que la formación del embrión
dotado de divinidad en el cuerpo de María tuvo su origen en el fluido menstrual que
posteriormente se transformó en leche para alimentar al niño que nació de su vientre.24
De otro lado, la inferioridad de la mujer también sirvió para explicar la entrada del pecado
al mundo. Según Tomás de Aquino, el demonio al proponerse separar al hombre
del camino recto de la justicia lo atacó en su parte más débil, “tentando a la mujer, en
la que era menor el don o la luz de la sabiduría”.25 Asegura, además, que la perfección
y la elevación no eran el destino de la mujer, y que esta cometió los pecados de
la soberbia, curiosidad y desobediencia porque aspiró a la ciencia transgrediendo los
límites que le estaban naturalmente marcados.26 Estas reflexiones dieron lugar al dogma cristiano de la virginidad y santidad de María, y el del pecado representado por la
mujer caída, Eva, modelos femeninos que se convertirán en arquetipos de la construcción
de la identidad sexual femenina, en el discurso del derecho clásico y moderno.
El derecho romano, del cual el derecho ecuatoriano es receptor, consolidó la subordinación
de las mujeres en los ámbitos privados y públicos, a través de instituciones
jurídicas que han permanecido intactas durante siglos. Mediante la figura de la infamia,
las mujeres estaban prohibidas de contraer matrimonio antes de un año luego de
enviudar.27 Esta representación jurídica sobrevivió en la legislación ecuatoriana hasta
hace poco tiempo, prohibiendo expresamente a la mujer viuda o divorciada contraer
matrimonio dentro de los trescientos sesenta y cinco días contados desde la fecha de
muerte del marido o de la inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil.
28 De igual forma, el Código Civil ecuatoriano conservó hasta su reciente reforma
la disposición por la cual, ante la falta de determinación expresa, se establecía que
el marido era el administrador de la sociedad conyugal. Estas normas tienen un alto
contenido simbólico respecto a la inferioridad de las mujeres.
El Derecho penal, por su parte, representa por excelencia el mecanismo de ejercicio
de violencia legítima que tiene el Estado para controlar y disciplinar a las personas.
En el caso de las mujeres, señala Alessandro Baratta, el sistema penal constituye
un sistema subsidiario en la medida en que el control de las mujeres en las esferas
de la reproducción, intercambio sexual, procreación y de la familia (orden privado)
operan más bien mecanismos de control informal que se ejercen mediante el dominio
patriarcal. 29 Es decir, el orden patriarcal le ofrece la potestad para disciplinar a las mujeres
a instituciones privadas y públicas, como la familia, la escuela, la medicina, etc.,
que cuentan con herramientas de control para moldear a las mujeres, que incluye la
violencia física. El control de la sexualidad de las mujeres es uno de los fines centrales
del patriarcado privado y del sistema punitivo formal que se activa cuando no pueden
ser controladas por el primero.
En el derecho romano, el vínculo conyugal ofrecía al pater familias la autorización
para disciplinar a las mujeres, pues junto con los siervos y los niños eran clasificadas
como alienis iuris, personas sin independencia y sometidas a la manus o potestas. El
vínculo conyugal facultaba al marido a asumir el poder disciplinario sobre la mujer y
solamente ella estaba sujeta a las sanciones de adulterio por faltar a la fidelidad con yugal.30 Siguiendo la tradición romana, la figura del adulterio en el Ecuador se incluyó
en la ley penal de 1837, estableciendo, además de la pena privativa de la libertad, la
pérdida de sus gananciales; también contemplaba el indulto conyugal, es decir, la
posibilidad de dejar sin efecto la sanción si el marido la perdonaba y consentía en
“volver a tomar a su mujer”.31
La figura del perdón conyugal se mantuvo en el Código Penal hasta 1938, en la
cual la representación de la mujer es la de objeto; por lo tanto, puede ser abandonada,
castigada y redimida solo por el marido. La autorización del varón para castigar a la
mujer adúltera estuvo implícita en el eximente penal vigente hasta 1983, por el cual se
libraba de responsabilidad penal al cónyuge que golpee, hiera o mate al otro si lo sorprende
en flagrante delito de adulterio.32 Si bien la norma hace referencia al “cónyuge”
como categoría neutra, no puede interpretarse el sentido de esta norma al margen
del contexto ideológico, en el que históricamente se han construido los imaginarios de
la sexualidad femenina y de la figura del adulterio.
La potestad del ejercicio punitivo en el ámbito privado no se ha otorgado exclusivamente
al cónyuge, pues fue extensivo a los demás varones del hogar. Así, hasta
el año 1989 estaba vigente en el Código Penal ecuatoriano la disposición por la cual
se eximía de sanción penal al padre, abuelo o hermano que hiera, golpee o mate a la
mujer, hija, nieta o hermana sorprendida en un acto carnal ilegítimo.33 Si bien la noción
de acto carnal ilegítimo es ambigua, en general alude a las relaciones sexuales no
autorizadas a las mujeres, es decir, las relaciones extra y prematrimoniales. El control
de la sexualidad femenina ha sido uno de los fines centrales del patriarcado privado
y del sistema punitivo formal que ratifica el poder de los varones para controlar el
cuerpo de las mujeres, convirtiéndolas en objetos de apropiación en el ámbito real y
también en el simbólico.
En estas figuras subyacen además las nociones del honor femenino, diferenciándolo
del honor masculino. En el primer caso, la honestidad de las mujeres está construida
simbólicamente a partir de la virginidad, elemento clave del arquetipo mariano
de mujer. El honor masculino, que no se refiere a la ausencia de experiencia sexual, representa el honor familiar, comprende aspectos como la valentía, la prudencia, nobleza,
poder y la valoración del ser varón.34 Las mujeres se convierten en objetos
simbólicos, portadoras de la condición social de los hombres, pues el orden de dominación
masculina exige a las mujeres encarnar los atributos femeninos históricamente
asignados.35
El sentido de propiedad respecto a las mujeres por parte de los varones es un dato
relevante en la construcción de la subjetividad masculina, es parte del ethos masculino.
Pierre Bordieu explica que la configuración de esta subjetividad opera mediante
la dominación simbólica que se expresa en el habitus, que constituye un sistema de
categorías, pensamientos y acciones que se expresa en esquemas mentales y corporales.
36 Esta construcción simbólica, afirma, no se limita a una operación performativa
que organiza la representación del cuerpo, sino que se convierte un sentido común por
lo tanto incuestionable.37
Este aspecto se evidencia, por ejemplo, en la figura de femicidio, introducida en la
legislación penal ecuatoriana hace pocos años. Algunos estudios sobre esta temática
ponen en evidencia que entre las principales motivaciones de los asesinatos de las
mujeres está el hecho de que las víctimas decidieron separarse de sus parejas, iniciar
otra relación o por “celos”.38 De este modo, a pesar de que el eximente penal por el
cual se dejaba sin sanción penal al asesinato de la mujer que era encontrada en “acto
carnal ilegítimo” fue derogado, el sentido común de la apropiación del cuerpo de las
mujeres a través de la violencia extrema se mantiene intacto.
El honor se registra en el cuerpo, en la manera de pensar y actuar, es un ethos que
“gobierna al hombre honorable” convirtiéndose en una fuerza superior que le hace
asumir, como ineludibles, conductas o hechos que podrían parecer impensables. Según
Bourdieu, el honor es el producto de una operación social de “nominación y de
inculcación”, que instituye una identidad social, convirtiéndose en un hábito, en una
ley social asimilada.39
La virilidad en el habitus masculino tiene una connotación ética que se basa en las
nociones del “virtus” y el “pundonor”, así como en el principio de la conservación y
el incremento del honor en la esfera pública, elementos que están relacionados a la virilidad física que se expresa en la fuerza o dominio sexual;40 también está relacionada
a la habilidad para el combate y la aptitud para ejercer violencia.41
La honestidad femenina, por su parte, se diferencia de la honestidad masculina,
pues es objeto de regulación y salvaguarda a través de diferentes dispositivos jurídicos.
Así, por ejemplo, la sobrevaloración del honor se reflejó en los atenuantes penales
en los casos de aborto e infanticidio cuando estas conductas tenían como propósito
ocultar la deshonra de la madre; más aún, en el caso del infanticidio, el atenuante
beneficiaba a los abuelos maternos que cometían el delito con el mismo propósito.42
Manifestando la alianza entre el discurso penal y la moral cristiana, la ley penal
ecuatoriana también preveía de forma simbólica el resarcimiento del honor femenino
mediante el matrimonio, tal como lo preveía la figura del rapto “con fines deshonestos”
de una mujer menor de edad. Esta disposición establecía que no podía ser
perseguido penalmente el raptor que se case con la menor, así como tampoco quienes
participaron en el rapto, mientras no se declare definitivamente la nulidad del matrimonio.
43 En esta norma subyacen elementos del discurso penal no explícitos, pero que
mantienen simbólicamente la división moral de los roles femeninos y masculinos.
El énfasis en los fines deshonestos conlleva la idea de que el fin del rapto de una
mujer menor de edad es mantener relaciones sexuales con ella, conducta considerada
como “un grave atentado a la moral y al derecho”,44 ya que no solo deshonra a la
mujer sino también a su familia; en consecuencia, implícitamente se proponía como
solución someter a la mujer que ha sido raptada a la institución matrimonial, que no
solo constituye un contrato, pues bajo los preceptos cristianos es la unión sagrada
de un hombre y una mujer, con la cual se redime el honor de la mujer y de la familia
mancillados.
De igual forma, la alusión al honor femenino se hacía en la figura del estupro, que
tipificaba las relaciones sexuales con una mujer honesta, sin recurrir a la fuerza sino a la seducción o engaño.45 De esta forma, el discurso jurídico penal fortalece el imaginario
social de la mujer virtuosa que corresponde al arquetipo mariano, como aquella
que merece “protección” estatal mediante la intervención punitiva.
De otro lado, está la representación de Eva, personificada en la prostituta, que ya
no tiene honor que ser defendido, y, si bien la prostitución no es un delito, es una actividad
que se ha desenvuelto entre la reglamentación y la ilicitud. Las figuras penales
de la rufianería y el proxenetismo han sancionado la explotación de la prostitución y
la promoción de su ejercicio fuera de los lugares permitidos por la ley.46 Los discursos
que se han generado alrededor de la prostitución que van desde la condena, la justificación,
hasta su reivindicación, suelen pasar por alto el contexto en el que surge y se
configura:
La disociación histórica de la mujer es definida a partir de las necesidades del patriarca en
cuanto hombre mítico, prototipo del género masculino. Así, la mujer “decente”, madre y
esposa, asexual, sometida al hombre, subsiste en la medida que se crean otras categorías de
mujeres (la hetaira y ágata griegas), mujeres del placer, “sexuales” al servicio del patriarca.
[...]. Con las primeras se establece el compromiso de “respaldarlas” y nombrar a sus hijos;
con las segundas, no se adquiere compromiso alguno.47
El derecho patriarcal no protege a este arquetipo de mujer, pues no tiene honra que
preservar, el acceso a su cuerpo está garantizado por códigos de conducta de mercado.
Vale la pena recordar que el desprecio y la desvalorización a las prostitutas estaban
expresamente establecidos en la ley ecuatoriana, al calificar a las “meretrices” como
testigos no “idóneos” por falta de probidad,48 es decir, por falta de honradez.49 De este
modo, como afirma Carol Smart, el discurso jurídico como estrategia creadora de
género, al mismo tiempo que configura la idea de la mujer en forma contraria a la de
varón, discursivamente da lugar a la representación de diferentes tipos de mujeres: la
puta, la víctima, la adúltera, etc.50
Los elementos simbólicos de estas representaciones en el discurso jurídico penal
no son insustanciales; tal como plantea Bourdieu, el discurso del derecho es capaz de producir efectos y hacer el mundo social.51 Si bien la honestidad femenina ha sido
eliminada del lenguaje de las normas de la ley penal, el discurso jurídico penal no lo
ha abandonado; de ese modo las mujeres siguen siendo evaluadas bajo esta categoría
para definirla como víctima, aspecto que no responde a un patrón aislado sino a una
constante. Este hecho tiene una implicancia directa en la eficacia de las normas que
suponen una conquista en los derechos de las mujeres, relativizando su efectividad y
acarreando la impunidad de conductas que las afectan.52
Las reflexiones planteadas evidencian la necesidad de dejar de observar el derecho
simplemente como un conjunto de dispositivos y reglas que puedan ser modificados
adoptando una forma más favorable hacia un grupo o grupos de personas53 El derecho
implica un proceso complejo de reproducción simbólica que no siempre es fácil de
advertir.
