INTRODUCCIÓN
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La creciente integración de los mercados ha incrementado la exposición de
las empresas a la volatilidad de los precios de insumos, divisas y tasas de interés, lo cual
ha impulsado la adopción de instrumentos financieros derivados (IFD) como mecanismos de
cobertura para estabilizar flujos de caja y preservar la sostenibilidad financiera. Sin
embargo, el tratamiento tributario de estos instrumentos representa un desafío, en
particular en países como el Perú, donde la normativa fiscal no ha evolucionado al mismo
ritmo que los estándares contables internacionales.
En este contexto, sectores estratégicos como el minero y el agroexportador
-altamente expuestos a riesgos de tipo de cambio y a fluctuaciones en los precios
internacionales de materias primas- requieren de coberturas financieras eficaces para
mantener su competitividad. No obstante, la legislación tributaria peruana impone
condiciones restrictivas y complejas para el reconocimiento fiscal de estas operaciones, lo
que genera discrepancias con el enfoque contable y un escenario de inseguridad jurídica.
Desde la perspectiva contable, la Norma Internacional de Información
Financiera n.° 9 (NIIF 9) establece criterios técnicos claros para la clasificación,
medición y reconocimiento de los IFD incorporando las reglas de contabilidad de cobertura.
En contraste, el art. 5-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) impone requisitos
adicionales -como la independencia entre las partes, la identificación precisa del riesgo
cubierto y una documentación exhaustiva- que no siempre coinciden con los principios
contables. Esta brecha normativa limita el uso legítimo de derivados como instrumentos de
cobertura y plantea dudas sobre la eficacia del marco legal vigente para promover una
gestión financiera prudente y alineada con las mejores prácticas internacionales.
El objeto de estudio de esta investigación son los efectos fiscales del
uso de instrumentos financieros derivados como mecanismos de cobertura en el Perú. Se busca
responder a tres preguntas centrales: ¿en qué medida la normativa tributaria vigente
restringe el tratamiento fiscal de los IFD destinados a cobertura?, ¿qué contradicciones se
observan entre el marco contable y el tributario? y ¿cuáles son las consecuencias prácticas
de esta desalineación, especialmente en sectores con alta exposición a riesgos financieros
como el minero y el agroexportador?
La investigación se circunscribe al régimen tributario peruano vigente
hasta 2025, con especial énfasis en la LIR, los informes de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), las resoluciones del Tribunal Fiscal y los
pronunciamientos de la Corte Suprema, en contraste con la NIIF 9 y las referencias del marco
contable internacional. Se adopta una metodología cualitativa de análisis documental que
incluye normas, jurisprudencia, doctrina especializada y estudios comparados de experiencias
en América Latina (Brasil, Argentina y Chile).
El trabajo se organiza en tres partes: primero, una revisión de literatura
sobre el papel de los IFD y su tratamiento fiscal; luego, un análisis del marco normativo
peruano y su comparación con la NIIF 9, y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones
orientadas a promover una mayor coherencia normativa y seguridad jurídica para el uso de
derivados financieros en el Perú.
REVISIÓN DE LITERATURA
La creciente volatilidad internacional, derivada de factores
macroeconómicos como los precios de los commodities, impacta directamente en las
economías emergentes como la peruana, afectando la liquidez y el flujo de caja empresarial.
Sepúlveda
1
sostiene que estas fluctuaciones responden a múltiples variables macroeconómicas y
obligan a las empresas a buscar mecanismos de protección. En este contexto, los IFD se
convierten en una herramienta clave, pues, como explica Hull,
2
su función esencial es transferir o mitigar riesgos vinculados a tasas de interés, tipo
de cambio o precios de materias primas. Barros-Campello
3
precisa que entre los más utilizados se encuentran futuros, forwards, opciones y
swaps, que pueden negociarse tanto en mercados organizados como en operaciones OTC,
siendo estas últimas más riesgosas por su carácter bilateral.
La teoría de la cobertura con derivados se fundamenta en modelos como los
de Black-Scholes,
4
Merton
5
y Markowitz,
6
que ofrecen un marco teórico para la gestión de riesgos. En la práctica, los derivados
permiten estabilizar márgenes, asegurar liquidez y reducir la exposición cambiaria o de
tasas de interés. Porporatto
7
señala que los IFD se emplean habitualmente en el curso ordinario del negocio con el
objetivo de mitigar riesgos financieros. De Lara Haro
8
añade que un contrato forward resulta útil para enfrentar la volatilidad
cambiaria al fijar un precio futuro, mientras que Rubiño y Sachis
9
destacan que las opciones financieras otorgan derechos sin obligación, limitando el
riesgo al costo de la prima. Díaz y Martínez
10
remarcan que, en escenarios de elevada incertidumbre, estos mecanismos adquieren mayor
relevancia, incrementando tanto las primas como la necesidad de una estrategia de protección
eficiente. Ross
11
advierte, sin embargo, que los derivados también pueden ser utilizados con fines
especulativos, lo que incrementa el riesgo de pérdidas, aunque Bodnar
12
demuestra, a partir de evidencia en empresas estadounidenses, que su uso responde en la
mayoría de casos a estrategias de gestión de riesgo condicionadas por factores contables,
regulatorios y fiscales.
En el plano internacional, los estudios ofrecen una visión amplia sobre
los efectos fiscales de los derivados. Martínez y Tavares
13
concluyen en Brasil que las empresas menos agresivas en materia tributaria son las que
más emplean derivados, aunque las más agresivas tienden a utilizar con mayor frecuencia la
contabilidad de cobertura. Donohoe
14
observa que en Estados Unidos los derivados también se emplean para reducir la carga
fiscal, aprovechando vacíos normativos. Guenther,
15
por su parte, advierte que las métricas de agresividad fiscal basadas en datos
contables o de mercado pueden resultar imprecisas y no reflejar necesariamente conductas
elusivas. En Argentina, Odriozola
16
identifica una falta de alineación entre las normas contables y fiscales, lo que genera
incertidumbre sobre el momento del reconocimiento tributario y la deducibilidad de pérdidas.
En Chile, Cid Aranda et al.
17
muestran que los derivados pueden aumentar el valor de la empresa cuando se utilizan
como cobertura, aunque en contextos de alta concentración accionaria pueden favorecer a los
controladores. Pinilla Bedoya y Martínez Muñoz,
18
en un estudio comparativo de empresas latinoamericanas, muestran que el uso de
derivados financieros, especialmente con fines de cobertura, mejora la eficiencia y
contribuye a incrementar el valor de mercado de las firmas. Estos hallazgos se alinean con
los resultados de Allayannis, Lel y Miller,
19
quienes, en un análisis internacional, confirman que el uso de derivados de divisas
está positivamente relacionado con el valor de la empresa, particularmente en contextos de
buen gobierno corporativo. Asimismo, Bartram, Brown y Conrad
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encuentran que los derivados no solo reducen la exposición al riesgo, sino que también
generan un efecto positivo en el valor de las compañías, lo que refuerza la importancia de
un marco normativo que no desincentive su empleo legítimo. Hentschel y Kothari
21
cuestionan, no obstante, que los derivados siempre reduzcan riesgos, señalando que
algunas empresas usuarias no muestran una exposición menor respecto de aquellas que no los
emplean.
En el Perú, el tratamiento tributario de los IFD presenta aún
discrepancias con las normas internacionales. Aunque las NIIF reconocen su valor contable
como instrumentos de cobertura, ello no garantiza su aceptación en el ámbito fiscal. Los
informes y resoluciones de la SUNAT y del Tribunal Fiscal reflejan criterios fragmentados
que generan inseguridad jurídica y complican la planificación financiera en sectores
expuestos como el minero y el agroexportador. De Miguel Canuto
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enfatiza que solo los derivados correctamente documentados como operaciones de
cobertura pueden acceder a beneficios tributarios, y subraya la importancia de diferenciar
entre cobertura, especulación e intermediación, puesto que esta clasificación determina la
deducibilidad de pérdidas y la naturaleza de la renta para fines fiscales.
LEY DE IMPUESTO A LA RENTA
Uno de los desarrollos más importantes en el ámbito tributario peruano
respecto a los IFD está contenido en el art. 5-A de la LIR.
23
Esta disposición caracteriza a los IFD como acuerdos cuyo valor se basa en un activo
subyacente -como tasas de interés, tipos de cambio o precios de materias primas- e
identifica explícitamente instrumentos como los contratos forward, futuros, opciones,
swaps y sus combinaciones. Estos mecanismos, al no requerir un desembolso inicial
sustancial, se liquidan en una fecha futura previamente establecida y se clasifican, para
fines tributarios, en función de su objetivo económico: ya sea como instrumentos de
cobertura o como operaciones especulativas.
El art. 5-A distingue expresamente a los IFD de cobertura, entendiéndolos
como aquellos contratos celebrados en el curso ordinario del negocio con el propósito de
evitar, atenuar o eliminar riesgos financieros específicos. Esta calificación aplica solo
cuando el riesgo recae sobre activos o pasivos vinculados directamente al giro del negocio y
cuando el uso del derivado está alineado con la actividad productiva de la empresa. Para
acceder al tratamiento fiscal favorable, se exige el cumplimiento de tres requisitos clave:
i. contratación entre partes independientes (salvo que se realice en un mercado reconocido);
ii. identificación clara del riesgo cubierto y su impacto económico, y iii. documentación
detallada del contrato, sus términos, el bien u obligación cubierto y el riesgo a
neutralizar.
En contraste, los IFD que no cumplen con estos criterios se consideran
operaciones especulativas y quedan excluidos del régimen fiscal preferente. En particular,
pierden su carácter de cobertura los contratos celebrados fuera de mercados reconocidos o
con contrapartes ubicadas en jurisdicciones de baja o nula imposición.
El art. 5-A también reconoce un tratamiento diferenciado para los IFD
celebrados por empresas reguladas según la Ley 26702, cuando estos se destinan a la
intermediación financiera. En tales casos, la normativa remite a los criterios establecidos
por dicha superintendencia, tanto para la calificación del derivado como para el
reconocimiento de ingresos o pérdidas. Sin embargo, las operaciones realizadas por empresas
no financieras continúan sujetas al régimen general de la LIR.
El art. 37
24
establece los lineamientos esenciales que debe cumplir un gasto para ser considerado
deducible. Entre ellos, se exige que esté vinculado con la generación de renta gravada,
debidamente respaldado con documentación y que cumpla con los principios de causalidad,
razonabilidad y generalidad. En el caso de los IFD, esto significa que las pérdidas
asociadas deben estar vinculadas a operaciones destinadas a reducir riesgos efectivamente
presentes en la actividad económica, como la exposición cambiaria derivada de cuentas por
cobrar o pagar en moneda extranjera. Asimismo, es imprescindible contar con evidencia
técnica y contractual que respalde el objetivo de cobertura de la transacción.
El art. 50
25
agrega una restricción adicional: las pérdidas originadas en IFD con fines distintos a
la cobertura solo pueden ser compensadas con rentas del mismo tipo, es decir, generadas por
derivados no calificados como cobertura. Esta segmentación normativa contradice el principio
de renta neta global, pues separa artificialmente ingresos y pérdidas dentro de una misma
categoría tributaria, limitando la eficiencia de estas operaciones como herramientas de
gestión de riesgos.
Desde un enfoque económico y financiero, autores como Campello, Lin, Ma y
Zou
26
evidencian que las empresas que usan los IFD de cobertura presentan un aumento de
liquidez, capacidad de inversión y resiliencia ante crisis. Por tanto, un régimen tributario
que imponga exigencias excesivas sin considerar la realidad financiera de estas herramientas
puede desincentivar su uso legítimo y perjudicar a sectores estratégicos como el minero y
exportador, altamente expuestos a variables internacionales.
NIIF 9-INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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La NIIF 9 constituye el marco contable internacional para la
clasificación, medición y reconocimiento de instrumentos financieros, incluidos los
derivados. Su aporte central radica en la contabilidad de cobertura, que permite reflejar en
los estados financieros la relación económica entre un derivado y el riesgo que busca
cubrir, siempre que se cumplan condiciones técnicas: identificación precisa del riesgo,
demostración de una relación eficaz y documentación formal desde el inicio del contrato.
Este estándar ha servido como referencia para la legislación peruana, en
particular para el art. 5-A de la LIR, que adopta parte de estos criterios en el ámbito
tributario. Sin embargo, mientras la NIIF 9 busca flexibilizar el reconocimiento de
coberturas para reflejar la realidad económica de la empresa, el régimen fiscal peruano
introduce exigencias adicionales -como la independencia entre partes, restricciones por
jurisdicción y mayor formalismo documental- que no están presentes en la norma contable.
En consecuencia, se genera una desalineación normativa: contablemente, las
empresas pueden aplicar la contabilidad de cobertura bajo la NIIF 9, pero tributariamente no
siempre logran sustentar la deducibilidad de las pérdidas. Esto impacta de forma particular
a sectores expuestos al riesgo internacional, como el minero y el agroexportador, para
quienes la diferencia entre lo contable y lo fiscal eleva la incertidumbre jurídica y limita
el uso eficiente de derivados como herramientas de gestión de riesgos.
CASACIÓN 1771-2024-LIMA
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Constituye un precedente clave en la interpretación del art. 5-A de la LIR
al precisar el alcance y los límites del tratamiento fiscal aplicable a los IFD utilizados
con fines de cobertura. El fallo destaca que la simple existencia de condiciones volátiles
en el mercado financiero -como las variaciones de la tasa LIBOR- no basta para calificar un
riesgo como específico; más bien, se requiere una vinculación directa y comprobable entre
dicho riesgo y los resultados financieros de la empresa. En consecuencia, la decisión
reitera la carga probatoria que recae sobre el contribuyente, quien debe acreditar con
documentación suficiente la naturaleza del riesgo cubierto, el funcionamiento del derivado y
su impacto real sobre activos o pasivos del negocio. Este enfoque restrictivo fortalece la
línea interpretativa seguida por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, y evidencia que las
operaciones de cobertura deben responder a una finalidad económica clara y no servir como
simples mecanismos para anticipar pérdidas o diferir ingresos. En suma, la sentencia
consolida un criterio de interpretación funcional y probatoria que contribuye a dotar de
mayor seguridad jurídica y coherencia al régimen fiscal de derivados.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL N.° 390-9-2023
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Se analiza un caso en el cual la SUNAT cuestionó la deducibilidad de dos
conceptos: la comisión de estructuración de un préstamo y la pérdida derivada de un
instrumento financiero derivado (forward) que no fue calificado como cobertura
conforme al art. 5-A de la LIR. Mientras que la empresa sustentó que el forward se
contrató para cubrir una obligación en moneda extranjera, no presentó documentación
suficiente que demostrara la finalidad de la cobertura, por lo que la pérdida fue reparada.
En la etapa de apelación, el Tribunal validó que el forward no cumplía con los
requisitos formales y sustanciales: no se identificó adecuadamente el riesgo, ni se aportó
evidencia de una política de cobertura ni de la especificidad del activo cubierto.
Este pronunciamiento refuerza el criterio restrictivo que aplican la SUNAT
y el Tribunal Fiscal respecto al tratamiento de los derivados: solo aquellos que cumplan con
los requisitos del art. 5-A (especificidad del riesgo, documentación, mercado reconocido)
pueden calificar como cobertura y generar gastos deducibles.
INFORME N.° 000071-2024-SUNAT/7T00 00
30
Este informe resulta clave porque establece un antes y un después en el
reconocimiento tributario de los IFD. Hasta el 2018, SUNAT reconocía los resultados de los
derivados con base en el criterio de vencimiento, lo que generaba una clara disonancia con
la NIIF 9, que exige el registro contable por devengo al cierre del ejercicio. A partir del
Decreto Legislativo n.° 1425, SUNAT se alinea parcialmente con el estándar contable al
reconocer los resultados de los derivados no vencidos, siempre que cumplan con los
requisitos del art. 5-A de la LIR. El aporte de este informe radica en mostrar cómo la
normativa tributaria peruana incorporó de manera progresiva los principios de la NIIF 9,
aunque bajo condiciones más restrictivas.
INFORME N.° 0125-2015-SUNAT/5D0000
31
En este caso, SUNAT precisó que los resultados de derivados de largo plazo
deben reconocerse bajo el principio de devengo (art. 57 LIR), incluso antes del vencimiento
del contrato. Este criterio se acerca a la lógica de la NIIF 9, que reconoce cambios en el
valor razonable a lo largo de la vigencia del derivado. Sin embargo, el informe también
introduce restricciones adicionales al señalar que las pérdidas de derivados no calificados
como cobertura solo son deducibles si respetan el principio de causalidad y no se realizan
con contrapartes en paraísos fiscales. Así, el aporte principal de este informe es doble:
por un lado, confirma la convergencia parcial con la NIIF 9 en cuanto al reconocimiento por
devengo; por otro, evidencia cómo la legislación tributaria añade filtros adicionales que
limitan la deducibilidad frente al enfoque contable.
TRATAMIENTO FISCAL Y JURISPRUDENCIA SOBRE DERIVADOS FINANCIEROS
El tratamiento fiscal IFD en el Perú se encuentra regulado de manera
específica en el art. 5-A de la LIR. Esta disposición establece que el reconocimiento fiscal
de los IFD depende de la finalidad económica que motiva su contratación. Cuando se destinan
a operaciones de cobertura, los contribuyentes pueden acceder a beneficios tributarios,
siempre que acrediten su carácter mediante documentación adecuada y pruebas de vinculación
directa con un riesgo empresarial específico. En contraste, los contratos que no cumplen
estas condiciones son considerados especulativos y, por tanto, las pérdidas derivadas de
ellos no resultan deducibles.
La jurisprudencia del Poder Judicial ha reforzado esta interpretación
restrictiva exigiendo un estándar elevado de prueba. En una casación
32
analizada, la Corte Suprema sostuvo que los swaps vinculados a la tasa LIBOR no
calificaban como instrumentos de cobertura al no evidenciarse un riesgo concreto que
afectara directamente a la empresa. La sola existencia de volatilidad general en los
mercados no fue considerada un argumento suficiente. Asimismo, se cuestionó la insuficiencia
de la documentación presentada, lo que ratifica la necesidad de un sustento económico y
técnico exhaustivo. Este criterio jurisprudencial coincide con lo previsto en el art. 5-A de
la LIR, consolidando la exigencia de transparencia y documentación precisa como condición
indispensable para la deducibilidad de pérdidas por derivados.
ASIMETRÍAS ENTRE LA NORMATIVA CONTABLE Y TRIBUTARIA
El análisis documental evidencia una desalineación significativa entre el
marco contable internacional y el régimen tributario peruano. La NIIF 9 establece que la
contabilidad de cobertura es admisible siempre que exista una relación económica verificable
entre el derivado y el ítem cubierto, se demuestre la eficacia de la cobertura y se cuente
con documentación formal desde el inicio del contrato. Sin embargo, el art. 5-A de la LIR
añade exigencias adicionales, tales como la independencia entre las partes contratantes, la
especificidad del riesgo cubierto y la obligación de una documentación más rigurosa. Esta
divergencia normativa genera inseguridad jurídica en tanto las empresas que cumplen con los
criterios contables pueden no alcanzar el mismo reconocimiento en el ámbito fiscal.
Las consecuencias de esta brecha son notorias en sectores altamente
expuestos a la volatilidad cambiaria y de precios internacionales, como el minero y el
agroexportador. A ello se suma lo dispuesto en el art. 50 de la LIR, que restringe la
compensación de pérdidas derivadas de IFD no calificados como de cobertura, limitando su
deducción únicamente contra rentas obtenidas de operaciones similares. Esta segmentación
tributaria contradice el principio de renta neta global, además de desincentivar el uso
legítimo de derivados en la gestión de riesgos financieros, liquidez y portafolio.
La literatura académica respalda la utilidad de los IFD como mecanismos
para reducir la exposición empresarial. Petersen y Thiagarajan
33
sostienen que los derivados pueden mejorar la estabilidad de flujos de efectivo y
facilitar condiciones más favorables de financiamiento, aunque en el caso peruano las
exigencias tributarias restringen este potencial. Hanlon, Maydew y Saavedra
34
muestran que, en contextos de incertidumbre fiscal, las empresas tienden a acumular
reservas de liquidez precautoria, lo que limita su capacidad de inversión. Finalmente,
Ahmed, Kilic y Lobo
35
demuestran que los derivados reconocidos directamente en los estados financieros poseen
mayor relevancia en la valoración de mercado que aquellos reportados únicamente en notas, lo
cual refuerza la necesidad de una convergencia normativa que permita un tratamiento
tributario más alineado con los estándares contables internacionales.
