INTRODUCCIÓN
La legítima defensa es una figura jurídica reconocida en múltiples
legislaciones, que exime de responsabilidad penal a quien actúa conforme a sus requisitos
legales. En Ecuador, el art. 33 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) regula esta
figura, orientada a proteger un bien jurídico propio o ajeno frente a una agresión
ilegítima.
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Tradicionalmente, la legítima defensa se ha interpretado en contextos
confrontacionales. Salvo que, en situaciones de violencia intrafamiliar -en las que el
agresor ejerce control sistemático sobre la mujer- esta puede verse obligada a responder en
escenarios no confrontacionales, es decir, sin una agresión física inmediata, pero sí bajo
una amenaza constante. En estos casos, la mujer invierte su rol a victimaría para proteger
su integridad o la de sus hijos.
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La Organización Mundial de la Salud estima que, en América Latina, el 25 %
de mujeres han sido agredidas tanto física como sexualmente.
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A escala nacional se reportó, de enero a noviembre de 2024, según el ECU 911, 81 117
eventos de violencia intrafamiliar; diariamente, se presentan 218 llamadas de emergencia,
las cuales se vinculan a diversos tipos de agresiones contra la mujer.
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Respecto a 2025, se han registrado 5498 llamadas sobre incidentes de violencia
intrafamiliar.
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Ante esta realidad, muchas mujeres recurren a la legítima defensa como
mecanismo de resistencia frente a la violencia sistemática; en el aparataje, inicialmente
son víctimas, luego existe un viraje interpretativo jurisdiccional declarándolas
victimarías.
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Desde la perspectiva de género -categoría analítica que cuestiona estereotipos y
promueve la igualdad- resulta indispensable considerar las desigualdades estructurales y
relaciones asimétricas de poder que atraviesan estas situaciones.
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Así, países como Argentina y Chile evidencian avances jurisprudenciales tras incorporar
la figura de la "mujer maltratada" y reinterpretar los elementos clásicos de la legítima
defensa desde un enfoque de género.
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Inversamente, Ecuador carece de mecanismos jurídicos para reconocer la legítima defensa
en contextos de violencia sistemática. Aunque dispone de guías y manuales, estos están
ausentes de fuerza normativa suficiente para incidir en las decisiones judiciales, que no
prevalecen sobre la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres
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ni sobre el COIP; por tanto, el marco probatorio es desprovisto de regulación.
El objetivo de este trabajo es analizar comparativamente la legítima
defensa en casos de mujeres que enfrentan violencia intrafamiliar sistemática y su
aplicabilidad en la legislación ecuatoriana. Para ello, se describen los elementos jurídicos
pertinentes, se comparan las prácticas judiciales y doctrinas aplicadas en Ecuador,
Argentina y Chile, y se documenta la necesidad de una reforma normativa en Ecuador que
permita reinterpretar los requisitos de la legítima defensa en escenarios no
confrontacionales, evitando así la revictimización y vulneración de derechos.
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La investigación adoptó una metodología cualitativa, con enfoque
jurídico-comparativo y doctrinal. Se realizó un análisis documental, normativo y
jurisprudencial, contrastando la evolución doctrinal ecuatoriana con los marcos regulatorios
de Argentina y Chile.
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Este ejercicio permitió identificar similitudes, diferencias y criterios
interpretativos relevantes entre las legislaciones comparadas, y evaluar la viabilidad de
una reforma legal en Ecuador que responda a los estándares internacionales.
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El análisis se complementó con la triangulación de fuentes secundarias -limitadas en el
caso de la legítima defensa ejercida por mujeres en contextos no confrontacionales y de
violencia recurrente-
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y con entrevistas semiestructuradas a tres jueces del sistema judicial ecuatoriano,
domiciliados en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, cuya participación fue
voluntaria y se les solicitó su consentimiento libre e informado. Finalmente, se utilizó
inteligencia artificial (IA), específicamente el gestor académico del IAEN, como asistente
de corrección de estilo y normalización editorial. El uso de la IA fue supervisado
garantizando los estándares de calidad y el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, y no
intervino en la elaboración del marco teórico, análisis de resultados ni conclusiones. La
autoría, argumentación y hallazgos responden íntegramente al trabajo original de
investigación.
LEGÍTIMA DEFENSA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SISTEMÁTICA: ACERCAMIENTO
TEÓRICO
El ser humano tiende a actuar por instinto cuando su vida corre peligro.
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La doctrina jurídica sostiene que la legítima defensa busca proteger a quien enfrenta
un riesgo inminente -en jurisprudencia, "inminencia"-, permitiendo repeler la agresión de
manera proporcional y justificada, siempre que la reacción sea estrictamente necesaria para
evitar excesos y sustentar la carga probatoria.
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Sin embargo, esta concepción tradicional no contempla las particularidades de las
mujeres víctimas de violencia sistemática, ya que se basa en un modelo androcéntrico.
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En el derecho penal, el género obliga a diferenciar, analíticamente, entre
mujer victimaria y hombre victimario, ya que las condiciones estructurales y
biopsicosociales que intervienen la conducta penal no son equivalentes. Da Fonte y Novoa
sostienen que los criterios clásicos de la dogmática penal son construcciones de un modelo
masculino, y no permiten explicar, de forma adecuada, la situación de las mujeres
violentadas. De ahí que esto exige una reinterpretación de categorías como la antijuricidad
y la culpabilidad, ya que están atravesadas por factores como la subordinación, la
dependencia económica y los trastornos derivados de la violencia sistemática, lo que
justifica la necesidad de un análisis especializado.
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Además, la criminología crítica muestra que la mujer victimaria no responde a patrones
de agresividad de la criminalidad masculina, sino debe ser entendida desde las trayectorias
atravesadas por la subordinación y la violencia prolongada.
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Como causa de exclusión de la antijuricidad, la legítima defensa exige
ciertos criterios para su procedencia.
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Según la doctrina, estos son: a) agresión actual e ilegítima, entendida como una
conducta lesiva e inmediata cuyo propósito es causar daño;
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b) necesidad racional de la defensa, que no implica estricta proporcionalidad, sino una
reacción oportuna y adecuada para evitar un daño mayor en situaciones inesperadas, y c)
falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, ya que una
conducta provocadora desvaloriza jurídicamente la legítima defensa al contribuir al
conflicto violento.
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Empero, estos criterios deben interpretarse con un enfoque de género, como lo
recomienda el Comité de Expertas del MESECVI, que reconoce que en contextos de violencia
sistemática la "inminencia" del peligro no es solo cronológica, sino estructural y
psicológica.
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En esa misma línea crítica, Carol Smart señala que los modelos jurídicos
tradicionales ignoran la intersección entre violencia de género y desigualdades
estructurales, lo cual representa un problema en casos ut supra.
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Esta perspectiva coincide con lo expresado por un juez ecuatoriano, quien afirma:
"estos requisitos son plasmados desde un ámbito legalista que imposibilita a la figura de la
legítima defensa ser apreciada con perspectiva de género por los jueces de violencia, por la
complejidad de estandarizar cuestiones como: ciclos de violencia prolongado, delitos
continuados, doble vulneración".
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En esta tesitura, las mujeres enfrentan desventajas que les impiden
responder físicamente al agresor, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves o muerte.
Por ello, María López sostiene que no puede aplicarse el mismo estándar de inminencia que a
los hombres.
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Muchas mujeres actúan en defensa de bienes jurídicos como la vida, la integridad
física, la libertad y la dignidad,
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incluso si el agresor no ejecuta un acto violento en ese momento. Estas reacciones,
motivadas por preocupación, temor, ansiedad o tensión constante, pueden derivar en la muerte
del agresor.
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Esta situación resulta significativa al analizar la tutela de la acción defensiva en
estos casos, pues conduce a una dicotomía jurídica: ¿se requiere inminencia o inmediatez?
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Este dilema se relaciona con la violencia intrafamiliar sistemática. Las
mujeres sometidas a ciclos de agresión desarrollan el Síndrome de Adaptación Paradójica a la
Violencia Doméstica (SAPVD), entendido como un conjunto de procesos psicológicos de
respuesta conductual, cognitiva y fisiológica, que genera un vínculo afectivo complejo entre
víctima y agresor.
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La "mujer maltratada" desarrolla una dependencia motivacional y cognitiva que la
mantiene en estado de subordinación y sumisión, anulando su capacidad de
autodeterminación.
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Estas consecuencias de tipo psicológico, articuladas con alteraciones como el síndrome
premenstrual, depresión posparto, menopausia o ansiedad crónica, documentadas en el trabajo
de Marcella Da Fonte, no son solo fenómenos clínicos, sino elementos que deben ser valorados
jurídicamente, ya que matizan la culpabilidad en casos de mujeres procesadas por legítima
defensa.
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El SAPVD se manifiesta en cuatro fases: a) desencadenante, caracterizada
por episodios de maltrato que generan tensión y desorientación; b) reorientación, en la que
la mujer se encuentra sola y aislada, con deterioro psicofísico; c) afrontamiento, cuando
siente que pierde el control de la situación, y d) adaptación, fase en la que se adecúa al
entorno violento y desarrolla un proceso de identificación con el agresor.
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Un juez ecuatoriano plantea la necesidad de "diferenciar entre legítima
defensa y estado de necesidad".
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La primera se define por el miedo insuperable del defensor; la segunda exige evaluar
opciones menos gravosas. Esta diferenciación resulta esencial para una eventual reforma
legal con perspectiva de género.
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De aquí se desprende que el género, aplicado al derecho penal, constituye una
herramienta hermenéutica para reinterpretar figuras como la inminencia, la necesidad de
defensa y la proporcionalidad de la reacción. Su incorporación permite a los jueces y
operadores de justicia comprender las particularidades de estos casos y evitar decisiones
basadas en estereotipos o revictimización.
LEGÍTIMA DEFENSA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SISTEMÁTICA: ANÁLISIS
COMPARATIVO ENTRE CHILE, ARGENTINA Y ECUADOR
Las legislaciones tradicionales han regulado la legítima defensa con base
en criterios como inmediatez, proporcionalidad y racionalidad de la respuesta, sin
considerar los efectos de la violencia sistemática, como ocurre en Ecuador. Según un juez
ecuatoriano, esta rigidez impide aplicar la figura a mujeres que invierten su rol tras
sufrir agresiones continuas.
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En contraste, Argentina y Chile han flexibilizado estos criterios en sus fallos: a)
reconociendo que las víctimas enfrentan un estado de peligro permanente; b) incorporando la
perspectiva de género sobre legítima defensa en contextos no confrontacionales, y c)
asumiendo la violencia como estructural y la imposibilidad de reacción inmediata bajo los
parámetros tradicionales del derecho penal sobre inminencia y proporcionalidad. Entendiendo
que, tras años de maltratos, muchas mujeres recurren a la autodefensa, independientemente de
la temporalidad de la amenaza.
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El sistema penal chileno, en principio insuficiente para proteger a las
mujeres frente a la violencia sistemática, dio un giro con la sentencia rol 648-2021, que
analizó el historial de agresiones sufridas por una mujer a manos de su pareja, a quien dio
muerte mientras este se hallaba desarmado. La controversia giró en torno a la interpretación
de la legítima defensa, la actualidad del peligro y la incorporación de un enfoque de género
en el análisis judicial.
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El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, el 26 de octubre de 2019,
reconoció el estado de violencia continua desde 2017, pero condenó a la acusada al
considerar que la agresión se había extinguido entre dos y tres horas antes del hecho,
tiempo durante el cual permaneció refugiada en su domicilio hasta que "tomó justicia por
propia mano". En consecuencia, se alegó la inexistencia de un peligro inmediato.
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Más adelante, en apelación, se valoraron nuevos elementos: historial de
violencia, testimonios de terceros, evidencia de lesiones previas, denuncias, informes
psicológicos, patrones de comportamiento del agresor, múltiples testimonios de violencia
física y verbal, daños a su propiedad
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y, en especial, una concepción de la inminencia no cronológica sino psicológica y
estructural.
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La sentencia reconoció la desventaja física de la mujer y validó su defensa en momentos
de menor riesgo, al considerar el contexto de violencia sistemática, la dimensión
psicológica de la víctima y la percepción constante de peligro. También desechó requisitos
como la obligación de huir al valorar mecanismos de supervivencia como la hipervigilancia e
indefensión aprendida.
Este fallo representó un avance jurisprudencial basado en el derecho
internacional y en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al
establecer que la legítima defensa en contextos de violencia de género requiere un análisis
diferenciado, atento a sus particularidades y alejado de criterios penales tradicionales que
exigen ponderación judicial.
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En la misma línea, Argentina dictó dos sentencias en 2013 y 2016 sobre
mujeres imputadas por ejercer la legítima defensa en contextos no confrontacionales. En el
caso LSB, causa n.° 6996 del 5 de julio de 2016, la acusada convivía con su pareja y su hija
de 45 días, y era víctima de abuso sexual reiterado, maltrato constante y amenazas con arma
de fuego. Como resultado, dio muerte a su pareja. El Tribunal de Casación Penal de Buenos
Aires, Sala I, la absolvió al considerar configurada la legítima defensa, valorando la
violencia física, sexual y psicológica como agresión continua, aplicando una perspectiva de
género y ponderando tanto su testimonio como los informes médicos y sociales.
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En la causa n.° 59157, del 17 de octubre 2013, la acusada vivía con su
pareja e hijos en un entorno de violencia recurrente, con amenazas mediante armas de fuego y
objetos cortopunzantes.
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La última agresión incluyó amenazas de muerte y culminó con el fallecimiento de la
pareja a manos de la acusada. El Tribunal valoró el contexto completo de violencia
sistemática y las diferencias asimétricas de poder, y justificó el ejercicio de la legítima
defensa aun cuando el agresor se encontraba vulnerable; por ello, absolvió a la imputada.
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Las obligaciones internacionales asumidas por Argentina -mediante la
ratificación y jerarquización constitucional de normas del derecho internacional de los
derechos humanos (art. 75, inc. 22)- influyeron en estas sentencias,
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al incorporar a la doctrina jurídica el reconocimiento de la violencia doméstica como
una forma de agresión permanente y no aislada. También se valoró el uso de un arma como
medio de defensa frente a la disparidad estructural entre géneros y la dificultad probatoria
inherente a estos casos. Sin embargo, debe señalarse que el impacto mediático también motivó
al sistema penal argentino a promulgar leyes de protección para las mujeres.
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En Ecuador, a raíz del Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador,
se desarrolló jurisprudencia orientada a la protección de los derechos de las mujeres en
contextos de violencia, aunque no vinculada directamente a delitos de violencia
intrafamiliar sistemática. Esto pone en evidencia las limitaciones del Estado para prevenir
y atender la ausencia de perspectiva de género en las decisiones judiciales.
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El sistema jurídico ecuatoriano cierra tácitamente la posibilidad de reconocer la
legítima defensa en contextos no confrontacionales, considerando la violencia prolongada
únicamente como atenuante. En ausencia de esta, la conducta se tipifica como asesinato.
A pesar de que Ecuador ha ratificado instrumentos internacionales como el
Protocolo de San Salvador (1993), la Convención de Belém do Pará (1995) y la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1999);
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además cuenta con la Recomendación General n.° 1 del Comité de Expertas del MESECVI
(2018),
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los cuales exigen cambios estructurales para erradicar la violencia de género y
proteger bienes jurídicos fundamentales,
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como lo prevé el art. 441 y siguientes del COIP.
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Lo expuesto evidencia que Ecuador difiere de Chile y Argentina en la
interpretación de la legítima defensa. En el caso ecuatoriano, la figura no se aplica si no
existe una confrontación inmediata, y la conducta suele ser calificada como homicidio o
asesinato.
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Por el contrario, tanto Chile como Argentina han dejado atrás concepciones obsoletas,
ampliando el concepto de inminencia para incluir situaciones de "ataques continuos". Esta
visión permite reconocer la "inminencia permanente" de los ataques, contribuyendo a resolver
problemas vinculados con criterios de necesidad e inmediatez.
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En consecuencia, conviene que los operadores judiciales adopten la perspectiva de
género al analizar conductas ilícitas en las que intervengan -como víctimas o imputadas-
personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, garantizando una evaluación más
ajustada a la realidad de las relaciones desiguales de poder.
RECOMENDACIÓN DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DE ECUADOR
El aumento de delitos por violencia intrafamiliar ha llevado a que el
Estado ecuatoriano implemente programas obligatorios de capacitación y equipamiento para
funcionarios del sistema judicial y de la policía.
54
Además, se han creado unidades especializadas en la Policía Nacional -como el
Departamento de Violencia Intrafamilar, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, las
Unidades de Policía Comunitaria, el Departamento de Análisis de Información del Delito y el
sistema informático David-, así como instancias especializadas en el sistema judicial, con
el fin de garantizar una atención inmediata y efectiva frente a estos delitos.
55
En consecuencia, las contravenciones por violencia contra la mujer y
miembros del núcleo familiar se denuncian en las unidades judiciales especializadas;
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las medidas de protección pueden ser emitidas por tenientes políticos o juntas
cantonales, mediante mecanismos administrativos,
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o por las autoridades competentes para conocer estos casos, y los delitos de violencia
contra la mujer deben ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
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No obstante, estas medidas han resultado insuficientes para garantizar
plenamente los derechos de las mujeres,
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como se ha demostrado a lo largo de este trabajo. Por ejemplo, en procesos penales por
homicidio o asesinato, para que una mujer víctima de violencia intrafamiliar sea absuelta
tras causar la muerte de su agresor en un acto de legítima defensa, se exige que haya
actuado en el preciso momento en que se consumaba la agresión, y no cuando hubiera cesado.
Por ello, se vuelve imprescindible una reforma normativa específica que incorpore la figura
de la legítima defensa no confrontacional, reconociendo diferencias asimétricas, el
síndrome de la mujer maltratada, la dificultad comprobada para acceder a mecanismos
estatales de protección, el historial documentado de agresiones y las circunstancias del
riesgo inminente. Esto desembocaría en la creación de estrategias concretas como líneas
jurisprudenciales uniformes, capacitación judicial -operadores de justicia-, peritajes
psicológicos especializados y protocolos de valoración probatoria, que abren paso a
precedentes vinculantes.
Con base en el Manual y guía de perspectiva de género
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empleado por los jueces especializados en violencia en Ecuador, así como en los
tratados internacionales ratificados por el país, Belém do Pará y Cedaw, se propone reformar
el art. 33 del COIP,
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específicamente su num. 1. El objetivo es mantener la línea de constitucionalidad e
incorporar de forma explícita la perspectiva de género, así como el contexto biopsicosocial
de la violencia contra la mujer y las asimetrías estructurales de poder, reconociendo la
naturaleza continua y sistemática de la agresión, y considerando el ciclo de violencia como
un estado permanente de amenaza, que se encuadra dentro de la noción de "agresión actual,
inminente o ilegítima".
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