El derecho penal tradicionalmente ha sido asociado como el brazo fuerte sobre cual se asienta un Estado de derecho; en aquel sentido, es necesario limitar su poder punitivo, en aras de evitar su desbordamiento y, por tanto, la afectación a los derechos de los diversos sujetos procesales.
Por ello, surge el garantismo penal como una herramienta válida que permite la protección de los bienes jurídicos protegidos dentro de una sociedad, empero, respetando derechos y garantías que víctimas, procesados y operadores jurídicos poseen dentro de los ordenamientos jurídicos de los diversos países del orbe.
Dicha ideología, además, se tranversaliza en las varias fases e instituciones del derecho penal, alcanzando gran relevancia la política penitenciaria y la ejecución de las sanciones frente al cometimiento de un ilícito, máxime cuando Latinoamérica es testigo vivencial de masacres carcelarias, en donde el rol de las instituciones estatales en cuanto a la protección de los derechos de personas privadas de libertad ha sido altamente cuestionado.
Mucho se ha criticado desde un populismo penal al garantismo, señalando equívocamente que aquel se constituye en un medio para la protección delincuencial, cuando este se constituye más bien en un mecanismo idóneo para la protección de todas las personas, colectivos y la naturaleza. En el presente número de la revista Foro se pretende deconstruir esta visión sesgada y mal entendida del garantismo hacia un entendimiento integral de sus postulados y su necesaria aplicación con especial énfasis en el contexto penitenciario.
En este número se abordan temáticas que analizan problemas actuales del derecho penal como la selectividad penal, en donde Adrián Alvarracín pretende subvertir dicha realidad en la búsqueda de una sociedad y un proceso más justo que garantice una igualdad de armas a la hora de enfrentar un proceso penal; en esa línea, Diego Zalamea aborda la problemática del abuso de la prisión preventiva mediante la propuesta de implementar los denominados servicios previos al juicio, como llamadas telefónicas al domicilio del procesado, visitas, informes de su actividad laboral, etc., siendo para el autor alternativas viables para evitar el encarcelamiento de las personas, logrando de esta manera descongestionar el ya colapsado sistema penal ecuatoriano. Desde un enfoque dogmático, se debe destacar el artículo de José Charry, quien analiza el grado de participación de las personas particulares en la configuración del delito de peculado, tomando como base la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana.
En el contexto de los problemas asociados al sistema penitenciario, Janeth González nos brinda una visión panorámica del sistema penitenciario ecuatoriano y los complejos problemas que enfrenta, lo cual se ve complementado con el análisis de problemas específicos como la política de traslados de la población penitenciaria abordados por Luis Altamirano, quien reflexiona cómo estas directrices han generado el olvido de este sector poblacional; de la misma manera, Juan Pablo Quezada aborda la importancia de construir un diálogo social en donde se visibilice a quienes se encuentran inmersos en la realidad penitenciaria del país, permitiéndoles acceder a trabajos remunerados dentro de prisión. Además, autores como Gladis y Holger Proaño presentan una propuesta asociada con la cooperación internacional como un mecanismo que permita enfrentar el hacinamiento carcelario, así como asimilar experiencias comparadas positivas en el ámbito penitenciario.
Dentro de la región andina se destacan los trabajos de María Ruiz, quien desde la óptica colombiana aborda el principio de presunción de inocencia y su importancia al momento de fundamentar la decisión jurisdiccional en el ámbito penal; el artículo de Brayan Chávez muestra la afectación de los derechos de la comunidad LBGTIQ+, y cómo muchas de las acciones emprendidas en su contra se configuran como hechos punibles; y, desde la perspectiva peruana, el artículo de Nuccia Seminario-Hurtado y Jainor Avellaneda nos revela la situación que atraviesan los privados de libertad con discapacidad en ese país.
Finalmente, como editores temáticos de este número de la revista Foro del Área de Derecho de la UASB, Sede Ecuador, debemos resaltar la visón crítica con la cual los autores de este número enfrentan problemas constantes y comunes de la realidad penitenciaria de nuestra región, así como las posibles soluciones que se plantean mediante la irradiación de un garantismo penal concebido como un instrumento que permite la protección de los diversos actores que intervienen en un sistema penal democrático y justo.