La presente investigación propone un análisis de los principios de la contratación pública desde el punto de vista internacional, relacionados con la participación de oferentes en igualdad de condiciones, con independencia de su nacionalidad u origen de su oferta, a efectos de, a través de la competencia, alcanzar la máxima eficiencia posible. También analiza cómo esos principios se reflejan en el caso ecuatoriano y discurre sobre el Acuerdo Comercial con la Unión Europea negociado por los países andinos. De esa manera, se concluye que la contratación pública del Ecuador es propensa al proteccionismo, lo que le dificulta emprender en negociaciones internacionales sobre esta materia y puede llegar a obstaculizar la participación de oferentes ecuatorianos en el extranjero.
This investigation consists in an analysis of the principles of public procurement from the international point of view, related to the participation of bidders on equal footing, regardless of their nationality or origin of its bid, in order to achieve maximum efficiency through the competition. It also analyzes how these principles are reflected in the Ecuadorian case, and examines the trade agreement with the European Union negotiated by the Andean countries. Thus, we conclude that public procurement of Ecuador aims to protectionism, making difficult to participate in international negotiations on this subject and may hinder the participation of Ecuadorian bidders outside its borders.
El presente trabajo analiza el grado de apertura del sistema ecuatoriano de contratación pública en cuanto a acceso y libertad de participación de proveedores y contratistas, con independencia de su nacionalidad u origen de las ofertas, y sus repercusiones sobre las posibilidades de inserción de oferentes ecuatorianos en mercados internacionales, a través de la suscripción de acuerdos sobre compras públicas.
Así, de manera previa debemos establecer los parámetros extraterritoriales que nos han de servir de referencia. Para este trabajo, el marco de regulaciones que marca la tendencia internacional está constituido por documentos que tienen un corte general, como son el Acuerdo sobre Contratación Pública revisado (ACPr) de la Organización Mundial de Comercio (OMC); la Ley Modelo sobre la Contratación Pública de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUD- MI); y la Directiva 2014/24/UE de la Unión Europea sobre Contratación Pública.
Contando con ese marco de análisis, revisaremos la normativa nacional que rige en estas materias para, finalmente, estudiar el capítulo de compras públicas del acuerdo comercial suscrito entre Colombia, Perú y Ecuador y la Unión Europea (UE) y sus estados miembros, evidenciando serias dificultades constitucionales para su puesta en vigencia.
El presente acápite explora brevemente cuál es la tendencia internacional respecto a uno de los aspectos polémicos de la compra pública: su grado de apertura. Las contrataciones del Estado, en la actualidad, han cobrado una gran relevancia debido al volumen de recursos involucrados. Algunas cifras hablan de un promedio de entre el 10 al 15% en relación al Producto Interno Bruto (PIB)
El Acuerdo sobre la Contratación Pública,
Luego de un largo proceso de discusión, el ACPr
Principio de no discriminación
En su artículo IV, Principios generales, resalta el de no discriminación, cuyo objetivo es que las entidades contratantes de las partes concedan a los bienes y servicios de cualquiera de las otras partes, así como a sus proveedores, un trato no menos favorable del que conceden a los bienes y servicios de los proveedores nacionales y a los de los proveedores de cualquier otra parte. Este trato no discriminatorio se debe aplicar sin dilaciones ni condicionamientos. En otras palabras, igualdad absoluta de trato entre todos los proveedores, con independencia de su nacionalidad o el origen de sus bienes y servicios. El mejor trato que un país ofrezca a cualquier proveedor (nacional o no), debe ser extendido a todos los proveedores originarios de los países miembros del Acuerdo.
Prohibición de exigir compensaciones
Así mismo, entre los principios está el de prohibir “compensaciones”,
Condiciones de participación
En el artículo VIII, el ACPr establece que los requisitos y condiciones de participación que se exija a los oferentes y, en consecuencia, los criterios con los que se evaluará las ofertas y se adjudicará la licitación, serán aquellos que sean esenciales para asegurarse de que el proveedor cuenta con la solvencia financiera y la capacidad jurídica, comercial y técnica para hacerse cargo de la contratación en ciernes. Bajo esta premisa, las condiciones de participación no deberían incluir criterios tales como participación nacional o local, o aquellos referentes a la condición o al tamaño de los proveedores.
Condiciones especiales para países en desarrollo
En el artículo V se incorpora una serie de disposiciones que, en esencia, busca atraer a los países en desarrollo para que adhieran al Acuerdo. Fundamentalmente, se prevé un trato especial y diferenciado, si ellos lo solicitan, condicionado a que sea un régimen temporal y de transición. Entre las medidas especiales encontramos las siguientes:
Programas de preferencia de precios para las ofertas que incluyan bienes o servicios originarios del país en desarrollo; Establecimiento de “compensaciones”; Exclusión inicial e incorporación gradual de entidades contratantes o sectores específicos a la cobertura del Acuerdo; Establecimiento de un umbral Retraso de cualquier obligación específica asumida en el ACPr por un plazo no mayor a cinco años, en caso de países menos adelantados, o de tres años para países en desarrollo; Solicitudes de cooperación técnica y de fortalecimiento de capacidades respecto a la adhesión y aplicación del ACPr.
Se ha considerado que estas medidas no son lo suficientemente atractivas para los países en vías de desarrollo, razón por la cual, en el ámbito latinoamericano, todavía no se ha dado la primera adhesión. No obstante, esto no ha sido un obstáculo para que países de la región suscriban tratados de libre comercio y otras modalidades de acuerdos que incluyen obligaciones de compras públicas, bajo los principios y contenidos del ACPr.
El segundo documento de referencia internacional en materia de contratación pública es la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública
La ley modelo prevé las siguientes disposiciones que son de trascendencia respecto a la temática de participación internacional y los beneficios de maximizar la concurrencia:
Principio de igualdad
Se plantea como objetivo “Fomentar y alentar la participación de proveedores y contratistas en el proceso de contratación pública, sin hacer distinciones por concepto de nacionalidad, a fin de promover así el comercio internacional”.
Márgenes de preferencia
La ley modelo prevé, en su artículo 11, la posibilidad de que se incluyan márgenes de preferencia a proveedores nacionales o a los bienes de determinado origen, dentro de los criterios y procedimientos de evaluación de ofertas.
En definitiva, esta Ley Modelo es permisiva respecto a la posibilidad de aplicar mecanismos que auspicien y prioricen las ofertas nacionales, sin que ello llegue a considerarse una fractura al principio de no discriminación en la medida en que no se impida la participación internacional.
Esta Directiva, expedida el 26 de febrero de 2014,
No discriminación
“Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada”.
No restricción de la competencia
Muy vinculado con el anterior principio, la misma disposición señalada anteriormente establece que las entidades contratantes no deberán preparar una licitación para ubicarla ex profeso fuera del alcance o ámbito de la Directiva, ni para restringir deliberada y artificialmente la competencia. Según la Directiva, existe una intención de restringir la competencia si se verifican manifiestas condiciones para favorecer o perjudicar infundadamente a determinados proveedores o contratistas.
Como colofón del análisis del marco internacional, es claro que, para que un sistema de compras públicas sea saludable, requiere de concurrencia y transparencia, y para ello son fundamentales las garantías de no discriminación. La tendencia es propiciar una participación igualitaria entre todos los oferentes nacionales y extranjeros, sin perjuicio de determinadas políticas nacionales de apoyo a proveedores con oferta local.
En el año 2008 se expidieron dos cuerpos normativos de gran importancia para la contratación pública, que cambiaron radicalmente el esquema jurídico procedimental, pero, sobre todo, impusieron una visión sistémica y propiciaron el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) dentro del mercado público: la Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador, por primera vez, incorpora una expresa disposición sobre las contrataciones públicas, en el siguiente tenor: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”.
La norma prevé criterios o principios y además un mandato de priorización. En cuanto a los criterios, es evidente la ausencia de aquellos referentes a igualdad, no discriminación o maximización de la competencia. Deliberada o no, esta carencia es significativa, sobre todo porque se vincula con la priorización a la producción nacional.
Tradicionalmente, uno de los pilares más importantes que persigue la contratación pública es la eficiencia, que se traduce en conseguir el mayor valor por el dinero
Ahora bien, la contratación pública puede ser empleada como un instrumento de políticas públicas y bajo ese entendido es que la Constitución le ha encargado priorizar los productos y servicios de origen ecuatoriano, especialmente los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas (MIPYME) unidades productivas.
La priorización de bienes y servicios nacionales puede implicar la aplicación de una variedad de mecanismos,
Cierre del mercado
La legislación o los pliegos, con fundamento en la normativa vigente, establecen que en determinadas licitaciones o concursos solo podrán participar proveedores con ofertas de origen nacional. Este es el caso de la contratación de consultoría
Esta modalidad implica una actitud proteccionista extrema y, a la luz de los principios internacionales, subsume todas las desventajas de la ausencia de real competencia, a más de que puede generar actitudes cómodas de parte de los beneficiarios, sin incentivos para fortalecerse y crecer.
Márgenes de preferencia
La legislación o los pliegos establecen que el proveedor de oferta nacional tendrá dentro de las licitaciones y concursos un puntaje o valoración económica adicional
Elaboración propia.
Criterio
Puntaje
Experiencia general
10
Experiencia específica
20
Capacidad técnica
20
Precio
40
Preferencia nacional
10
Total
100
En este ejemplo se puede apreciar que los oferentes nacionales son los únicos que podrían alcanzar 100 puntos. Esa ventaja del 10%, en este ejemplo, puede ser definitiva a la hora de ganar el concurso.
Si bien es cierto que tanto el ACPr como la Ley Modelo de la CNUDMI dan cabida a la aplicación de estas modalidades bajo ciertas condiciones, se considera que tienen como desventaja que los precios finales puedan encarecerse respecto a los óptimos del mercado. En todo caso, estos mecanismos sí permiten la competencia y la concurrencia internacional, aunque con desventaja.
Mejora de las ofertas
Bajo este mecanismo, la competencia fluye en igualdad de condiciones en cuanto a los requisitos de participación y criterios de evaluación de ofertas, hasta que se obtienen los resultados de la licitación. Si la mejor propuesta corresponde a un oferente de bienes o servicios de origen no nacional, se debe analizar si la siguiente o siguientes mejores ofertas son de origen local. Si así fuera y esa oferta u ofertas estuvieran dentro de un rango aceptable, se abrirá una posibilidad para que las mejoren y puedan, finalmente, considerarse la mejor oferta y ser los adjudicatarios de la licitación. Este mecanismo no está previsto en la legislación nacional
Nota sobre la evaluación de ofertas: si la oferta mejor evaluada fuera de origen extranjero y la siguiente oferta fuera nacional y tuviera una diferencia no mayor al 10% respecto de la oferta mejor evaluada, se abrirá una etapa de mejora de ofertas tendente a que el proveedor de origen nacional iguale o mejore la oferta no nacional mejor evaluada, caso en el cual se le adjudicará el contrato. Elaboración propia.
Criterio
Puntaje
Experiencia general
10
Experiencia específica
20
Capacidad técnica
20
Precio
50
Total
100
Elaboración propia.
Oferente
Origen
Puntaje
A
Nacional
88
B
Extranjero
92
C
Nacional
75
En este caso, se abrirá la etapa de mejora de ofertas para que el proveedor
Otra arista de la posición ecuatoriana frente a estos asuntos relativos a eficiencia, igualdad y competencia es la inmanencia de las preferencias e incentivos. De la forma en que ha sido constitucionalizada la priorización de la oferta de origen nacional en la compra pública, debe estar presente en todo tipo de procedimiento, con independencia de cuantías, sectores, entidades licitantes, regímenes comunes o especiales, objetos contractuales, etc.
Pero además, por el texto constitucional, la obligación de priorización es perenne, sin que quepan distinciones respecto a que una oferta que califique como nacional pueda perder el derecho a sus preferencias y beneficios. Ni la ley ni cualquier norma de inferior rango a la Constitución podrán establecer otro régimen distinto, es decir, prescindir de la aplicación de criterios de priorización, y lo deberán hacer de manera permanente.
La reflexión que cabe es si esa debiera ser la mejor postura de cara a la proyección internacional de la contratación pública ecuatoriana. Mantener preferencias atemporales de carácter constitucional implica que nunca, bajo ninguna circunstancia ni al amparo de ninguna normativa, la oferta nacional competiría en condiciones de igualdad
Una de las razones para que se establezcan estos mecanismos de preferencia es propiciar el crecimiento y la mejora continua de la producción nacional, la dinamización de los mercados locales, a más de otros motivos como pudieran ser las necesidades de balanza de pagos (que los recursos públicos no salgan de las fronteras nacionales). Si el efecto que se quiere conseguir es el crecimiento de los agentes económicos nacionales, grandes, medianos, pequeños, micros o actores de la economía popular y solidaria, se debe pensar que, siendo exitosos, en algún momento todos llegarán a ser oferentes competitivos, que podrían concursar en cualquier mercado público nacional, regional o global. En ese momento, la preferencia constitucional inmanente y permanente podría considerarse un problema, pues, por efectos de la reciprocidad internacional, los demás países quisieran extender el mismo trato que dan a sus nacionales a los oferentes ecuatorianos y, a manera de reflejo, alcanzar para sus oferentes nacionales ese mismo trato en las licitaciones ecuatorianas. De allí que nos parece inconveniente mantener en la Constitución una regla de preferencia sin condiciones y compromisos de crecimiento de parte de los beneficiarios y, además, de forma permanente, aun en el caso de que las empresas grandes nacionales pudieran tener capacidad de competencia internacional.
Tres de los países andinos: Perú,
En el Título VI, referente a Contratación Pública, encontramos los siguientes postulados dentro del marco de la presente reflexión:
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE MANERA RECÍPROCA
La Unión Europea y sus entidades contratantes se comprometen a otorgar a los proveedores, bienes y servicios originarios de los países andinos signatarios, el mismo trato que a sus proveedores, bienes y servicios. En idénticas condiciones, los países andinos signatarios y sus entidades contratantes se comprometen a otorgar a los pro- veedores, bienes y servicios originarios de la Unión Europea y sus Estados miembros, el mismo trato que a sus proveedores, bienes y servicios.
Esto implica que ninguno de los países signatarios del Acuerdo podrá establecer condiciones o restricciones a la participación de proveedores originarios de las otras partes, bien sea que se relacionen con su afiliación o propiedad extranjera o debido a que sus bienes o servicios son de otra de las partes.
COMPENSACIONES
El Acuerdo estatuye que “ninguna Parte buscará, tendrá en cuenta, impondrá o exigirá una compensación”,
Derivado de lo indicado en el acápite “El problema de la inmanencia” supra, el Ecuador tendrá dificultades para otorgar un trato igualitario a los proveedores, bienes o servicios originarios de los países europeos, así como para no exigir “compensaciones” en sus licitaciones, a menos que hiciera una reforma al texto constitucional del artículo 288, norma suprema y superior al Acuerdo Comercial, que dispone que los bienes y servicios de origen ecuatoriano deberán ser priorizados sobre los de cualquier otro origen.
PARTICULARIDADES DEL CASO ECUATORIANO
En el Anexo XII del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, Apéndice 1, se detalla la cobertura sobre contratación pública, es decir, allí se establece el ámbito sometido al acuerdo tanto por umbrales, entidades contratantes, objetos contractuales (bienes, servicios, servicios de construcción) y cualquier otra particularidad que convengan las partes.
En el caso de Ecuador, aparentemente se requería un ejercicio de fina arquitectura para cuidar que no se vulnerara el mandato de priorización del artículo 288 de la Constitución, que resulta contradictorio con las disposiciones sobre el principio de igualdad y la prohibición de exigir “compensaciones” dentro de las licitaciones cubiertas por el Acuerdo. No obstante, en relación con la disposición constitucional, no encontramos más que las previsiones que siguen:
Umbrales: Ecuador ha negociado umbrales superiores a los acordados por Perú y Colombia,
Fuente: Anexo XII, Contratación Pública, Apéndice I, Cobertura sobre Contratación Pública, Sección A, Ecuador. Acuerdo Multipartes Unión Europea-Países Andinos. Elaboración propia.
Valor en DEG
Valor en DEG-
primeros 5 años de entrada en vigor
Gobierno central
260.000
130.000
Nivel subcentral
350.000
200.000
Otras entidades
400.000
400.000
Para servicios de construcción, los umbrales acordados fueron los que se apuntan enseguida:
Tabla 5
Tipo de entidad
Valor en DEG-
primeros 5 años de entrada en vigor
Valor en DEG-
primeros 5 años de entrada en vigor
Gobierno central
6’000.000
5’000.000
Nivel subcentral
6’000.000
5’000.000
Otras entidades
6’000.000
5’000.000
Fuente: Anexo XII, Contratación Pública, Apéndice I, Cobertura sobre Contratación Pública, Sección A, Ecuador. Acuerdo Multipartes Unión Europea-Países Andinos.
Elaboración propia.
Desde luego, esta no constituye una modalidad de priorización a los bienes y servicios ecuatorianos integral, pues por encima de dichos umbrales, competirán en igualdad de condiciones respecto a los provenientes de la Unión Europea.
Exclusión de entidades: Se pactan exclusiones de determinadas entidades contratantes, cuando realizan adquisiciones de bienes o servicios específicos o las licitaciones se refieren a ciertos sectores económicos. Exclusiones de mercancías: Un grupo de bienes, por sus características de estratégicas para el estado, han sido excluidos de la cobertura del Acuerdo. Condiciones en la contratación de servicios de la construcción: Las entidades contratantes del Ecuador podrán establecer condiciones relacionadas con la contratación de personal local en áreas rurales. Estas actividades pueden generar empleabilidad para MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria en áreas como construcción, mantenimiento o rehabilitación de carreteras y autopistas. Es evidente que es una medida parcial y puntual de promoción de estos actores de las compras públicas. Exclusiones generales: A más de lo anterior, se ha acordado algunas exclusiones de carácter general. Salvo aquella relacionada con los programas y procedimientos de contratación pública reservados a las medianas, pequeñas y micro empresas (MIPYME), así como a los actores de la economía popular y solidaria, las demás no se han establecido en salvaguardia del principio de priorización previsto en la Constitución. Desagregación tecnológica: En la publicación del Anexo XII
En el año 2008, Ecuador adoptó un nuevo régimen de contratación pública caracterizado por un enfoque sistémico, donde sobresalen los pilares de transparencia, empleo de las TIC, y políticas de apoyo a la producción nacional, actores MIPYME y de la economía popular y solidaria. Inclusive, la priorización a productos y servicios nacionales se ha convertido en un mandato constitucional. De esta caracterización de las compras públicas se desprenden algunos rasgos característicos de su proyección internacional.
El marco de referencia internacional se guía por los principios de igualdad, no discriminación y máxima competencia. Bajo esos postulados, las principales finalidades de las compras públicas son conseguir procesos transparentes y eficientes. La licitación Como se ha demostrado a lo largo de la exposición, la legislación ecuatoriana tiene mucha propensión a una política de defensa de los recursos nacionales, y busca que ellos generen crecimiento de los actores económicos ecuatorianos en las ramas de la industria, manufactura, servicios, construcción, etc. A nuestro juicio, la aplicación de estos objetivos dentro de las contrataciones públicas tienen la desventaja de sacrificar la eficiencia, puesto que puede implicar dejar de lado las mejores ofertas en cuanto a calidad y precio, por no considerarse de origen nacional. Se convierte prácticamente en un subsidio costeado con recursos públicos a determinados agentes económicos que, por diferentes circunstancias, no han alcanzado un adecuado nivel de competitividad. Resaltamos además que la aplicación de preferencias sin un compromiso de crecimiento de parte de los beneficiarios, implica un riesgo de generar actitudes conformistas. Esto mismo puede ocurrir con preferencias de carácter permanente y sin intermisión, y no se justifica cuando existen empresas grandes con capacidad de competir internacionalmente. La El Acuerdo Comercial negociado por el Ecuador prevé, en materia de contratación pública, trato igual entre proveedores, bienes y servicios nacionales y los provenientes de la UE, con algunas salvedades parciales y transitorias. Esto no es conforme a lo dispuesto por el artículo 288 de la Constitución, que prevé una priorización permanente, atemporal e inmanente, sin condicionamientos, a los productos y servicios de origen ecuatoriano. Una posible salida, sin variar el marco constitucional vigente, sería adoptar mecanismos que posibilitaran una competencia en igualdad de condiciones durante la licitación,
Encontramos algunas referencias sobre la relación entre compras públicas y PIB en: Alfie Ulloa, “El mercado público y los acuerdos comerciales, un análisis económico”, en
Organización Mundial del Comercio, “Acuerdo sobre Contratación Pública”,
La UE se cuenta como una sola parte con sus veintiocho estados miembros.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá.
Organización Mundial del Comercio, “Acuerdo revisado sobre Contratación Pública”,
La definición de “Compensación” consta en el artículo I, Definiciones, letra l) del ACPr.
Todo acuerdo comercial internacional establece umbrales a partir de los cuales entra a regir su normativa, es decir, por debajo de ese umbral, cada país no está obligado respecto a los compromisos asumidos en cuanto a trato nacional, no discriminación, procedimientos, plazos, etc., y pueden aplicar reglas nacionales particulares.
Ecuador es considerado un país en desarrollo.
“Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública (2011)”, en Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,
Ley Modelo de la CNUDMI, Preámbulo, letra b).
“Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014”, en
Artículo 18, número 1 de la Directiva.
Constitución de la República del Ecuador,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador.
Para conocer sobre los puntos más actualizados de la discusión por el concepto de “value for money” o “valor por el dinero” en traducción al español, ver: Penny Jackson, “Value for Money and international development: Deconstructing myths to promote a more constructive discussion”, en
Los mecanismos que prevé la LOSNCP son: definición de origen nacional (art. 6, No. 21); márgenes de preferencia (art. 25); verificación de inexistencia de oferta de origen ecuatoriano (art. 25.2); reserva de mercado (art. 25.2); desagregación tecnológica (art. 6, No. 10 y 23); cierre de mercado en consultoría (art. 37); transferencia de tecnología y conocimiento (art. 25.2); y, subcontratación preferente (art. 25.2).
Art. 37 LOSNCP.
Art. 25.2 LOSNCP.
Como ya se ha indicado, en el caso ecuatoriano esa disposición consta en los art. 25 y 25.2 de la LOSNCP.
Un mecanismo como el indicado se aplica en Paraguay, aunque es referido solamente a promoción de MI- PYME. Guillermo Rozenwurcel y Lorena Drewes, “Las PyMES y las compras públicas”, Programa ICT4GP, en
Cabe considerar el planteamiento que sustenta estas preferencias, y es que el principio de igualdad debería referirse al concepto de igualdad real, y no igualdad formal. Allí encuentra cabida la concepción de acciones afirmativas o discriminación positiva, prevista en las normas constitucionales (art. 11, No. 2, y 66, No. 4 de la Constitución de la República del Ecuador).
“Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea”, en
“Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú”, en
“Paquete de cierre de la negociación comercial con la Unión Europea”, en
Los marcos andinos de negociación están contenidos en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones 598, de 11 de julio de 2004, y 667, de 8 de junio de 2007; “Normativa andina”, en
Artículo 175, número 1, letras a) y b).
Artículo 175, número 2, letras a) y b).
Artículo 175, número 7.
Artículo 172.
Según el documento “Negociación Ecuador-UE-Paquete de cierre” que contiene las precisiones que Ecuador negoció con la UE para formar parte del Acuerdo multipartes Unión Europea-Países Andinos, Ecuador no hizo ninguna salvedad o excepción a la aplicación de estas disposiciones; “Negociación Ecuador-UE-Paquete de cierre”, en Ministerio de Comercio Exterior,
“Anexo XII, Contratación Pública, Apéndice I, Cobertura sobre Contratación Pública, Sección A, Ecuador”, en Ministerio de Comercio Exterior,
Mientras que, para mercancías y servicios, Perú y Colombia han negociado un umbral de 130.000 DEG para el gobierno central, Ecuador lo ha hecho por el doble durante el período de transición. Eso se debe a que, en tanto los dos primeros países tienen una actitud activa, para conseguir mercados europeos para sus empresas (por ello los umbrales bajos), Ecuador ha negociado con una actitud pasiva o proteccionista, por ello quiere defender el mayor espacio posible de su mercado interno, subiendo los umbrales para que el Acuerdo no sea aplicable por debajo de ellos.
DEG: Derechos Especiales de Giro, constituyen un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Su valor está basado en una canasta de cuatro monedas importantes.
“Derechos Especiales de Giro DEG”, en
En el caso ecuatoriano, corresponden a los gobiernos del régimen descentralizado y autónomo.
En el caso ecuatoriano, son las empresas públicas.
En el gobierno central, se acuerda excluir del ámbito del Acuerdo al Ministerio Coordinador de Seguridad, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior y Secretaría de Inteligencia, sobre todo sus adquisiciones relacionadas con seguridad y defensa nacional; al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y al de Educación (con sus entidades adscritas y coordinadas) para contrataciones de construcción de unidades educativas, material didáctico y uniformes escolares; al Ministerio de Inclusión Económica y Social para contrataciones relacionadas con programas de asistencia social; al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para las adquisiciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria; y, finalmente, al Consejo Nacional Electoral para contrataciones relacionadas con procesos eleccionarios. En cuanto a las entidades del nivel subcentral, se excluyen a los Gobiernos Autónomos Parroquiales.
Se excluyen las mercancías señaladas en el clasificador internacional CPC: División 12 (petróleo crudo y gas natural); División 333 (aceites de petróleo); División 334 (gases de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos); División 341 (productos químicos orgánicos básicos).
Estas exclusiones se refieren a los siguientes aspectos: a) a las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa y seguridad pública, que realicen las fuerzas armadas, la policía nacional o la Secretaría Nacional de Inteligencia que sean estratégicas para la defensa nacional y seguridad pública; b) a los programas y procedimientos de contratación pública reservados a las medianas, pequeñas y microempresas (MIPYME), así como a los actores de la economía popular y solidaria, siempre que estos cumplan con los mismos criterios de tamaño que se exigen a las MIPYME para ser consideradas como tales; c) a la contratación de mercancías para programas de ayuda alimentaria; d) a las realizadas por todas las instituciones del sector público que se encuentren ubicadas en Galápagos, así como todas las contrataciones realizadas con incidencia en esa región especial; e) a la contratación de mercancías, servicios y servicios de construcción que adquieran o contraten para el funcionamiento las Misiones del Servicio Exterior de la República del Ecuador; y f) las contrataciones hechas por una entidad ecuatoriana a otra entidad ecuatoriana.
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[borrador a ser acordado] Traducción del autor.
“Annex XII, Government Procurement, Appendix I, Coverage on Government Procurement, Section D, Ecuador”, en European Commission, Trade, febrero de
Independientemente de su denominación, entendemos por licitación todo procedimiento que implica una convocatoria amplia y universal, que no presenta obstáculos indebidos a la participación de todo oferente que tuviere las capacidades legales y las condiciones técnicas y financieras para ofertar de manera competitiva.
Explicado en el acápite “El problema de las priorizaciones” (c) supra.