INTRODUCCIÓN
Con la caída del socialismo real en los años 90, se intensificaron las políticas privatizadoras de corte neoliberal que fueron aumentando las desigualdades económicas en las últimas tres décadas, ocasionando que los marcos sociopolíticos ya no se correspondan con la visión típica de un Estado westfaliano-keynesiano.1
Los cambios políticos y socioeconómicos trajeron consigo una nueva realidad social que deberían abordar los Estados. Hay sujetos cuyos derechos no son reconocidos, ni siquiera pueden verse como "ciudadanos de segunda", es decir, se presenta una representación fallida absoluta. "Estos sujetos quedan desprotegidos, produciéndose un desenmarque para la población en situación de migración irregular, a quienes el marco normativo del "Estado westfaliano-keynesiano" les queda corto, al no poder configurarse el vínculo de "ciudadanía" tradicional.2
Lo anterior tiene que ver con una interpretación restrictiva de los derechos humanos anclados a la soberanía nacional. En los últimos treinta años, a excepción del caso ecuatoriano,3 los Estados latinoamericanos han desarrollado marcos normativos y políticas migratorias restrictivas que obstaculizan los derechos de la población migrante que se encuentra en una situación de irregularidad frente a los Estados receptores.
La anterior contradicción se ve reflejada en los marcos normativos destinados a la protección de la población migrante y prevención de delitos internacionales como el tráfico de migrantes y la trata de personas que, a su vez, se complejiza cuando existen tensiones políticas entre los Estados receptores y expulsores, como es en el caso de la población migrante venezolana en situación de irregularidad en el municipio de Ipiales. Partiendo del estudio de caso, este artículo muestra cómo el desenmarque normativo, aunado a políticas migratorias con enfoques securitistas, incrementa los riesgos de vulneración de DD. HH. y además contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales, entendidas como: "Las posibilidades del acceso a bienes y/o posiciones sociales, que están relacionadas con desigualdades de poder y/o posibilidades de interacción, muestran limitaciones duraderas y que, por lo tanto, perjudican o favorecen las oportunidades de vida de individuos, grupos sociales o sociedades".4
La desigualdad de hecho, que padece la población migrante en situación de irregularidad, no solo se convierte en un obstáculo estructural para el desarrollo económico intergeneracional, sino también para la garantía de derechos, ya que cuando se habla de desigualdad, no solo se refiere a ingreso, patrimonio o acceso a la tierra, sino también a bienes públicos esenciales como la educación, la salud, la justicia.5
Las desigualdades sociales se intensifican cuando en ciertos grupos poblacionales interseccionan diferentes categorías de discriminación social, tales como el género, la nacionalidad, la clase social y la etnicidad. Este es el caso de mujeres y niñas migrantes venezolanas en Colombia.6
Partiendo del marco conceptual anterior, el presente artículo pretende, a través de un estudio de caso, que se enfoca en la frontera sur de Colombia, evidenciar los desafíos jurídicos y sociopolíticos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos de la población migrante en un contexto globalizado, patriarcal y en el cual las mujeres migrantes en situación de irregularidad que se encuentran en el "desenmarque normativo" suelen ser potenciales víctimas de diferentes tipos de violencias sexuales basadas en el género (VSG) que a su vez constituyen delitos internacionales, tales como la trata con fines de explotación sexual.
Este artículo es el resultado de un análisis cualitativo basado en fuentes primarias y secundarias, obtenidas en el desarrollo de diferentes espacios de capacitación y acompañamiento jurídico de población migrante venezolana en la ciudad de Ipiales. Los espacios de reunión con la población beneficiaria permitieron conocer y profundizar los contextos particulares de los participantes. También se llevaron a cabo cuatro talleres, con la participación de cuarenta y cuatro mujeres y ocho hombres en total, en los cuales se realizaron grupos focales con la participación de MAAN venezolanas de diferente procedencia. Finalmente, se sistematizó la información arrojada.
En la primera parte de este artículo se definen los conceptos básicos desde un plano normativo, para posteriormente enfocarse en el estudio de caso, en el cual se demuestran cómo la imbricación de diferentes sistemas de opresión ubican a la población venezolana en situación de migración irregular, y más específicamente a las MAAN en un desenmarque sociojurídico que a su vez contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales, la feminización de la pobreza y la ampliación de las brechas de género.
MIGRACIÓN IRREGULAR: ENTRE EL TRÁFICO Y LA TRATA DE PERSONAS
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1. su situación jurídica; 2. el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3. las causas del desplazamiento; o 4. la duración de su estancia.7
Con base en los factores referenciados, la legislación colombiana define diferentes tipos de migración, tales como la migración regular, irregular, pendular, de tránsito y con vocación de permanencia.8 Estas definiciones normativas, unidas a una política migratoria que restringe los derechos humanos (DD. HH.) de la población migrante "irregular", lejos de prevenir el aumento del flujo migratorio, contribuye a fortalecer las mafias, dedicadas al tráfico ilegal de migrantes y a la trata de personas.
La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos distintos, pero en ciertos contextos sociales fronterizos se entremezclan y representan delitos penales en parte coincidentes. Sus definiciones jurídicas contienen elementos comunes y en los casos reales puede haber elementos de ambos delitos o mutación de un delito a otro, ya que, por ejemplo, muchas de las víctimas de la trata de personas comienzan su itinerario consintiendo en ser trasladadas ilícitamente de un Estado a otro, pero en el transcurso suelen ser engañadas o forzadas a soportar situaciones de explotación y abusos, convirtiéndose en víctimas de diferentes delitos, incluyendo el de trata de personas.9
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Según el Protocolo, el "Tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire" se define como: "La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material".10
Se entiende que existe "entrada ilegal" cuando haya "paso de fronteras sin haber cumplido con los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor".11 En Colombia, el Tráfico de Migrantes se encuentra consagrado en el Código Penal, dentro de los delitos contra la libertad individual en el capítulo de delitos contra la autonomía de la voluntad.12 Si bien en 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estimó que el tráfico de migrantes "es un delito pluriofensivo [...] que también atenta contra la soberanía del Estado, en cuanto comporta violación de las normas legales que regulan el ingreso al país y salida del mismo [...] el legislador colombiano dio prevalencia al bien jurídico de la autonomía personal".13
La CSJ ha sostenido que "el tráfico de migrantes es un delito de mera conducta con lo cual independientemente de que se logre el cometido final de la concesión de la visa, o la entrada o salida ilegal del país, el delito se consuma con la simple facilitación o colaboración, acto que puede incluir, entre otros: i) la organización, ii) la coordinación, iii) la entrega de documentos falsos, y iv) el alojamiento ilegal".14
Hoy en día se sabe que las redes de traficantes están constituidas por pluralidad de personas con división del trabajo, alcanzan la internacionalidad en su actuar y violan la soberanía y normas de varios Estados. Estas estructuras delictivas están organizadas como empresas criminales internacionales, con personal en las zonas geográficas fronterizas.15
LA TRATA DE PERSONAS
En 2003 se aprueba en Colombia la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.16
Según el Protocolo de Palermo, en su art 3, la trata de personas se define como:
La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas.
Recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
Con fines de explotación, lo que incluye la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y la extracción de órganos.17
El Estado colombiano desarrolló una legislación interna a partir de la Ley 985 de 2005.18 Mediante esta ley, se modificó el art. 188 del Código Penal (Ley 599 de 2000) adecuando la tipificación penal a los elementos establecidos por el Protocolo de Palermo, sin embargo, "la legislación interna no adoptó los medios como elementos para tipificar el delito" y excluyó de los verbos rectores del mismo la acción de "trasportar" que sí fue consagrada en el instrumento internacional.19
En 2016, la CC hizo un examen de constitucionalidad de la Ley 985/2005, ratificando la Sentencia C-464 de 2014, en el sentido de que, para la configuración del delito de trata, no se requiere que se obtenga el fin de explotar20 a la víctima para su configuración porque "la acción prohibida es la de instrumentalizar o cosificar a una persona como si fuera una mercancía".21 Además, enfatiza que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no tiene ningún efecto en la responsabilidad penal del tratante, ya que los derechos humanos son irrenunciables.22
Finalmente, es importante destacar que la trata con fines de explotación sexual es la modalidad más conocida y que afecta más a las MAAN en situación de migración irregular, dado el contexto de vulnerabilidad en el que viven.23 Este tipo de trata incluye la explotación de la prostitución ajena, la esclavitud, servidumbre y el turismo sexual, la pornografía y otras actividades de explotación sexual, prohibidas en virtud del art. 17 de la Constitución Política, porque violan los derechos humanos.24
CONTEXTO GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO
La migración ha contribuido a forjar sociedades plurales, constituye un elemento más del cambio social; de hecho, la historia de la humanidad es la historia de la migración.25 Los "migrantes" no son un grupo homogéneo; su identidad responde a diferentes contextos históricos y sociales.26 Por ejemplo, mientras el migrante europeo que huyó de las guerras del siglo XX contaba con un capital económico, cultural y social privilegiado que le permitió prosperar y rehacer su vida en los países latinoamericanos receptores,27 el migrante del siglo XXI está en las márgenes de la pobreza. Mientras los primeros fueron recibidos como héroes, agentes de desarrollo o rebeldes, los segundos son tratados como extraños y potenciales delincuentes, debido a que en su humanidad interseccionan diferentes variables que contribuyen a su discriminación, tales como la nacionalidad, la procedencia socioeconómica, la etnicidad y el género.
A diferencia del flujo migratorio provocado por las dos guerras mundiales o la guerra civil española en el siglo XX,28 los movimientos migratorios mixtos del siglo XXI se caracterizan por ser cada vez más complejos, pues se derivan de múltiples situaciones sociopolíticas y económicas diferentes a la guerra, pero que directa o indirectamente imposibilitan la supervivencia o calidad de vida de los migrantes. Es el caso de los flujos migratorios, ocasionados por la persistencia de la crisis socioeconómica en Venezuela.29
A partir de 2019, se viene incrementando el tráfico de ciudadanos venezolanos en las fronteras norte y sur de Colombia, y con él, la crisis migratoria en el municipio de Ipiales. El vínculo entre la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas se hace cada vez más evidente en estas zonas fronterizas.30
En la frontera colombo-ecuatoriana, el tráfico se efectúa a través de pasos informales y peligrosos, identificados en la línea fronteriza en los municipios de Ipiales, Cumbal, Carlosama y en otros casos de forma clandestina en vehículos de servicio público a través del Puente Internacional de Rumichaca.31
Migración Colombia registra 19 069 personas en situación de migración irregular de nacionalidad venezolana y con vocación de permanencia, establecidos principalmente en los municipios de Pasto (6913) e Ipiales (4865).32 Esta población está expuesta a varios riesgos como la explotación laboral, reclutamiento por actores armados colombianos, la trata de personas, la mendicidad y explotación laboral en economías ilegales como los cultivos ilícitos, tráfico de estupefacientes y la prostitución en bares utilizados de forma clandestina como prostíbulos.33
MIGRACIÓN IRREGULAR EN IPIALES: FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y AMPLIACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO
Los resultados del trabajo empírico realizado con población migrante en situación de migración irregular en el municipio de Ipiales existen ciertas condiciones diferenciales, como la procedencia socioeconómica, el género, la pertenencia étnica, enfermedades crónicas y discapacidad por invalidez, acentúan la vulnerabilidad y además dificultan las experiencias en el desplazamiento por las trochas de las fronteras norte y sur de Colombia y en su posterior asentamiento, búsqueda de empleo y oportunidades laborales.34
La población venezolana en situación de migración irregular, asentada en Ipiales, proceden de los estados de Yaracuy, Aragua, Zulia, Lara, Falcon, Ca-rabobo, Miranda y Barinas.35 Pertenecen a una clase baja empobrecida, poco escolarizada, que entre 2003 y 2014 ascendieron económicamente y algunos hasta se volvieron propietarios gracias a las políticas sociales de los gobiernos de Chávez y que, dada la crisis económica actual, están a punto de descender al abismo de la pobreza extrema por la pérdida de capacidad adquisitiva del salario mínimo, la escasez de productos de primera necesidad y la falta de medicamentos necesarios para enfermedades crónicas, motivos que los llevó a emigrar. 36
En 2022, la cifra de migrantes venezolanos que pedían ser regularizados ascendía a 2 477 588, sin contar con los que evitan empadronarse por miedo a ser deportados.37 Según las entrevistas realizadas, las mujeres jóvenes entre 18 y 40 años son las que más están migrando irregularmente a Colombia, mientras los hombres deciden probar suerte en países más lejanos como Chile, Perú o EE. UU. De la misma forma, las mujeres tienen más vocación de permanencia en Ipiales que los hombres, y entre ellas, las que son cabeza de familia o tienen hijos enfermos.38
Mujeres de este grupo de migrantes jóvenes afirman que para poder migrar han vendido sus apartamentos, obtenidos en Misión Vivienda, el programa social del gobierno bolivariano de Venezuela, y han dejado a sus hijos e hijas con sus abuelos, para poder conseguir trabajo en otros países, otras tantas han optado por viajar con sus hijos. No obstante, ya en Colombia se enfrentan a diferentes obstáculos para acceder a servicios sociales básicos, dado su situación de irregularidad. Por ejemplo, parejas jóvenes con niños menores de 14 años no han podido encontrar un cupo escolar para sus hijos, dado su estatus normativo irregular. De la misma forma, tampoco han podido acceder a servicios médicos o programas de control de crecimiento y nutrición para la primera infancia.39
El lugar de residencia actual en Ipiales también ofrece elementos para entender las condiciones socioeconómicas de la población venezolana en situación de migración irregular. La mayoría no tiene vivienda propia, vive en albergues o arrendando habitaciones en barrios marginados, ubicados en la periferia de la ciudad. Muchas en situación de hacinamiento, por ejemplo, una familia de cinco personas y otra de siete integrantes comparten una habitación en la cual conviven.40
Frente a la ocupación laboral, la mayoría se dedica a las ventas ambulantes y trabajos informales. Laborar en el espacio público les genera una situación de vulnerabilidad, especialmente frente a la policía del espacio público. "Aquí lo que hago es vender limones y vender cocadas, pero por migrante siempre recibo maltrato, por los del espacio público, a mí me hacen correr de aquí para allá no me dejan trabajar".41
En este contexto, las mujeres que trabajan en la calle son discriminadas en razón de su género y nacionalidad, situación que se intensifica con la condición de "irregularidad". "A mí me ha tocado llegar aquí y ver la xenofobia porque somos venezolanas y además no estamos regularizadas, ver cómo nos señalan, cómo nos nombran, ya automáticamente al vernos paradas en cualquier sitio, automáticamente dicen: 'esta es veneca', como nos suelen llamar, y nos preguntan ¿cuánto cobras para acostarnos?".42
La mayoría se dedica a las ventas ambulantes y trabajos informales. Un mínimo porcentaje dice haber sido empleado, pero manifiestan haber sufrido acoso y explotación laboral por su situación de irregularidad.43 En el caso de las mujeres mayores de 40 años se las subemplea para labores domésticas y de cuidado, mientras las más jóvenes logran emplearse en bares, tabernas y salones de belleza en los cuales, dado su estatus de irregularidad, son propensas a ser explotadas, violentadas y despedidas sin ningún tipo de liquidación y a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, como veremos a continuación.44
VIOLENCIAS BASADAS EN EL GÉNERO CONTRA LAS MAAN EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN IRREGULAR
Durante el tránsito irregular a través de los pasos informales identificados en la línea fronteriza en el sur de Colombia, así como en el recorrido al interior del país, se ha identificado que las MAAN sufren innumerables violencias basadas en el género e identidad nacional. "En el momento que pedimos una 'cola' nos dicen 'ok. Te doy una cola para llevarte a cierto punto, pero tienes que estar conmigo', o hasta exponemos a los hijos a todo ese tipo de cosas".45
Estas Violencias Basadas en el Género (VBG) y VSG anteceden y preceden delitos contra la libertad e integridad sexual de las mujeres, incluyendo el delito de trata con fines de explotación sexual.
En las corrientes migratorias mixtas, la trata es, a menudo, una consecuencia directa del tráfico ilegal de seres humanos. Se presume que los traficantes siguen explotando a las y los migrantes "irregulares" en el país receptor, mediante amenazas, pagos adicionales y extorsiones. 46 De las entrevistas realizadas a la población venezolana en situación de migración irregular se concluye que hay indicios que señalan que las MAAN pueden estar siendo víctimas de trata de personas en Ipiales, principalmente para los siguientes fines:
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Incluye la explotación de la prostitución ajena, el turismo sexual, la pornografía y otras actividades sexuales, tanto en el municipio de Ipiales como en Tumaco y toda la zona pacífica nariñense. Esta modalidad afecta principalmente a mujeres jóvenes en edad reproductiva, pero también adolescentes y niñas.47
Como mujeres cabezas de hogar que llegamos acá solas o peor aún con hijas, sí considero que estamos en riesgo de ser víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Pues porque somos mujeres, solas, extranjeras, sin empleo y sí, sí nos han hecho propuestas no muy confiables, por ejemplo: ir a los chongos. A mi prima le ofrecieron ser mesera en un bar, luego se dio cuenta de que era también prostíbulo clandestino, con el paso del tiempo le exigieron que haga "ratos" con hombres, de lo contrario no le pagaban.48
TRABAJOS O SERVICIOS FORZADOS
Esta modalidad afecta sobre todo a mujeres mayores de 45 años; dichos trabajos forzados por lo general se presentan en bodegas de almacenes y restaurantes, en el cultivo de coca, ladrilleras, trabajo de construcción, pesquería, agricultura o en el servicio doméstico "puertas adentro" sin remuneración justa ni cumplimiento de las leyes que regulan la actividad laboral, espacios en los que también sufren de VSG. Se conoce que el contacto con las víctimas puede darse en las ciudades de Pasto e Ipiales para luego trasladarlas a Tumaco y a otros municipios costeros en los cuales también son susceptibles de ser reclutadas por grupos armados ilegales para trabajos domésticos como ranchería y el lavado de uniformes, pero también pueden ser en ese contexto víctimas de VSG.49
Como migrantes ilegales sí nos vemos muy expuestos a la trata de personas, ya que nos ofrecen trabajos muy bien pagados, pero cuando nos damos cuenta ya hemos sido engañadas y hemos perdido nuestra libertad, estamos lejos de casa, no conocemos a nadie y no podemos denunciar porque nos tienen vigiladas.50
Sí, hay casos que a una se la llevan engañada para la prostitución, ya que estamos en una zona fronteriza, pues nos quitan papeles y quedamos en manos de los tratantes. Pero también puede ser en cualquier lado, ya que podemos ser secuestradas por grupos armados que nos ofrecen trabajo y luego nos obligan a muchas cosas, incluyendo acostarnos con ellos.51
De los testimonios recogidos en las entrevistas y talleres de capacitación con las mujeres venezolanas que se desplazaron de forma irregular y que actualmente se encuentran viviendo en el municipio de Ipiales, se puede concluir que son particularmente vulnerables a ser víctimas de diferentes tipos de VSG, incluyendo la trata con fines de explotación sexual. Este riesgo obedece a diferentes causas, entre ellas: i) el estatus irregular frente al ordenamiento jurídico del país receptor; ii) las formas oportunistas del tratante al captar a sus víctimas; iii) estereotipos sexuales frente a las MAAN venezolanas, iv) el desconocimiento de la población migrante de sus derechos y, por último, v) el desconocimiento sobre este delito y la ausencia de sensibilización frente a este delito por parte de las autoridades e instituciones municipales receptoras.52
