Artículo de investigación

Apuntes y reflexiones sobre el dolo y su regulación en el derecho penal ecuatoriano


Notes and Reflections on Fraud and its Regulation in Ecuadorian Criminal Law


DOI: https://doi.org/10.32719/26312484.2023.40.1


FORO: Revista de Derecho, n.° 40 (Julio - Diciembre 2023), 7-27. ISSN: 1390-2466; e-ISSN: 2631-2484


Fecha de recepción: 21 de noviembre de 2022 - Fecha de revisión: 3 de enero de 2023
Fecha de aceptación: 15 de marzo de 2023 - Fecha de publicación: 3 de julio de 2023



Pablo Andrés León González ORCID

Abogado, Universidad del Azuay Cuenca, Ecuador. pabloleonlegal77@gmail.com


RESUMEN

En el presente artículo se analiza la actual inclinación del legislador ecuatoriano, de identificar al dolo como una situación interna del autor del injusto penal, mediante la definición expresa del conocimiento y la voluntad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta definición expresa ha generado dos consecuencias opuestas: por una parte, el retroceso en el avance del dolo al actual tráfico social (negativa), y por otra, la seguridad jurídica que se le brinda al autor del injusto penal (positiva). Del análisis de estas dos consecuencias se reconoce que el derecho penal ecuatoriano opta por la seguridad jurídica, en detrimento del avance del dolo y del derecho penal. Al respecto, se invita a la reflexión sobre este particular con el objetivo de encontrar una forma de legitimar este avance del dolo en el tráfico social, sin violentar derechos constitucionales. Para lograr esto, como primer paso, se debe cambiar la actual inclinación del legislador, mediante la normativización del dolo. Así, mediante el empleo de una metodología inductiva y hermenéutica, se emprende una labor de legitimación de esta normativización en el derecho penal ecuatoriano, llegando finalmente a concluir en su viabilidad. Esto se lo hace sin reconocer una normativización plenamente estandarizada, sino también tomando en cuenta criterios que respeten la dignidad humana, mediante la evitabilidad individual.

Palabras clave: derecho penal, tipo subjetivo, imputación subjetiva, dolo, normativización, evitabilidad individual, constitucionalización, seguridad jurídica.

ABSTRACT

This article analyzes the current inclination of the ecuadorian legislator, to identify mens rea as an internal situation of the perpetrator, through the definition of knowledge and will in the Código Orgánico Integral Penal (COIP). This definition has generated two opposite consequences, on the one hand, the regression in the advance of mens rea to the current social traffic (negative), and on the other, the legal certainty afforded to the perpetrator (positive). From the analysis of these two consequences, it is recognized that ecuadorian criminal law opts for legal certainty. In this regard, a reflection on this particular issue is invited, with the aim of finding a way to legitimize this advance of mens rea in social traffic, without violating constitutional rights. To achieve this, as a first step, mens rea must be changed, through its normativization. Thus, through the use of an inductive and hermeneutic methodology, a work of legitimization of this normativization is undertaken, finally concluding in its viability. This is done without recognizing a fully standardized normativization, but also taking into account criteria that respect human dignity, through individual avoidability.

Keywords: criminal law, subjective type, subjective imputation, mens rea, normativization, individual avoidability, constitutionalization, legal certainty.





INTRODUCCIÓN


La cuestión del tipo subjetivo es una de las discusiones más importantes de la dogmática jurídico-penal. Su evolución ha sido relevante a efectos de iniciar la determinación de cuándo estamos ante la presencia de un delito. Ha sido el finalismo el que lo ha ubicado en el tipo penal y no en la culpabilidad (tal como lo hacía el causalismo), cuestión que ha perdurado hasta nuestros días. Este contenido del tipo subjetivo, y del dolo en particular, ha aterrizado en la dogmática latinoamericana a paso lento, aunque con una aceptable labor legislativa. Sin embargo, estos planteamientos iniciales se han inclinado por la idea de que el dolo es un estado mental cuya comprobación se la realiza en un ámbito psicológico del sujeto.

En Ecuador no ha sucedido distinto. Desde la Constitución de 2008, con la constitucionalización del derecho penal, se ha tratado de adaptar el contenido del dolo a estas perspectivas dogmáticas mayoritarias; y aunque ha tomado algo de tiempo, aparentemente se ha logrado consolidar con las reformas de 2019. No obstante, la inclinación del legislador ha sido la de identificar al dolo como una situación interna del autor (psicológica).

Esto ha llevado a que el Código Orgánico Integral Penal defina expresamente qué es el dolo y qué elementos lo componen. De tal manera que todo lo que no se ajusta a esos parámetros no es dolo. Ante esto se puede identificar que la cuestión genera dos consecuencias opuestas. La primera es un problema, pues el hecho de tener definido el dolo ha causado el estancamiento de su contenido, impidiendo que se ajuste al avance del tráfico social y a una política criminal efectiva. Por otro lado, es un acierto, pues impide que su valoración y contenido quede al arbitrio de los jueces o de los fiscales, favoreciendo de mejor forma los derechos. El primer objetivo de este artículo es abordar estos problemas del dolo e invitar a su estudio y reflexión, a fin de encontrar una forma de legitimar este avance del dolo al tráfico social, sin violentar derechos constitucionales. Para lograr este cometido, se plantea que el primer paso que debe tomar el derecho penal ecuatoriano es cambiar estas categorías psicológicas del dolo por unas categorías normativas.

En este sentido de ideas, el segundo objetivo de este artículo es abordar la imputación del dolo desde esta perspectiva normativa, que nunca antes ha sido discutida a fondo en el país, justamente porque la cultura jurídica mayoritaria asocia a la normativización con la escuela de pensamiento funcionalista. Por eso, el trabajo también se enfoca en buscar parámetros para la legitimación y viabilidad de esta normativización, a efectos de tener un mejor derecho penal que vaya de la mano con nuestro ordenamiento jurídico.

Así las cosas, este trabajo se estructura de la siguiente forma. Primero, como punto de partida, se empieza analizando el dolo a breves rasgos, haciendo énfasis en el desarrollo del dolo en el Ecuador, y se identifica la actual inclinación del legislador en la más reciente reforma del dolo. Una segunda parte trata el primer objetivo del estudio, mediante el análisis de la cuestión de tener definido el contenido del dolo en el COIP, y expone las dos consecuencias opuestas ante las cuales se explica la posición del derecho penal ecuatoriano. Posteriormente se estudia la imputación del dolo desde una perspectiva normativa, mediante su fundamento más acertado: la evitabilidad individual; y se llega a reflexionar sobre la viabilidad de normativizar el dolo en el derecho penal ecuatoriano.

EL DOLO A BREVES RASGOS: PUNTO DE PARTIDA

El tipo subjetivo no siempre fue considerado relevante a efectos de la imposición de una sanción penal;1 incluso, no lo es ahora en algunos ordenamientos jurídicos en los que la responsabilidad penal no necesita basarse adicionalmente en la demostración de un estado mental doloso o imprudente, sino solamente en la verificación objetiva de la realización de la conducta lesiva.2

Actualmente, la doctrina penal contemporánea occidental considera que la sola verificación objetiva de la producción de un resultado lesivo es incompatible con el principio de culpabilidad y seguridad jurídica, por eso es requerida también una intervención subjetiva del autor. Esto es así desde el enriquecimiento subjetivo que le dio Welzel al tipo penal.3

Siguiendo esta línea, el Código Orgánico Integral Penal, para afirmar la responsabilidad penal se adscribe a la configuración de un tipo penal complejo,4 es decir, un tipo penal que tiene una parte objetiva y subjetiva.5 La primera, conocida también como tipo objetivo, hace referencia a la existencia de elementos de la acción externa del autor, a la relación de causalidad y también a los sujetos.6 La segunda, también conocida como tipicidad subjetiva, hace referencia a un aspecto interno del autor,7 en referencia al tipo objetivo.

El tipo subjetivo se compone del dolo (art. 26) y la culpa (art. 27). En el último inciso del art. 26 se hace referencia también a la preterintencionalidad, que comprende a todo resultado más allá de la voluntad del autor.8 Empero, la preterintencionalidad no es más que una combinación dolo-culpa9 que fundamenta la pena, por lo que no debería estar incorporada dentro del artículo que regula al dolo.

EL DOLO EN EL DERECHO ECUATORIANO: ANTECEDENTES IMPORTANTES

Desde la vigencia de la Constitución de 2008 se realizaron múltiples intentos y propuestas por constitucionalizar el derecho penal ecuatoriano. Entre estos, se encuentra el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales,10 que en su libro I, de la infracción penal, define al dolo de la siguiente forma:

Art. 12.- Principio de estricta legalidad en la infracción penal.-

1. El tipo doloso describe la acción con voluntad productora del resultado y con conocimiento de los elementos objetivos descritos en la norma. No hay dolo cuando por error o ignorancia invencibles se desconocen estos elementos. Si el error fuese vencible la tipicidad será culposa, siempre que estuviese prevista esa forma de tipicidad.11

Aunque nunca fue incorporado en la legislación ecuatoriana, este anteproyecto sí sirvió de base para la construcción y presentación del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal en 2011. En el documento oficial de la presentación de este proyecto se cambió la forma de concebir al dolo -inicialmente concebida en el anteproyecto-, y se optó por el siguiente:

Art. 9.- Infracción penal dolosa.- La infracción penal dolosa es aquella en la que existe el designio de causar daño.

La infracción penal dolosa se considera intencional cuando el acontecimiento dañoso o peligroso que es el resultado de la acción u omisión de que la Ley hace depender la existencia de la infracción, fue previsto y querido por la persona infractora como consecuencia de su propia acción u omisión.

La infracción penal dolosa se considera preterintencional, cuando de la acción u omisión se derive un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso la persona infractora. 12

Este concepto, inicialmente, tiene un contenido similar al del dolo civilista,13 aunque posteriormente en su inciso segundo la norma sí hace referencia a los elementos del dolo penal: el conocimiento y la voluntad. En el Informe para primer debate del Proyecto de ley de Código Orgánico Integral Penal, se cambió sustancialmente el contenido y la longitud del concepto del dolo: "Art. 27.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que conociendo los elementos objetivos del tipo quiere ejecutar la conducta".14

Esta definición se mantuvo en el Informe para segundo debate del Proyecto de ley de Código Orgánico Integral Penal, encontrándose en el art. 26,15 para cuya inclinación se tomó como base al finalismo.16 Una vez finalizaron los debates, en el texto aprobado por el pleno de la Asamblea se vuelve a encontrar una definición de dolo similar a la del inicial proyecto: "Art. 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño".17

La Presidencia de la República objeta parcialmente este texto aprobado por el pleno y recomienda incluir la preterintención dentro del artículo del dolo.18 Así, finalmente se emitió el texto definitivo aprobado por el Pleno de la Asamblea y se publicó en el Registro Oficial 180, el lunes 10 de febrero de 2014, y el artículo concerniente al dolo quedó de la siguiente manera: "Art. 26.- Dolo.-Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño. Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, y será sancionado con dos tercios de la pena".19

REFORMA DEL DOLO: HACIA UNA SITUACIÓN INTERNA DEL AUTOR

El mencionado art. 26, que define al dolo, fue reformado y sustituido por el art. 6 de la Ley s. n.°, Registro Oficial 107, Suplemento, 24 de diciembre de 2019. La intención del legislador fue la de modernizar el concepto de dolo a efecto de garantizar de mejor forma la dignidad de las personas.20 Este nuevo concepto de dolo en la reforma incluyó el conocimiento y la voluntad, de la siguiente forma: "Art. 26.- Dolo.- Actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta".21

Al asumir esta postura, el legislador ha requerido que para que se verifique el dolo, deben concurrir dos elementos: i) un elemento intelectual, en el que el sujeto debe saber qué es lo que hace, y debe conocer los elementos objetivamente típicos;22 y ii) un elemento volitivo, en el que el sujeto quiere realizar los elementos objetivos del tipo.23 Se puede notar claramente que estas son situaciones internas del autor del injusto. Por eso es que en la dogmática jurídico penal ha sido muy discutido el hecho de qué exigencias hay que abordar a efectos del "saber" y el "querer".24 Con esta nueva forma de concebir el dolo en la reforma, el legislador ecuatoriano se ha adscrito a la teoría de la voluntad, que ya ha sido ampliamente superada por la doctrina.25

Entonces, se puede reconocer que el dolo en el derecho penal ecuatoriano está cerrado a su valoración y su verificación porque contiene específicamente la definición establecida en el artículo 26. Distinto sucede, por ejemplo, con otros países como Perú,26 España o Alemania,27 que no tienen definido el concepto de dolo, lo que ha permitido que en sus ordenamientos jurídicos se desarrolle mucho más la doctrina al respecto.

DOS CONSECUENCIAS OPUESTAS CON RESPECTO A LA CERRADA DEFINICIÓN DEL DOLO

El hecho de tener incorporado el concepto de dolo en un ordenamiento jurídico puede generar una consecuencia negativa y una positiva. La primera de estas consecuencias, como se mencionó en el apartado anterior, hace referencia a que se cierra y se limita el contenido del dolo al avance de las dinámicas sociales. Esto se puede evidenciar claramente, por ejemplo, con el hecho de que los delitos económicos no puedan ser perseguidos eficientemente.28 Los tipos penales en su mayoría solo son dolosos: o se cometen con dolo o quedan impunes. El hecho de restringir las barreras del contenido del dolo -directo y psicológico- favorece a la impunidad, pues las exigencias son demasiado altas y no pueden suplirse con otros tipos de dolo, ni con culpa, que solo es punible si se encuentra expresamente tipificada. Un delito podría ser cometido con dolo eventual y quedar impune porque la norma no abarca esta modalidad de dolo.

La segunda consecuencia (positiva) va de la mano con la seguridad jurídica, es decir, al tener conceptualizado el contenido del dolo en una norma, se brinda mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, en el sentido de que se identifican claramente las reglas de juego con las que van a desenvolverse los contactos sociales. Aunque evita el avance de la discusión frente al dolo, no deja a discrecionalidad de los juzgadores o fiscales la posibilidad de ampliar o restringir el contenido del dolo; a los primeros en sus sentencias y a los segundos en su acusación. Esto también evita que se prescinda de cierta parte del contenido del dolo en aras de la imputación, ya sea del elemento volitivo, o incluso del cognitivo. Esto último se pone de relieve, porque si bien ya hemos estado acostumbrados a leer planteamientos en defensa de la exclusión del elemento volitivo del dolo, actualmente también se ha puesto de relieve la posibilidad de prescindir del elemento cognitivo (el hecho de no tener definido el contenido del dolo en el Código Penal favorece a esto).

Por ejemplo, España es un país que no tiene definidos los elementos del dolo en su Código Penal. Este contexto es el propicio para que se haya desarrollado el caso del futbolista Lionel Messi, en el que se puede apreciar con demasiada claridad la inseguridad jurídica a la que se ven sometidos los ciudadanos. En este caso se discutió una situación de ignorancia deliberada29 en la que falta el elemento cognitivo, y que, sin embargo, se imputó como dolo. Posteriormente, la defensa del futbolista presentó un recurso ante el Tribunal Supremo español, y resumidamente, este Tribunal rechazó la imputación por ignorancia deliberada, pero mantuvo la condena basando su decisión en una imputación al futbolista por dolo eventual.30

POSICIÓN AL RESPECTO DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO

Desde la Constitución de 2008 al menos se intentó31 constitucionalizar el derecho penal y orientar sus fines a la vigencia y respeto de los derechos de los ciudadanos. Al menos en nuestro Estado de derechos, la solución debería ir por esa vía. El hecho de tener conceptualizado el dolo favorece a la seguridad jurídica de las personas. La existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas (art. 82 de la Constitución), le permiten al ciudadano conocer y tener una noción de las reglas de juego que se aplicarán a su situación.32 Todo esto, con la finalidad de evitar una arbitrariedad,33 como ya se hizo referencia en el caso Messi. La seguridad jurídica, como derecho que asiste a los ciudadanos, irradia todo el ordenamiento jurídico, por eso se dice que es transversal.34

Entonces, nos encontramos frente a una Constitución garantista penal35 que legitima un derecho penal mínimo, y que está consciente de que puede favorecer la impunidad, a costa de que ningún inocente sea castigado.36 Así, en aras de sacrificar el avance en la discusión del contenido del dolo y su aplicación práctica, y favorecer la impunidad en ciertos casos, se preferirá la seguridad jurídica que le brinda al ciudadano el hecho de incluir en la norma el concepto y contenido del dolo.

Pero esta solución no es del todo factible, pues el sacrificio que ha tomado el derecho penal ecuatoriano ha sido enorme y ha permitido, junto con otros problemas, el retroceso del derecho penal y la política criminal a la época actual. Por eso, el reto y la reflexión que reviste a la discusión doctrinaria ecuatoriana se enfoca en buscar una forma de legitimar este avance del dolo (y del derecho penal como tal), para que se ajuste al avance del tráfico social y a una política criminal efectiva, sin vulnerar derechos constitucionales. Para lograr esto, el primer paso que debe dar el derecho penal ecuatoriano es cambiar las categorías psicológicas del dolo por unas categorías normativas.

SOBRE LA NORMATIVIZACIÓN DEL DOLO. ¿ES EL DOLO REALMENTE UNA SITUACIÓN INTERNA DEL AUTOR A EFECTOS DE LA IMPUTACIÓN PENAL?

La comprobación de los estados mentales a efectos de afirmar la responsabilidad penal es materialmente imposible, porque no se puede saber científicamente qué es lo que el sujeto conoció y quiso en el momento de la comisión del ilícito,37 a menos que se trate de una autoinculpación.38

Estos cuestionamientos han traído consigo la interrogante de si realmente es necesario el reconocimiento del elemento volitivo del dolo, debido a la dificultad de su verificación en el proceso penal. En la doctrina penal nacional, por ejemplo, se ha propuesto entender a la voluntad como consecuencia necesaria del elemento intelectual (conocimiento) e irrelevante a efectos del dolo.39 Esto es un claro ejemplo de una plena subjetivización del tipo penal, que a efectos de funcionalidad es poco viable, al menos con las nuevas formas de criminalidad.

Entonces, ¿cómo se verifica que el sujeto sabe o conoce? Y ¿cómo se verifica que el sujeto quiere o tiene la voluntad? Se ha partido de la usual idea de que el dolo es un dato psíquico, y es el juez el que mediante ciertas circunstancias externas (indicios) que rodean el hecho, lo comprueba indirectamente40 mediante su íntima convicción.

La doctrina nacional, aportando a la discusión, también ha puesto de relieve que el dolo se puede constatar mediante indicadores fácticos.41 Empero, esto a la final no es una verificación, ni mucho menos una prueba del dolo (tenga el calificativo que sea), esto es una imputación del dolo. Si se parte de la idea de que el aspecto interno no se puede comprobar, salvo la autoinculpación, y se verifica mediante aspectos externos (mediante prueba aportada e íntima convicción del juzgador), lo que el juzgador está haciendo es imputando el dolo al autor del ilícito. Entonces, el dolo no es realmente algo subjetivo, psicológico o mental que se prueba o se verifica en el proceso penal, sino que más bien se imputa de acuerdo con ciertos parámetros externos.

Si realmente la verificación del dolo depende de estos parámetros externos, puede existir la situación de que dos casos similares se solucionen distinto; así, el juzgador, mediante su íntima convicción, en un caso imputa dolo y en otro caso similar no lo hace.42 Esto también puede acarrear cierta inseguridad jurídica. Entonces, cabe la pregunta: ¿es esta la forma correcta de imputar el dolo?, o ¿existen otras formas?

En efecto, existe otro extremo que pretende solucionar el problema: la plena estandarización de la imputación del dolo con base en roles43 desde una perspectiva plenamente normativa, para cuyos efectos es irrelevante la voluntad.44 Es decir, la sociedad se organiza mediante roles, entendidos estos como un sistema de posiciones establecidas normativamente45 en la que la persona es un ideal al que se le atribuyen derechos y deberes.46 En este sentido, a cada persona se le atribuye un rol general47 y/o un rol especial,48 los mismos que imponen deberes. La inobservancia de estos deberes, a efectos de la estandarización, fundamenta el dolo del autor.

Sin embargo, la plena estandarización de la imputación mediante la normativización del tipo subjetivo carecería de legitimidad en nuestro derecho, pues al sujeto por el simple hecho de portar un rol e incumplir un deber ya se le imputaría dolo, lo que desconoce la individualidad y dignidad de la persona en un Estado constitucional. Esto de cierta forma también propaga un derecho penal de autor. Entonces, ¿cuál es la solución?, ¿una plena subjetivización o una plena estandarización? La primera, como se analizó, resulta inaplicable, y la segunda resulta ilegítima. La solución se podría plantear en un punto medio, en un tipo subjetivo más o menos normativizado en el que sí se tomen en cuenta los roles y sus deberes, pero también la individualidad de la persona (individualización de la imputación).49

SOBRE LA IMPUTACIÓN DEL DOLO: EL FUNDAMENTO EN LA EVITABILIDAD INDIVIDUAL

Mucho se ha hablado de los fundamentos en cuanto a las teorías del dolo,50 y se ha puesto de relieve la teoría de la voluntad y la teoría del conocimiento (teorías psicologicistas). Sin embargo, estas no son más que intentos por delimitar la esfera del dolo y la culpa. Cuando el tipo subjetivo ya ha adquirido cierta normativización, es necesario hablar de otros fundamentos que favorezcan de mejor forma la imputación del tipo subjetivo, y en el presente caso, del dolo.

En el derecho penal ecuatoriano no se mira con buenos ojos cuando se habla de "normativización" de las categorías del delito, pues se tiende a generalizar mucho su contenido con la escuela de pensamiento funcionalista, según la cual, existe un uso utilitario del derecho que va en contra del garantismo penal.51 Sin embargo, se ha obviado el hecho de que normativismo y garantismo sí pueden ir de la mano en aras de un mejor derecho penal.

Para entender esta forma de imputación y su fundamento, es necesario entender qué es lo que protege el derecho penal mediante la imposición de la pena. El COIP en su art. 52, entre otros fines, reconoce que la pena tiene una finalidad de prevención general para la comisión de delitos. El COIP no es claro con respecto a qué modalidad de prevención general se refiere en términos de sus objetivos; es decir, si la prevención general tiene como objetivo hacer desistir (intimidar) a los potenciales autores de un delito,52 o si esta prevención general se orienta más a mantener la vigencia de la norma, como un esquema de orientación para los individuos,53 que se conoce también como función de estabilización.54

Esta última concepción ha estado íntimamente vinculada a responder la interrogante de qué es lo que realmente protege el derecho penal. La postura usual parecería ser que el derecho penal protege bienes jurídicos, sin embargo, esto ha sido cuestionado tanto por la doctrina55 cuanto por algunos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador.56 De esta forma, se puede afirmar que el derecho penal mediante la imposición de la pena, no protege bienes jurídicos, sino que sanciona conductas que se apartan comunicativamente de forma evitable del estándar impuesto por la norma, y la reestabiliza.57

Esta imposición de la pena solo resulta legítima y necesaria cuando esta conducta que infringe la norma ha sido evitable por parte del sujeto. El mundo en la actualidad ya no es un mundo desconocido, sino que es un mundo desmitificado58 en el que la herencia de la ilustración ha permitido que cada suceso pueda entenderse y explicarse racionalmente.59 Esto quiere decir que las personas pueden calcular de una u otra forma el alcance de sus actos y evitar las consecuencias lesivas de los mismos.60 Tanto las actuaciones dolosas como culposas se pueden evitar, aunque en grados distintos.61 Esta evitabilidad individual será la que fundamente la imputación subjetiva al autor, incluso, se la puede utilizar para fundamentar la imputación subjetiva a la persona jurídica,62 cuyo tema ha tomado la palestra en la discusión doctrinaria actual.

Se debe tener en cuenta que la conducta dolosa debe haber sido evitable para el autor en concreto, para no caer en una estandarización de la imputación; es decir, deberá ser el sujeto en concreto, atendiendo a sus capacidades, competencias y a su rol; y no con base en la evitabilidad de un sujeto promedio (estandarización plena). Para esta evitabilidad, es necesario tener en cuenta otros parámetros que sirven para ilustrar cuándo realmente el sujeto estaba en capacidad de evitar el resultado, para lo cual se ha hecho referencia a aspectos como las capacidades físicas o intelectuales, o si tenía el deber de evitarlo.63 Así, todo lo que el sujeto no pudo evitar, no se le imputa subjetivamente. En este caso la imputación no se hace desde adentro hacia afuera (una comprobación psicológica), sino desde afuera hacia adentro.64

SOBRE LA EXISTENTE NORMATIVIZACIÓN DE LA CULPA EN EL DERECHO PENAL ECUATORIANO

Para fundamentar este postulado es necesario partir de una idea clave: el derecho penal ecuatoriano ya ha normativizado la culpa contenida en el art. 27 del COIP. Esto se puede deducir fácilmente debido a que la norma no requiere un dato psicológico para la imputación de culpa -a diferencia de lo que hace con el dolo en el art. 26-, sino simplemente requiere la infracción a un deber objetivo de cuidado. Esto se refiere a que se deberá observar parámetros externos que imponen deberes de actuación al sujeto, deberes que deben ser observados para que no se produzca un resultado lesivo, y cuya inobservancia faculta la atribución de culpa. Inicialmente, esto tomó fuerza por los planteamientos de Welzel65 en los que hacía referencia a que estos son tipos abiertos que requieren ser completados por el juez en el caso concreto, atendiendo a criterios generales (del contenido de culpa en el Código Civil, por ejemplo).66 Actualmente se menciona que esta idea de deber objetivo de cuidado reconduce a una idea de la imputación objetiva en términos de superación del riesgo.67




CONCLUSIÓN


A efectos del delito, el tipo subjetivo es sumamente relevante para la imposición de una consecuencia jurídica, por tanto, el COIP se ha adscrito a la configuración de un tipo penal complejo. El dolo en el derecho penal ecuatoriano desde la Constitución de 2008 empezó a tener ciertas variaciones, como consecuencia de los intentos del legislador de constitucionalizar el derecho penal. Aunque estos intentos han sido fértiles, han inclinado el contenido del dolo hacia una situación interna del autor, que incluye la comprobación del conocimiento y la voluntad.

Esta definición ha cerrado la valoración del contenido del dolo a los avances de la sociedad, de tal manera que, lo que no se ajuste a ese contenido del dolo, no se puede imputar como dolo. Así, en ámbitos específicos como el derecho penal económico, existen conductas que no se pueden imputar porque mayoritariamente se realizan con dolo eventual. Esto no sucede en otros países que no tienen definido el dolo y su valoración queda un poco más abierta.

La cuestión de tener definido el dolo también ha presentado una consecuencia positiva que va de la mano con la seguridad jurídica y evita que se cometan arbitrariedades en contra de los derechos de las personas -tal como sucedió en el caso Messi-, en los que se puede llegar a forzar la imputación subjetiva. Por eso en el Ecuador se ha optado por seguir esta última vía, y se ha tenido en cuenta la definición del dolo. Pero el sacrificio que se ha tomado al hacer esto, ha sido demasiado grande, y ha sido una de las causas del retroceso del derecho penal ecuatoriano.

Entonces, el primer reto que se extrae del presente trabajo para la discusión doctrinaria es el encontrar una forma de legitimar este avance del dolo con una política criminal efectiva, sin vulnerar derechos constitucionales. Para lograr esto, como paso previo, primero se deben cambiar las categorías psicológicas que han sido impuestas por el legislador, mediante la normativización del dolo, en cuyo caso ya no se espera verificar una situación interna del autor, sino mediante el significado social de su conducta, atribuirle o imputarle la misma. El trabajo demostró que esto no se debe realizar mediante la plena estandarización de la imputación, sino teniendo en cuenta otros criterios provenientes de la evitabilidad individual que respetan la dignidad humana. Así, no se encuentra impedimento para que el dolo sea normativizado, entendiendo que la culpa ya cuenta con estos parámetros para su imputación. En este sentido, debería eliminarse la definición expresa del dolo en el COIP, y optar más bien por una limitación jurisprudencial de su avance.




NOTAS


[1] Percy García Cavero, Derecho Penal (Lima: Ideas Solución Editorial, 2019), 493-4.

[2] Así, el principio de strict liability en el derecho penal angloamericano, véase Larry Alexander, "Reconsidering the relationship among voluntary acts, strict liability, and negligence in criminal law", Social Philosophy and Policy 7, n.° 2 (1990): 87-8, https://doi.org/10.1017/S0265052500000777 ; con respecto al soporte legislativo del principio de strict liability, véase Darryl K. Brown, "Criminal Law Reform and the Persistence of Strict Liability", Duke Law Journal, n.° 62 (2012): 317-23, https://bit.ly/3VWuyDW.

[3] Claus Roxin, Teoría del tipo penal tipos abiertos y elementos del deber jurídico, trad. Enrique Bacigalupo (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1979), 78-9.

[4] Sobre el tipo penal complejo, Harold Vega Arrieta, "El análisis gramatical del tipo penal", Justicia, n.° 29 (2016): 55, https://doi.org/10.17081/just.21.29.1233.

[5] Así lo regula en su sección primera, desde el art. 25 hasta el 28.1.

[6] Alberto Donna, Teoría del delito y de la pena. 2. Imputación delictiva (Buenos Aires: Astrea, 1995), 83.

[7] En este sentido, un poco crítico Urs Kindhãuser, "El tipo subjetivo en la construcción del delito", InDret, n.° 4 (2008): 5-6, https://bit.ly/3MWnP98; al respecto, en la doctrina nacional, Ermer Valarezo Trejo, Ricardo Valarezo Trejo y Armando Durán Ocampo, "Algunas consideraciones sobre la tipicidad en la teoría del delito", Universidad y Sociedad 11, n.° 1 (2019): 335, https://bit.ly/3SyZ8k1.

[8] Kai Ambos, "Preterintencionalidad y cualificación por el resultado", InDret, n.° 3 (2006): 4, https://bit.ly/3SyYCCB.

[9] Así llamados en sentido propio en el Derecho penal alemán, Günther Jakobs, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 2.a ed., trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González (Madrid: Marcial Pons, 1997), 395-6.

[10] Este anteproyecto, aunque con algunas falencias dogmáticas, estaba muy bien construido y redactado adjetiva, sustantiva y ejecutivamente.

[11] Ecuador Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. La constitucionalización del derecho penal (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009), 97-8. Es una definición apegada a lo que podría considerarse como la doctrina dominante, con un concepto finalista de dolo, que obtuvo comentarios de Eugenio Raúl Zaffaroni.

[12] Ecuador Presidencia de la República, Proyecto de ley del Código Orgánico Integral Penal (Quito: Presidencia de la República, 2011), 17-8, https://bit.ly/3yyT9Vj.

[13] Al respecto de esta similitud, el último inciso del art. 29 del Código Civil menciona que "El dolo consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro".

[14] Ecuador Asamblea Nacional, Informe para primer debate del "Proyecto de Código Orgánico Integral Penal" (Quito: Asamblea Nacional, 2012), 36, https://bit.ly/3yvH6be.

[15] Ecuador Asamblea Nacional, Informe para segundo debate del "Proyecto de Código Orgánico Integral Penal" (Quito: Asamblea Nacional, 2013), 29, https://bit.ly/3COrjqA.

[16] Ibíd., 20.

[17] Ecuador Asamblea Nacional, Texto aprobado por el Pleno de la Asamblea (Quito: Asamblea Nacional, 2013), 32, https://bit.ly/3etO1Lj.

[18] Ecuador Presidencia de la República, Objeción parcial al Proyecto de ley del Código Orgánico Integral Penal (Quito: Presidencia de la República, 2014), 2, https://bit.ly/3Ml6tT2.

[19] Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial 180, Suplemento, 10 de febrero de 2014, 10, https://bit.ly/3ehOSPq.

[20] Ecuador Asamblea Nacional, Informe para segundo debate del "Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal" (Quito: Asamblea Nacional, 2019), 37.

[21] Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial 180, Suplemento, 10 de febrero de 2014, art. 26.

[22] Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho penal. Parte general, 8.a ed. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), 268.

[23] Ibíd., 269.

[24] Claus Roxin, Derecho penal. Parte general, t. I, Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, 2.a ed., trads. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal (Madrid: Civitas, 1997), 308.

[25] En este sentido, de forma crítica a la reforma del art. 26 del Código Orgánico Integral Penal, Víctor Vicente Vásconez, "Las decimonónicas ideas del legislador ecuatoriano: política criminal y dolo en la reforma al COIP", Revista Facultad de Jurisprudencia (PUCE), n.° 7 (2020): 264, https://doi.org/10.26807/rfj.v7i7.228.

[26] Reconoce la labor acertada del legislador, al respecto, García, Derecho Penal, 508.

[27] En este sentido, no existe una definición de dolo en el Código Penal alemán, por eso el contenido del dolo y su naturaleza se desarrollan con base en las disposiciones que regulan el error. Véase Hans-Heinrich Jescheck y Thomas Weigend, Tratado de derecho penal. Parte general, vol. I, 5.a ed., trad. Miguel Olmedo Cardenete (Breña: Instituto Pacífico, 2014), 430.

[28] Esto se debe a la subjetivización de la imputación que se muestra poco funcional. Percy García Cavero, Derecho penal económico. Parte general, 3.a ed. (Lima: Jurista Editores, 2014), 467-8.

[29] Gabriel Pérez Barberá, "¿Dolo como indiferencia? Una discusión con Michael Pawlik sobre ceguera ante los hechos e ignorancia deliberada", En Letra: Derecho Penal 6, n.° 11 (2021): 95, https://bit.ly/3gBWKMp.

[30] Ramón Ragués I Vallés, "¿Dolo sin conocimiento? Reflexiones en torno a la condena por defraudación fiscal de Lionel Messi", En Letra: Derecho Penal 6, n.° 11 (2021): 88, https://bit.ly/3gBWKMp.

[31] Al respecto de la contradicción del discurso de garantías y la práctica penal ecuatoriana, en la doctrina nacional véase Alfonso Zambrano Pasquel, Proceso penal y garantías constitucionales (Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2005), 1.

[32] Ecuador Corte Constitucional, Sentencia 1292-19-EP/21, 15 de diciembre de 2021, 6, https:// bit.ly/3yyd1YO.

[33] En este sentido, Ecuador Corte Constitucional, Sentencia 797-14-EP/20, 19 de mayo de 2020, 4, https://bit.ly/3TePeVy.

[34] Ecuador Corte Constitucional, Sentencia 1342-16-EP/21, 23 de junio de 2021, 6, https://bit.ly/3T0hwUk.

[35] Así, el juez Ramiro Ávila en su voto concurrente a la sentencia n.° 8-20-CN/21, hace referencia a que aunque la Constitución es claramente garantista en el ámbito penal, el Código Orgánico Integral Penal tiene resagos de un funcionalismo mal llevado. Véase Ecuador Corte Constitucional, Sentencia 8-20-CN/21, 18 de agosto de 2021, 16, https://bit.ly/3RRVqBV.

[36] Luigi Ferrajoli, Derecho y razón teoría del garantismo penal (Madrid: Trotta, 1995), 106-7.

[37] Ramón Ragués I Vallés, El dolo y su prueba en el proceso penal (Barcelona: José María Bosch Editor, 1999), 515.

[38] La única forma de verificar estos aspectos es el hecho de que el sujeto mismo los reconozca, pues solo el sujeto sabe lo que conoció y lo que quiso. Ramón Ragués I Vallés, "Consideraciones sobre la prueba del dolo", Revista de Estudios de la Justicia, n.° 4 (2004): 18, https://doi.org/10.5354/rej.v0i4.15029.

[39] En este sentido, en la doctrina nacional, véase Francisco Moreno y Gianina Naranjo, "Dolo: ¿conocimiento y voluntad?", Revista Ruptura, n.° 02 (2020): 555, https://doi.org/10.26807/rr.vi02.43.

[40] García Cavero, Derecho Penal, 390.

[41] En este sentido, Víctor Vásconez Merelo, "El dolo: indicadores objetivos de responsabilidad en el proceso penal", Iuris Dictio, n.° 26 (2020): 175, https://doi.org/10.18272/iu.v26i26.1749.

[42] Al respecto, Ragués I Vallés, "Consideraciones sobre la prueba del dolo", 18-9.

[43] Günther Jakobs, "Sobre la función de la parte subjetiva del delito en derecho penal", Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.° 42 (1989): 637, https://bit.ly/3TsCg73.

[44] Solamente basta el conocimiento, pues es el elemento más importante y según el cual se basa toda la imputación subjetiva. El ejemplo más claro es el del error de tipo, si no existe conocimiento del tipo, no existe tipo penal. Pero si existe conocimiento y no existe voluntad, ningún tipo de error se configura.

[45] Günther Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, trad. Manuel Cancio Meliá (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1997), 22-3.

[46] Günther Jakobs, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, trads. Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez (Madrid: Civitas, 2003), 27.

[47] De esta forma se fundamenta la competencia por organización, al quebrantar el primero de estos roles, el no dañar a los demás; véase José Antonio Caro John, "Algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber", Anuario de Derecho penal (2003).

[48] En estos casos se imponen deberes especiales, que se clasifican por instituciones específicas, en el que el portador del rol debe garantizar la existencia de estas instituciones. Günther Jakobs, La imputación penal de la acción y de la omisión, trad. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996), 55.

[49] Percy García Cavero, "La imputación subjetiva y el proceso penal", Derecho Penal y Criminología 26, n.° 78 (2005): 135, https://bit.ly/3VO2zGF.

[50] Al respecto, para un repaso de todas las teorías del dolo, y de acuerdo a la que sustenta cada doctrinario en cada país, véase Gianni Egidio Piva Torres e Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo, El concepto dogmático del dolo y la culpa penal (Barcelona: José María Bosch Editor, 2020), 63-97.

[51] En este sentido, el juez Ramiro Ávila en su voto concurrente a la sentencia n.° 8-20-CN/21. Véase Ecuador Corte Constitucional, Sentencia 8-20-CN/21, 18 de agosto de 2021, 16, https://bit.ly/3RRVqBV.

[52] Jakobs, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 26.

[53] Con respecto a la delimitación de esta modalidad de prevención general positiva, Günther Jakobs, Sobre la teoría de la pena, trad. Manuel Cancio Meliá (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998), 31-3.

[54] Bernardo Feijóo Sánchez, "Prevención general positiva. Una reflexión en torno a la teoría de la pena de Günther Jakobs", Anuario de derecho penal y ciencias penales (2006): 114-5, https://bit.ly/3z6fJEY. Algunos autores también la incluyen dentro de lo que conocen como función fundamentadora y la critican; así Santiago Mir Puig, "Función fundamentadora y función limitadora de la prevención general positiva", Anuario de derecho penal y ciencias penales (1986): 51-6, https://bit.ly/3gDNqr2.

[55] El derecho penal no garantiza la protección de bienes jurídicos, pues cuando interviene, estos ya han sido lesionados o puestos en peligro, lo que garantiza es la vigencia de la norma. Ver Günther Jakobs, "¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?", en El funcionalismo en el derecho penal, coord. Eduardo Montealegre (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 43.

[56] El juez constitucional Ramiro Ávila se cuestiona el hecho de que la ley penal proteja bienes jurídicos, en el voto concurrente a la sentencia n.° 34-19-IN/21 y acumulados. Véase, Ecuador Corte Constitucional, Sentencia 34-19-IN/21 y acumulados, 28 de abril de 2021, 58, https://bit.ly/3MlxUfr.

[57] Gabriel Pérez Barberá, "El concepto de dolo en el derecho penal. Hacia un abandono definitivo de la idea de dolo como estado mental", Cuadernos de derecho penal 6 (2011): 20, https://doi.org/10.22518/20271743.392.

[58] Günther Jakobs, Dogmática de derecho penal y la configuración normativa de la sociedad (Madrid: Civitas, 2004), 90-3.

[59] Günther Jakobs y Eberhard Struensee, Problemas capitales del derecho penal moderno (Buenos Aires: Editorial Hammurabi S.R.L., 1998), 47-8.

[60] Fernando Córdoba, "Evitabilidad individual y lesividad en la teoría del ilícito", InDret, n.° 3 (2015): 3-4, https://bit.ly/3F8IYuI.

[61] Para diferenciar estos grados de evitabilidad, se ha planteado la teoría de la probabilidad; ver García Cavero, Derecho Penal, 505-6.

[62] Percy García Cavero, "La imputación subjetiva a la persona jurídica", InDret, n.° 2 (2022): 138-40, https://doi.org/10.31009/InDret.2022.i2.04.

[63] Córdoba, "Evitabilidad individual y lesividad en la teoría del ilícito", 13.

[64] José Antonio Caro John, "Imputación subjetiva", Revista peruana de doctrina (2009): 9-10, https://bit.ly/3eTaMsx.

[65] Ángel Torío López, "El deber objetivo de cuidado en los delitos culposos", Anuario de derecho penal y ciencias penales 1 (1974): 29-30, https://bit.ly/3gEePcM.

[66] Hans Welzel, El nuevo sistema de derecho penal, una introducción a la doctrina de la acción finalista, trad. José Cerezo Mir (Buenos Aires: Editorial B de F, 2004), 113-9.

[67] Así, en la doctrina penal nacional María del Carmen Vera y Lyonel Fernando Calderón, "Los comportamientos dolosos en el ámbito del tránsito o tráfico rodado: la diferencia entre el dolo y la culpa como solución interpretativa del ámbito de aplicación del art. 371 COIP del Ecuador", Revista Penal México, n.° 16-17 (2019-2020): 288, https://bit.ly/3MZrHpF.


BIBLIOGRAFÍA


Alexander, Larry. "Reconsidering the relationship among voluntary acts, strict liability, and negligence in criminal law". Social Philosophy and Policy 7, n.° 2 (1990): 84-104. https://doi.org/10.1017/S0265052500000777.

Ambos, Kai. "Preterintencionalidad y cualificación por el resultado". InDret, n.° 3 (2006): 1-38. https://bit.ly/3SyYCCB.

Brown, Darryl K. "Criminal Law Reform and the Persistence of Strict Liability". Duke Law Journal, n.° 62 (2012): 285-338. https://bit.ly/3VWuyDW.

Caro John, José. "Algunas consideraciones sobre los delitos de infracción de deber". Anuario de Derecho penal (2003).

______"Imputación subjetiva". Revista peruana de doctrina (2009): 1-13. https://bit.ly/3eTaMsx.

Córdoba, Fernando. "Evitabilidad individual y lesividad en la teoría del ilícito". InDret, n.° 3 (2015): 1-15. https://bit.ly/3F8IYuI.

Donna, Alberto. Teoría del delito y de la pena. 2. Imputación delictiva. Buenos Aires: Astrea, 1995.

Ecuador. Código Civil. Registro Oficial 46, Suplemento, 24 de junio de 2005.

______. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial 180, Suplemento, 10 de febrero de 2014. https://bit.ly/3ehOSPq.

Ecuador Asamblea Nacional. Informe para primer debate del "Proyecto de Código Orgánico Integral Penal". Quito: Asamblea Nacional, 2012. https://bit.ly/3yvH6be.

______. Informe para segundo debate del "Proyecto de Código Orgánico Integral Penal". Quito: Asamblea Nacional, 2013. https://bit.ly/3COrjqA.

______. Informe para segundo debate del "Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal" . Quito: Asamblea Nacional, 2019.

______. Texto aprobado por el Pleno de la Asamblea. Quito: Asamblea Nacional, 2013. https://bit.ly/3etO1Lj.

Ecuador Corte Constitucional. Sentencia 797-14-EP/20. 19 de mayo de 2020. https://bit.ly/3TePeVy.

______. Sentencia 1292-19-EP/21. 15 de diciembre de 2021. https://bit.ly/3yyd1YO.

______. Sentencia 1342-16-EP/21. 23 de junio de 2021. https://bit.ly/3T0hwUk.

______. Sentencia 8-20-CN/21. 18 de agosto de 2021. https://bit.ly/3RRVqBV.

______. Sentencia 34-19-IN/21 y acumulados. 28 de abril de 2021. https://bit.ly/3MlxUfr.

Ecuador Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales. La constitucionalización del derecho penal. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009.

Ecuador Presidencia de la República. Proyecto de ley del Código Orgánico Integral Penal. Quito: Presidencia de la República, 2011. https://bit.ly/3yyT9Vj.

______. Objeción parcial al Proyecto de ley del Código Orgánico Integral Penal. Quito: Presidencia de la República, 2014. https://bit.ly/3Ml6tT2.

Feijóo Sánchez, Bernardo. "Prevención general positiva. Una reflexión en torno a la teoría de la pena de Günther Jakobs". Anuario de derecho penal y ciencias penales (2006): 111-34. https://bit.ly/3z6fJEY.

Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995.

García Cavero, Percy. Derecho Penal. Lima: Ideas Solución Editorial, 2019.

______. Derecho penal económico. Parte general. 3.a ed. Lima: Jurista Editores, 2014.

______. "La imputación subjetiva a la persona jurídica". InDret, n.° 2 (2022): 132-48. https://doi.org/10.31009/InDret.2022.i2.04.

______. "La imputación subjetiva y el proceso penal". Derecho Penal y Criminología 26, n.° 78 (2005): 125-36. https://bit.ly/3VO2zGF.

Jakobs, Günther. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. 2a ed. Traducido por Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González. Madrid: Marcial Pons, 1997.

______. Dogmática de derecho penal y la configuración normativa de la sociedad. Madrid: Civitas, 2004.

______. La imputación objetiva en el derecho penal. Traducido por Manuel Cancio Meliá. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 1997.

______. La imputación penal de la acción y de la omisión. Traducido por Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996.

______. "¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?". En El funcionalismo en el derecho penal, coordinado por Eduardo Montealegre, 39-57. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.

______. "Sobre la función de la parte subjetiva del delito en Derecho penal". Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.° 42 (1989): 633-52. https://bit.ly/3TsCg73.

______. Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal. Traducido por Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez. Madrid: Civitas, 2003.

______. Sobre la teoría de la pena. Traducido por Manuel Cancio Meliá. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998.

Jakobs, Günther, y Eberhard Struensee. Problemas capitales del derecho penal moderno. Buenos Aires: Editorial Hammurabi S.R.L., 1998.

Jescheck, Hans-Heinrich, y Thomas Weigend. Tratado de derecho penal. Parte general. Vol. I. 5.a ed. Traducido por Miguel Olmedo Cardenete. Breña: Instituto Pacífico, 2014.

Kindhäuser, Urs. "El tipo subjetivo en la construcción del delito". InDret, n.° 4 (2008): 1-35. https://bit.ly/3MWnP98.

Mir Puig, Santiago. "Función fundamentadora y función limitadora de la prevención general positiva". Anuario de derecho penal y ciencias penales (1986): 49-58. https://bit.ly/3gDNqr2.

Moreno, Francisco, y Gianina Naranjo, "Dolo: ¿conocimiento y voluntad?". Revista Ruptura, n.° 2 (2020): 533-59. https://doi.org/10.26807/rr.vi02.43.

Muñoz Conde, Francisco, y Mercedes García Arán. Derecho penal. Parte general. 8.a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010.

Pérez Barberá, Gabriel. "¿Dolo como indiferencia? Una discusión con Michael Pawlik sobre ceguera ante los hechos e ignorancia deliberada". En Letra: Derecho Penal 6, n.° 11 (2021): 91-139. https://bit.ly/3gBWKMp.

______. "El concepto de dolo en el derecho penal. Hacia un abandono definitivo de la idea de dolo como estado mental". Cuadernos de derecho penal 6 (2011): 11-49. https://doi.org/10.22518/20271743.392.

Piva Torres, Gianni, e Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo. El concepto dogmático del dolo y la culpa penal. Barcelona: José María Bosch Editor, 2020.

Ragués I Vallés, Ramón. "Consideraciones sobre la prueba del dolo". Revista de Estudios de la Justicia, n.° 4 (2004): 13-26. https://doi.org/10.5354/rej.v0i4.15029.

______. "¿Dolo sin conocimiento? Reflexiones en torno a la condena por defraudación fiscal de Lionel Messi". En Letra: Derecho Penal 6, n.° 11 (2021): 72-90. https://bit.ly/3gBWKMp .

______. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: José María Bosch Editor, 1999.

Roxin, Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. 2.a ed. Traducido por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas , 1997.

______. Teoría del tipo penal, tipos abiertos y elementos del deber jurídico. Traducido por Enrique Bacigalupo. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1979.

Torío López, Ángel. "El deber objetivo de cuidado en los delitos culposos". Anuario de derecho penal y ciencias penales 1 (1974): 25-60. https://bit.ly/3gEePcM.

Valarezo Trejo, Ermer, Ricardo Valarezo Trejo y Armando Durán Ocampo. "Algunas consideraciones sobre la tipicidad en la teoría del delito". Universidad y Sociedad 11, n.° 1 (2019): 331-8. https://bit.ly/3SyZ8k1.

Vásconez Merelo, Víctor. "El dolo: indicadores objetivos de responsabilidad en el proceso penal". Iuris Dictio, n.° 26 (2020): 161-76. https://doi.org/10.18272/iu.v26i26.1749.

______. "Las decimonónicas ideas del legislador ecuatoriano: política criminal y dolo en la reforma al COIP". Revista Facultad de Jurisprudencia (PUCE) n.° 7 (2020): 24667. https://doi.org/10.26807/rfj.v7i7.228.

Vega Arrieta, Harold. "El análisis gramatical del tipo penal". Justicia, n.° 29 (2016): 53-71. https://doi.org/10.17081/just.21.29.1233.

Vera, María del Carmen, y Lyonel Fernando Calderón. "Los comportamientos dolosos en el ámbito del tránsito o tráfico rodado: la diferencia entre el dolo y la culpa como solución interpretativa del ámbito de aplicación del art. 371 COIP del Ecuador". Revista Penal México, n.° 16-17 (2019-2020): 283-300. https://bit.ly/3MZrHpF.

Welzel, Hans. El nuevo sistema de derecho penal, una introducción a la doctrina de la acción finalista. Traducido por José Cerezo Mir. Buenos Aires: Editorial B de F, 2004.

Zambrano Pasquel, Alfonso. Proceso penal y garantías constitucionales. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2005.