INTRODUCCIÓN

El pluralismo jurídico atraviesa un estancamiento, un periodo de crisis circular.¹ Sus conceptos fundamentales se exponen cíclicamente, sin aportar nuevas ideas al debate sobre este concepto.² La realidad que conocían los teóricos centrales, principalmente sociólogos y antropólogos jurídicos, es distinta a la realidad actual de las sociedades latinoamericanas. Esta diferencia se debe a que estas sociedades han avanzado en el reconocimiento normativo en los derechos internacional y constitucional de la pluralidad en sus ámbitos cultural, nacional y jurídico. Es por ello que, de cara a la realidad social es necesario que la ciencia jurídica, a través de los científicos del derecho y haciendo uso, especialmente, de las herramientas de la dogmática del Derecho constitucional, asuma como objeto de estudio el pluralismo jurídico.³ Esto, para que se realicen propuestas que ofrezcan soluciones acordes con la realidad de los Estados con población indígena o plurinacionales.⁴

Se trata de darle vida al pensamiento científico contemporáneo a través de una corriente jurídica permanente de estudios aplicados del pluralismo. Y es Latinoamérica la llamada a realizar esas propuestas teórico-jurídicas en tanto corresponden a su realidad. El paradigma del Estado-nación, no corresponde a la realidad de estos Estados por cuanto la mayoría de ellos son Estados plurinacionales-pluriculturales. Existe una población originaria, con su cosmovisión y su Derecho propio anterior a la existencia del Estado en sus territorios, y cuyo reconocimiento hace hoy parte, entre otras, de las Constituciones de Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Perú y Venezuela, a través de la consagración del pluralismo como principio constitucional.

Al día de hoy, el pluralismo jurídico no tiene autonomía propia de cara a la ciencia jurídica, ya que esta ha sido plenamente sustituida por las disciplinas sociológica y antropológica, en las que ha quedado absorbido de manera confusa.⁵ El arraigo a los conceptos de estas disciplinas y la clasificación del pluralismo jurídico en débil y fuerte,⁶ a pesar de la matización intentada por algunos autores,⁷ hace que el pluralismo jurídico se salga de los límites que naturalmente debería tener. Libros, tesis y artículos sobre el pluralismo jurídico permiten cuestionarse sobre si hace parte o no de la ciencia jurídica, pues contienen principios de antropología, sociología, psicología, de todo, menos derecho. Se abordan temas extensos sociológicos o antropológicos difusos que, aun siendo fundados, no están respaldados por la investigación jurídica, lo que según Correas los hace poco científicos.⁸

Dichas investigaciones pasan por alto los ordenamientos jurídicos de los Estados. No se interesan en conocerlos, ni por establecer un diálogo entre los sistemas normativos que los integran y que consecuencialmente pueda facilitar el diálogo entre jurisdicciones. Sus intereses son mantener la dicotomía entre el monismo y el pluralismo jurídico desde su perspectiva. No se ha construido una teoría jurídica sobre el pluralismo jurídico porque los investigadores no han sido científicos del derecho stricto sensu, cuando lo cierto es que esta construcción dogmática de las instituciones del pluralismo jurídico debe realizarse con base en los principios del derecho positivo vigente. No goza el pluralismo jurídico de la simpatía de los abogados y los jueces. La verdad es que no se discute acerca del pluralismo jurídico como debe ser porque se conoce poco y, al menos en Latinoamérica, las facultades de derecho en pregrado tienen parte de responsabilidad en esta insuficiencia.

Así las cosas, se abordará el siguiente problema: ¿Cuáles podrían ser las soluciones iniciales que el derecho puede proponer para superar la crisis por la que atraviesa actualmente el desarrollo del pluralismo jurídico? Para lograr lo anterior, se planteará un estudio sucinto sobre las razones de la crisis que vive el pluralismo jurídico (i) y que permitirán presentar, de manera indicativa, una serie de soluciones a las mismas (ii) ilustradas de forma breve a partir del escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia.⁹

LA CRISIS DEL PLURALISMO JURÍDICO EN RELACIÓN CON EL DERECHO INDÍGENA

La crisis

El pluralismo se emplea en muchos contextos y dado que se pueden individualizar, el contexto jurídico es solo uno de ellos.¹⁰ Las ciencias que actualmente estudian el pluralismo jurídico, definido como la coexistencia de más de un sistema jurídico en un espacio social,¹¹ lo hacen al margen del derecho positivo vigente.¹² Derecho positivo que debe ser considerado en el sentido más amplio posible, en su concepto de ordenamiento jurídico: Constitución, bloque de constitucionalidad, Derecho propio indígena, ley, etc. La orientación normativa, como en otro tiempo ha ocurrido, debe corregir precisamente ese error. El pluralismo jurídico no puede ser únicamente un capítulo de la sociología o antropología jurídica.

Los juristas deben ocuparse de los principios que han de guiar al Estado en el ejercicio de su derecho, en este evento, del pluralismo jurídico. El derecho positivo, en todas sus formas, es el objeto del cual deben ocuparse las investigaciones jurídico- científicas al ser una consecuencia de la idea misma del derecho. La orientación sociológica y antropológica del pluralismo jurídico, basada en las circunstancias poscoloniales del derecho en los países no europeo occidentales,¹³ ha logrado apartarse del derecho, olvidando que la ciencia del derecho debe renovarse, precisamente, a partir de los datos suministrados por la ciencia antropológica y sociológica. Es decir, es necesaria una articulación entre estas ciencias. Sin embargo, el estudio actual se ha detenido en los medios, o sea, en el estudio de la antropología y la sociología, prescindiendo de cualquier tipo de descripción, armonización e interpretación de normas jurídicas, que, en el caso de los pueblos indígenas, será siempre contextual.

Los autores y estudios centrales sobre el pluralismo jurídico, como se ha venido manifestando, son de la sociología y la antropología jurídica. Los trabajos se han realizado desde una perspectiva social, sin tener en cuenta lo jurídico. Sus intereses han sido el de visualizar otros mecanismos de control social distintos al Derecho, sin diferenciar entre el control social informal o formal en una sociedad determinada,¹⁴ y esto ha generado, como lo ha dicho Tamanaha, cierta incertidumbre.¹⁵ Tratan al derecho estatal como uno de los muchos derechos existentes en la sociedad, en el que, incluso, las organizaciones criminales serían lugares de producción jurídica, a pesar de lo problemático que resulta en sociedades azotadas por el narcotráfico y la delincuencia. Así, teniendo en cuenta que en la ciencia jurídica no todo puede ser derecho, el pluralismo jurídico deviene un fenómeno social y no un fenómeno jurídico. En este último evento, considerando que el positivismo jurídico destaca que el Estado es el orden jurídico,¹⁶ se hablaría de un pluralismo jurídico positivo o, en palabras de Twining,¹⁷ de un pluralismo normativo,¹⁸ para diferenciarlo del pluralismo jurídico que exponen los sociólogos y antropólogos jurídicos como corriente que cuestiona el monismo jurídico.

A partir de los trabajos de Griffiths, Merry y Moore, la categoría de pluralismo jurídico se introdujo a la antropología del derecho para observar la coexistencia de diferentes ordenamientos “jurídicos”, particularmente en el contexto de sociedades colonizadas. ¹⁹ Es así como en la literatura existente sobre el pluralismo jurídico, dos de sus autores centrales, Cotterrell y Griffiths, entienden por monismo jurídico el Derecho que es producido por el Estado y administrado por sus órganos, el que estudian los abogados y aplican los jueces para dictar sus sentencias, igual para toda la sociedad y excluyente de cualquier otra forma de derecho.²⁰ De acuerdo con sus exponentes, para que se reconociera al pluralismo jurídico era menester rechazar lo que denominan, la ideología del centralismo jurídico del Estado-nación.²¹

La mayoría de estos autores coinciden en señalar el trabajo de Ehrlich como el más importante referente, al indicar que el derecho del Estado no es el único derecho existente en la sociedad.²² Ehrlich articuló la idea del “derecho vivo” en contraposición al derecho del Estado que aplican los tribunales, este derecho vivo es el que domina la vida misma, aunque no haya sido postulado por disposiciones legales y cuya fuente de observación directa es la cotidianidad y todas las asociaciones, incluso las desaprobadas por la ley.²³ Frente a lo anterior, es necesario afirmar que el Derecho indígena no se encuadra en esta categoría así definida por Ehrlich, porque si bien es un derecho vivo, existe desde antes del surgimiento del Estado, se ha mantenido hasta la actualidad con mayor seguridad, certeza y efectividad que la del derecho de creación de los Estados, hasta el punto de haber sido incorporado hoy al Derecho positivo estatal a través del reconocimiento constitucional. Independientemente de los debates alrededor de la cuestión, la estructura que se asume de lo plural en el presente escrito, se hace desde el punto de vista formal, el de la existencia de un pluralismo jurídico reconocido dentro de un sistema. Y que, además, es igualitario, porque los sistemas normativos dentro de dicho sistema se encuentran en condiciones de igualdad y con reglas o principios de coordinación para articularse y resolver los conflictos de competencia.²⁴

El reconocimiento de los sistemas normativos indígenas en las constituciones latinoamericanas

Los textos sobre pluralismo jurídico con enfoque sociológico o antropológico, y que han sido el fundamento de la mayoría de las investigaciones realizadas con posterioridad y hasta la actualidad datan de los años ochenta, y sus intereses no tenían como propósito específico justificar la coexistencia del derecho propio de los pueblos o naciones indígenas con el derecho de un Estado, sino el de definir de manera general el pluralismo jurídico en un campo social.²⁵ A partir de los noventa, este contexto cambió sustancialmente, empezando con la Constitución colombiana de 1991, pasando por los procesos constitucionales de Ecuador y Bolivia en el 2008 y 2009, y posiblemente pueda también suceder en Chile después de su plebiscito constitucional del 2020. Estamos ante un nuevo constitucionalismo latinoamericano²⁶ o pluralismo jurídico plurinacional.²⁷

En efecto, a través de reformas o promulgaciones, el pluralismo jurídico se empezó a positivizar en algunos Estados latinoamericanos con población indígena en sus respectivas Constituciones. Se tienen los casos, de México,²⁸ Colombia,²⁹ Perú,³⁰ Venezuela,³¹ Bolivia³² y Ecuador.³³ En estos dos últimos, además, se consagra de forma expresa la plurinacionalidad. Tales declaraciones culturales o políticas logran en estos países con población indígena su mayor conquista normativa a través de su constitucionalización. En Bolivia, desde la Constitución Política del Estado de 2009, la plurinacionalidad adquiere un “carácter fundacional, previo y transversal”, desempeñando un rol central en todo el ordenamiento jurídico, cuya cima es la Constitución y “es con este sentido nuclear constitucional con el que debe ser interpretada por los operadores jurídicos, aplicadores e interpretadores de las normas de la Constitución”, y cuya “interculturalidad se traduce en plurinacionalidad cuando adquiere forma ‘político- institucional’, ‘jurídica’ y específicamente ‘jurisdiccional’”.³⁴

Otro paso importante en la positivización del pluralismo jurídico fue la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los ordenamientos jurídicos de los Estados latinoamericanos con población indígena mediante las cláusulas de remisión de las Constituciones. A través del bloque de constitucionalidad,³⁵ se incorporan a la Constitución instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de manera que estos se transforman en derechos fundamentales porque se constitucionalizan con dicha incorporación. De esta manera, en virtud del bloque de constitucionalidad el Derecho Internacional de los derechos humanos, logra una fuerza normativa constitucional dentro de los Estados, y se efectiviza a través de garantías básicas como la vinculación del legislador y la tutela judicial directa, en consonancia con la rigidez constitucional.

Dentro de estos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos se encuentra la Convención 169 de la OIT de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que busca proteger los derechos de los pueblos indígenas y que ha sido ratificado por casi todos los Estados latinoamericanos con población indígena. Su artículo 8 reconoce el principio del pluralismo jurídico, al reconocer el Derecho y la jurisdicción de los pueblos indígenas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales o los derechos humanos y al consagrar el deber a los Estados de establecer procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

Asimismo, es importante mencionar las Declaraciones de las Naciones Unidas de 2007 y Americana de 2016 sobre los derechos de los pueblos indígenas, que aun cuando no han sido ratificadas por todos los Estados de América Latina, como herramientas de soft law, si orientan la interpretación del pluralismo jurídico. Con respecto al instrumento de las Naciones Unidas de 2007, Bolivia aprobó la declaración mediante la Ley n.º 3760 de 7 de noviembre del mismo año, por lo que adquiere una fuerza normativa vinculante y obligatoria dentro del ordenamiento jurídico boliviano. Esta experiencia legislativa, además de ser un gran avance en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, no solo en el ámbito interno, sino internacional, es un referente de voluntad política y de adopción normativa para los demás Estados con población indígena.

Se puede afirmar entonces, que si bien el pluralismo jurídico ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente por medio del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y que ha sido positivizado como principio constitucional en las Constituciones de algunos Estados de América Latina, dicho principio constitucional debe pasar de su fase meramente fundacional a la fase de su consolidación; y el punto de partida para realizar esta transición, es que los estudiosos del derecho asuman el pluralismo jurídico como objeto de sus investigaciones para su desarrollo y aplicación útil en la vida práctica de nuestras sociedades plurinacionales-pluriculturales y que requieren necesariamente lograr un diálogo intercultural de tipo normativo entre sistemas que haga posible y viable la coordinación entre jurisdicciones, esto es, la estatal y la indígena.

Ahora bien, se podría objetar que lo manifestado es una posición occidental que afecta la libre determinación de los pueblos indígenas. Sin embargo, también se puede predicar lo mismo de la perspectiva de la sociología y la antropología jurídica. Y de cara a la afectación, teniendo en cuenta el contexto actual de la plurinacionalidad y del pluralismo jurídico, podría preguntarse ¿cuál es la perspectiva que le sirve a los pueblos o naciones indígenas para garantizar la efectividad de sus derechos individuales y colectivos en sus territorios? Se considera, desde una visión indígena, que no es otra que la perspectiva jurídica que propone Twining: el pluralismo normativo. Hay que reconocer que la sociología y la antropología jurídica ayudaron o sirvieron de impulso para llegar a esa fase fundacional del pluralismo jurídico; pero, ahora, se debe avanzar hacia la fase de consolidación con la ayuda de la ciencia del derecho. Con base en la norma fundamental, es decir, la Constitución, se debe transitar del paradigma constitucional mononacional-monocultural al paradigma constitucional plurinacional-pluricultural.³⁶

UNA PROPUESTA DE ESTUDIO DEL PLURALISMO JURÍDICO DESDE EL MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL

Respecto del pluralismo jurídico, hay que distinguir, mas no separar, la ciencia jurídica de la antropología y de la sociología jurídica, reduciendo la ciencia jurídica, como sucedió antes con el derecho penal,³⁷ a una teoría del derecho de la disciplina jurídica del pluralismo jurídico. En definitiva, limitarlo a un estudio general y especial del pluralismo jurídico desde el punto de vista normativo, como fenómeno regulado por el ordenamiento jurídico positivo en Latinoamérica y que, además, incluya su perspectiva subjetiva. Esta última debe ser entendida no como la facultad de los destinatarios de elegir una de las diferentes normas autorizadas por los sistemas plurales,³⁸ sino como el tipo de conflictos interpersonales entre sistemas o jurisdicciones en los países con población indígena para determinar qué jurisdicción tiene la potestad para conocer de la controversia,³⁹ teniendo en cuenta imperativamente la cosmovisión y el carácter colectivista y oral de las normas del sistema normativo de los pueblos indígenas. ⁴⁰ La observación y entendimiento correctos de los conflictos normativos son indispensables para manejarlos y resolverlos, sin los cuales el pluralismo jurídico no podría mantenerse en paz.⁴¹

Por consiguiente, la orientación jurídica en el contexto de los Estados plurinacionales es la única posible en una ciencia precisamente jurídica, y de manera especial es la única orientación de la cual puede esperarse una deconstrucción del derecho de la casi inexistente estructura científica del pluralismo jurídico.⁴² Deconstruir no es destruir o determinar el verdadero significado o intención del derecho,⁴³ o de modo particular del pluralismo jurídico. Esta actividad que se realizaría pensando en su utilidad práctica para el operador jurídico, en los ámbitos de la administración de justicia estatal e indígena, tiene la capacidad de advertir los problemas pragmáticos con que colisiona el derecho vigente en su aplicación jurisdiccional a los casos concretos, y como quiera que debe darse cuenta de la forma como el derecho plural vigente logra alcanzar los fines esenciales establecidos en la Constitución.

Si bien se reconoce que la ciencia del derecho y la sociología y la antropología jurídica tienen en común el objeto de estudio, a saber, el pluralismo jurídico, estos son diferentes por el método y el fin, el cual, en relación con la ciencia jurídica del pluralismo jurídico, consiste especialmente en aportar a la práctica jurídica guías para la aplicación del derecho plural vigente en los casos concretos. El pluralismo jurídico es el contenido de aquellas normas del Estado en la Constitución, mediante las cuales se ligan los diversos sistemas normativos. El trabajo inmediato de la ciencia jurídica en este contexto consiste entonces en el estudio técnico jurídico de los sistemas normativos que integran el ordenamiento jurídico de un Estado plurinacional, donde los medios para estudiar el derecho plural vigente serían precisamente la sociología y la antropología jurídica, considerándose en un todo con el pluralismo jurídico.

Al estudiar la ciencia jurídica, el pluralismo contenido en las normas jurídicas que se refieren al relacionamiento de los sistemas normativos, determinaría fundamentalmente su diferencia con las otras ciencias a pesar de la identidad del objeto de estudio. Lo que se requiere es que se limite el objeto de las investigaciones al estudio exclusivo del derecho plural de un Estado y, de acuerdo con sus medios, del único pluralismo jurídico que existe como dato de la experiencia, o sea, el pluralismo normativo. El propósito es que se limite a estudiar el pluralismo jurídico desde el punto de vista puro y simplemente jurídico, como hecho regulado por normas de derecho objetivo plural, dejándoles a las otras ciencias el estudio del hecho social. Esa distinción, o desconstrucción, no tiene como finalidad, de ningún modo, formalizar el estudio del pluralismo jurídico separándolo radicalmente de la realidad social y cultural. Cuando se dice por ejemplo que la ciencia jurídica estudia el pluralismo jurídico como fenómeno jurídico y la sociología como fenómeno social, tan solo se está estableciendo el objeto y los límites de tales ciencias. Pero al mismo tiempo, se establece el trabajo armónico que debe existir entre ellas. En consecuencia, el estudio del pluralismo jurídico será esencialmente un estudio técnico-jurídico; lo cual no quiere decir que el investigador del pluralismo jurídico no coordine, a veces, su trabajo con la sociología y la antropología jurídica. Esta distinción o deconstrucción entre ciencias no es separación científica. En efecto, el pluralismo jurídico es primigeniamente un concepto histórico, cultural y social, y por esto, el estudio de sus antecedentes y evolución resulta necesario también para entender su realidad actual.

Ahora bien, haciendo referencia concreta al objeto de esta sub-parte, se presentan de manera general e ilustrativa, algunos casos en los que se ha positivizado el pluralismo jurídico a través de reformas y promulgaciones constitucionales en algunos Estados latinoamericanos con población indígena, como Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Perú y Venezuela. Por ende, frente a la jurisdicción indígena, el diálogo normativo que buscaría efectivizar el pluralismo jurídico se podría graficar de la siguiente manera:

Gráfico 1. Pluralismo formal igualitario

Fuente y elaboración propia.

Se tiene en la cúspide a la Constitución, producto de una Asamblea Constituyente, cuya redacción generalmente se caracteriza por la pluralidad al integrar diversos movimientos políticos y sociales, incluidos los indígenas, luego se podría aseverar que son constituciones plurales. Son constituciones que consagran como principio el pluralismo jurídico y a través del bloque de constitucionalidad integran a las mismas el Convenio 169 de la OIT. Normativamente, reconocen la plurinacionalidad o la diversidad étnica y cultural de sus sociedades plurales y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los pueblos indígenas dentro de su espacio territorial, de acuerdo con sus propias normas y procedimientos.

A partir de estos principios constitucionales, que deben ser “tenido[s] en cuenta por los jueces y juristas que toman decisiones de obligatoriedad jurídica”,⁴⁴ se señala que tales sistemas normativos, a partir de la Constitución que es su punto arquimédico, internamente están compuestos por dos subsistemas que se encuentran en un plano horizontal. Bajo este entendido, su fundamentación es principialística. Por un lado, el sistema normativo estatal en sentido estricto, de creación del Estado, y por el otro, el no creado, sino reconocido por el Estado a través de la Constitución, esto es, el de los sistemas normativos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Se hace la caracterización del sistema normativo estatal en sentido estricto porque, a partir del reconocimiento en la Constitución, el sistema normativo de las naciones indígenas integra el ordenamiento jurídico o derecho estatal general plurinacional-pluricultural, configurándose como una de las formas de regulación que integran el derecho positivo y de allí el desafío de cambio de paradigma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será el punto de partida para explicar ilustrativamente, de manera general y amplia, el pluralismo jurídico como objeto de estudio que debe asumir la ciencia jurídica, haciendo referencia al caso colombiano, frente al derecho propio y la jurisdicción indígena, se deben distinguir dos escenarios estatales en sentido estricto: el ordinario y el transicional. El ordinario se refiere a la justicia ordinaria, y el transicional, para efectos de este artículo, a la JEP. La Constitución colombiana en los artículos 1 y 7 consagra los principios del pluralismo jurídico y la diversidad étnica y cultural y el artículo 93 el bloque de constitucionalidad que incorpora el Convenio 169 de la OIT. Su artículo 246 consagra que la ley establecerá las formas de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena (JEI). Sin embargo, el Congreso no ha expedido esta ley. Mientras, en el caso de la JEP, que entró en funcionamiento el 15 de enero de 2018, estos mecanismos de coordinación con la JEI se implementaron con el Reglamento Interno de la JEP adoptado el 3 de marzo de 2020 que estableció que la coordinación entre las jurisdicciones se guiará por el principio del pluralismo jurídico.

38 magistrados componen la JEP, 8 de los cuales son étnicos: 4 afros y 4 indígenas. Estos magistrados integran una Comisión Étnica, que asesora a través de la emisión de conceptos la implementación del enfoque étnico en todas las actuaciones de la Jurisdicción y serán los guardianes del pluralismo jurídico en el escenario transicional. La JEP aplica un marco jurídico en materia étnica, producto del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las FARC-EP. Además, si bien esta jurisdicción tiene competencia prevalente sobre otras jurisdicciones respecto a conductas relacionadas con el conflicto armado interno antes del 1 de diciembre de 2016, esta prevalencia no opera automáticamente con la JEI porque con esta la JEP debe activar los mecanismos de coordinación y articulación.

Esto, debido a que el Acuerdo Final para la Paz consagra un Capítulo Étnico, cuya inclusión lograron los pueblos étnicos en la Mesa de negociación, y en él que se estableció que la JEP debe respetar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial (i) y debe crear mecanismos para la articulación y coordinación con la JEI según el mandato del artículo 246 de la Constitución (ii). Esta normatividad fue consultada previamente con los pueblos indígenas en Colombia y está contenida en el Reglamento Interno de la JEP por disposición del bloque de constitucionalidad, lo que hace que esta experiencia de consulta previa a los pueblos étnicos de los instrumentos de justicia transicional sea única. Además, estos dos principios están contenidos en la Ley estatutaria de administración de justicia de la JEP y en el Acto Legislativo n.º 01 de 2017, como reforma Constitucional que incorporó la JEP a la Constitución y elevó a rango constitucional el enfoque diferencial que incluye el enfoque indígena. Asimismo, las Reglas de procedimiento de la JEP consagran a la autoridad indígena como interviniente especial en los procedimientos judiciales y en cumplimiento de los acuerdos de consulta previa, la Comisión Étnica expidió el Protocolo 001 de 2019 para la coordinación, articulación interjurisdiccional y diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz.

La obligación de activar los mecanismos de articulación y coordinación con la JEI, ocurrirá cuando se trate del territorio o de procesados o víctimas individuales o colectivas que pertenezcan a un pueblo o nación indígena.⁴⁵ Por otra parte, en el marco de la interculturalidad, se ha pasado del diálogo normativo al diálogo interjurisdiccional. Se han realizado audiencias judiciales de coordinación interjurisdiccional entre autoridades de la JEP y la JEI en un plano horizontal,⁴⁶ igualitario y de convivialidad,⁴⁷ en donde se ha articulado con pertinencia étnica las actuaciones en los territorios de los pueblos indígenas o se ha determinado la competencia entre las jurisdicciones. La JEP, en sus decisiones, en el ámbito de su competencia, ha reconocido la validez obligatoria y vinculante de las providencias judiciales emitidas por la JEI.⁴⁸ En los eventos en que las autoridades indígenas no actúan en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, en los casos en que se ha definido la competencia a favor de la JEP, pueden intervenir en las actuaciones judiciales en calidad de intervinientes especiales con facultades similares a las del Ministerio Público, esto es, “en defensa del pluralismo jurídico y su derecho propio, de su territorio, o de los derechos y garantías fundamentales o colectivas de su pueblo”.⁴⁹ Igualmente, la JEP y los pueblos indígenas han mantenido un diálogo intercultural a través de canales institucionales, académicos e informales.

Finalmente, la JEP ha emitido providencias judiciales para relacionarse con la JEI y materializar el pluralismo jurídico por medio del reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y el diálogo directo y horizontal en las relaciones entre Autoridades Indígenas y Magistrados de la JEP. Sin embargo, todavía no se han emitido las primeras sentencias sancionatorias, las cuáles deberán cumplirse en territorios ancestrales cuando se impongan a miembros de los pueblos indígenas. Ello constituirá un importante elemento de análisis.