INTRODUCCIÓN

La temática LGBTI¹ en Ecuador, en los últimos años, ha dado pasos importantes en el reconocimiento y respeto de la libertad e identidad individual de las personas. No obstante esto, es innegable que los enfoques colectivos son normalmente regidos desde un enfoque de heteronormatividad y cisnormatividad.² De la misma manera, los estudios criminológicos largamente han ignorado las diversas formas del género que se dilucidan como no binarias y que, sobre todo e históricamente, se han etiquetado de manera errónea como desviaciones al comportamiento. La Opinión Consultiva 24/17 (en adelante “OC-24/17”) expedida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) a finales de 2017 trae a consideración importantes reivindicaciones en aras de la protección de derechos innatos a dichos grupos.

La OC-24/17 tiene implicaciones directas en la interpretación del derecho a la identidad y de la libertad individual que los Estados deben garantizar a sus ciudadanos que, a su vez, plantean la reflexión sobre el umbral de ampliación e interpretación de derechos dentro de las legislaciones domésticas y el respeto a personas LGBTI. La función consultiva de la Corte es la interpretación pro homine de los derechos fundamentales y su aplicación vinculante constituye fuente de derecho no solo a la propia Corte, sino para los países que acuden a la misma, conminando a los Estados en acoger cambios legislativos o administrativos que erradiquen la discriminación y promuevan la igualdad de oportunidades a toda escala, incluyendo los ejes laborales, de seguridad social, a la salud (inclusive en modificaciones corporales relativas a identidad de género y sexual), entre otras.³

En este sentido, la forma de dividir grupos en cuanto a su sexo dentro de las prisiones probablemente ha sido muy poco cuestionada desde la masificación del sistema penitenciario en el mundo. Para las autoridades gubernamentales siempre ha sido muy coherente una separación masculina-femenina; nada más alejado de la realidad.

Este ensayo apunta a realizar una aproximación teórica sobre las implicaciones de la OC-24/17 en cuanto al sistema penitenciario en Ecuador refiere y el derecho a la identidad de personas trans dentro del mismo. De forma simbólica, se intentará hacer un llamado al respeto de las libertades individuales y a una sociedad más justa. Cabe destacar que la bibliografía e investigaciones sobre personas transgénero es escasa en el contexto criminológico, más aún dentro del sistema penitenciario. Por tanto, invita a los investigadores a llenar este espacio para la propuesta y creación de políticas públicas y de direccionamiento estatal.

El presente trabajo está dividido en tres partes: la primera intentará hacer un análisis de los elementos fundamentales de la OC-24/17, en relación con la visibilización de grupos transgénero dentro del sistema penitenciario en Ecuador. En la segunda parte, se realizará un breve repaso sobre el sistema carcelario en el país y la implicación del reconocimiento de minorías, como lo son los grupos LGBTI dentro del mismo y se citarán ejemplos vigentes en otros sistemas. Finalmente, se abordarán las implicaciones que tiene a nivel penitenciario la OC-24/17 y la necesidad de incluir estas nuevas percepciones dentro de la prisión.

SOBRE LOS GRUPOS TRANSGÉNERO Y LAS CÁRCELES. IDENTIDAD Y AUTODETERMINACIÓN DENTRO DE UN SISTEMA OPRESIVO

El trabajo de Michel Foucault está fuertemente vinculado a las construcciones modernas de sexualidad y poder, así como del desarrollo de la prisión en las sociedades occidentales contemporáneas. El prisma en el que se aprecian dichas corrientes ha moldeado la cosmovisión en las que la academia abarca (con diversas críticas) estas nociones. El poder, concebido desde una perspectiva foucaultiana, se ve plasmado en numerosas prácticas heteronormativas y cisnormativas que exacerban en la actualidad comportamientos discriminatorios que excluyen aún más a muchos grupos LGBTI en la sociedad. Deconstruir y reconstruir las percepciones de género en nuestra región constituye una radiografía del poder constituido de órdenes políticos y culturales que subyugan un género a otros en todas las esferas de lo cotidiano.⁴

Para esto, la Corte IDH, mediante la OC-24/17, señala la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género, no solo de la identidad “auto percibida”; más a la que se recibe en perspectiva desde lo externo (Inter partes), sea esta real o no. Por tanto, se enmarca como un derecho protegido bajo el artículo 1.1 del Pacto de San José.⁵ Asimismo, resalta que los cambios en los registros públicos sobre la identidad autopercibida no deberán ser engorrosos, y su requisito sine qua non será el de un “consentimiento libre e informado del solicitante”⁶ según sea la necesidad y decisión de autodefinirse.

De forma reiterada, la OC-24/17 indica que las personas LGBTI se encuentran altamente expuestas a diversas formas de discriminación, violencia y estigmatización social, tanto en lo público como en lo privado. Esto, incluyendo una suerte de “discriminación oficial” en la que los Estados no ajustan sus marcos normativos a las diversas realidades sociales, y que, por tanto, se limita únicamente a proveer una asistencia unidireccional a diversos grupos; sean estos sistemas oficiales, por ejemplo, en centros de salud públicos o dentro del andamiaje jurisdiccional y de rehabilitación de penas, o no oficiales, mediante la normalización de comportamientos discriminatorios y excluyentes. Esto, sin contar con factores sociales que agravan dicha segregación dentro del sistema penitenciario, como son la etnicidad o la situación socioeconómica. Estos últimos, ejes neurales de contra quien (en su amplia mayoría) se ejerce con más fuerza el poder punitivo del Estado.⁷

Y es que la violencia de género en Ecuador se manifiesta no solo en contra de mujeres, sino que, en mayor medida, en contra de grupos LGBTI. Son dos caras de una misma moneda. En un país donde seis de cada diez mujeres mayores de quince años han sufrido algún tipo de violencia física (38%), psicológica (53,9%), sexual (25,7%) o patrimonial (16,7%),⁸ no resulta complejo predecir que estas agresiones se expanden a otras identidades de género y sexuales. En 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la primera investigación sobre las condiciones de vida e inclusión social sobre poblaciones LGBTI en el país,⁹ con el objeto de crear un acercamiento estadístico a grupos históricamente ignorados. En el estudio se demostró como del universo de personas entrevistadas (2.805 personas de la comunidad LGBTI), el 70,9% reportó haber experimentado algún tipo de discriminación, 65,9% vivió rechazo y 61,4% padeció de alguna forma de violencia; todas las anteriores desde un entorno familiar. De la misma manera, 27,3% de la población encuestada expresó haber experimentado actos violentos por parte de agentes de seguridad. De aquellos, un 94,1% mediante abusos verbales y un 45,8% reportó detenciones arbitrarias.¹⁰ El estudio denotó además que únicamente un 8,3% de las víctimas denunciaron estos hechos; porque hacerlo implicaba exponer su identidad, asunto que muchos prefieren no hacerlo.

La Constitución del Ecuador cuenta con un espíritu garantista de protección de derechos inherentes a la dignidad humana. Sus preceptos son armónicos con la mayoría de los instrumentos internacionales de protección ratificados por el Ecuador. Visibiliza a grupos LGBTI en un contexto constitucional y prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluyendo la identidad sexual y de género. Empero, la normativa secundaria no define una correcta reclasificación del género acorde a la realidad. Por tanto, es necesaria una reevaluación de los conceptos de género, identidad de género y orientación sexual para proveer una protección integral de derechos a personas transgénero dentro del sistema penal. Pero ¿qué es un privado de libertad transgénero?

Tradicionalmente se definiría como transgénero a una persona que no se identifica con el género biológico asignado al nacer en una mera concepción binaria,¹¹ comúnmente dicho como “nacer en el cuerpo equivocado”. Pero esta expresión no abarca la totalidad del tema. Connel¹² menciona que no toda persona trans siente esta discordancia en su cuerpo, así como muchos no sienten la necesidad de alterar su anatomía, sea mediante procesos quirúrgicos o químicos. Muchos de ellos albergan esta sensación en su fuero interno sin ser expresada a lo largo de sus vidas, otros acaban con esta. En reiterados estudios se ha demostrado mayor riesgo de suicidios en poblaciones trans.¹³ Las personas transgénero se aprecian fuera de su género asignado al nacer para ser vistas con el género con el que se autoidentifican de forma temporal o permanente.¹⁴ Es un término “paraguas” que abarca una variedad de apreciaciones propias sobre los estudios de género.¹⁵ La identidad de género, como reflejo de la libertad individual, debe permitir una autodefinición fuera de un esquema par que permita una reclasificación a nivel estatal del mismo y atenciones focalizadas a tan diversos grupos.

Por otra parte, la imposición de un género estrictamente binario desde una perspectiva legal resulta un peso injusto a aquellos que se encuentran bajo la tutela del sistema de rehabilitación de penas. Este trato desequilibrado no solo será una carga durante el tiempo imputado como castigo; constituirá además un doble estatus de segregación posterior al cumplimiento de esta al existir en nuestros sistemas públicos el libre acceso al (plenamente inconstitucional) certificado de antecedentes penales. La lucha por una igualdad de derechos resulta desequilibrada en perjuicio de personas trans al punto de apreciarse como una “ciudadanía reducida”.¹⁶ En consecuencia, los movimientos feministas en aras de la igualdad son importantes para los grupos trans con el fin de llegar a entornos de equidad de género e igualdad de oportunidades. Empero, dichos esfuerzos se tornan insuficientes.

En repetidas ocasiones ha expresado el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas su preocupación por la violencia y actos discriminatorios ejercidos “en todas las regiones del mundo” por razones de orientación sexual y/o identidad de género.¹⁷ Gentlewarrior y Fountain señalan la desproporcionada tasa de violencia sexual en contra de personas identificadas como LGBTI, lo que conduce a un ostracismo social a muchos de ellos frente al públicamente exponer su orientación sexual, dificultando la creación de una estadística confiable de grupos LGBTI en diversos ambientes.¹⁸ Al mismo tiempo, estos hechos violentos se encuentran ligados al desarrollo de condiciones psicológicas negativas, así como a la propensión al abuso de sustancias; sin contar con la revictimización a la que son expuestos luego de las agresiones al intentar denunciar estos delitos. De ahí la imperante necesidad de crear conciencia en la población y sobre el respeto a grupos identificados como LGBTI una adecuada capacitación a los servidores públicos en general (profesionales de la salud, funcionarios judiciales, guías penitenciarios, etc.).

En este sentido, uno de los elementos consustanciales del derecho a la identidad abarca un amplio abanico de protección de derechos conexos, entres los cuales se entiende la dignidad humana, la autonomía individual, el derecho a la vida y de su integridad física, sexual y psicológica.¹⁹ El rol que cumplen los Estados en precautelar el ejercicio pleno de los derechos incluye la protección de las personas transgénero, así como el acceso a servicios y prestaciones estatales sin ser víctimas de discriminación. Concretamente, servicios diversos como la seguridad social, el empleo, la red de salud pública, la educación, así como un trato diferenciado (de requerirse) dentro del sistema de rehabilitación de penas.

En este punto confluye, muchas veces, una doble calidad de protección bajo grupos de atención prioritaria; esto es, como personas privadas de la libertad, así como las víctimas de violencia sexual, pues se estima que las personas identificadas como LGBTI están expuestas a un riesgo mayor de victimización sexual con relación al resto de la población, además de las barreras inherentes del sistema debido a fobias arraigadas y construidas socialmente como son la homofobia y la transfobia.²⁰ La disconformidad propia con el género en personas trans trae consigo un alto riesgo de depresión y/o tendencias suicidas.²¹ El Estado, en su posición de garante, debe asegurar la coexistencia de las diversas individualidades e identidades, de género o sexuales, promoviendo el respeto y resguardando su integridad.²²

Siguiendo esta misma línea, los Principios de Yogyakarta, que recogen la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre su orientación sexual e identidad de género, conmina a los Estados al respeto de los derechos de los privados de libertad de forma independiente a la identificación propia en grupos LGBTI (Principio Noveno). Además de intentar garantizar un trato digno, se promueve a que los países opten a que “en la medida que sea posible, todas las personas privadas de su libertad participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género”.²³

Con relación al contexto nacional, la categoría prohibitiva de no discriminación no solo es establecida por la Constitución del Ecuador, sino que, a su vez, se recoge en los diversos instrumentos de derechos humanos que el país es signatario. Además, el Código Orgánico Integral Penal incluye el “Delito de odio” como tipo penal sancionatorio de actos de violencia física o psicológica por razones de identidad de género u orientación sexual. Por el contrario, y más allá de la punitividad, es necesario promover la aceptación hacia identidades distintas en la sociedad para poder reducir cualquier acto de violencia; lo que a su vez implicaría que las personas que se autoidentifican dentro de grupos LGBTI puedan acceder en equidad de oportunidades al mercado laboral, lo que contribuye a disminuir el riesgo de adicciones y problemas de salud mental, entre otros.²⁴ Por otro lado, la normalización de formas de violencia directa (mediante abusos físicos o psicológicos), violencia estructural (bajo construcciones sistémicas que merman el acceso igualitario a oportunidades y de bienes a los grupos LGBTI) o de violencia cultural²⁵ (representada por la prevalencia de la heteronormatividad de la sociedad) en contra de grupos LGBTI, arraigan la problemática en la sociedad, la cual muchas veces se resiste a brindar un trato igualitario.

El sistema binario sobre el sexo que social y culturalmente se ha cimentado en una gran cantidad de países en el mundo ignora o desconoce construcciones fuera de esta paridad y esto se refleja en diversos ámbitos de la cotidianidad. La definición propia de género y sexo representan aspectos inseparables de la libertad individual y la autodeterminación.

Jennes,²⁶ en su investigación Agnes Goes to Prison, recopiló la información extraída de entrevistas a 315 prisioneros transgénero alrededor de 27 prisiones en California, Estados Unidos. Este trabajo dentro de uno de los sistemas penitenciarios más grandes del mundo, con diversidad de microcosmos dentro de cada prisión, hizo un recuento de las interacciones de prisioneros trans con los no trans, describiendo un sistema eminentemente heteronormativo; en donde lo visto como masculino cuenta con especiales privilegios y lo femenino es muchas veces denigrado. No obstante, describió los mecanismos mediante los cuales los prisioneros trans ocupan un lugar dentro del sistema y cohabitan con otros internos. Los primeros, buscando una “autenticidad de género”; esto es, mantener su identidad propia expresándose acorde a su autodefinición con el fin de adquirir respeto o evitar violencia física o sexual (lo que no siempre resulta sencillo o producente). Los segundos, pretendiendo mantener jerarquías patriarcales, cumpliendo un rol de “protectores y proveedores” cuando cohabitan en una relación sentimental con una persona trans.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN ECUADOR?

El debate normativo y criminológico acerca de las tendencias de la punitividad dentro del sistema de rehabilitación alrededor del mundo es variado. Pese al rápido giro hacia un mundo globalizado en las últimas décadas, no existe una política sancionatoria unidireccional en las “sociedades occidentales”. Foucault, Durkheim o Garland²⁷ las explicaron como un entramado de normas socioculturales y económicas que rigen a los Estados; fuertemente influenciadas por la historia propia de cada país, miedos sociales o grupos de poder. A su vez, el neoliberalismo, entendido como la liberalización del mercado y la libre competencia, ha sido inevitablemente señalado como nexo causal entre castigo e índices de poblaciones carcelarias. Si bien es cierto que este análisis no pretende profundizar en el debate neoliberalismo-penalidad, la tesis resulta útil al esbozar la imagen del sistema penitenciario en el país. Sozzo²⁸ defiende la postura en que la expansión del neoliberalismo en América Latina desde los años de 1970 es el origen de la masificación de la punitividad en la región. Iturralde,²⁹ por su parte, menciona que la tesis de ingreso económico por persona vs. el incremento de privados de libertad es menos predecible de lo que se cree. Ejemplo de esto es que, pese a la reducción consistente de los índices de inequidad durante la ola de izquierda en la región, las cifras de privados de libertad se radicalizaron de forma altamente notable en casi todos sus países.

Downes y Hansen³⁰ alegan que, pese a la necesidad de mayor investigación, no se puede pasar por alto que los Estados que más fondos destinan (en relación con su Producto Interno Bruto (PIB)) en proyectos de inversión social cuentan con índices de privados de libertad mucho menores que los países que no invierten de igual medida. En el caso del Ecuador, el estado calamitoso social e históricamente aceptado de las cárceles requería un profundo análisis e intervención. Al inicio del período gubernamental 2007-2017, la declaratoria de emergencia al sistema penitenciario y el indulto a las mulas del narcotráfico (otorgado por la Asamblea Nacional Constituyente) que benefició a cerca de 2.300 personas dentro del sistema carcelario redujo significativamente la población penitenciaria por un corto tiempo y puso en contexto la crisis vivida dentro de las cárceles. No obstante, el balance al final del mandato no es alentador. Entre 2008 y mayo de 2018, el número de personas privadas de libertad se triplicó de 12.067 a la cifra de 37.798; esto significa un índice de 332 personas por cada 100.000 habitantes.³¹ Y se cree que cada mes se incrementa dicho número en 400 personas adicionales.³²

Es de notar que, durante este tiempo, el Ecuador redujo en casi diez puntos porcentuales el coeficiente de Gini,³³ atenuando las brechas de inequidad en su población. En contraste, la “paradoja de la penalidad neoliberal”³⁴ en la que, pese a reducción de la pobreza, brechas de inequidad y alta inversión social en Ecuador; se vio maximizada una agresiva política estatal con un aumento indiscriminado de las tasas de reclusión en todo el país.

El Ecuador no tiene registros de grupos LGBTI dentro del sistema carcelario. La categorización de un privado de libertad transgénero, de forma casi inevitable para los agentes penitenciarios y funcionarios estatales, será bajo la etiqueta de “gay”. Lo cual crea un desacierto al atender y poner de manifiesto las necesidades individuales y de respeto a la individualidad de quienes se autodefinen como trans, debido a que conviven en sistemas designados únicamente para hombres, adoptando su identidad como no-normativa a la visión estatal y su asignación dentro de sus infraestructuras. En efecto, constituyen minorías dentro del aparato punitivo del Estado que los obliga a ser invisibles y renunciar a su autodefinición. En comparación, Jennes³⁵ indica que una persona trans en una prisión de California es trece veces más propensa de ser víctima de violencia sexual que otros prisioneros no-transgénero.

Por otra parte, el debate sobre la creación de unidades transgénero dentro de las cárceles no deja de ser altamente contencioso. En Reino Unido, tras la apertura de la primera unidad transgénero en marzo de 2019, en una cárcel femenina, movimientos sociales alzaron su voz considerando que podría ser contraproducente el admitir la sola declaración de autodefinición de género por parte de las personas para su traslado; alegando que un considerable porcentaje de la población penitenciaria cumple sentencias por delitos sexuales.³⁶ El Ministerio de Justicia de ese país reporta que el 19% de sus prisioneros cumplen condenas bajo esta categoría de delito³⁷ y reconoce el claro peligro que implica el no asignar a los prisioneros transgénero según la identidad con la que se reconocen. Igualmente, al ser injusto un aislamiento por su identidad, es importante el desarrollo de unidades especializadas con personal debidamente preparado. ³⁸ De forma comparativa, el Ministerio de Justicia del Ecuador reporta que un 3% del universo carcelario responde al cometimiento de abuso sexual y un 7% al delito de violación.³⁹ El ejemplo del Reino Unido es práctico para este estudio, porque reconoce la dificultad inherente al entorno carcelario que, en razón del alto riesgo en contra de la integridad física y psicológica de los grupos transgénero, optó por la creación de unidades especializadas sin acceso a la población carcelaria femenina dentro de la misma prisión.

El poder alcanzar sistemas reales implica no solo voluntad gubernamental, sino que resulta importante la aceptación y participación por parte de la ciudadanía en la adopción de políticas inclusivas en clave de género. En Canadá, antes de la implementación de medidas inclusivas dentro del sistema penal y después de la publicación del Canadian Human Rights Act, el 84% de sus habitantes apoyaban reformas que aumenten y promuevan la protección de personas trans en todas las esferas posibles.⁴⁰ En 2016 Ontario se convirtió en la primera provincia canadiense en admitir a sus privados de libertad basados en la identidad autopercibida, a ser llamados según el pronombre elegido.⁴¹ En 2018 el sistema canadiense implementó una revisión profunda de sus políticas para reasignar a sus prisioneros, permitiendo que personas transgénero sean ubicadas según su preferencia “sin tener en cuenta su anatomía (sexo) o género en sus documentos de identificación, a menos que existan problemas de salud o seguridad que no se puedan resolver”.⁴² Entre los lineamientos adoptados dentro del sistema correccional canadiense se contemplan: una comunicación con lenguaje inclusivo hacia los prisioneros; confidencialidad relativa a la identidad de género, que solo será compartida con las personas a cargo del interno y exclusivamente cuando hacerlo sea necesario; utilizar el pronombre elegido por la persona privada de libertad; elaboración de protocolos direccionados en facilitar el día a día de las personas transgénero dentro del sistema como lo son la expresión de su identidad, áreas de aseo diferenciadas, vigilancia personal, entre otras; la posibilidad de que los internos puedan acceder a bienes de consumo de catálogos tanto de hombres como de mujeres, así como el uso de indumentaria y accesorios personales según su identidad.⁴³

En el contexto europeo, la tesis de la “excepcionalidad nórdica” –en cuanto a su sistema penal refiere– describe a estos países como un modelo global del respeto a los derechos humanos y su capacidad real de reinsertar a las personas en la sociedad luego del cumplimiento de una sentencia privativa de libertad.⁴⁴ No obstante, muchas críticas surgen respecto al tratamiento dentro de sus paredes hacia diversos grupos. Suecia, pese a sus bajos niveles de encarcelación, es criticada por la severidad hacia los migrantes dentro del sistema penal, siendo un sistema menos represivo para los nacionales. Por su parte, Noruega, además del tratamiento diferenciado en perjuicio de los migrantes,⁴⁵ es blanco de observaciones al destacarse la vulnerabilidad de grupos transgénero dentro del sistema de rehabilitación de penas. Una de las causas principales consiste en la falta de investigación académica sobre poblaciones trans en ese país, así como el desconocimiento estatal sobre la población numérica LGBTI dentro de las prisiones.⁴⁶

Ahora bien, según el World Prison Brief,⁴⁷ hasta marzo de 2018 y bajo datos oficiales por parte del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la población carcelaria femenina en Ecuador oscila el 7,8% del total de privados de libertad. Por consiguiente, el restante 92,2% corresponde a población masculina, en apego al conteo binario estatal. Esto es importante porque refleja la exacerbada vulnerabilidad en el grupo mayoritario dado que, la transfobia y homofobia, con su consiguiente riesgo de ser víctimas de abuso físico y sexual por parte de sus pares, es considerablemente mayor en las personas trans en su transición de masculino a femenino.⁴⁸ Adicionalmente, el vínculo entre transfobia y misoginia no resulta tan oscuro en sociedades en donde, desde una perspectiva masculina y femenina, el rol de la mujer ha sido histórica e injustamente degradado: “las mujeres transgénero enfrentan una doble desventaja porque decidieron ser femeninas en un mundo en que mujeres y hombres devalúan la feminidad”.⁴⁹ Las fobias hacia los grupos LGBTI podrían entonces ser apreciadas desde la estructura patriarcal y heteronormativa de la sociedad, siendo necesario expandir el entendimiento de cómo las formas en que la violencia de género se manifiesta y recurrir a los medios idóneos para sensibilizar a la población en general sobre estos hechos tan gravosos.

Si bien es cierto que la OC-24/17 no menciona expresamente la implicación de esta dentro de las prisiones, el paraguas de protección que conlleva obliga a reconsiderar su umbral de aplicación en los regímenes carcelarios. Lamentablemente, la adopción de políticas inclusivas (alrededor del mundo) suelen olvidar a las instituciones penales. Mientras las autoridades gubernamentales y los políticos de turno sean más proclives al endurecimiento de las penas frente a los delitos de odio (populismo penal), el resultado más probable será el acentuar las características homofóbicas y transfóbicas en la sociedad. Por el contrario, el endurecimiento de las sanciones no contribuirá en nada si no se tiene la capacidad de ir a las razones fundamentales de estos comportamientos reprochables, entiéndanse estas, principalmente, el machismo y la violencia de género en todas sus manifestaciones.

El debate aún tiene muchas aristas en Ecuador. A pesar de que en la actualidad apenas se empieza a discutir dentro de la jurisdicción constitucional el matrimonio igualitario, la intolerancia hacia la igualdad formal y material para con grupos LGBTI es palpable dentro de la sociedad. Karl Popper y su paradoja de la tolerancia describe cómo las sociedades, en la búsqueda de entornos más tolerantes, deben ser intolerantes con la intolerancia. En definitiva, se necesita promover el respeto y la protección a la identidad de género y sexual que cada individuo desea para sí mismo. No es utópico, es un sistema alcanzable.