Durante la década pasada, nuestro país vivió un crecimiento de ingresos, el que adoptó la forma de un soborno del Estado a la sociedad mediante el consumo. Este engorde artificial de algunas variables económicas y sociales no incluyó al desarrollo ciudadano y de los sistemas institucionales. El deslumbramiento de los ecuatorianos con la riqueza subjetiva –creíamos que éramos más ricos de lo que podíamos ser– incluyó un intercambio entre el sacrificio de libertades civiles y políticas con la aceptación momentánea de un importante deterioro institucional, en el que la pérdida de autonomía universitaria se correlacionó estrechamente con una forma estatal autoritaria.

Debo aclarar que formulo estas notas para una revista institucional, las que se enuncian desde un espacio que luchó por excluirse de esta tendencia general, la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que orgullosamente ejerzo, de modo periódico, la cátedra de Descentralización. En ese encuentro periódico con los estudiantes enfatizo, una y otra vez, hasta el cansancio, en la necesidad de restablecer las confianzas intergubernamentales, territoriales y sociales cuyo punto de partida es la desconcentración del poder y la responsabilización de los actores sociales e institucionales.

El abuso de la autoridad de la década pasada se ejerció contra una sociedad que apenas se recuperaba de la crisis nacional de finales del siglo. Y tuvo formas distintas de la oleada de los años 70 en América del Sur. La transgresión de los derechos humanos no atentó directa ni masivamente contra la existencia de los ciudadanos sino a través de un progresivo deterioro institucional, en que las mismas instituciones fueron modificadas sustancialmente convirtiéndolas en instrumentos del endurecimiento democrático. Proceso del que no estuvo ausente un componente populista y de seducción de la aceptación popular.

La década pasada en Ecuador se caracterizó, fundamentalmente, por la incapacidad estatal y del partido gobernante para entender que el momento del desarrollo que vivió el país fue el momento de la sociedad. Nuestra democracia en sus 40 años ha pasado de un momento estatal, sus primeros 20 años impregnados de un estilo de articulación a la economía, a un momento del mercado, sus siguientes 10 años. Y cuando debió inaugurarse el momento de la sociedad, que se insinuaba en la Constitución de 2008, abruptamente se deslizó hacia el autoritarismo, es decir, la suma concentrada de Estado y mercado para el control de la sociedad, para el control contra la sociedad. Y dentro de ella, de la universidad.

La década pasada se caracterizó por un moldeamiento del Estado destinado a ejercer control sobre la sociedad. De un lado, la imposición de la noción lineal de que el Ejecutivo y sus operadores se habrían constituido en la residencia del bien público con exclusión de toda otra forma o actor; mientras que, de otro lado, se procedió a un rediseño institucional en que las garantías para el ejercicio de los derechos que se ofertó a la población consistió en la centralización política –de la mala política y del excedente económico– que se lo concibió como una forma necesariamente espuria.

Sin embargo, ahora el contexto político ha permitido un cambio de actitud de los actores incluyendo a los universitarios, pero aún insuficiente, especialmente en las universidades, porque precisan plantearse metas superiores en relación con la sociedad.

La autonomía no es la ausencia de regulación, ni la competencia con la soberanía estatal, esto es la capacidad de autodeterminación de la nación. La autonomía son grados y formas de ejercicio de la democracia: capacidad de los sujetos de la sociedad –la universidad, por ejemplo– para administrarse, dictarse reglas, representarse, es decir, establecer relaciones entre sus partes y con los otros, dentro de los límites del acuerdo social, léase la ley y la política pública legítimamente originadas.

Difícilmente se les puede pedir a las conciencias estatales –la planificación– que entiendan los momentos estratégicos de las naciones. Pero sí les debemos (y les debimos) exigir a las universidades que produzcan ese conocimiento. En la coyuntura no lo hicieron. El silencio conceptual y técnico de la universidad ecuatoriana en la última década fue evidente. Pero demos un paso adelante.

Las formas de autonomía están vinculadas inexorablemente con la forma de la comunidad universitaria que las sostiene. La evidente pluralidad debe tener un pluralismo esencial en su respuesta. Por lo tanto, el hilo conceptual de este discurso repele un modelo estandarizado, porque impide justamente la creatividad democrática en la gobernanza y en el conocimiento basado en la diferencia. Es de fundamental importancia que cada universidad explore los conceptos que estructuran a la autonomía.

Y también es una forma de relación de la gobernanza de la comunidad universitaria en vínculo con la sociedad y con la política. Cada actor, cada comunidad universitaria, presenta/debe presentar una comprensión de esos vínculos, como libertades académicas enmarcadas en las responsabilidades ante sus sociedades (comunidades académicas), ante la sociedad (el control social de la gestión de un bien público) y ante el Estado (administrador colectivo de una relación social).

Como ha sido evidente durante este período, las condiciones políticas nacionales crean el contexto determinante para el libre flujo competitivo en la gobernanza universitaria. Y claro está, el concepto de autonomía universitaria y la misma autonomía son resilientes con la dictadura, capacidad de resistencia a la crisis, que no fue suficiente en la década perdida.

La universidad es una asociación democrática. Esto es, asociaciones de intereses autorreferidos y de referencia que se produce en el intercambio como construcción necesaria de identidad. Las dos son sus formas necesarias.

Desde el carácter mismo de cada universidad debemos aportar a la transición a la democracia en sus nudos más importantes, tales como el rediseño de los organismos de control y regulación económico, las instituciones de la gobernanza social, la justicia constitucional y el sistema electoral.

Para terminar estas notas debo enfatizar en una forma olvidada por la universidad ecuatoriana: la reflexión sobre sí misma. La que debe dar inicio a la otra modalidad olvidada, el pensamiento crítico permanente sobre la comunidad, más allá de la misma comunidad universitaria, esto es, cooperando con el rediseño del sistema institucional para alejar al Ecuador de la perversa asociación de las instituciones con la corrupción y el autoritarismo.