La Constitución de la República del Ecuador prevé un Estado democrático, participativo, bajo un régimen de república y descentralizado, justamente para olvidar el pasado que contemplaba un Estado benefactor, centralista y único prestador de servicios, por un Estado moderno, flexible y con competencias territoriales que promuevan un desarrollo integral en sus pueblos de forma sostenible.
Este cambio de paradigma ha generado en el Ecuador un constante ejercicio político en las autoridades al frente de los distintos niveles de gobierno, sobre todo en los gobiernos denominados subnacionales que bajo el amparo de la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) tienen responsabilidades competenciales definidas y diferenciadas bajo los criterios de autonomía y descentralización política, administrativa y financiera.
Este encargo se institucionaliza en los órganos administrativos de gobierno como son: la Junta Parroquial, el Municipio y el Consejo Provincial al darles una gran responsabilidad para tomar las mejores decisiones en favor de los mandantes, sus ciudadanos, de su respectiva circunscripción territorial, a través de un ciclo de gestión pública eficiente, de calidad y con calidez; si a ello se suma la sociedad de forma crítica y activa en el desarrollo de su entorno, todo este esfuerzo permite constituirse en un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).
La descentralización se constituye en un mecanismo importante y obligatorio, ya que asigna competencias exclusivas a cada nivel de gobierno sub-nacional y también permite el uso de estrategias para establecer acuerdos y compromisos (competencias concurrentes) entre los gobiernos subnacionales, otros actores públicos y/o privados, es decir, lo que Aguilar Villanueva (2006) denomina gobernanza, refiriéndose a la forma de coordinación de la acción colectiva, que es la que promueve formas asociativas para gobernar, más allá de la subordinación de actores para formar redes interinstitucionales formales e informales que persigan objetivos comunes.
En este marco, la efectividad del desarrollo de las competencias dependerá de los servicios, proyectos y programas planificados y ejecutados por las autoridades locales, estas acciones merecen toda la atención de los niveles ejecutivo y legislativo local, ya que estos parten del registro y diagnóstico de las necesidades y problemas de los territorios y sus pobladores, los mismos que no tienen una sola causa, es decir, son multicausales, y bajo la premisa de que en materia pública se hace estrictamente lo que determina la ley, la toma de decisiones por parte de los gobernantes debe buscar la mayor integralidad posible en el marco de lo que se le tiene permitido a cada nivel de gobierno promoviendo modelos de gestión compartidos como son las empresas mixtas, las mancomunidades o consorcios, por mencionar algunos.
Otro elemento a considerar es que estas acciones/servicios de la gestión pública se propongan como políticas públicas, concibiéndolas como "los proyectos gubernamentales y actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y futuro" (Dye 1998, 78); por tanto, resulta fundamental promover en cada GAD que estas acciones/servicios se conciban de forma sistémica, lo que Nuria Cunill, referente en América Latina sobre políticas sociales, propone como intersectorialidad, bajo los principios de la inclusión y gestión compartida, en el marco de la legislación vigente, al tiempo de que sean los propios actores del desarrollo de su respectiva circunscripción territorial quienes conozcan y se apropien de estos para así garantizar su permanencia en el tiempo.
Además de pretender que una política pública local eficiente sea un esfuerzo de todos para garantizar que las planificaciones locales (planes de desarrollo y ordenamiento territorial) sean brújulas que apunten al desarrollo local, complementariamente, Amartya Sen (2007), en su teoría de la elección pública, identifica en cada actor del territorio una oportunidad para afectar positivamente al desarrollo; basadas en sus capacidades, talentos y recursos para aportar con eficiencia y equidad a las políticas sociales.
El presente número plantea un abanico de artículos importantes para el análisis de diferentes acciones tratadas desde una lógica competencial, en donde lo técnico y lo político convergen para destacar los esfuerzos administrativos que deben procurar los GAD para conseguir la gobernabilidad y gobernanza local. Al mismo tiempo, se plantea que las relaciones multinivel e intersectorial se vuelven claves para su sostenibilidad en el tiempo, teniendo en cuenta que el individuo, las organizaciones sociales, el sector privado, entre otros, pueden ser parte de esta apuesta siempre y cuando se los involucre desde la formulación de las iniciativas e incorpore en ellas sus contextos, coyunturas, tradiciones o apuestas a futuro, para no solo constituirnos en sociedades resilientes frente a problemas adversos, sino además una sociedad colaborativa y productiva que sugiera mecanismos y estrategias para conseguir sus aspiraciones colectivas.