Introducción

La Comunidad Andina (CAN) es uno de los proyectos de integración regional más antiguos del mundo, en el contexto de la integración regional misma, que como tal no se extiende en el pasado más allá de finales de la década de 1940. Nacida como Pacto Andino en 1969, con la firma del Acuerdo de Cartagena entre Bolivia, Chile (que se retiraría en 1976), Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (que formó parte entre 1973 y 2006), aspiraba a “fortalecer la unión de sus pueblos y sentar las bases para avanzar hacia la formación de una comunidad subregional andina”.¹ El Pacto Andino fue un proceso que, con altibajos, guió las relaciones de los países de la costa del Pacífico de Sudamérica desde finales de los años sesenta hasta mediados de los noventa.

El Pacto Andino se reestructuró en 1996, año en el que se constituyó la CAN y el Sistema Andino de Integración (SAI), que otorgó un nuevo marco jurídico e institucional al organismo que se proyectó hacia un tipo de integración ampliado,² que supere la aproximación económico comercial con la cual había funcionado hasta el momento. Sin embargo pareciera que la restructuración llegó de manera tardía; lo que se constató con una reingeniería en 2013,³ que fue “un reflejo de las visiones crecientemente discordantes entre los países miembros sobre estrategias de desarrollo, modalidades de inserción en la economía global y sobre los alcances y profundidad deseados del proceso mismo de integración”. ⁴ Esto demostró que la CAN era un proyecto en el cual los Estados parte habían adoptado procesos internos demasiado diversos y donde las comunidades que los conformaban no habían sido vinculadas de manera suficientemente activa como para sentirse identificadas con el proceso.

Esta afirmación se ha visto confirmada en los diversos sucesos ocurridos a comienzos del siglo XXI, entre los que figuran la adopción de Tratados de Libre Comercio (TLC) por parte de Colombia y Perú con Estados Unidos en 2006, lo que rompió con la unión aduanera que se estaba gestando entre los países andinos y además impulsó al abandono de la CAN por parte de Venezuela y su subsecuente adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur).⁵ Por otro lado, cabe mencionar que la adhesión de Bolivia a Mercosur, no significó su salida del proceso de integración andino, sino que planteó un complejo dilema acerca de la doble pertenencia;⁶ a lo que también se sumó una posible salida del organismo de Ecuador, anunciada por el Presidente Rafael Correa.⁷ Todos estos elementos demuestran que la Comunidad Andina vive un período de inestabilidad prolongada y se enfrenta a un posible colapso que amenaza con la pérdida de su tan proclamado acervo histórico.

En la actualidad, es observable que muchos de los procesos de integración regional a nivel mundial se enfrentan a crisis sociales y de legitimidad debido a una falta de vinculación con varios sectores de la sociedad civil, lo que genera amenazas de un retorno a políticas de aislacionismo nacional, en búsqueda de retomar el control de la toma de decisiones y la maniobrabilidad del Estado al momento de establecer relaciones con otros países en términos de independencia y autonomía. En este contexto la CAN no es ninguna excepción, si bien es cierto que el mismo Acuerdo de Cartagena reconocía como objetivo en su Artículo 129 la “afirmación de la identidad cultural y de formación de valores ciudadanos para la integración del área andina”,⁸ la actividad en el campo social se empezó a aplicar apenas en los últimos años.⁹

Este factor, sumado a otras variables, como el avance de la globalización, la aceleración de las comunicaciones e intercambios con nuevos actores estatales y no estatales, los cambios en las dinámicas de comercio, la transnacionalización de problemas que antes eran cuestiones únicamente de atención del Estado-nación y la subsecuente incapacidad del “estado westfaliano” para responder a los mismos,¹⁰ conducen a que las dinámicas de integración, ajustadas netamente a las condiciones del siglo pasado, se muestren obsoletas y resulte necesario generar nuevos mecanismos que sean capaces de incluir a las comunidades en los procesos de integración, para generar un sentido de pertenencia que de impulso a dichos procesos.

El presente artículo pretende explicar cómo la falta de atención a los aspectos sociales –especialmente el factor identitario–, dentro del proceso de integración andino, ha generado que los impulsos a este proyecto se hayan dado solo de manera esporádica y no de manera constante, y cómo esto ha contribuido a la decadencia a la cual la CAN se enfrenta en la actualidad. Asimismo, con este análisis se aspira generar consciencia sobre la importancia de la aplicación de políticas sociales asequibles a las comunidades que forman parte de los procesos de integración regional y sobre cómo es que la generación de una identidad regional puede significar un motor fundamental para la consolidación de una integración exitosa y duradera.

Para este propósito, el artículo estará dividido en tres secciones. En primer lugar se hará un seguimiento a los diferentes proyectos que se han tratado de aplicar en el campo social de la integración andina. Posteriormente, dentro de la segunda sección se explicará las limitaciones a las cuales la CAN se enfrentó y cómo estas mermaron los avances del proceso, especialmente en el campo de la identidad. Finalmente, la tercera sección está destinada al establecimiento de conclusiones y posibles recomendaciones en el campo de la integración sudamericana.

La integración andina: la evolución de un proceso de escritorio

La evolución de la integración andina ha sido un proceso de altos y bajos. En algunos momentos se ha vivenciado un alto interés por parte de los países miembros, mientras que en otros la indiferencia ha sido la característica principal del proceso. Germánico Salgado¹¹ divide al proceso en cuatro etapas: la primera está enmarcada en el período comprendido entre 1971 hasta 1975-1976, caracterizada por ser la etapa de formación del Pacto Andino, con un claro crecimiento del comercio y las exportaciones intrarregionales. Este período también incluye a la incorporación de Venezuela como miembro. La segunda etapa abarca el período de 1976 hasta 1982 y se destaca por una pérdida de dinamismo y por el cuestionamiento del proceso de integración, destacándose el abandono de Chile –que pujó por un modelo neoliberal impulsado por la dictadura de Pinochet–. En esta etapa los logros de la integración son modestos, a pesar de la incorporación del Parlamento Andino y del Tribunal Andino de Justicia, que fortalecerían la institucionalidad del Pacto Andino.

Entre 1983 y1986 se hace mención a la época de la crisis externa, donde hubo una regresión de la integración y del comercio, pues las exportaciones intrarregionales bajaron de un pico de US $1.263 millones en 1981 a apenas US $ 621 millones en 1986. En este período también se evidenció una serie de incumplimientos a los acuerdos, que se volvieron crónicos a través de los mecanismos de aplazamiento y exención que se convirtieron en una costumbre por parte de los Estados partes. Adicionalmente, el neoliberalismo influenció en la concepción de la integración, dando paso al llamado “regionalismo abierto (...) caracterizado por bajos niveles de protección externa, que contribuirían a maximizar las ganancias de eficiencia y atenuar los posibles efectos discriminatorios de la integración para los no socios”.¹² Sin embargo, esto llegó a dificultar el establecimiento de una unión aduanera.

Finalmente, Salgado¹³ incluye un período que enmarca desde 1989 hasta 1998, conocido como período de reactivación, durante el que hubo un proceso de restructuración, amparado en el Acta de Trujillo, que impulsó con esperanza, un proceso de ampliación de la capacidad de la ahora Comunidad Andina, con miras a superar las limitaciones de ser un acuerdo netamente comercial y reforzar la capacidad supranacional del proceso de integración.

Es importante agregar una quinta etapa –probablemente también una sexta– a las establecidas por Salgado, con el fin de tratar los sucesos ocurridos desde comienzos del siglo XXI, cuando la integración fue impulsada desde una perspectiva más suramericana que andina. Las propuestas de los gobiernos de Brasil y Venezuela condujeron al establecimiento de un nuevo proceso en el que se buscaba incluir a toda la región sudamericana, y que se consolidó en el establecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Sin embargo, este impulso no se reflejó en la CAN a pesar del esfuerzo que la Secretaría General del organismo invirtió, pues fue mermado por la firma del TLC de Colombia y Perú, la salida de Venezuela y la incorporación de Bolivia al Mercosur. La probable sexta etapa podría ser a partir de 2013, con el intento de reingeniería, que sirve como proceso de reducción de la CAN. Sin embargo, esta inestabilidad no se trata de una cuestión netamente de la coyuntura actual, sino de un problema estructural que se asocia a la formación misma de la integración andina.

Cuando se fundó el Pacto Andino la coyuntura política y económica de la época favorecía el establecimiento de proyectos de integración económica. El ejemplo de las Comunidades Europeas representaba una fuerte influencia en la estructuración de procesos de integración a nivel mundial. El spillover effect (efecto derrame), entendido como un proceso en el que la integración inicia en un sector específico y posteriormente se extiende a otros,¹⁴ se veía como un camino viable hacia una integración ampliada. Es por ello que la aplicación de la propuesta de integración por etapas de Viner y de Balassa, se entendieron como recursos válidos que favorecerían a la búsqueda de comercio entre los Estados parte, con el objetivo de fomentar el desarrollo de los países de la región andina, que se veían como semejantes en términos de modelos y niveles de desarrollo, para posteriormente trabajar en otros sectores como lo político o lo social. Es importante destacar que la visión de desarrollo para aquella época estaba vinculada netamente al crecimiento económico, lo cual dotó al Grupo Andino de una agenda que favorecía al comercio y a la industrialización, a través de estrategias como la sustitución de importaciones y la programación industrial.¹⁵

Las propuestas que se establecían para este grupo han sido amplias y bastante ambiciosas. Los países andinos ya se habían enfrentado a la experiencia integracionista de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y en consecuencia habían descubierto las diferentes condiciones que se vivían en América Latina, y las diferentes velocidades y modelos de desarrollo que existían con los países más desarrollados de la región como Brasil, México y Argentina (los grandes beneficiados de la ALALC). En este contexto, el Pacto Andino tuvo la oportunidad de no solo ampliar el comercio intrarregional entre los países miembros, sino también de fortalecer las capacidades de industrialización y posterior inserción en el mercado internacional, lo que se lograría a través de los llamados Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial (PSDI).

A esto se sumaban condiciones preferenciales para los países de menor desarrollo relativo, como Bolivia y Ecuador, lo que favorecía a una distribución equitativa de los beneficios de la integración, que se complementaba en plazos de liberalización que favorecía a reducir el impacto que podría llegar a tener una liberalización desmesurada y sin programación. Además todos estos procesos estaban destinados únicamente a los países andinos y dirigidos por la Junta del Acuerdo de Cartagena, que respondían a los intereses de los países miembros, en favor del cumplimiento de los objetivos programados.¹⁶

A pesar de la bien pensada programación de la estructura del Pacto Andino, el proceso se vio carente de validación ciudadana, volviéndose un proceso de escritorio. Claramente hay que rescatar que, para la época, se trataba de un ambicioso proyecto que supo demostrar su validez a través del incremento de comercio intrarregional y de algunos PSDI que funcionaron de manera efectiva, sin embargo la sociedad civil no fue un actor activo en el proceso de integración, que fue dirigido principalmente por los Jefes de Estado y Ministerios de Comercio, con una eventual participación de sector empresarial y ciertos grupos de poder, que veían en la liberalización arancelaria un espacio para la satisfacción de sus intereses. Es así que la agenda social de la integración andina solo se estableció a partir de comienzos del siglo XXI.¹⁷

Es así que una de las falencias principales del proceso estuvo vinculada a la tardía entrada en acción del Parlamento Andino, cuyo Tratado Constitutivo se suscribió en 1979,¹⁸ 10 años después de la firma del Acuerdo de Cartagena, entrando en vigencia apenas en 1984,¹⁹ 15 años después de comenzado el proceso de integración andino. Es decir que el órgano deliberativo del Pacto Andino no formó parte activa de su integración en los años más críticos de su formación. No obstante, en 1996 adquirió nuevas capacidades de acción al volverse el órgano de Control Político del SAI y el trató de romper su aislacionismo de la población con la firma del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo sobre Elecciones Directas y Universales de sus Representantes. Con el Protocolo se buscó que los Parlamentarios Andinos sean escogidos de manera directa por el pueblo, proceso que también demoró en aplicarse y del cual Colombia se ha eximido. Se habla entonces de un órgano que durante un largo período de tiempo permaneció separado de la sociedad civil y del electorado. En consecuencia, la reacción de la comunidad a la posible eliminación del Parlamento Andino desde 2013, ha sido escasa o prácticamente nula.

Esta falta de vinculación con la comunidad reafirma el argumento de Germánico Salgado acerca de que “no existen instrumentos internacionales válidos si las partes no continúan convencidas de sus finalidades y no están dispuestas a atenerse a sus reglas”;²⁰ puesto que aunque se trató de implementar un mecanismo democratizador, que acerque la toma de decisión a los ciudadanos andinos al proceso de integración, el proceso ha tardado en implementarse y ha tenido dificultad en calar en la dinámica entre los Estados nacionales y el organismo supranacional. Sin embargo, este proceso ha dejado claras enseñanzas no solo para el proceso de integración andino, sino para la integración de Sudamérica que, en el marco de UNASUR, ha avanzado hacia la implementación de un Parlamento Suramericano, que a través de lo trabajado en el Parlamento Andino podría llegar a consolidarse como un órgano legislador para toda la región. Lo importante en este caso será la capacidad de incorporar al electorado a la toma de decisiones de una manera más amplia y el aumento de la capacidad de seguimiento al proceso, además de una apropiada rendición de cuentas.

Tampoco hay que descartar otros avances en términos sociales, que pudieron haber contribuido en la consolidación de una identidad andina. Sin lugar a dudas destacan las decisiones que innovaron el concepto de la ciudadanía andina, facilitando la libre movilidad entre los países miembros a partir del reconocimiento de los documentos de identidad nacionales como documentos válidos en cualquier país de la CAN,²¹ el establecimiento de un pasaporte andino,²² y la creación de un mecanismo de cooperación en materia de asistencia y protección consular y asuntos migratorios.²³ Sin embargo, aunque estas decisiones contribuyeron a mejorar la movilidad y a facilitar la ayuda a nacionales andinos en el exterior, muchos de los beneficios que reciben los ciudadanos nacionales en sus Estados siguen estando limitados para ciudadanos de otros países, reduciendo así el concepto de ciudadanía andina a un cerrado círculo de dádivas en el campo de la libre circulación pero que gana poco espacio en el imaginario nacional individual.

Otro de los esfuerzos institucionales para establecer una CAN mucho más inclinada a la esfera social, fue el establecimiento del Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS),²⁴ que tiene como objetivo “encauzar acciones de alcance subregional (actividades, proyectos y programas) que enriquezcan y complementen las políticas nacionales de superación de la pobreza y la inequidad social”²⁵ y que es coordinado por el Consejo Andino de Ministerios de Desarrollo Social (CADS). No obstante, Francisco Pareja reconoce que el PIDS ha avanzado con lentitud, además que se ha enfrentado a uno de los problemas más crónicos de todos los proyectos de la integración andina: la falta de compromiso de los países al momento de concretar recursos humanos y financieros para ejecutar los proyectos, manteniéndose así una “visión exclusivamente nacional de la política social”.²⁶

Por otro lado algunos de los avances más importantes en términos de generación de desarrollo social gira en torno a los Convenios Sociales, entre los que figuran el Convenio de educación Andrés Bello, el de salud Hipólito Unanue y el socio laboral Simón Rodríguez, siendo el tema de salud el que más ha prevalecido,²⁷ a través del establecimiento de un Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU) que ha trascendido el espacio andino incluyendo a países que están fuera de la CAN; no obstante, los otros convenios no han tenido la misma solidez.

La problemática en estos temas se vuelve una constante, pues existe una baja vinculación social con los proyectos y por lo tanto no hay un empuje colectivo ni un avance tangible de las realidades y de los éxitos que se consolidan en ellos. Por último, vale la pena mencionar que se han tratado de generar espacios de diálogo y de participación, pero lamentablemente no han trascendido de la manera esperada. Estos espacios están dirigidos a sectores específicos de la población como pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres, emprendedores, entre otros, formándose varios Consejos Consultivos.²⁸ El problema al que se enfrentan estaría vinculado a la falta de promoción a nivel estatal de estas iniciativas, al igual que un financiamiento intangible que impide afrontar los costos de la consolidación de proyectos sólidos y de largo plazo.

Como se ha visto a lo largo de la presente sección, los esfuerzos en los últimos años de la integración andina para fortalecer la agenda social, han sido amplios, especialmente desde las instituciones que conforman la CAN y el SAI. Sin embargo, la limitada vinculación con la población de los Estados parte a estos proyectos dificulta en gran medida el avance de cualquier iniciativa, mermando la capacidad de acción y la eficiencia de esta temática. Esto se puede explicar en el marco de que las agendas sociales se entienden netamente desde la política local, tratando de responder únicamente al electorado nacional por encima de un proyecto transnacional, que se alinea a una sociedad civil poco interesada en la consecución de objetivos andinos, debido a la carencia de una identidad que los ate a las comunidades más allá de sus fronteras (probablemente las poblaciones fronterizas sean una excepción a esta regla debido a un notorio esfuerzo en reforzar las relaciones interfronterizas entre los países de la CAN). El problema de la falta de consolidación de una identidad andina será analizado en el siguiente apartado, tomando como referencia la teoría de la integración identitaria.²⁹

La Comunidad Andina: un proceso sin identidad

En 2008, un informe de la propia Comunidad Andina reconoció que:

Ni los beneficios económicos del comercio andino ni los –aún escasos– esfuerzos de cooperación en el campo social ni la negociación conjunta de acuerdos internacionales han resultado suficientes para desarrollar un proceso de integración que permita a las instituciones comunitarias andinas atender adecuadamente las expectativas de los ciudadanos respecto al desarrollo humano, la protección del medio ambiente y los efectos derivados del cambio climático, la reducción de la pobreza y la exclusión social, la redistribución de la riqueza, la seguridad alimentaria así como la defensa de estos intereses frente a la globalización.³⁰

Este es sin lugar a dudas un problema significativo para la integración, y es un tema que debe ser tratado con la mayor de las prioridades por parte de los líderes políticos y partícipes de la integración, puesto que en ausencia de una comunidad vinculada a un proceso, no habrá fuerza de apoyo a la integración y la política se estancará en el espacio nacional. Adicionalmente, el mayor obstáculo no radica en la falta de proyectos, que como se vio en la sección anterior, han sido notables a partir de finales del siglo XX, sino que se debe a una ausente vinculación de las sociedades nacionales al escenario regional dentro de las vías institucionales (a pesar de una fuerte influencia a nivel interno) y a la falta de comunicación que ha limitado la generación de un sentimiento de pertenencia a lo “andino”, sin generarse una verdadera identidad. Pero ¿Por qué resulta tan importante la identidad en los procesos de integración regional?

La identidad en sí misma es un término que se ha utilizado de manera amplia en la discursiva de la integración, sin embargo, debido a sus orígenes en el campo de la economía, la mayoría de esfuerzos han estado destinados al área comercial.³¹ No obstante, la identidad ha ganado una relevancia significativa en el estudio de las Ciencias Sociales a partir de la década de 1980,³² y en el campo de las Relaciones Internacionales a partir del crecimiento de la escuela constructivista.³³ De la misma manera resulta de considerable importancia fortalecer el debate acerca de la identidad en los procesos de integración regional, debido a que cumple varios roles fundamentales que fortalecen la integración regional.

La identidad entendida más allá del concepto reduccionista que la vincula netamente con la cultura, consiste en “un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas”.³⁴ La identidad es un elemento fundamental en las relaciones interpersonales que define al individuo, a sus intereses y al tipo de relación que mantendrá con los otros individuos. La identidad colectiva por otra parte es “un proceso mediante el cual los actores producen las estructuras cognitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción. Las definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por otro, el fruto del reconocimiento emocional”.³⁵ En la constitución de los Estados-nación es fundamental la consolidación de una identidad colectiva nacional que permita el establecimiento de símbolos y valores, que favorezcan a la formación de normas comunes que regulen las relaciones entre sus miembros. No obstante en los procesos de integración regional, el intento de establecimiento de estos lazos y estructuras ha sido bastante escaso.

La identidad colectiva genera que el bienestar del “otro” referencial se entienda como un bienestar general,³⁶ esto “elimina muchas de las barreras que diferencian a uno del otro generando un proceso de internalización en el que se empieza a ver al Otro como parte del mismo grupo, generando la noción de un Nosotros”.³⁷ A nivel estatal se puede entender que los beneficios que otro Estado reciba no se verán como un daño para el Estado propio sino que al contrario, debido a un sentimiento de comunidad, dichos beneficios se entenderán como propios. Este es un proceso que no se ha vivenciado en la integración andina, puesto que no se ha gestado esa percepción de un nosotros común, por lo que las relaciones entre los Estados de la CAN sigue siendo en gran medida competitiva. Sin embargo, es importante recalcar que se trata de una competencia pacífica con pocas probabilidades de conflicto violento, denotando un logro efectivo de la integración andina al consolidar a la región como una zona de paz, a pesar de las diferencias que existieron en el pasado, especialmente entre Ecuador y Perú.

A pesar de los escasos esfuerzos en establecer identidades colectivas regionales, la identidad asume varios roles significativos al momento de establecer procesos de integración regional entre los que figuran: 1. Rol causal de compromiso, en el que se entiende que a mayor identidad colectiva habrá un mayor compromiso para participar en el proceso, en un marco de confianza que favorezca a que los Estados cedan más espacios de cooperación; 2. Rol Causal de Homogenización de Intereses, que conduzca a que los Estados aspiren a objetivos comunes, y que en adición se satisfagan a una mayor cantidad de intereses de las comunidades que forman parte de los procesos de integración.

Adicionalmente, en ausencia de una identidad colectiva primarán las identidades individuales y en consecuencia los Estados estarán más interesados en responder a necesidades locales por encima de lo regional; 3. El tercer rol se da a nivel interno de cada Estado y es el Rol interno nacional, donde se debe regresar a lo local y definir si existe un claro entendimiento de la propia identidad nacional, pues en caso de que no haya una definición clara y generalizada de su propia identidad lo más probable es que el proceso de autodefinición choque con los valores que se están tratando de transnacionalizar. En consecuencia, las medidas tomadas para fortalecer el proceso de integración a nivel social no encontrarán un espacio fértil, en medida de que la formación de una identidad nacional tiende a construirse en base a la comparación de las identidades vecinales.

Es por esto que resulta tan importante considerar la participación de la sociedad civil como agentes activos de la integración debido a que su percepción sobre el proceso le dará validez al mismo, y si su identidad está vinculada a la integración los frutos de esta serán mucho más notorios. 4. Finalmente, y de manera englobante se tiende a un denominado Rol Facilitador de la Integración, en la que se entiende que habrán Estados para los cuales la integración sea mucho más fácil, en la medida de que poseen identidades que fomentan la integración frente a otros que mantienen modos nacionalistas.³⁸

Si se analiza el caso de la integración Andina es perceptible que estos roles están inconclusos, en gran medida por falta de compromiso, ejemplificado en la serie de excepciones tomadas por países como Perú y Colombia, suspendiendo sus obligaciones comerciales a través de salvaguardias u otras medidas proteccionistas.³⁹ También se han visto intereses difusos en favor de la prevalencia de los intereses nacionales, donde la firma de acuerdos extrarregionales, que motivaron la salida de Venezuela de la CAN, dan una clara imagen de cómo lo nacional prevalece en la agenda política de los países la región. Adicionalmente, se cuenta con una sociedad civil poco envuelta en el proceso y sujeta a los cambios de agenda política, donde los colectivos, movimientos y asociaciones se han centrado en la solución de problemas locales.

Asimismo, existen identidades que perjudican a la consolidación de un ente supranacional pues se favorece a la soberanía como concepto fundamental, cumpliendo de cierta manera lo que preocupaba en los primeros años de la integración andina a Ricardo Ffrench-Davis: “la originalidad del Acuerdo de Cartagena y los éxitos alcanzados corren peligro en la medida que algunos gobiernos releguen a un lugar secundario la consideración del Pacto Andino, a causa de problemas coyunturales de sus países”,⁴⁰ y aunque esta argumentación se pensó más en el marco económico-comercial, resultó ser una cruda realidad para las múltiples aristas que la integración andina fue adoptando.

Dinámicas a las que la construcción de la propia identidad andina es su definición semántica en el sentido de que lo andino puede resultar limitante al sentido cultural geográfico de la Cordillera de los Andes y las culturas tradicionales que las habitan.⁴¹ En dicho marco, la Comunidad Andina se enfrenta a la problemática de que sus Estados miembros tienen una geografía diversa que trasciende más allá de la cadena montañosa andina, por lo cual el concepto de andino tiende a ser excluyente de otras regiones, manifestado claramente en el caso de Ecuador, donde las regiones Costa, Oriente e Insultar mantienen rasgos identitarios que los diferencian de la región andina de la Sierra.⁴² A la vez no se ha conseguido consolidar esta identidad con otros países que forman parte de la región andina como Venezuela (que se salió del proceso), y Chile y Argentina (que solo son miembros asociados). No obstante, también existe la curiosa construcción cultural de lo andino por fuera de la región, para la población migrante de Perú, Bolivia y Ecuador lo andino es una referencia a la patria y ha servido como nexo cultural en países ajenos,⁴³ esta construcción no es totalmente incluyente pero es una variable que los líderes de integración deberían tomar en cuenta al momento de generar una identidad colectiva regional que trascienda las identidades nacionales.

La propuesta de la construcción de una identidad andina se basa en “el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, que respete la diversidad cultural de los pueblos, pero que a la vez afiance el sentido de pertenencia no sólo a un Estado andino sino a una Comunidad con valores e intereses comunes”.⁴⁴ Sin embargo, a nivel nacional existen varios sectores que tienen un impacto negativo en la consolidación de esta identidad regional. Estos actores han sido participes activos en la formación de la identidad nacional y juegan un rol significativo en el establecimiento de las agendas políticas, direccionando el debate hacia ciertos temas por encima de otros. En este escenario se encuentran los grupos económicos de poder y los medios de comunicación.

Cuando se hace referencia a los grupos económicos de poder se está hablando de los grupos empresariales nacionales con características oligopólicas que tienen toda o gran parte del mercado de uno o varios productos y servicios, y que tienen influencia ya sea política o económica en las redes de toma de decisión del Estado. Estos grupos han asumido un rol ambivalente en la integración, pues han sido promotores de la misma al exigir una mayor facilidad para la exportación o el ingreso de productos útiles para sus cadenas de producción. No obstante, a la vez han sido detractores del avance de la liberalización de los mercados, al exigir una mayor protección de sectores que consideran vulnerables. Esto se debe en gran medida a la poca diversificación de la producción andina que, con una geografía, clima, y recursos similares han desarrollado sistemas de producción rentistas con poca inversión en industrialización y dependiente en gran medida de los sectores primarios –a pesar de los esfuerzos de la CAN en reducirlos–. En esta lucha se han sumado los pequeños y medianos productores que ven en la integración un riesgo para sus negocios y en consecuencia han clamado por sistemas proteccionistas a nivel regional.

A estas barreras se ha sumado la falta de vinculación de los medios al proceso de integración. La región andina carece de un medio regional de comunicación que promueva eficientemente los avances de su proceso de integración, al contrario los medios han establecido obstáculos al promover información nacionalista, dentro de una agenda local que poca atención le presta a lo transnacional. El camino hacia la construcción ideológica de un “nosotros” andino se ve truncado por una serie de imaginarios nacionalistas que no reconocen a los otros miembros del proceso andino dentro del mismo grupo sino como un “otro”, con valores distintos y con intereses que atentan contra lo propio. No es ajeno al diario vivir encontrar notas acerca de los problemas que le representan a un país andino el aumento de la producción del país vecino, o el aumento de la tasa de migración, entre otros análisis en los que el resto de países de la CAN y sus ciudadanos no son vistos como ciudadanos andinos como ha pretendido la organización.

Las dinámicas de estos sectores se suman al aislamiento de la toma de decisiones a nivel de las élites políticas que, afectadas por los males endémicos de la política latinoamericana (corrupción, nepotismo, débil institucionalidad, dependencia, caudillismo y clientelismo), se ven incapaces de vincular a la sociedad civil de manera positiva en el proceso y de generar una identidad que impulse a la integración andina. En consecuencia la formación de una concepción de “nosotros” como Comunidad Andina impide el fortalecimiento del proceso de integración regional y le ha restado el impulso necesario para que sea la misma sociedad civil la que impulse a la consecución de objetivos más ambiciosos y efectivos.

La dependencia del proceso de integración andino de la voluntad política ha significado un avance irregular que, aunque ha tenido importantes efectos en el fortalecimiento de las relaciones entre sus países miembros –de manera especial en el ámbito comercial–, ha incapacitado a la integración andina de tomar medidas a mediano y largo plazo puesto que las agendas de los países cambiaban conforme a los cambios de gobierno nacionales. Esta falencia es un mal endémico estructural de la política latinoamericana que ha hecho de las relaciones regionales procesos cíclicos, que se adaptan a los cambios en el péndulo político nacional, por lo cual en ocasiones ha habido el impulso necesario para fortalecer la integración y en otras se ha vivido en la indiferencia, debido a un enfoque nacionalista, o la aspiración de llegar a acuerdos con países por fuera de la región. La ausencia de una identidad andina consolidada aporta a que este tipo de procesos se de, en el contexto de que no existe una sociedad civil lo suficientemente activa que impulse a sus líderes a mantenerse en el camino de la integración.