Comentario Internacional

REVISTA DEL CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
Pag. 97 - 123, Número 18 • Año 2018 • Quito ISSN 1390-1532


Política neoliberal en América Latina e inversión en asociaciones público-privadas para infraestructura


Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2018 - Fecha de aceptación: 11 de enero de 2019



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José Emilio Vásconez Cruz

Sociólogo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Master en Globalización y Desarrollo, University College London, Inglaterra. Docente Investigador, Universidad Internacional del Ecuador; (jovasconezcr@uide.edu.ec).




¿Cómo influye la memoria social en la inversión de infraestructura público-privada en América Latina?


Entender las consecuencias del neoliberalismo en América Latina es fundamental para comprender los problemas y desafíos actuales que afronta la región. Las políticas de liberalización de la economía durante los años ochenta y noventa generaron cambios en la dinámica social y económica de la región, provocando transformaciones grandes en el sistema político y económico.

En el campo académico, tanto politólogos como economistas han desarrollado varios modelos para analizar el grado de inserción del neoliberalismo en las economías latinoamericanas, lo que ha permitido comprender el fenómeno desde varias aristas y recordarlo de distintas maneras en cada país. ¿Cómo se reconstruye el pasado neoliberal en América Latina? y ¿qué influencia tiene este momento histórico en la economía del presente? Sería muy ambicioso tratar de comprender el impacto de la época neoliberal en todos los ámbitos de la economía latinoamericana en una sola investigación, por ese motivo el objetivo de este trabajo es entender el impacto que tuvo el neoliberalismo en un área específica del desarrollo económico: la infraestructura.

¿Por qué es necesaria la infraestructura? Varios académicos han concluido sobre la importancia de la infraestructura para el crecimiento económico.1 La infraestructura económica es usualmente definida como la capacidad de abastecimiento de capital fijo en instalaciones productivas (carretas, puertos, aeropuertos, puentes, reservas de energía, sistemas de transmisión, etc.).2 Los efectos de la infraestructura tienen también un impacto determinante en la calidad de vida de la población.3 Además, una alta inversión en infraestructura puede reducir los riesgos generados por condiciones geográficas adversas, creando oportunidades para el acceso a recursos naturales a los países que no poseen acceso a los mismos.

En general, la calidad de infraestructura determina una variedad de resultados socioeconómicos; es decisivo para las políticas de movilidad urbana, provee mejores condiciones para el acceso a educación y salud, y facilita condiciones necesarias para la comunicación entre los países de una misma región. Finalmente, la infraestructura tiene un “impacto directo en la redistribución de la riqueza”.4

La brecha de infraestructura entre América Latina y otras partes del mundo ha representado un limitante para el desarrollo social de la región. Tanto en Europa como en Asia, el concepto de alianzas público-privadas (APP) para la inversión en infraestructura ha tomado importancia significativa para la satisfacción de la demanda de infraestructura de la población. En América Latina, por el contrario, el sector privado adoptó un papel sustitutivo a la inversión pública para servicios de infraestructura y no continuó con los proyectos que se empezaron antes de la llegada del neoliberalismo. La falta de alianzas público-privadas en América Latina limitó la satisfacción de la demanda de infraestructura, generando problemas de transporte ineficaz, falta de comunicación, zonas rurales no atendidas y vulnerabilidad ante desastres naturales.

Desde inicios del año 2000 las economías de la región han incrementado la inversión en infraestructura. Gran parte gracias al incremento del precio de materias primas y la demanda de recursos desde China, América Latina ha conseguido incrementar el presupuesto para la inversión en áreas estratégicas de infraestructura, para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, la brecha de infraestructura con países del continente asiático es todavía muy grande. Según el último reporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF),5 los países de América Latina deberán invertir el 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) anual durante 10 años para cerrar la brecha con Asia. Asimismo, el incremento de la clase media en la región durante los últimos quince años ha generado mayor demanda de servicios de infraestructura.

Bajo estas condiciones económicas, las alianzas público-privadas se han mostrado como una solución para el incremento de la inversión en infraestructura, donde tanto el Estado como el sector privado asume competencias y riesgos para invertir en proyectos dentro del área de telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua.

La generación de alianzas público-privadas ha sido heterogénea en América Latina. La base de datos del Banco Mundial sobre inversión privada en la región demuestra que en ciertos países existe menos participación del sector privado en la construcción de proyectos de infraestructura en sectores estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que hace a un país tener menor o mayor número de alianzas público-privadas? La presente investigación pretende dar respuesta a esa pregunta a través de la intervención de la variable “memoria social del neoliberalismo”. Es decir, presupone que las alianzas público-privadas dependen del grado de confianza que la sociedad de un país tenga con el sector privado, y del efecto de la memoria social construida sobre la época neoliberal.

El análisis se centrará en las alianzas público-privadas en 16 países de América Latina, y determinar el nivel de APP en cada uno de los países seleccionados en la muestra. Cada país mostrará un nivel distinto de APP. Este dependerá de tres variables independientes que mostrarán el “tipo” de memoria social del neoliberalismo de cada país, con respecto a la inversión privada en la infraestructura. El número de APP será analizado como función de la memoria social construida sobre la participación privada en la infraestructura durante el neoliberalismo, y permitirá dar una explicación sobre las diferencias y dificultades que tienen los países de América Latina para establecer alianzas público-privadas en las cuatro principales áreas de infraestructura: agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte.

El trabajo se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar, describirá la participación del sector privado en la inversión en infraestructura en los últimos treinta años. Después, revisará la literatura sobre la memoria social para entender el proceso de la inversión privada durante el neoliberalismo en la historia latinoamericana. Después, el documento describirá el nivel de alianzas público-privadas en cada uno de los países seleccionados. El acápite cuarto revisará las estadísticas con metodología descriptiva y realizará comparaciones entre las tres variables independientes (nivel de privatización durante el neoliberalismo, tipo de gobierno actual y opinión ciudadana sobre la participación privada en la infraestructura) y la variable dependiente (nivel de asociaciones público-privadas). Finalmente, el último acápite arrojará conclusiones y recomendaciones sobre la pregunta de investigación.


Infraestructura y neoliberalismo


La llegada de la época neoliberal se presentó como una solución a los problemas económicos generados durante el malogrado proyecto de industrialización en América Latina. Los altos niveles de endeudamiento y el excesivo incremento de la inflación en las economías de la región durante los años ochenta, demandó políticas de ajuste fiscal y la reducción del papel del Estado en la economía.

Lamentablemente, la adopción de estas medidas liberalizadoras produjo consecuencias negativas en los indicadores sociales, aumentando una tercera parte la desigualdad y la pobreza extrema en América Latina. De acuerdo con lo analizado por Lusting,6 la desigualdad en la región alcanzó sus niveles más altos durante la época neoliberal, donde la clase media fue prácticamente aniquilada con el incremento de impuestos indirectos y competencia de negocios locales con empresas trasnacionales.

Cabe señalar que el neoliberalismo se implantó de distinta manera en cada país de América Latina.7 Sin duda, no en todos los lugares de la región se presentaron los mismos niveles de privatización, liberalización del mercado y ajuste económico. En el caso de Chile, la implantación del proyecto neoliberal estuvo caracterizado por un Estado fuerte de derecha, que supo eliminar con violencia todo intento de irrupción desde grupos radicales. Por otro lado, en otros países las prácticas fueron escondidas bajo gobiernos declarados populares durante elecciones, como el caso de Carlos Menem en Argentina y Lucio Gutiérrez en el Ecuador. Por esa razón, el neoliberalismo fue un proyecto común pero heterogéneo en la región.

Durante la época neoliberal, la inversión en infraestructura dentro de la región latinoamericana sufrió cambios importantes. El primer momento determinante en esta transformación, fue la crisis macroeconómica que afectó a los países latinoamericanos a finales de los años ochenta. Las condiciones económicas de la época obligaron a tomar medidas de ajuste fiscal, que incluían la liberación de la economía a través del fomento a la inversión privada para infraestructura. Sumado a esto, la excesiva dependencia de inversión pública para el desarrollo de servicios que caracterizó a la época durante la época de la industrialización por sustitución de importación se vio marcada por el violento recorte presupuestario que degeneró en lo que Perrotti y Sánchez denominan como “la brecha de infraestructura de América Latina”.8

Llegados los noventa, se evidenció la urgente necesidad de nuevos actores que participaran en la inversión para continuar con los proyectos de infraestructura. Esto llevó a los gobiernos de la región a buscar alianzas en el sector privado, y así instaurar un nuevo paradigma que caracterizó a la provisión y financiamiento de infraestructura para satisfacer la demanda de servicios de la población a través de nuevas instituciones.

El sector privado no solamente pasó a tomar un lugar central en la inversión de infraestructura, sino que en este se veía la esperanza de llenar los vacíos que dejó el recorte de la inversión pública por el déficit fiscal. A pesar de los importantes logros alcanzados (sobre todo en el área de las telecomunicaciones), el sector privado no consiguió reemplazar el vacío que dejó el recorte de la inversión pública en la región.

Después de un análisis exhaustivo realizado en el año 2003, Easterly y Servén,9 demostraron que las diferencias entre la inversión pública y privada en infraestructura a finales del siglo veinte fueron significativas, y por ende determinantes para concluir que tanto la inversión pública como la privada, estaban enfocándose en distintos objetivos para la infraestructura de la región.

El desarrollo de la inversión privada creció a un ritmo acelerado en los noventa. Durante toda la década, la inversión privada aumentó de US $ 10 billones en 1990 a US $ 70 billones en 1998.10 A pesar de aquello, la mitad de la inversión fue destinada al sector de las telecomunicaciones y no a las áreas de agua y transporte que estaban anteriormente atendidas por el Estado. El segundo destino de inversión fue el sector de la electricidad, representando el 30% del total de la inversión.

En la mayoría de los casos, el involucramiento del sector privado en la inversión para la infraestructura de América Latina incrementó la eficiencia, cobertura y calidad de los servicios, pero no pudo liberarse del oportunismo de muchos gobiernos que, aprovechando el débil marco institucional, renegociaron hasta dos y tres veces los contratos de infraestructura entre la empresa privada y el Estado.

Además, la creciente inversión del sector privado en telecomunicaciones (que incluso llegó a ser mayor al 50% del total de inversión en 1994) generó oligopolios dentro de la región, generando mayor desigualdad en las economías.

Tanto la inversión pública como la inversión privada generó cambios positivos durante los últimos treinta años del siglo pasado. Desafortunadamente, se hizo poco por mantener un porcentaje estable del PIB para los proyectos de infraestructura. Como describe Calderón,11 el recorte en inversión pública para infraestructura fue el mayor determinante para la apertura de la brecha con los países del este asiático; los cuales no afrontaron crisis que los obligue a recortar su presupuesto en la dotación de infraestructura. Por otro lado, la esperanza que se colocó en la inversión privada en los años noventa no fue suficiente para retomar los esfuerzos hechos por el Estado en los años setenta.

En conclusión, con la llegada de la época neoliberal, la inversión en la infraestructura de América Latina se estancó y dio paso a la dependencia del sector privado en la generación de proyectos. Las economías latinoamericanas redujeron la inversión pública en infraestructura de 3% del PIB nacional en el año 1980, a 1% del PIB en el inicio de los años noventa.12 Como lo señalan Roubini y Sachs, “en períodos de políticas restrictivas, los gastos de capital son los primeros en ser reducidos drásticamente”.13 Finalmente, los indicadores revelan que la consolidación fiscal durante el neoliberalismo en América Latina tuvo una parcialización clara en contra de la inversión en infraestructura de la región.14


La memoria social del neoliberalismo en América Latina


El concepto de memoria social ha sido desarrollado desde varias áreas de las Ciencias Sociales. Ejemplo de ello son los trabajos realizados por Connerton, 15 Wickham,16 y Páez,17 quienes han elaborado una teoría para la conceptualización de la memoria social, como producto de la comunicación intergeneracional de una población. Otros trabajos más recientes como el de Carole Crumley han definido a la memoria social como el proceso por el cual la “información es transmitida entre individuos desde una generación a otra, a través de comportamientos consientes o inconscientes que determinan la identidad de una población o grupo social”.18

Además, el concepto de memoria social también ha sido utilizado por historiadores para explorar la conexión entre la identidad social y la memoria histórica.19 Finalmente, el estudio de la memoria social analiza los significados que tiene determinado grupo humano para desarrollar su vida social. Dicho análisis se basa en el estudio de las experiencias vividas por la sociedad en determinada época, y la manera en la cual esas experiencias han creado condiciones para el desarrollo social.

Durante el comienzo de los años ochenta, América Latina experimentó la implementación de políticas neoliberales para afrontar la crisis del endeudamiento. Las medidas de ajuste fiscal se caracterizaron por la transformación del rol del mercado en la economía, la privatización de empresas antes controladas por el Estado, y la disminución de impuestos directos bajo el contrapeso del aumento de los indirectos. Estas medidas generaron distintas consecuencias en los países latinoamericanos, favoreciendo a determinados sectores y relegando a los sectores más vulnerables de la sociedad.20

En efecto, las políticas económicas de la época neoliberal pudieron reducir los alarmantes niveles de inflación, incrementaron la producción económica y generaron mayor comercio con el mercado internacional. Sin embargo, también se evidenció el incremento de la desigualdad, la pobreza y la miseria en América Latina durante la implantación de las medidas neoliberales. Bajo estas condiciones, ¿en qué manera afectó el neoliberalismo a la memoria social de cada país?

Las políticas de privatización de empresas estatales para servicios de infraestructura en América Latina durante el neoliberalismo marcaron un momento histórico para la política económica de la región. Desde 1990 hasta 1997 se realizaron más de mil privatizaciones en la región.

Desde el comienzo de las privatizaciones a través de la política de Margaret Thatcher en el Reino Unido, América Latina se ha convertido en la región del mundo que más empresas del Estado ha privatizado, incluso superando a Europa y Estados Unidos. Bajo estas condiciones, el Estado asumió un rol regulador de la economía. La participación del Estado se limitó a la de los marcos regulatorios para atraer inversión local y del extranjero.

En cuanto a la infraestructura, el sector público perdió el papel de financiador y suministrador de servicios, para convertirse en el ente regulador de la construcción y ejecución de proyectos. Además, ocupó el papel de financista en segundo plano, solamente cuando el sector privado no podía cubrir el total de la inversión. En América Latina, los programas de privatización de la época neoliberal son importantes con relación al PIB. Esto significó que las economías latinoamericanas tuvieron mucha dificultad en absorber la venta de las empresas pertenecientes al Estado, alcanzando alteraciones en el sistema macroeconómico en general.

Cabe mencionar que América Latina tuvo tres momentos de privatización durante la época neoliberal. La primera, tiene que ver con la privatización del sector industrial, que evidencia que la mayoría de los países latinoamericanos participaron de manera igual. La segunda ola tiene que ver con la privatización de servicios de infraestructura, y fue heterogénea en la región. Finalmente, el tercer momento se refiere a la privatización de servicios como la educación y la salud, donde Colombia y Chile han sido pioneros en su aplicación.

Este análisis tratará la segunda ola de privatización, que incluye los servicios de agua, telecomunicaciones, energía y transporte. Los países latinoamericanos experimentaron distinto grado de privatización de estos servicios dependiendo del poder instrumental del sector privado y del sistema político.21 En Chile, por ejemplo, la dictadura de Augusto Pinochet durante la época neoliberal anuló la participación del sector público para la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, y la provisión de servicios de electricidad.

Por el contrario, varios países centroamericanos, incluyendo Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tuvieron bajos niveles de privatización de la infraestructura, solamente cediendo a manos privadas el sector de la energía.22 Los casos de Panamá, Ecuador y Venezuela demuestran un fenómeno interesante: en los tres países se anunció la privatización de la infraestructura en transporte y electricidad, pero el proceso no se llegó a concretar por la falta de un marco normativo que clarifique la participación del Estado y la empresa privada.23

Finalmente, el proceso dentro de Colombia, Argentina, México y Uruguay se acerca al de Chile, donde la mayoría de los servicios de transporte y agua potable se cedieron a la inversión del sector privado. Evidentemente, cada país latinoamericano ha experimentado distintos niveles de privatización de infraestructura. En el acápite tercero se establecerán los niveles de manera cuantitativa, para establecer un porcentaje por cada país.

El tercer factor que se usará como indicador de la variable independiente de la investigación, es el de la opinión pública con respecto al proceso de privatización durante la época neoliberal. Para esto se usará la información del Latinobarómetro dentro del indicador de privatizaciones, y se definirá un porcentaje de aceptación de la privatización durante la época neoliberal en cada uno de los países seleccionados.

Es sumamente importante entender a la opinión pública como indicador de la memoria histórica en la región. Dependiendo de las percepciones y representaciones de la gente de acuerdo con determinado tema, en este caso la infraestructura, es posible evidenciar el nivel de confianza que la gente deposita en el sector privado para manejar la inversión en infraestructura.

Las encuestas recogen preguntas sobre el nivel de satisfacción, beneficio, calidad de servicio y funcionamiento general de los servicios de infraestructura bajo la inversión privada. Las respuestas varían de acuerdo al país, y denotan la posición que tiene la ciudadanía sobre la privatización. Para efecto de la investigación, la percepción sobre la privatización en la infraestructura en cada país servirá como condicionante de las alianzas público-privadas, haciendo que estas se den en menor número en los países con mayor grado de percepción negativa. Por el contrario, los países que demuestren mayor percepción positiva con respecto a la privatización tendrán mayor facilidad para realizar alianzas público-privadas.

En conclusión, la memoria histórica de la privatización de infraestructura en el neoliberalismo se puede medir de acuerdo a los tres componentes anteriormente descritos. En primer lugar, el tipo de gobierno denotará la posición de la mayoría del electorado hacia el discurso antineoliberal, y por ende el apoyo que tienen los partidos de izquierda que se oponen a las políticas neoliberales. Después, el nivel de privatización en la época neoliberal define un tipo determinado de memoria social con respecto a las políticas neoliberales, haciendo que de esta dependa la aceptación o rechazo a la participación privada en el presente. Luego, el indicador de la opinión pública sobre las privatizaciones muestra el grado de confianza de la sociedad civil y la percepción que esta hacia la inversión privada en la infraestructura.

Estos tres indicadores de memoria social afectan de manera directa al número de asociaciones público-privadas en el presente, y son uno de los condicionantes importantes a tomar en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Pero, ¿qué exactamente son las asociaciones público-privadas? La siguiente parte de la investigación describe su concepto y establece el nivel de asociaciones público-privadas en cada uno de los países seleccionados.


Asociaciones público-privadas


Dentro de las APP usadas en América Latina, se puede evidenciar tres tipos de proyectos. En primer lugar, se encuentran los proyectos greenfield que corresponden a los que se construyen por primera vez, o se transforma a una obra existente en su totalidad. Ejemplo de estos proyectos en la región son la construcción de nuevos aeropuertos y terminales terrestres, financiación de nuevas centrales hidroeléctricas y en países como Chile, Perú y Ecuador, la creación de condiciones para proyectos de minería. En segundo lugar, se encuentran los proyectos brownfield. Al contrario de los greenfield, estos proyectos usan la infraestructura existente, para darle una nueva funcionalidad. Esto incluye la transformación de las instalaciones y adaptación de las mismas a nuevos objetivos de infraestructura.

Finalmente, se evidencia las concesiones y contratos de arrendamiento que se caracterizan por el uso de instalaciones existentes para el desarrollo de determinada actividad, a cambio de una retribución económica. La tendencia de gestión de proyectos indica que durante los años noventa, la mayoría de proyectos tenían la figura de proyectos brownfield y estaban vinculados al sector del transporte. Sin embargo, en los primeros años del siglo veintiuno se ha evidenciado el incremento de proyectos dentro del área energética, que han incrementado la figura de los proyectos greenfield en la región. Finalmente, los contratos por gestión, arrendamiento y concesión han mostrado menor grado de implementación en América Latina.

En América Latina, las asociaciones público-privadas han tenido mayor participación en la financiación de proyectos greenfield.24 Desde el año 2002 hasta el 2015, se han realizado 767 proyectos de este tipo, principalmente en el sector de la energía. Brasil es el país latinoamericano que presenta mayor número de proyectos. El 80% fueron desarrollados para la transmisión de electricidad en el territorio. Chile, México y Perú aparecen con APP similares en este campo, pero incluyen varios proyectos dentro del sector de transporte. Finalmente, Venezuela es el país que menor número de proyectos greenfield tiene, con solamente uno realizado en el año 2003 para la generación de electricidad. A parte de los mencionados, también han existido de otro tipo de proyectos en la región. En cuanto a los proyectos de concesión, se han desarrollado 283 proyectos desde el año 2002. De igual forma, se registran 33 proyectos de lease contract y 10 proyectos de despojo desde la misma fecha.

Dentro de la región latinoamericana existen varias diferencias en la implementación de alianzas público-privadas. Como se mencionó anteriormente, cada uno de los procesos de 16 países latinoamericanos serán cuantificados y tratados como indicadores de la variable dependiente “nivel de alianzas público- privadas”. Este nivel será la función de cuatro indicadores:

Porcentaje de APP a nivel regional:

  • Principal sector de inversión en infraestructura a través de APP por país desde 2002:
  • Principal tipo de APP usado por país desde 2002 (greenfield, brownfield, etc.):
  • Porcentaje de la inversión en APP desde el 2002 a nivel regional.
  • El primer indicador dará cuenta de la densidad de APP en cada uno de los países de acuerdo a la población. Es decir, se dividirá el número total de alianzas público-privadas en el país, por el número de habitantes, y se obtendrá un valor positivo. Luego, se establecerá una relación directamente proporcional con el total de proyectos a nivel regional, para obtener el porcentaje de APP a nivel regional por país.

En segundo lugar, el indicador sobre el principal sector de la inversión mostrará el sector de la infraestructura en el que más se han desarrollado APP. Existen cuatro sectores principales (agua, telecomunicaciones, energía y transporte).

En tercer lugar, se mostrará el tipo de APP más común en cada uno de los países de América Latina. Finalmente, el cuarto indicador permitirá evidenciar el monto total invertido en asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura en cada uno de los países. A este último valor, se le realizará una regla directamente proporcional al total de la inversión en América Latina para obtener el porcentaje de inversión por cada país con respecto a la inversión total. La tabla 1 resume los datos obtenidos en cada uno de los países latinoamericanos.


Cuadro 1. Nivel de APP en América Latina

País Porcentaje de APP a nivel regional Principal sector de APP Principal tipo de APP Porcentaje de inversión regional
Argentina 3,7 Telecomunicaciones Greenfield 4,49
Bolivia 0,2 Telecomunicaciones Greenfield 0,27
Brasil 50 Electricidad Greenfield 57,67
Chile 9 Electricidad Greenfield 6,1
Colombia 6,8 Telecomunicaciones Greenfield 5,6
Costa Rica 1,4 Electricidad Greenfield 0,3
Ecuador 1,7 Telecomunicaciones Greenfield 1
El Salvador 0,09 Telecomunicaciones Despojo 0,4
Guatemala 1,2 Telecomunicaciones Greenfield 0,8
Honduras 2,1 Electricidad Greenfield 0,8
México 10,7 Telecomunicaciones Greenfield 13,7
Nicaragua 0,9 Telecomunicaciones Greenfield 0,4
Panamá 1,8 Electricidad Greenfield 0,8
Perú 8,3 Electricidad Greenfield 5,4
Uruguay 2 Electricidad Greenfield 0,8
Venezuela 0,12 Telecomunicaciones Greenfield 0,9

Fuente: The World Bank, “Private Participation in Infrastructure Database” 2010.
Elaboración: autor.


De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los países latinoamericanos de la muestra tienen como principal tipo de APP a los proyectos greenfield. Solamente se evidencia que El Salvador invierte un mayor porcentaje en los proyectos de despojo. Así mismo, el indicador de principal sector de la infraestructura refleja que en más de la mitad de la muestra de países han invertido mayores recursos en el sector de las telecomunicaciones. Solamente siete de los países han invertido en proyectos de energía eléctrica, en los que Brasil lidera la tabla de inversión con más del 50% del total en América Latina.

En cuanto al porcentaje de APP con respecto a la región, se evidencia correlación entre el tamaño de la población y el porcentaje de inversión en los países con mayor número de habitantes, Venezuela es la única excepción. Este último país representa un rasgo interesante ya que tiene una de las poblaciones más grandes del continente, pero solamente representa el 0,12% de las APP, y menos del 1% de la inversión total de América Latina. Por el contrario, Brasil muestra el mayor nivel de inversión y APP en los últimos años. En ese país se han llevado a cabo el 50% de las APP en la región desde el año 2002, y se ha invertido cerca del 60% del total regional.

Otro caso interesante es el desarrollo de APP en Chile. En este país, el número de habitantes llega a 18 millones de personas, solamente dos millones más que en Ecuador y Guatemala, y la sexta parte de la población que tiene México. A pesar de esto, Chile ocupa el tercer lugar en el desarrollo de APP a nivel regional con el 9% del total, siendo superado solamente por México y Brasil. En conclusión, a pesar de no contar con amplio territorio y población numerosa, Chile ha mostrado el crecimiento más acelerado de la región en cuanto al desarrollo de APP, y ha generado más proyectos en infraestructura que en países más extensos y poblados como Colombia, Perú, Venezuela y Argentina.

México es el segundo país que más APP ha desarrollado, con el 10% de la región y ocupa el segundo lugar en la inversión en APP. El resto de los países centroamericanos tienen aproximadamente el 2% de las APP, pero difieren mucho en el porcentaje de inversión regional.

Mientras que Guatemala y Honduras han invertido mayor cantidad de recursos en APP, alcanzando el 1% de la inversión total en la región, Panamá y Costa Rica solamente representan el 0,4% de la inversión regional. Con excepción de México y Nicaragua, todos estos países han alcanzado altos niveles de inversión en el área de energía.

Quizá el caso más particular de la región lo representa Venezuela, que es el quinto país más poblado de América Latina y tiene el más bajo porcentaje de APP a nivel regional. Sumado a esto, el país invirtió desde 2002 solamente US $ 6.107 millones en proyectos de infraestructura bajo la figura de APP, cifra similar a la de Ecuador, Guatemala y Panamá. Lo interesante de este fenómeno, es que Venezuela tiene casi el doble de Producto Nacional Bruto y población de esos países, que a la larga significa, mayor demanda ciudadana de proyectos de infraestructura.

Finalmente, se puede evidenciar un tercer caso particular con la inversión de Argentina en APP. A pesar de tener similar población e ingreso que Colombia y Perú, el número de APP en este país no llega ni si quiera a la mitad de la de sus similares. En cuanto a la inversión, el país alcanza el 4,5 de la inversión total regional, y ocupa el sexto lugar de la muestra de países seleccionados.

En conclusión, se ha demostrado que el nivel de alianzas público-privadas en América Latina es variado. Además, se muestra también que factores como población o PIB del país, no determinan el número de APP ni la inversión en proyectos de infraestructura bajo esta figura. Se evidencia a Brasil como el país con mayor número de APP y Venezuela como el que menor número de APP posee.

En cuanto a la inversión, Brasil es también el país que más ha invertido y Bolivia el que menos. A parte de esto, se ha demostrado que Colombia, Perú, Chile y México tienen mayor número de APP, a diferencia de Argentina, Bolivia, Venezuela y Nicaragua que sumados no llegan ni al 5% del porcentaje regional.

Entonces, ¿qué hace a cada uno de los países de América Latina invertir de distinta manera en APP? El siguiente acápite del trabajo pretenderá dar una respuesta a esta pregunta bajo los tres indicadores de memoria social presentados en la segunda parte de la investigación. Se demostrará que la memoria social influye directamente en los resultados presentados en los párrafos anteriores, y que el nivel de APP en América Latina es una consecuencia directa de la memoria social del neoliberalismo.


Memoria social del neoliberalismo y asociaciones público-privadas en América Latina



Cuadro 2. Indicadores de APP en América Latina

Indicadores de APP
País % de APP a nivel regional Principal sector de APP Principal proyecto APP Inversión en el principal proyecto (USD Millones) Principal tipo de APP Total de inversión en APP desde 2002 (M. USD) % de inversión regional Principal país inversor
Argentina 3,7 Telecomunicaciones Compañía de Telefonía del Interior 6.609 Greenfield 28.332 4,49 España
Bolivia 0,2 Telecomunicaciones Telefónica de Bolivia 418 Greenfield 1.722 0,27 Luxemburgo
Brasil 50 Electricidad Telenorte S.A. 19.530 Greenfield 363.651 57,67 Brasil
Chile 9 Electricidad Telefónica Móvil 5.408 Greenfield 39.011 6,1 España
Colombia 6,8 Telecomunicaciones Comcel 7.595 Greenfield 35.732 5,6 México
Costa Rica 1,4 Electricidad Claro C. Rica 634 Greenfield 2.369 0,3 España
Ecuador 1,7 Telecomunicaciones Conecel Porta 3.047 Greenfield 6.341 1 México
El Salvador 0,09 Telecomunicaciones Compañía de Telecom 1.216 Despojo 2.637 0,4 México
Guatemala 1,2 Telecomunicaciones Telgua 1.586 Greenfield 5.312 0,8 México
Honduras 2,1 Electricidad Claro Honduras 692 Greenfield 5.079 0,8 México
México 10,7 Telecomunicaciones Telcel 17.002 Greenfield 86.599 13,7 México
Nicaragua 0,9 Telecomunicaciones Enitel 771 Greenfield 2,567 0,4 México
Panamá 1,8 Electricidad Cable Panamá 1.065 Greenfield 5.669 0,8 Estados Unidos
Perú 8,3 Electricidad Lima Metro 5.373 Greenfield 34.447 5,4 España
Uruguay 2 Electricidad IMPSA 2.177 Greenfield <5.062/td> 0,8 Argentina
Venezuela 0,12 Telecomunicaciones Movistar Venezuela 3.689 Greenfield 6.107 0,9 España

Fuente: The World Bank, “World Development Indicators”, 2016.
Elaboración: autor.


Como se explicó en el acápite anterior, las diferencias en la asociación público- privada de América Latina puede dividirse en tres grupos: el primero, liderado por Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Uruguay corresponde a los países que mayor número de APP tienen en la región en proporción al número de habitantes. El segundo grupo (Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala) representa a aquellos países han desarrollado nivel medio en la conformación de APP. Finalmente, el tercer grupo compuesto por Argentina, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Bolivia contiene a los países que han alcanzado bajos, y hasta muy bajos niveles de APP.

La primera relación descriptiva se hará con el indicador de memoria social que refleja el sistema político del país después del paso del neoliberalismo. Como afirma Roberts,25 no todos los países de América Latina sufrieron la fragmentación del sistema de partidos. En Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela, el sistema de partidos se fragmentó durante el neoliberalismo, abriendo el paso para el nacimiento de nuevos partidos políticos de izquierda que llegaron al poder en la época posneoliberal.

Alianza PAIS en Ecuador, MAS en Bolivia y el movimiento bolivariano en Venezuela son claro ejemplo de aquello. Estos tres partidos, promocionaron un discurso anti neoliberal en el proceso de campaña política de sus países, y ganaron al electorado con promesas de cambio y política antineoliberal.

Los tres partidos se caracterizaron por la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, y de esa manera disolver la normativa existente instaurada por los políticos durante la era neoliberal. La gran aceptación que tuvieron en las urnas las propuestas de estos partidos antineoliberales, refleja el grado de rechazo de la población hacia la política neoliberal.

Sin embargo, en otros países no se evidenció la ruptura del sistema de partidos. En países como Brasil, México, Uruguay y Argentina, los partidos políticos de izquierda tomaron fuerza durante la época neoliberal, y se consolidaron como la única fuerza nacional que representaba el interés de los trabajadores y las organizaciones sociales. En el caso de Chile, no se dio la ruptura del sistema de partidos, pero el partido socialista fue minimizado drásticamente por la dictadura militar de Augusto Pinochet. En estos países, los partidos de izquierda se encontraban más consolidados y demostraron ser una fuerza opositora al neoliberalismo durante su paso por la región y no necesitaron de la creación de “nuevas fuerzas” antineoliberales como en los otros países descritos en el párrafo anterior.


Cuadro 3. Tipo de discurso de gobiernos latinoamericanos con respecto al neoliberalismo

Consecuencias políticas
País Discurso gubernamental antineoliberal en los últimos 10 años Destrucción del sistema de partidos
Argentina 1 0
Bolivia 1 1
Brasil 1 0
Chile 0 0
Colombia 0 1
Costa Rica 0 0
Ecuador 1 1
El Salvador 0 1
Guatemala 0 1
Honduras 0 1
México 0 0
Nicaragua 1 1
Panamá 0 0
Perú 0 1
Uruguay 0 0
Venezuela 1 1

1=Si, 0=No.
Fuente y elaboración: autor


La tabla 3 muestra dos indicadores de las consecuencias políticas del neoliberalismo, que reflejan la posición del electorado en cuanto a la aceptación de gobiernos antineoliberales en la región. Solamente Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, muestran gobiernos antineoliberales abiertamente.26

Es interesante ver que justamente estos países son los que menores niveles de APP muestran en la región. Especialmente en Argentina y Venezuela, donde la inversión en APP representa solamente el 5% y 1% respectivamente, se evidencia una directa correlación entre el tipo de gobierno y la asociación público- privada. Ambos países poseen bajos niveles de APP, y tienen gobiernos que se autodefinen como gobiernos antineoliberales.

En Bolivia se evidencia la misma relación, pero con menor intensidad. Por un lado, se refleja al gobierno de Evo Morales como antineoliberal, y por otro se evidencian bajos niveles de inversión en APP. En países como Ecuador y Nicaragua, la relación se mantiene positiva pero no es tan notoria como los casos anteriores, ya que pese a los gobiernos antineoliberales de estos países, las condiciones de inversión en APP no han sido tan bajas en relación con los otros países con gobiernos antineoliberales.

En el caso de los gobiernos que no expresan un rechazo discursivo al neoliberalismo, se puede evidenciar una correlación positiva con la inversión en infraestructura. Tanto Chile, Colombia, y Perú reflejan altos niveles de inversión en APP en proporción a su población. El discurso antineoliberal en estos lugares no ha tenido fuerza ni aceptación por la mayoría del electorado, condición que ha llevado a estos países a tener mayores oportunidades para la inversión público-privada en la infraestructura.

Finalmente, la memoria social sobre el neoliberalismo en América Latina ha llevado a ciertos países tener gobiernos antineoliberales. En la mayoría de estos países, se evidencia un bajo nivel de asociaciones público-privadas, lo cual permite concluir que la presencia de un gobierno antineoliberal en la región (memoria histórica negativa del neoliberalismo), es un condicionante directo de la ausencia de asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura.

La segunda relación descriptiva se realizará con los indicadores de memoria social que miden el nivel de privatización de infraestructura en cada país de América Latina. La tabla 4 expresa los diferentes niveles de privatización en cinco áreas de la infraestructura: puertos, electricidad, agua, carreteras y telecomunicaciones. Solamente Argentina, Chile, Uruguay y México experimentaron fases de privatización en todas las áreas mencionadas. Por el contrario, Costa Rica, Guatemala y Honduras, experimentaron los más bajos niveles de privatización durante la época neoliberal. En otros países como Ecuador, Nicaragua y Panamá hubo privatización anunciada en varios sectores,27 pero por motivos políticos no llegó a implementarse.


Cuadro 4. Nivel de privatización de la infraestructura durante el neoliberalismo

Privatizaciones en el neoliberalismo
País Privatización de puertos Privatización de electricidad Privatización de agua Privatización de carreteras Privatización de telecomunicaciones
Argentina 2 2 2 2 2
Bolivia n.a n.a n.a n.a n.a
Brasil 1 2 0 1 1
Chile 2 2 2 2 2
Colombia 0 2 0 2 0
Costa Rica 0 0 0 0 0
Ecuador 1 1 0 1 1
El Salvador n.a n.a n.a n.a n.a
Guatemala 0 1 0 0 1
Honduras 0 2 0 0 1
México 2 2 2 2 2
Nicaragua 1 1 1 1 1
Panamá 1 1 0 1 1
Perú n.a n.a n.a n.a n.a
Uruguay 2 2 2 1 2
Venezuela 2 0 0 1 2

0=no privatización, 1=privatización anunciada, 2=privatización realizada

Fuente y elaboración: autor


El caso de Argentina, Chile y México es de interesante análisis. Los tres países tuvieron similar proceso de privatización de la infraestructura durante la época neoliberal. Además, en estos países se implementó el proceso de privatización por completo en los cuatro sectores principales de la infraestructura.

Sin embargo, la tabla de APP demuestra que estos tres países tienen distintos niveles de dificultad para realizar APP. Mientras que en Chile y México, el porcentaje de APP a nivel regional es de 9 y 10,7% respectivamente, en Argentina es del 3,7%. En este último país, el alto nivel de privatización durante la época neoliberal parece haber tenido consecuencias negativas en la confianza con el sector privado, y ha estancado el desarrollo de APP. Por el contrario, México y Chile muestran un mayor nivel de confianza hacia el sector privado a pesar de haber tenido altos niveles de privatización durante los ochenta.

En el caso de los países con bajos niveles de privatización, no se evidencia relación directa con la posibilidad de generar alianzas público-privadas. Tanto Guatemala, Honduras, Ecuador, Brasil y Venezuela, experimentan distintos niveles de APP, a pesar de tener similares procesos de privatización durante la época neoliberal. Incluso, Brasil y Venezuela, (los dos países con mayor y menor nivel de APP) que sufrieron similares procesos de privatización de la infraestructura, no reflejan una similitud en los datos de positividad hacia la inversión privada. Finalmente, se prueba que la variable de nivel de privatización durante el neoliberalismo no influye para la generación de APP en la región.

La tercera variable de memoria social es la opinión pública acerca del sistema de privatización. La tabla 5 representa el porcentaje de la población en la región que se manifiesta a favor o en contra de varios servicios de infraestructura en manos privadas.


Cuadro 5. Opinión ciudadana sobre privatización de infraestructura durante la época neoliberal

Opinión sobre la privatización de la infraestructura después de primera ola neoliberal. Año base: 2000. Porcentaje de la población, excluyendo las preguntas no respondidas por el encuestado. Datos en base a % de población.
País Servicio eléctrico debería ser parte del Estado Servicio eléctrico debería ser parte del sector Privado Servicio de agua potable debería estar en manos del Estado Servicio de agua potable debería estar en manos Privadas Telefonía debería estar en manos del Estado Telefonía debería estar en manos privadas 3 Servicios de infraestructura deberían estar en manos del Estado 3 Servicios de infraestructura deberían estar en manos del sector privado
Argentina 51,9 48,1 59,1 40,9 47,5 52,5 52,83 47,17
Bolivia 52,2 47,8 53,9 46,1 54,6 45,4 53,57 46,43
Brasil 59,2 40,9 69,6 30,4 50,3 49,7 59,70 40,33
Chile 67,7 32,3 73,6 26,4 54,2 45,8 65,17 34,83
Colombia 72,1 27,9 73 27 68 32 71,03 28,97
Costa Rica 78,5 21,5 83,6 16,4 73,9 26,1 78,67 21,33
Ecuador 62,1 37,9 61,3 38,7 53,4 46,6 58,93 41,07
El Salvador 63,3 36,7 71 29 46,2 53,8 60,17 39,86
Guatemala 56,4 43,6 65,1 34,9 53,6 46,4 58,37 41,63
Honduras 78 21,1 80,2 19,8 75,9 24,1 78,03 21,67
México 63,4 36,6 71,3 28,7 48,4 51,6 61,03 38,97
Nicaragua 82,3 17,7 84,4 15,6 76,1 23,9 80,93 19,07
Panamá 83,5 16,5 90,1 9,9 82,6 17,4 85,40 14,60
Perú 67 33 71,9 28,1 60,2 39,8 66,37 33,63
Uruguay 84,4 15,6 86,7 13,3 86,4 13,6 85,83 14,17
Venezuela 72,7 27,3 75,8 24,2 38,3 31,7 72,27 27,73

Fuente: Vanderbilt University, “Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y El Barómetro de las Américas”, 2000.
Elaboración: autor


Hacia el inicio del nuevo mileno, América Latina había ya vivido veinte años de políticas neoliberales. Durante este tiempo varias empresas estatales fueron privatizadas, y la provisión de servicios de infraestructura pasó en gran parte a las manos del sector privado. Ante esta realidad, la ciudadanía experimentó tanto el proceso de nacionalización de las empresas, como el de la privatización, y, por ende, podía opinar sobre su percepción del sector privado en la infraestructura. La información obtenida del proyecto Latinobarómetro, muestra las respuestas de la ciudadanía en el año 2000, con respecto al sistema de privatización durante el neoliberalismo. Las preguntas incluyeron, ¿cree usted que el servicio eléctrico debe ser parte del Estado? ¿cree usted que el servicio de agua debe ser privatizado? y ¿cree usted que la telefonía debe estar en manos privadas?

Después de resumir la información, se evidencia que el país con mayor nivel de respuestas positivas hacia la privatización de los tres servicios de infraestructura mencionados es Argentina con el 47,17 % de la población a favor de infraestructura en manos privadas. Por debajo de este se encuentran Bolivia (46,43%), Ecuador (41,07%), Guatemala (41,63%), y Brasil (40,33%). De estos países, solamente Brasil demuestra una relación positiva con el número de APP, ya que el resto de los países muestran un nivel bajo de asociaciones público-privadas.

Venezuela y Honduras muestran niveles altos de rechazo hacia la participación privada en la infraestructura. Estas cifras explican el bajo desarrollo de APP en estos países, ya que la memoria social de estos países en cuanto a la opinión ciudadana se muestra opositora a la conformación de este tipo de alianzas.

Chile es el país que mayor tasa de crecimiento de APP tiene en toda América Latina. Sin embargo, la opinión de la gente en el año 2000 refleja que la aceptación a la privatización de recursos de infraestructura es bastante negativa en comparación con otros países de la región. Colombia, Panamá y Uruguay también muestran percepción negativa hacia la privatización. A pesar de aquello, en la tabla de APP muestran altos niveles de crecimiento y número de convenios entre el sector público y el privado.

En cuanto a la memoria social construida en base a los servicios de infraestructura, se observa que existe una percepción positiva hacia la privatización de los servicios de telecomunicaciones (mayoritariamente privatizados durante la época neoliberal), y rechazo a la privatización de otros servicios como el agua, saneamiento y electricidad. El servicio de agua potable y saneamiento muestra un factor determinante.

Todos los países de América Latina tienen percepción negativa del servicio en manos privadas, y consideran que debería seguir siendo controlado por el sector público. En cuanto al servicio de electricidad, las cifras muestran aceptación al manejo público del servicio, pero en menor dimensión que el servicio de agua. En conclusión, las cifras demuestran una mayor confianza hacia la privatización de servicios que fueron controlados por manos privadas durante el neoliberalismo, y rechazo al manejo privado de los servicios manejados por el Estado durante esta época.




Conclusión


La investigación ha desarrollado un modelo para entender las diferencias en la aplicación de asociaciones público-privadas en América Latina a través de la variable independiente “memoria social”.

Para esto, en primer lugar, se describió la historia de la inversión en infraestructura durante los últimos 30 años, en donde se concluyó que durante la época neoliberal existió falta de comunicación entre el sector público y privado para la inversión. Luego, se explicó de manera conceptual y metodológica la variable independiente “memoria social”, a través de los tres indicadores planteados para el trabajo: Presencia de gobierno antineoliberal en el presente, opinión pública de la privatización de infraestructura, nivel de privatización de infraestructura durante el neoliberalismo.

Después, se explicó la variable dependiente “APP”, y se estableció un porcentaje de inversión en APP por país y el número de APP por país, en referencia a la población de América Latina. Finalmente, el trabajo realizó correlaciones descriptivas entre los tres indicadores la variable “memoria social” y la variable dependiente “nivel de APP”.

El análisis de los indicadores de asociaciones público-privadas y memoria social han arrojado varias diferencias entre los países de América Latina. El modelo propuesto para la investigación explica la influencia de la memoria social del neoliberalismo en la capacidad de desarrollar alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura.

Sin embargo, no en todos los países se aplica el modelo con claridad. En la mayoría de los países, existe relación entre dos de los indicadores y la variable dependiente. Solamente en tres países (Chile, Argentina, Venezuela) existe aplicabilidad directa del modelo con relación en los tres indicadores.

El indicador de memoria social que más influencia ha tenido dentro del modelo es el de “gobierno antineoliberal”. Se evidencia claramente que en los países en donde el gobierno de los últimos diez años ha sido declarado “antineoliberal” se muestran más bajos niveles de APP. Esta aceptación al discurso antineoliberal por parte del electorado, refleja el grado de rechazo a políticas de privatización.

No es casualidad que el indicador macroeconómico de riesgo país sea más elevado en esos países según la financiara JP Morgan. La hipótesis se cumple con este indicador, ya que evidencia que mientras mayor aceptación tiene un gobierno antineoliberal, entonces menor va a ser la probabilidad de desarrollo de asociaciones público-privadas.

La opinión pública es el indicador de menor influencia para el modelo. Es muy probable que la muestra tomada por el proyecto Latinobarómetro sea muy baja para un análisis de este tipo. Lamentablemente es todavía la única fuente de opinión que contiene datos históricos sobre privatización en la región. A pesar de esta limitación metodológica, las encuestas arrojan conclusiones interesantes.

En Venezuela, por ejemplo, que tiene el nivel más bajo de APP en América Latina, se ve un claro rechazo hacia la privatización de la infraestructura desde el año 2000. En ese país, se afirma la hipótesis de que mientras más negativa sea la percepción sobre la privatización, entonces menor oportunidad de desarrollo de APP va a existir en un país.

Finalmente, la memoria Social sobre el neoliberalismo sí influye en el nivel de asociaciones público-privadas en América Latina, pero no con igual magnitud en todos los países. Se ha mostrado que en ciertos países existe mayor aceptación a la participación privada, y esto ha conducido a mayor inversión en alianzas estratégicas para la construcción de infraestructura.

Por el contrario, se demuestra también que la inversión en infraestructura público-privada es menos probable en países donde la memoria social del neoliberalismo tenga una construcción negativa. Este ha sido un esfuerzo por construir un modelo de relación entre la memoria social y la inversión en APP. Para obtener conclusiones más detalladas en cada país, será necesario realizar una investigación profunda donde la muestra de los indicadores cubra una mayor parte de la población.




Notas


1 Ver: David Aschauer, “Is Public Expenditure Productive?”, Journal of Monetary Economics, No. 23 (1989).

2 ECLAC, “Economic Survey of Latin America and the Caribbean: Challenges in boosting the investment cycle to reinvigorate growth”, ECLAC, LC/G.2645-P (2015), (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38715/111/S1500732_en.pdf).

3 Patricio Rozas y Ricardo Sánchez, “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”, CEPAL -Serie Recursos naturales e infraestructura, No. 75 (2004), (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6441/S048642_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

4 César Calderón y Luis Servén, “The effects of infrastructure development on growth and income distribution”, Policy Research Working Papers, No. WPS 3400 (2004), (https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-3400).

5 CAF, “Infraestructura en el Desarrollo de América Latina”, IDeAL, No. 4 (2014), (http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/746/2014_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

6 Luis Felipe López Calva y Nora Claudia Lusting, edit., Declining Inequality in Latin America: A decade of Progress? (Washington: Brookings, 2010).

7 Alberto Chong y Florencio López-de-Silanes, Privatization in Latin America: Myths and Reality. Latin American Development Forum (Palo Alto: Standford University Press/Washington DC: World Bank, 2005).

8 Daniel E. Perrotti y Ricardo J. Sánchez, “La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe”, CEPAL - Serie Recursos naturales e infraestructura, No. 153 (2011), (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6357/1/S110095_es.pdf).

9 William Easterly y Luis Servén, The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America (Washington DC: Stanford University Press/The World Bank, 2003).

10 César Calderón y Luis Servén, “Infrastructure in Latin America”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 5317 (2010).

11 Calderón y Servén, “The effects of infrastructure development on growth and income distribution”.

12 ECLAC, “Financing for development in Latin America and the Caribbean: A strategic analysis from a middle-income country perspective”, ECLAC, No. LC/L.3968 (2015), (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37769/S1500126_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

13 Nouriel Roubini y Jeffrey D. Sachs, “Political and Economic Determinants of Budget Deficits in the Industrial Democracies”, European Economic Review 33, No. 5 (1989): 903-33.

14 Calderón y Servén, “Infrastructure in Latin America”.

15 Paul Connerton, How societies remember (New York: Cambridge University Press, 1989).

16 James Fentress y Chris Wickham, Social memory (Oxford: Blackwell, 1992).

17 Darío Páez , Nekane Basabe y José Luis González, “Social Processes and Collective Memory: a cross-cultural approach to remembering political events”, in James Pennebaker, Darío Páez y Bernard Rimé, edit., Collective Memory of Political Events (Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1997).

18 Carole Crumley, “Exploring Venues of Social Memory”, in Maria G. Cattell y Jacob J. Climo, edit., Social Memory and History: Anthropological Perspectives (Walnut Creek: Altamira Press, 2002).

19 Scot A. French, Southern Cultures (Durham: Duke University Press, 1995).

20 David Harvey, A brief history of neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2005); Loïc Wacquant, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity (Durham: Duke University Press, 2009).

21 Tasha Fairfield, “Structural Power in Comparative Political Economy: Perspectives from policy Formulation in Latin America”, Business and Politics 17, No. 3 (2015): 411-41.

22 Gerver Torres, “La Tercera Ola de Privatización. Privatización de los Sectores Sociales” (ponencia, II Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Privatización, Mimeo, 1997).

23 Ibíd.

24 CAF, “La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina: Diagnóstico estratégico y propuestas para una agenda prioritaria”, IDeAL, No. 1 (2011), (http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/345/infraestructura_desarrollo_america_latina_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

25 Kenneth M. Roberts, Changing course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era (Nueva York: Cambridge University Press, 2014).

26 Kurt Weyland, “The Rise of Latin America’s Two Lefts: Insights from Rentier State Theory”, Comparative Politics 41, No. 2 (2009): 145-64.

27 Torres, “La Tercera Ola de Privatización. Privatización de los Sectores Sociales” .


Bibliografía


Aschauer, David. “Is Public Expenditure Productive?”. Journal of Monetary Economics, No. 23 (1989).

CAF. “Infraestructura en el Desarrollo de América Latina (Documento principal)”. IDeAL, No. 4 (2014). (http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/746/2014_principal.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

CAF. “La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina: Diagnóstico estratégico y propuestas para una agenda prioritaria”. IDeAL, No. 1 (2011). (http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/345/infraestructura_desarrollo_america_latina_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Calderón, César y Luis Servén. “Infrastructure in Latin America”. World Bank Policy Research Working Paper, No. 5317 (2010).

Calderón, César y Luis Servén. “The effects of infrastructure development on growth and income distribution”. Policy Research Working Papers, No. WPS 3400, No. 270 (2004).

Carciofi, Ricardo y Romina Gayá. Una nota acerca de la expansión del comercio y las necesidades de infraestructura en América del Sur, Carta mensual INTAL No. 135. Buenos Aires: BID – INTAL, 2007.

Chong, Alberto y Florencia López-de-Silanes. Privatization in Latin America: Myths and Reality. Latin American Development Forum. Palo Alto: Standford University Press/ Washington, DC: World Bank, 2005.

Cipoletta Tomassian, Georgina, Patricio Rozas, Ricardo J. Sánchez y Varinia Tromben. “Políticas de Infraestructura y Transporte en América Latina: Restricciones al Desarrollo y a la Integración”. Mundo Nuevo, No. 4 (2010).

Connerton, Paul. How societies remember. New York:Cambridge University Press, 1989.

Crumley, Carole. “Exploring Venues of Social Memory”. In Maria G. Cattell y Jacob J. Climo, edit., Social Memory and History: Anthropological Perspectives. Walnut Creek: Altamira Press, 2002.

Easterly, William y Luis Servén. The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America. Washington DC: Stanford University Press / The World Bank, 2003.

ECLAC. “Economic Survey of Latin America and the Caribbean: Challenges in boosting the investment cycle to reinvigorate growth”. ECLAC, No. LC/G.2645-P (2015). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37769/S1500126_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

ECLAC. “Financing for development in Latin America and the Caribbean: A strategic analysis from a middle-income country perspective”. ECLAC, No. LC/L.3968 (2015). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37769/1/S1500126_en.pdf).

Fairfield, Tasha. “Structural Power in Comparative Political Economy: Perspectives from Policy Formulation in Latin America”. Business and Politics 17, No. 3 (2015): 411-41.

Fay, Marianne y Mary Morrison. “Infrastructure in Latin America and the Caribbean. Recent Developments and Key Challenges”. World Bank Policy Research Working Paper, No. 37899 (2006).

Fay, Marianne y Tito Yepes. “Investing in Infrastructure - What is Needed from 2000 to 2010?”. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3102 (2003).

Fay, Marianne. “Financing the Future: Infrastructure Needs in Latin America, 2000-05”. World Bank Policy Research Working Paper, No. 2545 (2001).

Fentress, James y Chris Wickham. Social memory. Oxford: Blackwell, 1992.

French, Scot A. Southern Cultures. Durham: Duke University Press, 1995.

Gramlich, Edward M. “Infrastructure Investment: A Review Essay”. Journal of Economic Literature 32, No. 3 (1994).

Harvey, David. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Jaitman, Laura. “Urban infrastructure in Latin America and the Caribbean: public policy priorities”. Latin American Economic Review 24, No. 1 (2015): 1-57.

Kohli, Harpaul Alberto y Philip Basil. “Requirements for Infrastructure Investment in Latin America Under Alternate Growth Scenarios: 2011-2040”. Global Journal of Emerging Market Economies, No. 1 (2011).

Lardé, Jeannette y Ricardo J. Sánchez. “The economic infrastructure gap and investment in Latin America”. Bulletin FAL, No. 332 (2014). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37769/1/S1500126_en.pdf).

Lardé, Jeannette, Marconi Salvador y Julio Oleas. “Aspectos metodológicos para el tratamiento estadístico de la infraestructura en América Latina y el Caribe”. Recursos Naturales e Infraestructura, No. 168 (2014). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37322/1/S1420842_es.pdf).

López Calva, Luis Felipe y Nora Claudia Lusting, edit. Declining Inequality in Latin America: A decade of Progress? Washington: Brookings, 2010.

OECD. “Making the Most of Public Investment in a Tight Fiscal Environment: Multi-level Governance Lessons from the Crisis”. OECD. 2011. (https://www.oecd-ilibrary.org/economics/making-the-most-of-public-investment-in-a-tight-fiscal-environment_9789264114470-en).

Páez, Darío, Nekane Basabe y José Luis González. “Social Processes and Collective Memory: a cross-cultural approach to remembering political events”. In James Pennebaker, Darío Páez y Bernard Rimé, edit. Collective Memory of Political Events. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1997.

Perrotti, Daniel E. y Ricardo J. Sánchez. “La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe”. CEPAL-Serie Recursos naturales e infraestructura, No. 153 (2011). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6357/1/S110095_es.pdf).

Roberts, Kenneth M. Changing course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era. Nueva York: Cambridge University Press, 2014.

Roubini, Nouriel y Jeffrey D. Sachs. “Political and Economic Determinants of Budget Deficits in the Industrial Democracies”. European Economic Review 33, No. 5 (1989): 903-33.

Rozas Balbontín, Patricio, José Luis Bonifaz y Gustavo Guerra-García. “El financiamiento de la infraestructura: Propuestas para el desarrollo sostenible de una política sectorial”. Revista CEPAL, No. 97 (2012). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27858/1/S1100447_es.pdf).

Rozas, Patricio y Ricardo Sánchez. “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”. CEPAL. Serie recursos naturales e infraestructura, No. 75 (2004). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6441/S048642_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Rozas, Patricio. “América Latina: problemas y desafíos del financiamiento”. Revista CEPAL, No. 101 (2010). (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11406/101059083.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

The World Bank. “Private Participation in Infrastructure Database”. The World Bank, 2010. (http://ppi.worldbank.org/).

The World Bank. “World Development Indicators”. The World Bank, 2016. (http://documents.worldbank.org/curated/en/805371467990952829/World-development-indicators-2016).

Torres, Gerver. “La Tercera Ola de Privatización. Privatización de los Sectores Sociales”. Ponencia presentada en el II Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Privatización, Mimeo, 1997.

Vanderbilt University. “Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) y El Barómetro de las Américas”. 2000. (www.vanderbilt.edu/lapop/).

Wacquant, Loïc. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham: Duke University Press, 2009.

Weyland, Kurt. “The Rise of Latin America’s Two Lefts: Insights from Rentier State Theory”. Comparative Politics 41, No. 2 (2009): 145-64.

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