Introducción

En todo el mundo se observa el aumento de las movilizaciones sociales con los más variados intereses y objetivos. Desde redes de articulaciones con estrategias violentas hasta aquellas pacíficas, los grupos sociales se vienen organizando en la medida en que las redes de comunicación se van perfeccionando y se va concientizando sobre los derechos individuales y de colectividades en todos los niveles.

Uno de los grandes desafíos de las sociedades complejas y plurales es la construcción de consensos, incluso en aquellas en que hay un modelo político democrático. Los Estados nación –modelo de organización social consolidado para administrar un contingente poblacional en un territorio delimitado por fronteras, y que tiene la creación de una nacionalidad como elemento simbólico e identitario de pertenencia–, para mantener su soberanía sobre población y territorio, enfrentan inestabilidades del orden en relación con la representatividad de los gobiernos electos. Para pensar en la eficiencia de Estados democráticos es necesario entender la representatividad de sus gobiernos, la permeabilidad de participación de los ciudadanos y el mantenimiento y/o expansión de las justicias sociales en su espacio.

En este sentido, este artículo contextualiza el surgimiento de movimientos sociales indígenas y en qué medida son redes transnacionales y comunidades epistémicas. Así, en la primera parte del texto, se discuten las teorías democráticas, las sociedades complejas y plurales contemporáneas y la inevitabilidad de los conflictos en las democracias; realizando una necesaria conexión entre democracia y justicia, como parte propia de conceptualización de la primera.

Posteriormente, se relacionan los motivos por los cuales se articulan los grupos sociales, así como se sistematiza algunos conceptos de teorías de movimientos sociales. Después, se contextualiza la historia de los logros de derechos indígenas y la transnacionalización de sus articulaciones. Finalmente, se definen las articulaciones indígenas internacionales como redes transnacionales y comunidades epistémicas, bajo las discusiones del constructivismo crítico. Se optó por caracterizar estos movimientos justamente porque el entendimiento del mundo y la construcción del conocimiento no son exclusivamente del campo de los discursos, sino que también se construyen socialmente a través de prácticas.¹

La pluralidad social y la inevitabilidad de divergencias de interés en las democracias

Las teorías democráticas hegemónicas y liberales observan las instituciones que organizan el poder, a partir del principio de la mayoría. En contraposición a estas teorías, se desarrollaron otras que plantean sus motivaciones en hacer operativos los intereses de la soberanía popular a través de un nuevo modelo democrático: la democracia deliberativa. Faria defiende ese paradigma porque entiende la necesidad de decisiones colectivas, incluso en sociedades complejas, como las contemporáneas. La democracia deliberativa es el proceso de toma de decisión basado en la deliberación de los individuos en foros amplios de debate, a través de un proceso de comunicación que auxilia y antecede la formación de la voluntad de los ciudadanos.²

Para una democracia deliberativa, Habermas, referido por Faria, defiende la necesidad de la institucionalización de redes de comunicación (sin obstrucciones) para que la opinión pública influya en el proceso deliberativo, a través de la formulación de la voluntad de la mayoría en espacios de discusión informales. Cohen, en Faria, sugiere poner en práctica la deliberación y entiende que el modelo presentado por Habermas es limitado. Este autor observa la necesidad de una Poliarquía Directa Deliberativa (PDD) que pretenda la institucionalización de soluciones de problemas, realizadas directamente por los ciudadanos y con posibilidad del compromiso público. Por último, Bohman, también citado en Faria, cree que el diálogo entre ciudadanos debe ser realizado de manera cooperativa, pública y dialógica, entendiendo que existe la responsabilidad pública, de manera que la deliberación ocurra porque los individuos entenderían qué medida es beneficiosa para el colectivo.³

Los críticos del modelo de la democracia deliberativa argumentan sobre la dificultad de poner en marcha esos ideales deliberativos en sociedades complejas, aunque los formuladores de esa perspectiva creen que aparatos institucionales pueden ser espacios para la deliberación.⁴ Estos críticos observan que esta operatividad se reduce en sociedades amplias y tiene más probabilidades de éxito a nivel local. En ese sentido, Bohman contribuye con una justificación y una alternativa para tal situación:

Al reconocer la importancia de tales instituciones para la aplicación de la ley y para la implantación de políticas, Bohman rechaza la tesis de la incompatibilidad entre complejidad y soberanía. Para este autor, la burocratización y la democracia solo son inconsistentes si no se controlan públicamente, el problema es que las instituciones burocráticas, incluso las legislativas, casi no cuentan con control público y son estructuradas de forma jerarquizada, no democrática. Lidian con los ciudadanos de forma autoritaria, como si fueran clientes pasivos y no fuente primaria de información y juicio. Al enfatizar únicamente en la búsqueda de la eficiencia, la administración socava el potencial deliberativo de las instituciones. Para restaurar ese potencial, Bohman propone la formación de las esferas públicas en torno a cada una de esas instituciones que serían compuestas por actores afectados por las estrategias que buscan solucionar los problemas.⁵

Se puede observar que el factor que dificulta la puesta en marcha de deliberaciones en grupos plurales (en los que, por lo tanto, no es posible el consenso) es la divergencia de intereses entre los individuos, que son iguales ante los aparatos gubernamentales. Además, entender que estos mismos aparatos son esferas de poder en disputa y ocupadas por intereses legítimamente elegidos por la mayoría es esencial para analizar la dificultad que tienen los individuos para sentirse representados y el desafío de deliberar en espacios en que son minoría.

En ese sentido, Mouffe contribuye a la discusión sobre la imposibilidad de la erradicación del antagonismo en democracias, porque la asociación (no natural) entre liberalismo y democracia es incompatible y no existe reconciliación sin imperfección. Por lo tanto, las alternativas creadas por los modelos de deliberación –que se constituyeron como oposición al hegemónico– tampoco estabilizan el conflicto de intereses en sociedades complejas, ocurre solo una estabilización momentánea, ya que siempre habrá un interés hegemónico.⁶

La asociación moderna entre democracia y liberalismo causó un déficit democrático, ya que la primera solo puede ser vinculada al Estado de derecho y con la defensa de los derechos humanos, lo que invisibiliza los elementos de la soberanía popular al privilegiar la libertad individual. Sin embargo, tampoco es beneficioso eliminar la pluralidad social ya que el ámbito político y de disputa de poder son esenciales para una postura democrática: “en una organización política democrática, los conflictos y las confrontaciones, lejos de ser un signo de imperfección, indican que la democracia está viva y se encuentra habitada por el pluralismo”.⁷

Así, si el pluralismo es indispensable para la existencia de un ambiente democrático, de la misma forma es necesaria la creación, mantenimiento y expansión de criterios de justicia que garanticen la asistencia a las capas menos favorecidas por los intereses hegemónicos legitimados por las elecciones. Además, la paradoja entre democracia y liberalismo hace que el campo de disputa ideológica y política se vacíe en nombre de las libertades individuales, para dar espacio a que intereses privados del mercado y de corporaciones actúen sobre el bien público. En este sentido, algunos grupos sociales son desfavorecidos y se amplían las desigualdades.

Uno de los precursores del establecimiento de principios de justicia en el contexto de la democracia fue John Rawls. La mención a la teoría de la justicia a partir de la visión liberal es esencial para entender los caminos hacia la justicia social en los contextos de sociedades complejas y plurales. De esa forma, para que sea posible (una sociedad más estable y justa), según Rawls, es necesario “un conjunto de principios para elegir entre las diversas formas de ordenación social que determinan esa división de ventajas y para sellar un acuerdo sobre las partes distributivas adecuadas” que son los principios de justicia. Son ellos quienes establecen una especie de contrato social “una carta fundamental de una asociación humana”.

Pero, ¿es posible justificar principios comunes de justicia e instituciones que los corroboren en sociedades plurales y desiguales como las que vivimos? Para el autor, los principios de justicia pueden fundarse a partir de un consenso original entre los individuos. Este consenso original debe ser establecido con relación a la estructura básica de la sociedad, pues es ella quien establece el consenso necesario para que la justicia se haga presente en las demás instancias de la sociedad.⁸

Esta estructura básica de la sociedad se basaría en las libertades individuales e iguales de todos los individuos, el igual acceso y distribución de bienes sociales (renta, riqueza y oportunidades educativas y ocupacionales), y el principio de la diferencia, el cual aceptaría la desigualdad si está en favor de los que están en peor situación.⁹

Rawls demuestra que la justicia es la distribución equitativa de bienes que favorecerán la participación política de los individuos en una sociedad democrática, de forma equitativa. En ese sentido, y como propuesta de justicia, las contribuciones de Nancy Fraser son esenciales. Para la autora, la justicia demanda tanto la redistribución (pensando en un ambiente ideal y contractualista, como el de Rawls) como el reconocimiento y la representación. De esta forma, analiza la necesidad de la desinstitucionalización de patrones de valoración cultural que impiden la paridad de participación de las capas subordinadas históricamente. Así, la justicia social solo existe si hay reconocimiento y redistribución, a través de la paridad de participación, que garanticen la independencia material, valoración cultural y respeto a todos los individuos de la sociedad.¹⁰

Por lo tanto, la justicia es elemento fundamental para pensar el ejercicio de la democracia y garantizar la participación política de cada individuo en las sociedades contemporáneas. Debido a la complejidad y pluralidad de esas sociedades, siempre existirán conflictos en la democracia, ya que son intrínsecos a ambientes democráticos y plurales. Entender que no hay manera de acabar con las tensiones en las sociedades hace que se concluya que tampoco hay una sola forma legítima de resistencia contra las fuerzas dominantes.¹¹ En este contexto, la insurgencia de movimientos sociales es el inicio, en la práctica, de la contestación política para el establecimiento de la justicia en modelos hegemónicos de democracias liberales.

Insurgencia de movimientos sociales: garantía de la democracia a la contestación

La existencia de conflictos sociales en las democracias modernas y contemporáneas es inevitable, como se defendió anteriormente. En ese sentido, es interesante pensar en la necesidad de la construcción de un espíritu de comunidad para que alguna estabilidad exista dentro de los territorios de los Estados. Fue en ese sentido que la nacionalidad fue insertada en el contexto del Estado para que se creara una cohesión interna, aunque forjando una identidad común entre los individuos bajo soberanía estatal. Se observa que no solo la democracia liberal es una paradoja, sino también el propio ejercicio de democracia en los Estados.

De esta forma, la divergencia de intereses entre los actores sociales se acentúa, entendiendo conflicto como característica de la sociedad de mercado pluralista:

[...] se trata de la contrapartida natural del progreso tecnológico y de la creación subsiguiente de nuevas riquezas, por la que la sociedad de mercado es correctamente conocida. Los conflictos surgen de desigualdades emergentes y de declinaciones regionales o sectoriales – la contrapartida, justamente, de varios desarrollos dinámicos ocurridos en otras áreas de la economía. [...] El secreto de la vitalidad de la sociedad de mercado pluralista y de su capacidad para renovar puede residir en esta conjunción y en la erupción sucesiva de problemas y crisis.¹²

Se nota la diversidad de elementos que producen los conflictos sociales: culturales/étnicos, raciales, de género, materiales y políticos. Sin embargo, recientemente las teorías de movimientos sociales se han centrado en ampliar y agregar más elementos de análisis de los movimientos. A partir de los años 1970, surgieron tres concepciones de teorías de movimientos sociales, clasificadas como posmateriales.¹³

Primero, la Teoría de Movilización de Recursos (TMR) clasificada en el carácter racional de los movimientos sociales y su organización e institucionalización; tiene principal interés en discutir el proceso de movilización, y no sus motivos. Además, están las de carácter macro-histórico (que surgieron de la saturación de los debates marxistas sobre revolución) como la Teoría del Proceso Político (TPP) que partiendo de una teoría de la movilización política, entiende que la producción de la colectividad se da a partir del propio conflicto y la movilización a partir de condiciones políticas favorables. Finalmente, la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (TNMS) se basa en una teoría del cambio cultural y argumenta que la sociedad posindustrial viene creando nuevas formas de sociabilidad, que repercuten también sobre nuevas formas de movilización social.

Con especial atención a esta última teoría, dos de sus principales exponentes son Habermas y Touraine. Para Habermas, los nuevos conflictos atraviesan las áreas de reproducción cultural, la integración social y la socialización. De esta forma, las nuevas movilizaciones tienen como objetivo bloquear las esferas formales y organizadas de acción para favorecer las estructuras comunicativas; y, al mismo tiempo, no pretenden conquistar nuevos territorios.¹⁴

Habermas concluye que esos movimientos son una manera de resistencia a las tendencias de colonización de las formas de vida, realizadas por el capitalismo tardío. Según el autor:

Los nuevos movimientos sociales serían “subculturas defensivas”, nacidas en reacción a “situaciones-problema”. Su base social serían grupos cuyo estilo de vida habría sido afectado por dos grandes tipos de géneros. De una parte, se formarían alrededor de los green problems, es decir, de los efectos colaterales del desarrollo capitalista: contaminación, urbanización, experiencias con animales para producción de remedio, etc. Por otra parte, serían reacciones a problemas de la superexplotación de la sociedad contemporánea: riesgos potenciales de plantas nucleares, poder militar, manipulación genética, control y uso de informaciones personales, es decir, problemas que generan “riesgos invisibles”.¹⁵

En esa misma perspectiva, Touraine¹⁶ observa que la vida social es reinventada con los procesos de conflictos y negociaciones de la vida colectiva. Así, los conflictos en las sociedades posindustriales son generalizados, justamente porque las bases de las tradiciones se desestabilizan en ese nuevo momento económico y social, y los conflictos se introducen al ámbito privado y no se limitan más al público. Touraine delimita la nueva coyuntura de los movimientos sociales de la siguiente forma:

En el período de la industrialización heredamos la imagen de dos adversarios, la clase capitalista y la clase obrera, frente a frente en una arena y con armas que son en verdad escogidas por la clase dirigente, pero que no impiden que la confrontación sea directa. La imagen que se impone actualmente, al contrario, es la de un aparato central impersonal e integrador, que mantiene bajo su control, además de una “clase de servicio”, una mayoría silenciosa que proyecta a su alrededor un cierto número de minorías excluidas, cerradas, subprivilegiadas o incluso negadas.¹⁷

Los nuevos movimientos sociales pasan a concebir la ampliación de las demandas a partir de la inclusión de un mayor número de personas a la arena del consumo con el capitalismo tardío y la sociedad posindustrial. Al mismo tiempo, los movimientos de contracultura y las descolonizaciones de la década de 1960 influenciaron la emergencia de luchas por reconocimiento. Así, es interesante pensar la apertura a un recorte analítico liberal sobre esos movimientos, a partir del mantenimiento de los derechos de las minorías segregadas. Pero, una vez más, es importante recordar la paradoja entre democracia y liberalismo, y la necesidad de la pluralidad social y de la contestación para el ambiente democrático. En este sentido, la demanda social por nuevos tipos de movilizaciones a partir del surgimiento de nuevos conflictos es legítima y este artículo defiende la necesidad de ser analizada bajo la óptica de justicia de Fraser.

Nuevas demandas sociales

Para la conceptualización, Mario Diani define el movimiento social como “redes de interacción informal entre la pluralidad de individuos, grupos y/o organizaciones, comprometidas en un conflicto político y/o cultural, en las bases de una identidad colectiva compartida”.¹⁸ En ese sentido, esas redes facilitan la acción y diseminan los sistemas simbólicos y de significado necesarios para la creación de la identidad colectiva. Así, se dividen creencias, solidaridades e identidades, buscando con que se construyan los mismos entendimientos sobre los eventos y acciones sociales.¹⁹ Por lo tanto, se pueden entender los movimientos sociales como formadores de opinión. A causa de su confluencia de intereses (una vez que la movilización se da por la identificación mutua entre los individuos), los grupos interpretan los hechos sociales a su manera, y revelan la posibilidad de otras perspectivas de vida.

Tomando en consideración los movimientos como formadores de opinión y su movilización siendo influenciada por los propios conflictos sociales, su compromiso propone promover un cambio social a nivel sistémico o no sistémico. Sin embargo, la articulación de los grupos sociales no cesa en la ausencia de conflictos y, tampoco significa la institucionalización de los movimientos sociales; pero sí es necesario el análisis a partir de comportamientos colectivos y organizacionales los cuales son definidos por los movimientos a partir de las estrategias que van siendo formuladas en el transcurso de la historia de su movilización.

En una definición más específica, Jean Cohen²⁰ observa sobre los movimientos sociales contemporáneos (nuevos movimientos sociales):

[...] Lo que tengo en mente, por encima de todo, es un entendimiento propio que abandona los sueños revolucionarios en favor de la idea de reforma estructural, con una defensa de la sociedad civil que no intenta abolir el funcionamiento autónomo de los sistemas político y económico [...] No quiero, sin embargo, creer que es posible justificar este punto a partir de una filosofía de la historia que une la “verdadera esencia” de los movimientos (por más heterogéneas que sean sus formas de conciencia) a una nueva etapa de la historia (sociedad posindustrial). Tampoco el tema “sociedad contra Estado”, compartido por todos los movimientos contemporáneos (incluyendo algunos de la derecha), en sí implica algo nuevo. La cuestión, sin embargo, es si ese tema ha sido conectado a nuevas identidades, formas de organización y escenarios de conflicto. [...] Puesto que todos los movimientos son fenómenos complejos, sin embargo, la heterogeneidad puede no ser el único aspecto de las contestaciones contemporáneas. En cambio, hay una tesis que sugiere que algunas identidades, que implican formas específicas de organización y lucha en los movimientos contemporáneos, son nuevas en el sentido indicado [...].²¹

De esta forma, como observa el mismo autor, los movimientos sociales contemporáneos tienen como principal objetivo reivindicar la democratización de las estructuras sociales. Además, apunta que lo que diferencia la identidad de los movimientos sociales contemporáneos de las de sus antecesores es el nivel de reflexividad.²² Así, los movimientos sociales hacen negociaciones, a partir de la delimitación de una identidad colectiva, con otros actores sociales –a través de sus redes informales de solidaridad– y actúan para cambiar la estructura social vigente, transformándose en autores de nuevas dinámicas sociales.

Analizando nuevas formas organizativas de estos movimientos y partiendo de la idea de construcciones de sentimientos de pertenencia, los movimientos sociales se han articulado no solo a niveles locales y nacionales, sino también de forma transnacional. Su movimiento más allá del espacio territorial estatal no deja de lado redes domésticas; por el contrario, lo que sucede es la influencia de cuestiones internas y el ligamiento de estas con la política internacional, estableciendo un intercambio de informaciones y experiencias entre los planes nacionales e internacionales.²³ Un activismo que se difunde a través de fronteras ocurre dentro del internacionalismo, caracterizado por:

a) una densidad horizontal creciente de las relaciones entre Estados, oficiales gubernamentales y actores no estatales; b) vínculos verticales crecientes entre los niveles subnacional, nacional e internacional; c) una estructura formal e informal reforzada que invita al activismo transnacional y facilita la formación de redes de actores no estatales, estatales e internacionales.²⁴

Este internacionalismo es el principal resultado de las desigualdades y conflictos que resaltan en el proceso de globalización, en lo que se refiere a la forma de organización transnacional de movimientos sociales para empoderamiento. En ese sentido, los movimientos transnacionales tienen una geopolítica propia al redimir las fronteras de lo político, ya que los espacios locales y globales de enunciación de esos actores son interconectados.²⁵

Se ve que las redes de los nuevos movimientos no se delimitan al espacio del Estado nación y esta idea hace retomar la discusión posteriormente realizada: la paradoja entre Estado nación y democracia. Si la construcción de una nacionalidad oficial de un Estado subyugó identidades específicas, la transnacionalización de las redes de movilización encuentra en ese hecho el elemento simbólico para la construcción de una solidaridad e identidad colectiva de los movimientos sociales. De esta forma, es parte del entendimiento que el levantamiento de pueblos originarios internacionalmente, y más específicamente en este artículo de los latinoamericanos, es visto no solamente como una faceta de los nuevos movimientos sociales, sino que también como comunidades epistémicas –a partir de la literatura constructivista crítica– en especial atención a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

El caso de los movimientos indígenas transnacionales

En este sentido, es esencial retomar brevemente la historia de la articulación indígena como sociedad civil organizada. Una de las primeras organizaciones indígenas de América Latina fue la Federación Shuar, formada en los años 1960 en la Amazonía ecuatoriana. Esta organización, a diferencia de otros movimientos campesinos indígenas latinoamericanos, como observa Stavenhagen,²⁶ adquirió un formato más comunal y étnico que clasista, e influyó en el surgimiento de otros movimientos.

Al pasar de los años, estas articulaciones rompieron con la cuestión comunal y se aproximaron a agencias multilaterales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Como resultado, surgieron organizaciones de escala regional, que incluían a varios grupos étnicos, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Asociación Indígena de la Selva Peruana (AIDESEP). Más recientemente se originó una forma de nivel nacional de movilización indígena, como es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que fue vanguardia con los levantamientos indígenas en el país en 1990 y 1993. Además, de manera más general:

A partir de la segunda mitad de los años ochenta, han tenido lugar diversas reuniones internacionales de índole regional y continental en torno a las actividades conmemorativas del Encuentro de Dos Mundos (o más bien, de los 500 años de resistencia indígena y popular), y al Año Internacional de las Poblaciones Indígenas (1993) y el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (que comenzó en 1995), ambos proclamados por las Naciones Unidas. Representantes indígenas de América Latina han participado asimismo activamente en las discusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, en el cual se ha venido preparando un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas para la consideración de la Asamblea General, y también tomaron parte en los debates previos a la adopción del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Representantes indígenas también forman parte de los órganos directivos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, creado por la II Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Madrid, julio de 1992), y participan en las consultas que realiza actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, acerca de un futuro instrumento jurídico interamericano sobre derechos indígenas.²⁷

Así, la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que los pueblos originarios “tienen derecho a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural de los Estados”. Entonces, además de la lucha por mantener esta dinámica contemplada por la Declaración y de la garantía de su espacio de participación, los pueblos indígenas también vienen articulándose para su reconocimiento identitario, la libre determinación y la propiedad colectiva del territorio.²⁸ La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) observa también que actualmente los movimientos indígenas luchan para que sean reconocidos los derechos humanos en

Procesos de negociaciones sobre cambio climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y las iniciativas del Programa de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones Debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal y Promover la Función de la Conservación, la Gestión Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas Forestales de Carbono en los Países en Desarrollo (REDD+), entre otros.²⁹

De esta forma, se percibe una articulación indígena a nivel internacional en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre la Biodiversidad) o de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático). En este sentido, estas organizaciones trabajan al mismo tiempo con la cuestión territorial contra procesos extractivistas, el programa REDD+, el cambio climático y la promoción de los derechos humanos.³⁰

Es en este escenario que la COICA se organiza. Su creación data de 1984 y representa a los estimados 390 pueblos indígenas amazónicos, a través de las organizaciones nacionales indígenas de la región: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA); Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE); Federación de Organizaciones Amerindias de Guyana Francesa (FOAG); Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA); Organización de los Pueblos Indígenas de Surinam (OIS); y Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

COICA ha establecido los siguientes objetivos institucionales: a) estimular la interacción entre los pueblos y organizaciones miembros de COICA; b) defensa de territorios, libre determinación de los pueblos originarios y derechos humanos de los indígenas amazónicos; c) coordinar acciones junto a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a nivel internacional; d) fortalecimiento de la colaboración entre los pueblos indígenas; y, e) defensa de tradiciones culturales y desarrollo de sus integrantes.³¹ De forma organizativa, es constituida por el:

Congreso (órgano legislativo que se reúne a cada cuatro años y es formado por diez representantes de cada organización nacional), por el Consejo de Coordinación (CCC) (compuesto por los presidentes y delegados de las organizaciones nacionales), y por el Consejo Directivo de Coordinación (CDC) (instancia ejecutiva, formada por el Coordinador General, un Vice-Coordinador General y por coordinadores de las áreas de Derechos Territoriales, Recursos Naturales, Ambiente y Biodiversidad; Derechos Humanos, Socioculturales y Educativos; y Cooperación Económica y Derecho Internacional).³²

A nivel internacional, COICA tiene espacio de articulación consolidado en las Conferencias de las Partes (COP), de la Convención Cuadro de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), y en la Climate Aliance (iniciativa europea para la reducción del cambio climático). En nivel de las COP, COICA actúa junto a otros pueblos indígenas globales por medio del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) y del Comité Directivo Global de Pueblos Indígenas (CDGPI) creado en la COP 20. Esta representatividad indígena en ámbito de las COP fue consolidada en 2014, cuando los pueblos indígenas consiguieron un espacio auto gestionado llamado Pabellón Indígena y ejercido con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Ministerio de Medio Ambiente de Perú, ya que COP 20 se pasó a Lima.³³

Una de las principales pautas de acción de COICA a nivel internacional es la discusión acerca del REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), programa que fue creado en 2008, derivado de discusiones que ocurrieron en las COP. La propuesta considera el envolvimiento indígena de países en desarrollo y tiene como objetivos la compensación financiera de políticas de protección de áreas de bosques –ya que concentran grandes cantidades de carbono estocado– evitar la degradación forestal, y promover la conservación, el aumento de áreas de floresta y el manejo sustentable.

En la región amazónica, los países que ya se involucraron en proyectos financiados por REDD+ son Bolivia, Colombia y Ecuador, y Guyana, Perú y Surinam son países asociados. La crítica a este programa es que todavía no tiene sus mecanismos definidos (patrones de medición y verificación de la reducción de emisiones, distribución equitativa de beneficios y fuentes de financiamiento) y, por lo tanto, tampoco sus salvaguardas, lo que produce una falta de control sobre proyectos de crédito de carbono en territorios indígenas.³⁴ De esa manera, y basada en la Convención 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, COICA ha formulado una propuesta alternativa, el REDD+ Indígena Amazónico (RIA) y la ha presentado en la COP 17.

Es una propuesta que no quiere desvincularse de las decisiones tanto globales de la UNFCCC; como nacionales, con los proyectos de REDD+ de cada país; y jurisdiccionales, con la implementación local de estos proyectos. Pero el movimiento defiende que estos proyectos sean realizados de acuerdo con la cosmovisión indígena, los planes de vida y el territorio de cada pueblo indígena. Así, las estrategias de la COICA para la RIA son las siguientes: a) plan de vida a largo plazo (protagonismo indígena en definir cómo desean vivir y desarrollarse); b) seguridad y consolidación jurídica territorial; c) manejo holístico de los territorios (para garantizar la mitigación y resiliencia sociocultural frente al cambio climático); d) valorización de los bosques como herramienta de integración entre el hombre y la naturaleza; e) macro medición ecosistémica (los territorios indígenas deben ser medidos de manera integral); f) sistema de compensación por medios públicos (retribución a los indígenas por la forma sostenible que interactúan con su medio); g) proyectos adaptados a las realidades de cada pueblo indígena; h) reducción de las actividades que promueven la deforestación; i) reducción de los gases de efecto invernadero. Además, también observa la importancia de que estos proyectos deban ser aplicados solamente después de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI); y que se produzca una financiación de compensación a los pueblos indígenas por medios públicos y privados, a nivel nacional, y por medio de la creación de un fondo “Amazonia Indígena Viva”, a nivel.³⁵

Históricamente representaciones indígenas participaron por la primera vez de una COP en 1998 y el año siguiente fue realizado el primer Fórum Internacional Indígena sobre cambios climáticos, y a partir de su segunda reunión, se elaboró la Declaration of Indigenous Peoples on Climate Change, International Indigenous Forum on Climate Change 2000, consolidándose la participación indígena en la temática.³⁶ Así, al pasar de los años, este Fórum se consolidó como el Caucus Indígena, o bajo el nombre oficial International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change (IIPFCC). En esta perspectiva, como observa Niezen en Mesquita, el movimiento indígena se articula de forma internacional porque no es lo suficientemente eficiente para demandar a las instancias nacionales el procedimiento de algunas cuestiones específicas; por la posibilidad de movilización en red a partir de las décadas de 1960/1970; y por la noción de que los pueblos indígenas no son subyugados a una autoridad nacional, pudiéndose pedir ayuda a actores externos. Además de esto, la transnacionalización del movimiento también se da por su relación con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

La diplomacia indígena es construida en un contexto de luchas transnacionalizadas de pueblos originarios que son motivados a actuar de forma conjunta por intereses convergentes y por una identificación de subyugación frente a los Estados nación. De esta forma, al intentar influir en los regímenes internacionales y, aquí poniendo más atención, en los que son relacionados a instancias de discusión de cambio climático, es que se puede contextualizar las coaliciones indígenas como comunidades epistémicas a la luz de las discusiones constructivistas críticas.

Organizaciones transnacionales indígenas como comunidades epistémicas

En un primer momento, es necesario observar algunas cuestiones sobre la internacionalización de los derechos indígenas. Como apunta Brysk esta internacionalización se dio justamente porque los movimientos sociales indígenas no tenían suficiente fuerza a nivel doméstico. Además, estos movimientos consiguieron actuar de forma global porque procedieron como nuevos movimientos sociales, basados más en cuestiones étnicas y de identidad, que en elementos materialistas. Y, además, como apuntó Stavenhagen en Brysk, muchos de estos movimientos se desarrollaron desde lo local hacia lo internacional antes del establecimiento de alguna movilización nacional, configurándose una acción en que lo local y lo internacional se influyen mutualmente.³⁷

En este sentido, de una doble escala de articulación, la movilización indígena se puede entender bajo discusiones constructivistas. Así, estos grupos pueden ser clasificados dentro de un panorama de transnational advocacy networks, concepto discutido por Keck y Sikkink. Estas son redes que se configuran para influir en cambios institucionales y en las bases de interacción internacional. En este sentido, son actores que intercambian muchas informaciones y construyen valores convergentes. Aunque que no logren sus objetivos, estos actores son relevantes en el debate político. Como resultado, pueden contribuir para cambios de intereses y percepciones tanto de los Estados como de la sociedad, a partir de la potencialidad de su poder discursivo. Así, simultáneamente en que el campo social y político contiene bases estables de entendimientos y conocimientos, estas redes actúan sobre estos contextos e intentan reformularlo. De esa forma, las transnational advocacy networks son compuestas al mismo tiempo por un carácter estructural y de agencia,³⁸ o como observaría Guzzini,³⁹ participan tanto de la construcción social de los significados cuanto de la construcción de la realidad social. Además, los principales actores que pueden componen estas redes son:

(1) organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales de investigación y defensa de intereses; (2) movimientos sociales locales; (3) fundaciones; (4) los medios de comunicación; (5) iglesias, sindicatos, organizaciones de consumidores e intelectuales; (6) partes de organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales; y (7) partes de las ramas ejecutiva y/o parlamentaria de los gobiernos. No todos estos actores estarán presentes en cada red. Investigaciones iniciales sugieren, sin embargo, que las ONGs internacionales y nacionales tienen papel central en todas las redes de defensa de intereses, por lo general iniciando acciones y presiones más poderosas […].⁴⁰

Las condiciones en que estas redes surgen pueden ser determinadas cuando: a) grupos domésticos no tienen visibilidad por parte de sus gobiernos, influyendo en lo que se conceptualizó como “efecto boomerang”; b) los empresarios políticos creen que construir redes puede mejorar sus campañas y misiones; y c) conferencias y contactos internacionales promueven la propia construcción de redes.⁴¹ Así, el “efecto boomerang” es una estrategia cuando no se tiene espacio internamente a los Estados y la salida es el nivel internacional, siendo que los principales objetivos son el cuestionamiento de las propias políticas domésticas estatales.

La construcción de la acción de estas redes demanda que los actores compartan entendimientos e interpretaciones, es decir, estos actores son observadores que interpretan algo a partir de un mundo social en algún momento anteriormente ya interpretado. Así, el cambio estructural debe ser entendido como la reproducción de prácticas intersubjetivas que siguen su propio ordenamiento. ⁴²

Para entender cómo se origina un espacio propicio para compartirse entendimientos del mundo, Bourdieu en Guzinni, conceptualizó el “campo” como un subsistema social, que significa tanto un conjunto de prácticas patrones o espacios donde los agentes tienen cierto capital para avanzar en sus intereses. Así, existe una estructura producto de una historia colectiva que origina una estratificación social y establece un juego de poder a partir de la detención de capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos de los grupos.⁴³ De esa forma, los campos son lo que dan significando a la agencia:

Ellos son los tableros donde los agentes perciben las estrategias individuales, desarrollando sus roles a partir de las reglas de determinado juego (definido por la combinación particularmente valiosa de diferentes tipos de capital que represente el máximo de poder dentro del campo), así, reproduciendo abiertamente tales reglas.⁴⁴

De esta forma, lo que es compartido dentro de un determinado campo, su conjunto de disposiciones, es definido por Bourdieu en Guzzini,⁴⁵ como habitus, históricamente mutable y una materialización de una memoria colectiva. En este sentido, las transnational advocacy networks son comunidades epistémicas, como observado por Davis Cross, justamente porque tienen la posibilidad de influir en gobiernos y actores no estatales en la toma de decisiones. Por tanto, según la misma autora, mientras mayor sea la cohesión que tienen internamente estas comunidades epistémicas, mayor será el grado de influencia que puedan tener, influenciado también por grados de reconocimiento de su experticia. De esta forma, no es la naturaleza del conocimiento de estas comunidades epistémicas que influye sobre las instancias de toma de decisiones, sino su profesionalismo en ponerlo en práctica.⁴⁶

En este contexto, se puede entender el programa REDD+ como una norma o paradigma global y la movilización de comunidades locales (representadas por organizaciones internacionales, como COICA) en respuesta a este programa como transnational advocacy and grassroots⁴⁷ networks; y un producto de esta articulación, entendiéndola como una comunidad epistémica, es la alternativa RIA. De esta manera, es necesario subrayar que estas redes también legitiman escalas específicas de gobernanza comunitaria.⁴⁸ Este efecto de doble nivel de la gobernanza ambiental puede ser interpretado de dos maneras:

Puede ser visto como una oportunidad para organizaciones comunitarias ejercieren un rol en arenas globales difícilmente accesibles a la sociedad civil. Y también puede ser entendido como un constreñimiento cuando las organizaciones locales entienden que están competiendo con poderosos actores internacionales que dominan procesos de construcción normativa, especialmente ONG y expertos.⁴⁹

En efecto, lo que se ve es una mutua influencia entre cuestiones y actores locales y nacionales, que repercuten justamente por lo que se entiende por bienes comunes y las relaciones de poder que los envuelven en su interpretación bajo la lógica de commodities.