En 1492, los invasores ibéricos llegaron a Abya Yala y sometieron,
explotaron y humillaron a los pueblos originarios que habitaban este territorio. Juan Ginés
de Sepúlveda, en su obra Demócrates segundo o de las justas causas de la guerra contra
los indios, justificó ideológicamente el sometimiento emprendido contra estos
pueblos.
2
Esta visión colonial no solo legitimó la violencia física, sino que también sustentó un
proceso de despojo sistemático que afectó profundamente la estructura comunitaria, cultural
y política de los pueblos originarios.
3
Como resultado, los pueblos de Abya Yala han padecido innumerables injusticias
históricas que les han impedido ejercer y desarrollar plenamente sus propias instituciones
jurídicas, económicas, culturales y políticas; entre ellas, los sistemas de justicia
indígena, que han permanecido ocultos y relegados a las prácticas y memorias colectivas.
A lo largo de la historia colonial, feudal y republicana del país, los
pueblos indígenas han llevado a cabo múltiples movilizaciones y luchas orientadas a
garantizar la continuidad de la vida de sus comunidades, frente a estructuras persistentes
de dominación. Como señala Cristina Vega, "[l]a tradición patriarcal y colonial, antes y
después en la República, se organizó en torno a la autoridad de los padres de las élites
sobre los grupos minorizados en lo doméstico y en el Estado".
4
En esta trayectoria de lucha, el levantamiento indígena de 1990 marcó un
hito significativo, durante el cual se presentaron dieciséis demandas agrupadas en el
denominado "Mandato por la Vida".
5
En la Constitución ecuatoriana de 1998 se incorporaron algunas de las principales
reivindicaciones del movimiento indígena del Ecuador: por ejemplo, se reconocía a los
pueblos indígenas y nacionalidades de raíces ancestrales dentro del Estado y se validaban de
forma implícita las formas ancestrales de resolución de conflictos dentro de las comunidades
indígenas. Una década después, con la Constitución de 2008, se logró otro avance en la
legitimación y la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en
Ecuador. El cambio de un Estado "social de derecho" (1998) a un Estado "constitucional de
derechos y justicia, social, intercultural y plurinacional" (2008) fundamenta un
reconocimiento más robusto de la diversidad jurídica y la autonomía de los pueblos indígenas
en la administración de justicia.
Sin embargo, el colonialismo, el racismo, la explotación, la
discriminación y la exclusión han tenido un impacto particularmente fuerte en la vida de las
mujeres indígenas, quienes, junto a sus pares, han participado activamente en diversas
movilizaciones y luchas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos y
nacionalidades. Así, desde las décadas de 1980 y 1990, en los territorios de las comunidades
indígenas se han conformado diversas organizaciones de mujeres, particularmente en algunas
comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo. Estas organizaciones han articulado
reflexiones en torno al warmikunapak alli kawsay,
6
demandando que, en lugar de vivir en armonía, están enfrentando el llaki kawsay,
7
pues las vidas de las mujeres, sus familias y sus comunidades se ven afectadas por
múltiples problemáticas como la violencia, las agresiones sexuales, los feminicidios, el
racismo y la discriminación de género. Por ello, se plantea la urgencia de abordar y
discutir estas problemáticas, asumiendo una corresponsabilidad entre los actores sociales,
las comunidades y las autoridades comunitarias.
A nivel constitucional, la conquista de los derechos colectivos y la
justicia propia de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador constituye un avance
significativo en términos de pluralismo jurídico y autodeterminación. Sin embargo, este
reconocimiento formal plantea interrogantes esenciales: ¿cuál ha sido la experiencia de las
mujeres de los pueblos indígenas frente a los diferentes sistemas de justicia en Ecuador?,
¿cómo están enfrentando estas situaciones?
Frente a esta realidad, resulta necesario analizar cómo las mujeres
indígenas, desde la organización comunitaria, están resignificando y transformando la
justicia propia como una forma de resistencia frente al patriarcado y al colonialismo.
Este artículo se construye desde un enfoque metodológico colaborativo,
desde un "conocimiento situado y encarnado",
8
que reconoce la potencia del diálogo de saberes como principio metodológico y político.
De este modo, rompe con la lógica extractivista y jerárquica de la investigación
convencional, y apuesta por una relación horizontal, en la que tanto la comunidad indígena
como el o la investigadora se constituyen sujetos cocreadores de conocimiento.
9
No se trata únicamente de producir datos, sino de generar pensamiento crítico desde las
memorias, los sentires y las resistencias colectivas de los pueblos indígenas,
10
de manera particular los de las mujeres, posicionando sus voces como fuentes legítimas
de conocimiento frente a los marcos hegemónicos que históricamente las han silenciado.
Mi posicionamiento no responde al de una observadora externa, sino al de
una kichwa warmi (mujer indígena) profundamente implicada en este caminar como
activista, comunera, dirigenta e integrante de la Red Provincial de Organizaciones de
Mujeres Kichwas de Chimborazo (REDMUJCH)
11
' desde hace casi dos décadas. Esta investigación es también un ejercicio de memoria y
de sistematización crítica de nuestro proceso organizativo. Me sostengo en los saberes de
nuestras mayores, en las acciones colectivas, los reaprendizajes y los archivos vivos
construidos por las mujeres kichwas de Chimborazo. Las fuentes que nutren este análisis
-historias de vida, diálogos en kichwa, documentos de memorias, documentos políticos y
registros comunitarios- no solo informan el contenido, sino que configuran el método mismo,
porque provienen de una práctica viva de resistencia, creación y lucha por una vida digna en
nuestras comunidades.
Niveles y avances del reconocimiento de la justicia indígena en
Ecuador
Existen varios instrumentos internacionales que consagran los derechos
de los pueblos indígenas, especialmente en lo referente a la administración de justicia
indígena y la resolución de conflictos por parte de sus propias autoridades. Entre los
principales instrumentos destaca el Convenio n.° 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ratificado por
Ecuador en 1998.
12
También están la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
13
y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
Organización de Estados Americanos (OEA);
14
ambos tratados no son vinculantes, pero tienen una importancia ética y jurídica en
su ámbito.
En cuanto al Ecuador, en la primera Constitución ecuatoriana de 1830,
el art. 68 definió a los pueblos indígenas como una "clase inocente, abyecta y
miserable", designando "a los curas párrocos como tutores y padres naturales".
15
Este artículo refleja claramente la exclusión de amplios sectores sociales, en
especial de los pueblos indígenas, en la fundación de la República del Ecuador. El
Estado naciente se proclamaba monocultural, castellanizado, racista y excluyente.
Favorecía a la élite blanco-mestiza, mientras relegaba a las denominadas "minorías", es
decir, a mujeres, pueblos afrodescendientes e indígenas.
16
Impulsados por una larga trayectoria de exclusión, impuesta por un
Estado estructuralmente racista, los pueblos indígenas del Ecuador se articularon a
nivel nacional y en 1990 protagonizaron el denominado "primer levantamiento indígena"
con el objetivo de exigir el reconocimiento de sus derechos colectivos. Esta
movilización marcó un hito histórico, reafirmando su presencia como un actor político
clave en el escenario nacional.
17
Este logro se materializó en la decimonovena Constitución de 1998, en la cual por
primera vez se reconocieron los derechos colectivos y la justicia indígena. El art. 191,
en su tercer párrafo, establece que
[s]e reconocerán el
arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de
conflictos, con sujeción a la ley. Las autoridades de los pueblos indígenas
ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la
solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho
consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes. La
ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional.
18
Este reconocimiento de la justicia indígena se plantea en términos de
otorgar funciones de justicia a las autoridades indígenas, pero sin concederles plena
autonomía ni igual jerarquía frente a la justicia ordinaria. No obstante, la justicia
propia se ha ejercido continuamente en los territorios de las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas.
Una década más tarde, la CONAIE, a través de su Propuesta frente a
la Asamblea Constituyente, logró incluir en la Constitución de 2008
19
un reconocimiento que amplía los derechos colectivos y la justicia indígena con
función jurisdiccional, así como la declaratoria de Estado plurinacional, entre otros
avances para las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas.
20
Se pasó de un reconocimiento de la existencia ancestral de los pueblos
indígenas dentro de un Estado unitario a la consolidación de un Estado plurinacional e
intercultural que reconoce y garantiza una amplia gama de derechos colectivos,
incluyendo su derecho propio. La Constitución de 2008 reconoce múltiples naciones dentro
del Estado, ampliando sus derechos colectivos (art. 57), incluyendo la consulta previa,
el derecho a la justicia propia con participación y decisión de las mujeres,
21
la posesión de tierras y la participación en recursos naturales. Además, introduce
el concepto del Buen Vivir (Sumak Kawsay), alineado con la cosmovisión
andino-amazónica. A su vez, realiza un reconocimiento explícito y de mayor jerarquía de
la justicia indígena en los arts. 57 (num. 10) y 171. En el primero, el Estado ratifica
la facultad de los pueblos indígenas a "crear, desarrollar, aplicar y practicar su
derecho propio o consuetudinario", es decir, la autonomía legislativa comunitaria, en
tanto no contravenga "derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes", lo que eleva el derecho propio indígena a un nivel
constitucional.
22
Por otro lado, el art. 171 establece que
[l]as autoridades de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones
jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio,
dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las
mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución
de sus conflictos internos, que no sean contrarios a la Constitución y a los
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará
que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones
y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.
23
Este reconocimiento otorga a las autoridades de comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas funciones jurisdiccionales, autonomía, autodeterminación y
capacidad para resolver conflictos. No se establecen limitaciones respecto al tipo de
casos que pueden tratar, salvo que haya violación de derechos humanos y/o ausencia de
participación y decisión de las mujeres. La única instancia encargada de revisar las
decisiones tomadas por las autoridades indígenas es la Corte Constitucional. Este marco
legal marca el inicio del proceso de pluralismo jurídico "constitucionalizado" en
Ecuador. También se mandata a la ley prever "mecanismos de coordinación y cooperación
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria",
24
fomentando un diálogo intercultural entre los sistemas jurídicos, que supere la
lógica de subordinación impuesta históricamente.
Sin embargo, la creación de estos mecanismos interculturales
igualitarios sigue pendiente hasta el día de hoy.
También existen leyes como el Código Orgánico de la Función Judicial,
que formaliza el reconocimiento de la jurisdicción indígena, la declinación de
competencia y la justicia intercultural.
25
La allichina
26
constituye un sistema ancestral de derecho propio cuya esencia se encuentra en
armonizar la vida, recomponerla y buscar nuevas formas de existencia. Este sistema se
basa en las normas y los procedimientos propios de los pueblos y las nacionalidades, y
cuenta con una larga trayectoria histórica y práctica dentro de los territorios
indígenas. Además, está profundamente arraigado en los conocimientos y saberes, la
memoria colectiva, y el ejercicio de las quince nacionalidades y los dieciocho pueblos
indígenas presentes en Ecuador.
La justicia indígena ha sido aplicada de manera continua y permanente
en los territorios y en la vida familiar y comunitaria de los pueblos indígenas; fue
operada al margen del Estado, incluso antes de haber sido plenamente reconocida o
formalizada por el Estado y la Constitución. No obstante, la colonialidad y el racismo
que persisten en la sociedad ecuatoriana y sus instituciones han afectado en algunos
casos el ejercicio pleno de la justicia propia por parte de las comunidades.
Violencia de género y obstáculos en el acceso a la justicia para
las mujeres de los pueblos indígenas
En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido al menos un acto de
violencia a lo largo de sus vidas.
27
Esta cifra es más alta en el caso de las mujeres pertenecientes a los pueblos y
nacionalidades indígenas, como podemos constatar en el siguiente gráfico:
Figura 1
Mujeres autoidentificadas étnicamente que han sido víctimas de algún tipo de
violencia de género: física, psicológica, sexual y/o patrimonial
Fuente: Ecuador INEC, ENVIGMU.
La gravedad de esta situación se evidencia también en los testimonios
recogidos en los espacios comunitarios. Tal como se expresa en el siguiente diálogo, se
ratifica la violencia cotidiana que enfrentan muchas mujeres: "Inclusive los maridos que
han conseguido un amante golpean a la mujer y le dicen que ella es la culpable. Se llega
a la separación. Las mujeres deben responsabilizarse de todo. Los maridos no quieren
ayudar ni con la comida".
28
Por otra parte, más allá de las lesiones físicas visibles, la
violencia deja secuelas profundas en la salud integral de las mujeres. Estas
experiencias pueden desencadenar una serie de síntomas, entre ellos ansiedad, depresión,
estrés postraumático, dificultades de memoria, dolores de cabeza, tensiones musculares,
problemas respiratorios, alteraciones del sueño, pérdida del apetito e incluso
pensamientos suicidas.
29
Así lo refleja la siguiente historia de vida: "La violencia sicológica y las
agresiones pueden llevar a decisiones de tomar veneno como alternativa para librarse de
problema".
30
Por su parte, el movimiento de mujeres y feministas del Ecuador se ha
consolidado como un actor político de relevancia, promoviendo diversas acciones,
políticas públicas y programas en defensa de los derechos de las mujeres. En particular,
ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la violencia hacia las mujeres,
impulsando la inclusión del feminicidio como un delito tipificado en el Código Orgánico
Integral Penal,
31
junto con la sanción de penas específicas por primera vez dentro de esta normativa.
Asimismo, en el año 2018 logró la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
32
cuyo objetivo principal es la prevención y eliminación de la violencia ejercida
contra ellas en su diversidad en todos los espacios públicos y privados. A la par, se
han desarrollado ordenanzas, resoluciones, protocolos y rutas de acción, entre otros
mecanismos y medidas que buscan reforzar esta política pública.
A nivel internacional, se destaca la ratificación de instrumentos de
derechos humanos orientados a la protección de las mujeres, como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
33
la Convención de Belém do Pará
34
y otros instrumentos que refuerzan los compromisos del Estado.
Sin embargo, pese a estos avances normativos, persisten vacíos
estructurales preocupantes. No existen datos disponibles, actualizados ni consolidados
sobre los casos de feminicidio entre las instituciones estatales competentes, tales como
la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y el Consejo de la
Judicatura. Cada institución administra sus propios registros de manera independiente,
lo que limita el análisis integral del problema. Tampoco se dispone de información clara
sobre el porcentaje de casos de feminicidio que han recibido sentencias ejecutoriadas
dentro del sistema de justicia ordinaria. Según un artículo publicado por El Comercio
en enero de 2023, la tasa de sentencias ejecutoriadas por feminicidio en Ecuador no
supera el 30 % de los casos.
35
El análisis de las sentencias existentes para 2017 por varias organizaciones de
derechos humanos muestra que las instancias judiciales no recopilan datos sobre la
autodefinición étnica o las condiciones socioeconómicas de las víctimas, salvo muy
contadas excepciones, lo que vuelve imposible decir qué porcentaje de las víctimas de
feminicidio son indígenas
36
e invisibiliza aún más la intersección entre violencia de género, racismo y
exclusión estructural.
No obstante, según datos recopilados por la Asociación Latinoamericana
para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), durante el año 2024 se registró un total de 274
mujeres víctimas de feminicidios resultado de las violencias
machistas-patriarcales-coloniales y del sistema criminal en Ecuador.
37
Sin embargo, estos registros tampoco incluyen una perspectiva que permita
identificar cuántas de estas víctimas pertenecían a pueblos y nacionalidades indígenas.
Las mujeres ante la justicia estatal u ordinaria
Varios estudios académicos demuestran que las sobrevivientes de
violencias de género son sistemáticamente revictimizadas por las instituciones de
justicia ordinaria.
No se emplean los medios
adecuados para proteger a la víctima de sufrir revictimización al momento de recabar
las pruebas. Además, la víctima es obligada a acudir a una serie de audiencias a
revivir los hechos traumáticos de la violencia, por lo que se observa que los
procedimientos son largos y provocan en ocasiones afectaciones a la psiquis de la
víctima dando como resultado el atentar contra su vida, sin existir aún una condena
ejecutoriada.
38
Los casos judiciales en violencia de género pueden extenderse por
años, lo que conlleva a la impunidad. Además, los administradores de justicia reproducen
patrones socioculturales que culpabilizan a las mujeres, se traspapelan documentos y,
como consecuencia, muchas mujeres abandonan el proceso de denuncia.
Es decir, si ya resulta complejo para las mujeres no indígenas
conseguir que se les haga justicia en el sistema ordinario, para las mujeres de los
pueblos y nacionalidades, las barreras son aún mayores. Entre estas dificultades se
encuentran las barreras lingüísticas, códigos culturales distintos, y limitaciones
económicas y de tiempo para seguir el proceso. Además, la justicia ordinaria presenta
matices coloniales, patriarcales y racistas, lo que agrava la situación de las mujeres
indígenas en su búsqueda de justicia. Como menciona Karla Encalada, el racismo
estructural en el sistema judicial ecuatoriano hace visibles las desigualdades y la
exclusión que viven los pueblos y nacionalidades en la búsqueda de justicia.
39
Difamación y marginación de la justicia indígena
Esta frustración ante la Función Judicial y la imposibilidad de
conseguir justicia para amplios sectores de la población han dado lugar a linchamientos
y ajusticiamientos que a menudo se han confundido deliberadamente con la justicia
indígena en el discurso mediático o público, aunque en realidad no están relacionados,
ya que esta última sigue procedimientos precisos. Durante el correísmo, la justicia
indígena fue blanco de ataques y de un constante desprestigio por parte del Gobierno
central y la Fiscalía General del Estado, en complicidad con los medios de comunicación,
con el fin de limitar al máximo su práctica y aplicación.
40
Asimismo, existe una fuerte campaña de descalificación hacia la
justicia propia y las decisiones de los pueblos y nacionalidades. Desde las autoridades
estatales, en complicidad con los medios de comunicación, se han emitido calificativos
que denigran la práctica de la justicia indígena, acusándola de ser salvaje, "propia de
la Edad de Piedra", y de perpetuar la barbarie en pleno siglo XXI, además de
considerarla violatoria de los derechos humanos.
Un caso que ha resonado mucho en este contexto fue el homicidio
ocurrido en la comunidad de La Cocha, provincia de Cotopaxi, en 2010, donde las
comunidades resolvieron el caso y emitieron una sentencia. Las autoridades estatales no
respetaron las decisiones adoptadas en el marco de la jurisdicción indígena e iniciaron
un nuevo proceso en la justicia ordinaria, lo que incurrió en un doble juzgamiento,
prohibido por la Constitución ecuatoriana. Este hecho evidencia una disputa por el poder
y control entre el Estado y la autonomía de las decisiones tomadas por los pueblos
indígenas bajo sus propios procedimientos. Además, refleja dinámicas de tutelaje e
invalidación de sus normas y procedimientos, al ser percibidos como "incapaces" de
decidir sobre sí mismos. En este contexto, emergen con contundencia los imaginarios
coloniales raciales que sustentan la supremacía blanca y su pretensión de controlar y
disciplinar a clases y grupos racializados, a los que se les atribuye, de manera
colonial, una supuesta inferioridad en sus capacidades, creencias y formas de vida.
41
Las mujeres ante la justicia de los pueblos indígenas o el derecho
propio
Los sistemas de justicia indígena, según lo establecido en los arts.
1, 10, 57 (num. 10) y 171 de la Constitución de la República del Ecuador, se
caracterizan por la implementación de normas, procedimientos, mecanismos y medidas
propias de los pueblos y nacionalidades indígenas.
42
Estas prácticas de sanación, sanción y reparación integral continúan vigentes en
las comunidades y se manifiestan en los diálogos cotidianos en sus idiomas, las
memorias, los conocimientos, los saberes y las convivencias familiares y comunitarias.
Asimismo, se reflejan en los mandatos, las resoluciones y los acuerdos adoptados por sus
organizaciones. Estas normas, medidas y mecanismos propios son dinámicos y vivos; se
crean, se adaptan, se desarrollan y se implementan en los territorios de las
comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas.
Sin embargo, en la aplicación de la justicia indígena existen también
tensiones y desigualdades de género, lo que resalta la necesidad de construir sistemas,
mecanismos y medidas propios que sean más equitativos y armoniosos, y que respondan
efectivamente a las demandas de las mujeres indígenas. Según Aura Cumes, más allá de
idealizar el sistema de justicia indígena o rechazarlo categóricamente, es esencial
partir de una reflexión profunda y crítica sobre las tensiones existentes entre la
justicia comunitaria y los derechos de las mujeres.
43
En Ecuador, muchas mujeres indígenas cuestionan la desigualdad de
género que persiste en el ejercicio de la justicia propia. Testimonios recogidos en las
comunidades de la provincia de Chimborazo evidencian que, en numerosos casos, los
resultados que las mujeres esperan al acudir a sus sistemas de justicia comunitaria son
inexistentes o desfavorables.
Estas voces denuncian situaciones en que las autoridades comunitarias
reproducen estructuras patriarcales que limitan el acceso a una justicia equitativa,
como se expresa en las siguientes intervenciones: "A veces el cabildo es parte de la
familia del marido y les defienden más a ellos"; "Cuando hay un problema le ven más a la
mujer que al hombre, por ejemplo, en caso de adulterio, juzgan más a la mujer que al
hombre. Cuando el varón es infiel, dicen: 'El hombre, hombre es'"; "A la mujer sí le
caen y le castigan muy duro. Ella nomás es culpable; el hombre no"; "Los cabildos
integran mayoría por varones, los cabildos defienden a los hombres, la comunidad igual,
hasta las mujeres defienden a los hombres".
44
Estos relatos reflejan una problemática estructural.
Como podemos evidenciar, las mujeres indígenas no gozan de alli
kawsay (vida digna). Tanto dentro como fuera de sus territorios indígenas,
enfrentan constantemente discriminación, racismo, maltrato, violencia, exclusión y
humillación. Además, la justicia indígena ha mostrado falencias importantes al resolver
los casos que demandan las mujeres. El derecho propio también se ve atravesado por el
colonialismo, el patriarcado y el machismo, al igual que ocurre con la justicia
ordinaria.
Las mujeres indígenas se encuentran en una encrucijada en su lucha por
alcanzar una vida digna. Como señala Judith Salgado, tanto la justicia ordinaria como la
justicia indígena presentan deficiencias significativas en la atención y resolución de
casos de violencia contra las mujeres,
45
lo cual limita el acceso efectivo a las justicias. Sin embargo, las mujeres de los
pueblos y nacionalidades indígenas buscan transformar lo que identifican como su propia
justicia, valorándola por su carácter local, su vínculo con el territorio, su
inmediatez, accesibilidad y colectividad, y por ser desarrollada en su propio idioma.
En torno a las tensiones, acuerdos y disensos que han experimentado
dentro de la justicia indígena en los territorios y en el contexto del Estado
plurinacional, las mujeres indígenas luchan por fortalecer el sistema de justicia
indígena y a la vez librarlo de actitudes machistas, patriarcales y coloniales. Este es
el mayor desafío para los pueblos indígenas, y especialmente para las mujeres: otorgarle
una mirada justa, diversa, transformadora, liberadora, integradora y restauradora desde
la perspectiva de las mujeres, hacia adentro de sus comunidades. Como señala Catherine
Walsh desde el "género-muy-otro",
46
las mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas están generando mecanismos
propios frente a la violencia de género y su propio sistema de justicia.
Voces y resistencias de las mujeres indígenas
En abril de 2007, el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas su
voluntad de redactar la vigésima Constitución. En este contexto, las mujeres organizadas
en REDMUJCH trabajaron colectivamente una propuesta para la Asamblea Constituyente.
Cuando esta se instaló oficialmente, las dirigentas de REDMUJCH
emprendieron un viaje de más de 370 kilómetros -desde los altos páramos andinos hasta la
costa del océano Pacífico- para entregar su propuesta. Este acto no fue solo político,
sino profundamente simbólico: un recorrido de esperanza y determinación, con la firme
convicción de avanzar hacia una vida digna en sus territorios comunitarios.
Este proceso no estuvo exento de tensiones y acusaciones, tanto desde
ciertos sectores del movimiento indígena como desde el movimiento de mujeres. Sin
embargo, las dirigentas de REDMUJCH se mantuvieron firmes y activas en el proceso
constituyente, tejiendo alianzas y defendiendo su propuesta. Gracias a este trabajo
sostenido, lograron que sus planteamientos fueran incorporados en la Constitución del
2008, específicamente en el art. 171, que reconoce la justicia indígena con
participación y decisión de las mujeres.
Figura 2
Carta con que Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente,
reconoció a las mujeres de la REDMUJCH como ciudadanas asambleístas
Fuente: Archivo personal
Figura 3
Dirigentas de la REDMUJCH en Ciudad Alfaro, sede de la Asamblea
Constituyente
Fuente: Archivo personal.
Este logro representa un hito fundamental para las mujeres indígenas
del Ecuador, ya que no solo visibiliza su agencia política, sino que también abre el
camino hacia una justicia propia con enfoque de género, en la que las mujeres pueden
ejercer el acceso a la justicia, la toma de decisiones y el derecho a ser autoridades
comunitarias. Todo ello, desde sus propias voces, saberes, vivencias y realidades
territoriales.
En el sistema de justicia indígena, la armonía es el fundamento
esencial del Sumak Kawsay, entendido como el Buen Vivir comunitario. La violencia
de género genera procesos de desarmonización que afectan profundamente al territorio, la
comunidad, la familia y las personas involucradas. Por ello, prevenir y erradicar las
violencias contra las mujeres es un pilar fundamental para preservar la armonía, el
equilibrio y promover el Sumak Kawsay en las comunidades indígenas.
Basándose en la centralidad de este principio de armonía, las mujeres
de las comunidades indígenas de Chimborazo han rescatado, visibilizado y generado normas
propias de convivencia dentro de sus territorios comunitarios. En algunas comunidades
indígenas se han recuperado principios fundamentales de convivencia comunitaria, tales
como mana makana (prohibido pegar), mana piñana (prohibido despreciar) y
alli kawsana (vivir bien).
47
Estos principios comunitarios son de importancia para la prevención de la violencia
de género en las comunidades.
Las mujeres de Chimborazo han propuesto varios mecanismos y medidas
propias para la erradicación de las violencias contra las mujeres, de modo que sean
aplicadas por las autoridades comunitarias del sistema de justicia indígena kichwa.
48
Por ejemplo, se han planteado reformas de los reglamentos o estatutos comunitarios
indicando: 1. que los integrantes de los cabildos comunitarios o del Consejo de Gobierno
Comunitario deben estar integrados de manera paritaria y en el sentido del ayllu
(familia), es decir, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes y niños; 2.
que el sistema de justicia indígena kichwa debe resolver los problemas de las mujeres,
"warmikunapak llakikunata allichina kan"; 3. que las autoridades comunitarias no
deben dejar de conocer ni deben dejar de resolver los casos de violencias contra las
mujeres; y 4. que las sanaciones, sanciones y reparaciones deben ser integrales y según
la gravedad del problema. El mecanismo comunitario propio que han generado se denomina
"Yanapay allí kawsaypak. S. O. S. comunitario: Vida libre de violencias"
Asimismo, por la lucha constante y la alianza de las mujeres
indígenas, el Consejo de Gobierno de la Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador
(ECUARUNARI) resolvió en 2018 que las comunidades indígenas se declaran territorios
libres de violencia machista y sexual, incluyendo el feminicidio. Del mismo modo,
exigieron a las autoridades comunitarias garantizar justicia para las mujeres en sus
territorios, advirtieron que la justicia indígena no debe ser utilizada para encubrir
estos crímenes y demandaron una vigilancia estricta para que los casos de feminicidio
sean conocidos y resueltos, asegurando la protección de las mujeres.
49
Por otro lado, la CONAIE ha promovido resoluciones y mandatos
significativos sobre este tema en diversos espacios en años recientes. Entre ellos se
destaca la ampliación de las funciones del sistema de justicia indígena comunitaria para
abordar problemas como la violencia intrafamiliar y el feminicidio, con el compromiso de
garantizar la imparcialidad. Asimismo, ha declarado a los territorios indígenas libres
de violencia contra las mujeres e instó a las autoridades comunitarias a impulsar la
creación de mecanismos propios para la prevención, protección, atención y reparación
integral de las violencias hacia mujeres y niñas, desde la justicia indígena y las
organizaciones comunitarias territoriales.
50
La acción colectiva permanente de las mujeres de los pueblos y
nacionalidades, en sus diversos espacios, abre la posibilidad de fortalecer normas
propias para enfrentar la violencia de género, sustentándose en la memoria, el
conocimiento y la práctica cotidiana de los saberes, los principios colectivos y la
filosofía de los pueblos.
