En la actualidad, las tecnologías digitales han reformulado profundamente
las dinámicas sociales, políticas y económicas a nivel global. La creciente digitalización
de la vida cotidiana ha facilitado procesos de comunicación, aprendizaje e interacción, pero
también ha consolidado un modelo económico basado en la explotación de datos personales.
Este modelo, conocido como "capitalismo de la vigilancia", convierte las experiencias
humanas en mercancías destinadas a ser capturadas, analizadas y comercializadas por grandes
corporaciones tecnológicas.
1
A través de algoritmos predictivos, estas empresas anticipan y condicionan el
comportamiento de las personas usuarias, especialmente niños, niñas y adolescentes (NNA), lo
que afecta directamente su autonomía, privacidad y bienestar psicosocial.
En este contexto, los datos personales se han transformado en el recurso
más valioso del siglo XXI, desplazando incluso al petróleo como eje del poder económico.
2
Plataformas como Google, Meta y TikTok operan bajo una lógica de maximización de
beneficios mediante la captación de atención prolongada, lo cual implica un diseño
algorítmico que favorece la adicción, la manipulación y la hiperconectividad.
3
Estas prácticas, lejos de ser neutrales, tienen consecuencias especialmente graves para
los NNA, quienes (por su desarrollo emocional y cognitivo en formación) son más vulnerables
a los efectos psicosociales de la exposición constante a contenidos digitales invasivos y
personalizados.
Ecuador, al igual que muchos países del Sur global, enfrenta importantes
desafíos en la protección de los derechos de NNA en el entorno digital. Pese a contar con
normativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y la Ley Orgánica
de Salud Mental (LOSM), el país no ha logrado articular una estrategia coherente que
garantice la intersección de ambos derechos. La ausencia de mecanismos robustos de
regulación, supervisión y exigibilidad, sumada a la expansión acelerada del acceso a
internet, ha generado un escenario en que la infancia y la adolescencia quedan expuestas a
riesgos como la ansiedad, la depresión, la violencia digital y la explotación económica de
sus datos sin su consentimiento ni comprensión real de las consecuencias.
Así, este artículo analiza cómo el derecho a la protección de datos
personales incide en el derecho a la salud mental de NNA en Ecuador, desde una mirada
crítica de los derechos humanos, considerando tanto el marco normativo nacional e
internacional como los efectos del entorno digital en la salud psicosocial de la infancia y
adolescencia. Durante el desarrollo de este artículo se utilizó inteligencia artificial como
herramienta de apoyo para la edición del texto, así como para la síntesis y reformulación de
ideas a partir de entrevistas y fuentes normativas. Su uso se limitó a tareas auxiliares,
sin reemplazar el análisis crítico, la interpretación jurídica ni la producción de contenido
original por parte del autor.
Marco internacional de protección de datos personales
El derecho a la protección de datos personales se ha consolidado
progresivamente en el sistema internacional como una dimensión autónoma del derecho a la
vida privada. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos prohíben toda injerencia arbitraria en la vida privada de las
personas y obligan a los Estados a establecer medidas legales que protejan los datos
personales.
4
La observación general n.° 16 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
reafirma estos principios, al indicar que toda recopilación de datos debe ser legal y contar
con mecanismos de control, acceso y rectificación.
5
Asimismo, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas han llamado a respetar
los derechos humanos en el entorno digital, incluyendo la privacidad, en respuesta al
desarrollo de tecnologías como el big data y la inteligencia artificial.
6
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha desarrollado estándares en materia de
protección de datos personales. En el caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados
"José Alvear Res-trepo" vs. Colombia, la Corte IDH estableció que la recolección, el
tratamiento y la divulgación de datos solo son admisibles cuando cuentan con el
consentimiento libre e informado del titular o cuando están regulados por una norma que
persiga fines legítimos.
7
Esta sentencia es particularmente relevante porque reconoce el derecho a la
autodeterminación informativa como una garantía autónoma, derivada de los arts. 11, 13 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y vincula tal derecho con la protección
de la honra, la privacidad y la dignidad humana frente a actores públicos y privados.
8
A nivel internacional, los estándares de protección de datos personales
para los Estados iberoamericanos, promovidos por la Red Iberoamericana de Protección de
Datos (RIPD), ofrecen directrices sobre principios como la proporcionalidad, la finalidad y
el consentimiento, especialmente para la protección de NNA.
9
Aunque no son tratados vinculantes, el art. 426 de la Constitución ecuatoriana otorga
valor jurídico a los instrumentos internacionales que brinden mayor protección que la
legislación nacional.
10
Asimismo, el Convenio 108 tiene como objetivo proteger la privacidad de las personas y
garantizar el respeto de los derechos humanos en relación con el tratamiento de sus datos
personales.
11
La versión actualizada, el Convenio 108+, refuerza estas protecciones y se adapta a los
desafíos y las tecnologías modernas.
Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la
Unión Europea constituye, sin duda, el referente más avanzado. En vigencia desde 2018,
incorpora principios como la responsabilidad proactiva, la portabilidad de datos, el derecho
al olvido y el alcance extraterritorial, e impone sanciones a quienes incumplan. Su
influencia ha sido global: ha inspirado marcos normativos como la LOPDP de Ecuador. Por otro
lado, legislaciones como la Ley de Privacidad del Consumidor de California han introducido
obligaciones específicas para empresas de tecnología como Meta, exigiendo transparencia y
respeto a los derechos de los titulares.
12
Estos desarrollos internacionales conforman un marco normativo robusto que debe guiar
los estándares ecuatorianos, especialmente para salvaguardar los datos de NNA.
Marco nacional de protección de datos personales
En Ecuador, el derecho a la protección de los datos personales tiene
un reconocimiento expreso en la Constitución de 2008.
13
Esta disposición otorga a toda persona la facultad de acceder a sus datos
personales, decidir sobre su uso, conocer quién los posee y solicitar su eliminación o
corrección. Aunque no se reconoce explícitamente el derecho a la privacidad como derecho
autónomo, el país ha adoptado un modelo mixto de protección de datos personales que
incorpora elementos tanto del enfoque europeo de autodeterminación informativa como del
anglosajón, más enfocado en la protección frente a injerencias arbitrarias. Este enfoque
mixto permite afirmar que la protección de datos personales en Ecuador tiene un carácter
constitucional autónomo, aunque aún en proceso de desarrollo normativo e
institucional.
14
La aprobación de la LOPDP en mayo de 2021 representó un hito
fundamental en la consolidación del derecho a la protección de datos personales en
Ecuador. Esta norma regula el tratamiento de datos en el ámbito tanto público como
privado; establece principios rectores como el consentimiento informado, la finalidad
específica y la minimización de datos; y reconoce los derechos ARCO (acceso,
rectificación, cancelación y oposición). Además, impone la obligación de realizar
evaluaciones de impacto, notificar brechas de seguridad y garantizar mecanismos
adecuados de supervisión. Uno de sus principales avances fue la creación de la
Superintendencia de Protección de Datos Personales como autoridad de control
independiente.
15
Sin embargo, su operatividad plena se concretó recién en 2024, debido a retrasos
presupuestarios y políticos que limitaron la aplicación inmediata de la ley.
16
Este nuevo marco legal e institucional superó el escenario anterior,
en el que el habeas data era el único mecanismo disponible para enfrentar
vulneraciones al derecho a la protección de datos personales. De naturaleza reactiva y
con efectos limitados, dicho recurso no permitía prevenir las violaciones ni generar
criterios uniformes de protección. La LOPDP, en cambio, permite una defensa más
proactiva y estructurada con la creación de la Autoridad de Protección de Datos
Personales.
17
Este avance se complementa con el desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional, que en la sentencia n.° 2064-14-EP/21 interpretó el art. 66, num. 19, de
la Constitución y estableció que el consentimiento para el tratamiento de datos
personales debe ser libre, específico, informado e inequívoco.
18
Así, se refuerza que la recolección, el archivo, el procesamiento y/o la difusión
de datos personales solo puede realizarse con autorización expresa del titular o con
base en una norma legal, cumpliendo criterios estrictos de legitimidad, claridad y
proporcionalidad.
De forma preocupante, el panorama normativo reciente introduce riesgos
adicionales. La aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia en junio de 2025 ha sido
criticada por expertos y organizaciones de derechos humanos debido a su ambigüedad y al
potencial que tiene para vulnerar el derecho a la protección de datos personales. Esta
ley faculta a organismos de inteligencia del Estado a acceder a datos personales sin
controles judiciales eficaces,
19
lo que contradice los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad
consagrados en la LOPDP y en los estándares internacionales. En ese contexto, se
advierte que, pese a los avances normativos, la protección de datos personales en
Ecuador (especialmente para NNA) sigue siendo frágil, y requiere una implementación
coherente y mecanismos de exigibilidad efectivos para evitar retrocesos en materia de
derechos.
Comparación RGPD-LOPDP
La LOPDP ecuatoriana recoge de manera explícita los principios del
RGPD de la Unión Europea (fenómeno conocido como "efecto Bruselas"), al buscar
garantizar la autodeterminación informativa y la libre circulación lícita de datos en un
mercado globalizado.
20
Inspirada en este estándar internacional, la norma adapta los principios europeos
al contexto local, reconociendo el valor de un marco unificado para el tratamiento
responsable de la información personal.
Ambas legislaciones comparten el mismo ámbito de aplicación (datos de
personas físicas tratados dentro o fuera del territorio)
21
y una definición equivalente de "dato personal" (cualquier información que
identifica directa o indirectamente a una persona), así como la inclusión de categorías
especiales (etnia, salud, vida sexual, opiniones políticas, religión, etc.) cuyo
tratamiento exige salvaguardias reforzadas.
22
El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco
23
constituye la principal base legal para el tratamiento de datos,
24
y se faculta su revocación en cualquier momento mediante mecanismos sencillos.
25
En materia de NNA, ambas normas requieren el permiso de los representantes legales,
pero permiten que los adolescentes otorguen su propio consentimiento a partir de los 15
años en Ecuador y de los 16 en la Unión Europea, sin que ello contravenga el interés
superior de NNA.
26
Por otro lado, la gestión de riesgos, eje del RGPD y la LOPDP,
consiste en evaluar probabilidad y gravedad de los impactos sobre derechos y libertades
de los interesados, aplicando criterios como naturaleza, alcance, contexto y fines del
tratamiento.
27
Según las directrices WP248 del Comité Europeo de Protección de Datos, riesgo
es un escenario con consecuencias estimadas en función de gravedad y probabilidad,
mientras que gestión de riesgos alude a las actividades coordinadas para dirigir
y controlar dichos riesgos.
28
Por último, el principio de responsabilidad proactiva
(accountability) exige demostrar cumplimiento legal, finalidad explícita,
exactitud, conservación limitada y seguridad adecuada. Ambas regulaciones promueven
herramientas como evaluaciones de impacto, privacidad por diseño, códigos de conducta y
certificaciones, de manera que los responsables anticipen y prevengan posibles
problemas, garantizando transparencia y rendición de cuentas en el tratamiento de datos
personales.
29
Derecho a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el
entorno digital
Los NNA son especialmente vulnerables en entornos digitales debido a
que su desarrollo cognitivo y emocional aún está en proceso.
30
Esta etapa limita su capacidad para filtrar, comprender y gestionar adecuadamente
la información que encuentran en línea, lo que los expone a contenidos inapropiados o
manipuladores, así como a mensajes que pueden afectar negativamente su bienestar
emocional.
31
Además, tienden a ser más influenciables ante estímulos externos y tienen mayor
dificultad para distinguir entre lo real y lo virtual.
El uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales se ha
vinculado con mayores niveles de ansiedad, inseguridad y depresión en NNA.
32
Al no contar aún con habilidades sólidas de autorregulación emocional, pueden
volverse dependientes de la gratificación instantánea que ofrecen estas plataformas.
Esto dificulta no solo su concentración y rendimiento académico, sino también su
interacción social y el desarrollo de vínculos reales.
33
La exposición constante a estímulos digitales puede interferir en su capacidad para
tolerar la frustración, mantener la atención o disfrutar de actividades no virtuales.
34
Estudios han mostrado que una exposición temprana a pantallas se
relaciona con alteraciones en el procesamiento sensorial. Por ejemplo, a los 12 meses de
edad, el uso de pantallas incrementa significativamente la probabilidad de
comportamientos sensoriales atípicos, y a los 18 meses, cada hora diaria adicional
frente a una pantalla aumenta en un 23 % el riesgo de respuestas sensoriales
disfuncionales.
35
Estos efectos se asocian también con retrasos en el lenguaje, problemas de sueño,
dificultades atencionales y trastornos conductuales, lo que afecta el desarrollo
integral en etapas clave de crecimiento.
36
Por último, las redes sociales refuerzan un "algoritmo de la
felicidad" que busca crear dependencia mediante la validación externa y la liberación de
dopamina.
37
Los NNA, cuyos lóbulos frontales aún no maduran por completo, son especialmente
susceptibles a este ciclo de recompensa. En este contexto, experimentan presión para
mantener múltiples "presencias" fragmentadas en línea, enfrentan constantes
comparaciones que afectan su autoestima y ven reducida su capacidad de atención y
disfrute fuera del entorno digital. Esta búsqueda permanente de estímulos y aprobación
en redes responde a mecanismos cerebrales de recompensa que pueden conducir a formas de
adicción.
38
Marco internacional de protección del derecho a la salud mental de
niños, niñas y adolescentes
La observación general n.° 14 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas define el derecho a la salud (física y mental)
como el disfrute del más alto nivel posible de salud,
39
e incorpora los elementos imprescindibles de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad de los servicios sanitarios,
40
así como el acceso a determinantes sociales (vivienda, agua, nutrición y entorno
sano). Aunque no aborda expresamente la salud mental en clave intergeneracional ni las
tecnologías digitales, esta observación general sí insta a prevenir y tratar trastornos
mentales en NNA y a garantizar entornos seguros para su participación en decisiones que
afecten su bienestar psicológico.
Desde un enfoque diferencial por edad, el informe A/HRC/32/32 de la
Relatoría Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel
Posible de Salud Física y Mental reconoce la salud mental adolescente como parte
esencial de su desarrollo físico, emocional y social, enfatizando la capacidad
progresiva de los NNA para tomar decisiones autónomas. Advierte que los entornos
digitales ofrecen tanto oportunidades (información, redes de apoyo) como riesgos
(ciberacoso, explotación, violación de privacidad) y propone fortalecer marcos legales
contra el abuso en línea, promover educación en seguridad digital y garantizar servicios
de salud mental libres de estigma y culturalmente pertinentes, respetando la evolución
de las capacidades sin restricciones paternalistas injustificadas.
41
Entre 2017 y 2020, la Relatoría Especial mencionada consolidó un
enfoque holístico de la salud mental como derecho interdependiente que rechaza los
modelos biomédicos coercitivos, y definió sus componentes esenciales: servicios basados
en evidencia, disponibles, accesibles, aceptables y libres de institucionalización
forzada;
42
atención a determinantes estructurales y sociales (educación, igualdad, vivienda,
infancia y un entorno psicosocial saludable, reconociendo que la lista de la observación
general n.° 14 no es exhaustiva y debe actualizarse con avances normativos y
científicos);
43
participación significativa de las personas usuarias; y protección ante amenazas
globales emergentes como el cambio climático, la vigilancia digital y las pandemias.
44
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones
generales n.° 15 y n.° 25, alertó sobre el aumento de trastornos mentales y el impacto
negativo del uso excesivo y adictivo de tecnologías digitales en NNA,
45
e instó a los Estados a regular la recolección y el uso de datos, a evitar
contenidos nocivos y a realizar evaluaciones de impacto en derechos.
46
En sus Observaciones Finales al Séptimo Informe Periódico del Ecuador, el
Comité recomendó fortalecer la capacidad institucional para proteger a la infancia en
entornos digitales y reducir brechas en comunidades rurales e indígenas.
47
Aunque el informe ecuatoriano reconoce la salud mental como prioridad (incluyendo
programas de prevención del suicidio), omite una valoración crítica de los riesgos
digitales, la aplicación de la LOPDP y mecanismos de autodeterminación informativa
adaptados a la edad, y señala lagunas en sus políticas públicas actuales.
Marco nacional de protección del derecho a la salud mental de
niños, niñas y adolescentes
La Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la salud pública
integral, lo que incluye obligaciones de atención médica y promoción de la salud
mental.
48
En enero de 2024 entró en vigencia en Ecuador la LOSM, que reconoce a la salud
mental como parte integral del derecho a la salud y establece una política nacional bajo
la rectoría de la autoridad sanitaria. La norma crea una red de servicios públicos,
privados y comunitarios, e incluye disposiciones específicas para NNA, como la
implementación de servicios especializados, la participación activa de NNA en sus
procesos terapéuticos y la prevención de la sobremedicación e institucionalización.
49
Sin embargo, ni la ley ni su reglamento abordan explícitamente los riesgos
psicosociales vinculados al uso de tecnologías digitales, omisión preocupante dada la
evidencia sobre su impacto en la salud mental de NNA.
Si bien la LOSM representa un avance normativo, ha sido criticada por
su enfoque excesivamente biomédico, que reduce la salud mental a trastornos clínicos y
excluye conceptos fundamentales como el psicodiagnóstico, la psicoterapia o el
sufrimiento emocional no patologizado.
50
Esta limitación contrasta con los estándares de la Relatoría Especial de Naciones
Unidas sobre el Derecho a la Salud, que aboga por modelos comunitarios, preventivos,
basados en derechos humanos y con participación activa de adolescentes, especialmente en
entornos digitales.
51
Además, se cuestiona la falta de especificidad sobre las competencias profesionales
en la atención terapéutica y la omisión de diagnósticos que afectan el bienestar sin
constituir trastornos graves.
52
En su séptimo informe periódico, el Estado ecuatoriano detalla
instrumentos dirigidos a proteger la salud mental de los NNA y prevenir la violencia,
como el proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral, políticas de la
Fiscalía sobre violencia sexual y de género, y acciones del Ministerio de Educación y el
Sistema de Protección a Víctimas.
53
También se destacan políticas como el Plan Nacional de Prevención de la Violencia
contra Niños, Niñas y Adolescentes,
54
la Política Nacional de Convivencia Escolar
55
y la Política Pública de Internet Seguro, así como acciones del Consejo de
Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CORDICOM) para
educar y proteger a NNA frente a contenidos nocivos en línea.
56
No obstante, persiste una débil aplicación práctica de estas políticas en
comunidades, escuelas y familias.
A pesar de los avances normativos y programáticos, Ecuador enfrenta
desafíos urgentes: adoptar un plan nacional integral con recursos suficientes, aprobar
el nuevo Código de Niñez, crear un ente interministerial para coordinar la aplicación de
la Convención sobre los Derechos del Niño, y mejorar la recolección de datos
desagregados. En el entorno digital, se requiere legislar para proteger a los NNA frente
a contenidos y productos nocivos, impulsar la alfabetización digital, cerrar brechas
tecnológicas y reforzar la protección de datos personales. Superar la visión biomédica e
integrar una perspectiva de derechos, prevención y autonomía progresiva es clave para
garantizar entornos digitales seguros y el bienestar emocional de NNA.
Hallazgos del análisis de entrevistas y revisión documental
Desde la pandemia del COVID-19, el acceso a internet en Ecuador
aumentó significativamente. En 2019, solo el 59,2 % de ecuatorianos lo utilizaba, pero
para 2020 esta cifra creció 11,5 puntos,
57
impulsada por las clases virtuales y el teletrabajo. En 2024, según DataReportal,
el 83,6 % de la población ya usa internet, con 15,29 millones de personas conectadas.
58
El aumento también se refleja entre los NNA: siete de cada diez utilizan internet
para redes sociales, entretenimiento y actividades educativas.
59
En este contexto, es crucial que el Estado ecuatoriano fortalezca sus políticas
públicas, regulaciones digitales y estrategias de alfabetización digital para garantizar
entornos seguros y respetuosos de los derechos de la niñez y adolescencia.
Se entrevistó a ocho profesionales (psicólogos y expertos en datos),
60
quienes aportaron visiones complementarias. El análisis se estructuró en cinco
categorías de estudio, cada una con sus subcategorías y definición operativa:
Tabla 1
Categorías de estudio, subcategorías y definición operativa
| Categoría
|
Subcategorías |
Definición
operativa |
| Impacto
en la salud
mental |
Sexualización,
ansiedad,
depresión,
hiperconsumo,
violencia digital,
hiperconectividad |
Agrupa los
efectos
psicoemocionales
derivados del
uso de entornos
digitales por parte
de NNA. |
| Pandemia y
virtualidad |
Educación,
salud
emocional,
brecha digital |
Valora los
cambios
estructurales en el
entorno digital de
los NNA durante el
confinamiento por
COVID-19. |
| Corresponsabilidad |
Rol de la
familia, rol del
Estado, rol de
las empresas
de datos |
Examina la
distribución
de responsabilidades
entre
actores clave para
proteger los derechos
de NNA en
entornos digitales. |
| Protección
de datos
personales |
Riesgos en
redes, marco
legal, instituciones
de
supervisión |
Centra su
atención
en la seguridad de
la identidad digital
de los NNA y el
cumplimiento del
marco jurídico. |
| Alternativas
|
Cooperación
internacional,
enfoque
integral |
Incluye
propuestas
de solución multidimensionales
para fortalecer la
protección de los
derechos de los
NNA. |
Impacto en la salud mental
La inmersión de los NNA en el entorno digital impacta su salud
mental a través de fenómenos como la sexualización, la ansiedad, la depresión, el
hiperconsumo, la violencia digital y la hiperconectividad. La exposición temprana a
contenidos sexuales, musicales y audiovisuales inadecuados ha generado
comportamientos sexualizados en este grupo etario. Además, el uso constante de redes
sociales alimenta comparaciones dañinas, especialmente entre adolescentes mujeres,
lo que puede derivar en trastornos alimenticios, baja autoestima y síntomas
depresivos. El ciberacoso y la violencia anónima en plataformas digitales agravan
estos efectos, con consecuencias que pueden incluir intentos de suicidio. En
paralelo, las redes sociales imponen modelos de vida y consumo inalcanzables, lo que
genera inseguridades que refuerzan el hiperconsumo y afectan la salud emocional.
Entonces cuando los
chicos ven un video en TikTok o en cualquier red social, aparece este fenómeno
de la comparación: "Yo no tengo este cuerpo", "Yo no tengo esta casa", "Yo no
tengo estas cosas", y los chicos entran en esta lógica de consumir y seguir
reproduciendo esta matriz productiva [...], el sistema económico que
está sustentando esto se ve beneficiado [...], pero ¿a qué costo?
A todo este costo que como psicólogos observamos con los chicos.
61
Esta hiperconectividad ha generado dependencia a los dispositivos,
como lo demuestran casos de adolescentes con ansiedad por no responder mensajes a
tiempo. El uso excesivo de pantallas también afecta el desarrollo de habilidades
emocionales, como el manejo de la frustración, lo que aumenta la probabilidad de
dependencia digital. Pese a que el entorno digital puede ofrecer oportunidades, su
mal uso y la falta de acompañamiento psicosocial, regulación y límites claros han
intensificado los riesgos que pueden vulnerar el bienestar mental de los NNA.
Pandemia y virtualidad
La pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en la vida de
los NNA, al intensificar su inmersión en el entorno digital y transformar
profundamente su educación y salud emocional. La virtualidad impuesta reveló
limitaciones estructurales como la falta de conectividad, dispositivos y preparación
docente, lo que afectó la calidad del aprendizaje y aumentó el abandono escolar en
sectores vulnerables. A nivel emocional, el confinamiento y la sobreexposición a
pantallas generaron ansiedad, estrés, baja autoestima y problemas de interacción
social, mientras que el uso intensivo de tecnología contribuyó al sedentarismo,
alteraciones del sueño y fatiga visual.
[U]n punto clave que
sí marca la diferencia de eso es precisamente la pandemia del COVID-19. Antes
de la pandemia había unas necesidades específicas que eran muy notorias en
el espacio de consulta, y después de la pandemia se presentaron otras, o se
retoman esas mismas demandas, pero ya con otros elementos importantes que sí
invitan a la reflexión [...] La pandemia marcó preocupaciones que
empiezan a distinguirse o que son diferentes a las que existían antes de la
pandemia [...]. Siempre que se trata de hablar sobre la situación de la niñez y
adolescencia en el Ecuador no se puede dejar de lado el tema de la pandemia,
porque sí marca un antes y un después sobre la salud mental de la población
más joven del Ecuador.
62
Además, la pandemia profundizó la brecha digital e hizo evidentes
desigualdades por zona geográfica, nivel socioeconómico, género y pertenencia
étnica. Esta desigualdad digital no solo limitó el acceso a la educación, sino
también la participación social y el acceso equitativo a la información, lo que
afectó el desarrollo integral de los NNA. Aunque se implementaron medidas de apoyo,
como atención psicológica remota y entrega de dispositivos, la falta de un
acompañamiento estructurado y sostenido afectó el bienestar físico, emocional y
educativo de esta población, de modo que consolidó desafíos urgentes para las
políticas públicas pospandemia.
Corresponsabilidad
La protección de la salud mental de los NNA en entornos digitales
requiere una corresponsabilidad efectiva entre familias, Estado y empresas
tecnológicas. Las familias deben asumir un rol activo en la alfabetización digital,
establecer normas de uso desde edades tempranas y limitar la exposición a
dispositivos, especialmente en contextos donde su uso responde más a la necesidad de
los adultos que al bienestar infantil. Sin embargo, muchos padres carecen de
formación digital, lo que dificulta su capacidad de supervisión. Es fundamental que
la crianza contemple el acompañamiento consciente en el uso de tecnologías,
promoviendo la autorregulación y el discernimiento entre contenidos apropiados e
inapropiados, especialmente en la adolescencia.
Las empresas deberían
poner más controles, como, por ejemplo, límites de tiempo a los niños, niñas y
adolescentes. Asimismo, deberían educar a las personas consumidoras de sus
servicios sobre los impactos en la salud mental que podría generar su
consumo. He observado de cerca las dinámicas de uso de dispositivos
digitales en niños pequeños. Estos están expuestos a contenido que puede ser
dañino para su salud mental. [...] Todas estas cosas deberían ser debidamente
informadas, tanto a los cuidadores como a los niños y niñas.
63
El Estado, por su parte, debe garantizar el acceso universal a la
salud mental y fortalecer políticas públicas de educación digital, al tiempo que
actúa como regulador frente al poder de las plataformas tecnológicas. Esto exige
marcos legales más sólidos que prioricen el interés superior de los NNA sobre los
intereses económicos de las empresas de datos. A su vez, las compañías tecnológicas
deben superar la autorregulación y asumir compromisos reales: establecer límites de
uso, ofrecer información clara sobre riesgos psicosociales y garantizar la
transparencia en el tratamiento de datos. Solo mediante una articulación entre
familia, Estado y sector privado será posible construir entornos digitales seguros,
inclusivos y respetuosos de los derechos de la infancia.
Protección de datos personales
La protección de datos personales de los NNA es fundamental para
salvaguardar la integridad en entornos digitales. La exposición temprana a redes
sociales, el sharenting y la publicación de contenidos sin conciencia de los
riesgos pueden derivar en acoso, grooming y afectaciones a la identidad
digital. Aunque la LOPDP establece un marco reforzado para este grupo (incluyendo
evaluaciones de impacto y restricciones al tratamiento automatizado), la discusión
de esta norma en la Asamblea Nacional se centró en intereses empresariales, sin
incorporar plenamente las recomendaciones de la sociedad civil. Así, persisten
vacíos legales respecto a la protección de datos provenientes de fuentes públicas,
como redes sociales o sistemas estatales, y no existen políticas públicas activas
que aborden de manera integral la protección de datos de NNA desde una perspectiva
de salud mental.
Una política de uso
sano, seguro y constructivo de internet para niños, niñas y adolescentes parte
de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las
tecnologías digitales en su vida y su desarrollo y, así, promover el
aprovechamiento de los usos y beneficios de las TIC en un marco de derechos
[digitales], dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual.
Se trata de una política destinada a promover conductas
protectoras o preventivas de factores de riesgos que pueden poner en peligro de
integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes ante el acceso y uso de
internet; y cuando tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos
adecuados de atención para la protección, atención y reparación.
64
Institucionalmente, la creación de la Superintendencia de
Protección de Datos Personales representa un paso importante. Desde abril de 2024,
esta entidad ha emitido sus primeras resoluciones y guías técnicas para regular el
tratamiento de datos en el país, con competencias para sancionar, supervisar y
emitir directrices, especialmente en relación con grupos vulnerables como los NNA.
Sin embargo, más allá de iniciativas como la "Política Pública por una Internet
Segura", Ecuador carece de un sistema articulado de supervisión que coordine salud,
educación y protección de datos. Es urgente fortalecer el marco legal, ampliar las
capacidades de las instituciones y promover una cultura de prevención que reconozca
los riesgos específicos que enfrentan los NNA en el entorno digital.
Alternativas
Para fortalecer la protección de datos y la salud mental de los
NNA, es fundamental combinar el marco normativo nacional con una estrategia de
cooperación internacional. Ante el poder desproporcionado de las grandes empresas
tecnológicas, se destaca la necesidad de adhesión de Ecuador a convenios como el
108+ y su participación activa en redes como la RIPD, que permitirían habilitar
sanciones transfronterizas y homologar estándares de protección. Estas acciones son
esenciales para enfrentar las violaciones a la protección de datos personales y
garantizar que el país sea considerado un entorno seguro para el almacenamiento y
tratamiento de datos personales. Aunque Ecuador ya forma parte de la RIPD, aún debe
avanzar hacia una integración normativa más sólida con estándares internacionales.
[C]ómo el Ecuador
podría, por ejemplo, sancionar a Facebook, sancionar a Microsoft, sancionar a
cualquier otro proveedor de servicios de redes sociales. Por eso necesitamos
del tema de cooperación internacional y ahí viene justamente el tema del 108
plus, por lo menos en materia de datos personales [...]. La autoridad de
protección de datos personales en Europa podría sancionar a Facebook a Meta por
un caso que se derivó en el Ecuador, pero siempre y cuando nosotros
pertenezcamos o hagamos todo el tema de adecuación a la normativa del 108 plus,
que significaría que el Ecuador sea un puesto seguro para que los datos
personales sean almacenados aquí en el Ecuador.
65
Además, se requiere un enfoque integral que trascienda la
existencia de leyes formales y se traduzca en políticas públicas efectivas,
instituciones sólidas y una cultura organizacional orientada al cumplimiento. La
vigencia de la LOPDP desde 2021 no ha impedido que muchas empresas incumplan con
obligaciones básicas como los registros de tratamiento o evaluaciones de impacto. Es
indispensable articular legislación, educación digital, mecanismos de supervisión y
recursos suficientes, de modo que el marco jurídico no solo exista, sino que
funcione y garantice derechos en la práctica.
