La ocurrencia de un deslizamiento de tierra impacta significativamente la
vida de las comunidades, pues altera la cotidianidad, destruye proyectos de vida y
desencadena consecuencias sanitarias y psicosociales.
1
En este tipo de emergencias, los niños, niñas y adolescentes (NNA) son especialmente
vulnerables debido a sus condiciones físicas, cognitivas y sociales, lo que requiere
atención y protección diferenciada.
El objeto de estudio de esta investigación es el cantón Alausí, provincia
de Chimborazo, ubicado a 95 km de la capital provincial (Riobamba). Posee 180 comunidades y
once parroquias (diez rurales y una urbana). El 26 de marzo de 2023, la parroquia matriz se
vio afectada por un deslizamiento de tierra de considerable magnitud, que provocó 65
personas fallecidas, 10 desaparecidas, 44 heridas y 1034 damnificadas. Además, se
registraron daños en 220 viviendas, una unidad educativa, un coliseo deportivo y un estadio,
al igual que afectaciones a servicios básicos como agua potable, electricidad,
alcantarillado y la carretera E35, principal vía de acceso.
2
Estos impactos limitaron el acceso de los NNA a derechos fundamentales interconectados
con la protección especial, como salud, educación, vivienda, movilidad y recreación, lo que
afectó su desarrollo integral y bienestar psicosocial.
El derecho a la protección especial de los NNA busca su pleno desarrollo
físico, mental, moral, espiritual y social en condiciones de dignidad.
3
En casos de desastres naturales, se expresa a través de la provisión de medidas como
evacuación prioritaria, alojamiento y atención médica.
4
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) obliga a los
Estados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar estos derechos;
5
por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado la
responsabilidad del Estado de mitigar, recuperar y mejorar las condiciones de vida de las
personas damnificadas, con especial énfasis en la niñez y adolescencia. En Ecuador, varios
instrumentos prevén asimismo la recuperación y mejora de condiciones sociales, económicas y
ambientales en sectores afectados.
6
Pese a estas disposiciones y al tiempo transcurrido desde el desastre, los
NNA afectados no han sido parte de programas integrales de recuperación de infraestructura
educativa y recreativa, ni de intervenciones psicosociales que fortalezcan el tejido social
y comunitario. Las viviendas no han sido reubicadas ni la carretera ha sido intervenida, lo
que constituye una vulneración del derecho a la protección especial y evidencia la necesidad
urgente de implementar mecanismos de reparación integral.
Para identificar dichos mecanismos, esta investigación adopta un enfoque
mixto mediante el análisis de normativa nacional e internacional, informes institucionales y
observación directa, complementados con entrevistas a familias damnificadas y autoridades
locales. Se analiza el estado actual en acceso a salud, educación, movilidad, vivienda y
recreación, así como el significado colectivo del desastre, las necesidades en materia de
derechos humanos y las brechas en la protección especial. Las entrevistas se aplicaron a
funcionarios del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Alausí, al
igual que a familias damnificadas con NNA en su estructura nuclear. Se excluyó a los NNA
para prevenir la revictimización, aunque se considera relevante incluir su voz en el diseño
final de la propuesta de reparación integral.
Este estudio busca generar evidencia que sustente la implementación de
medidas de reparación integral y fortalezca la protección especial de los NNA en contextos
de posdesastre.
Desastres naturales, protección especial de la niñez y reparación
integral
Desastre natural
Un desastre se define como un fenómeno natural que genera efectos
nocivos sobre una población o un territorio. En este contexto, el término peligro
o amenaza hace referencia al fenómeno natural en sí, mientras que
vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de una población a verse afectada
por dicho peligro. La probabilidad de que una población sufra daños por estos fenómenos
se conoce como riesgo
.
7
Los desastres naturales, al superar la capacidad de respuesta local, impactan
gravemente el desarrollo social y económico de las comunidades,
8
y generan sufrimiento, interrupciones en la vida cotidiana y pérdida de bienes
materiales.
9
Históricamente, durante este tipo de eventos se ha prestado poca atención a la
protección de los derechos humanos, a pesar de que la situación demanda intervenciones
inmediatas y específicas para mitigar los efectos negativos sobre la población.
10
Un deslizamiento de tierra es la caída perceptible o el movimiento
descendente de una masa relativamente seca de tierra, roca o ambas. Este movimiento en
ocasiones es progresivo, ya que no se inicia simultáneamente a lo largo de toda la
superficie de la falla.
11
Los deslizamientos incluyen caídas y desprendimientos de rocas; colapsos de ladera
o taludes; deslizamientos planos; deslizamientos rotacionales; flujos, coladas y
avalanchas de tierras; derivas laterales y movimientos complejos.
12
Algunas consecuencias de los deslizamientos son el cambio del relieve y la
climatología del lugar, las pérdidas de bienes materiales, los daños a infraestructuras,
y el devalúo de propiedades y terrenos.
13
Desarrollo infantil y factores de riesgo
La niñez y la adolescencia han sido históricamente objeto de especial
interés para diversas corrientes teóricas, debido a los profundos y rápidos cambios que
caracterizan a estas etapas del desarrollo, así como por la alta vulnerabilidad y
sensibilidad de los sujetos frente a los entornos en que se encuentran inmersos. El período
que transita una persona desde la niñez hasta la adultez puede dividirse en primera infancia
(del nacimiento hasta los 3 años), segunda infancia (de 3 a 6 años), tercera infancia (de 6
a 11 años) y adolescencia (de 11 a 20 años).
14
Cada una de estas etapas está marcada por una serie de hitos y logros de desarrollo que
determinan su paso a la siguiente. Ciertos factores pueden favorecer o afectar el desarrollo
normal de un NNA, como la familia nuclear, el nivel socioeconómico, el vecindario, la
cultura, el contexto histórico y las influencias normativas y no normativas a las que se ve
expuesto.
Las influencias normativas se relacionan con cambios esperados y
compartidos por personas de un mismo grupo etario, como el ingreso al sistema educativo
formal, el desarrollo biológico y los procesos de socialización; generalmente no representan
obstáculos para el desarrollo.
15
En contraste, las influencias no normativas hacen referencia a eventos inusuales,
inesperados o atípicos que pueden tener un impacto significativo en la vida de los
individuos, generando altos niveles de estrés y desestabilización. Entre ellas se incluyen,
por ejemplo, accidentes graves, uniones infantiles forzadas, pérdida de familiares cercanos
y desastres naturales. Estas situaciones pueden limitar el acceso a derechos básicos y
afectar el desarrollo biológico, mental, cognitivo y psicosocial de los NNA, poniendo de
relieve la necesidad de mecanismos de protección especial que garanticen entornos seguros y
condiciones que permitan su acceso a educación, salud, vivienda, movilidad y recreación.
La obligación estatal posdesastre y la crítica al adultocentrismo
Ante un desastre natural, las autoridades nacionales tienen la obligación
de proteger y asistir a las personas damnificadas, mientras que estas tienen el derecho a
solicitar y recibir dicha protección y asistencia. Durante un desastre, las personas no
pierden los derechos que corresponden a la población en general; más bien, presentan
necesidades específicas que deben abordarse mediante medidas específicas de protección y
asistencia. La labor del Estado no se limita a la respuesta inmediata, sino que incluye la
recuperación posdesastre. En Latinoamérica, esta etapa suele descuidarse, lo que deja a las
personas damnificadas en condiciones de vulnerabilidad incluso años después del evento.
Cuando un Estado no genera mecanismos efectivos de recuperación, los NNA
pueden verse particularmente afectados. Además, pueden enfrentar restricciones en el
ejercicio de su derecho a participar activamente y a expresar sus opiniones en asuntos que
los competen directamente. Muchos enfoques de reparación integral se diseñan e implementan
desde una lógica adultocéntrica, en la que la toma de decisiones y el ejercicio del poder
recaen en los adultos, de modo que se relega a las infancias y adolescencias a un rol
subordinado. La política pública puede concebirlos únicamente como receptores pasivos de
intervenciones, con lo que les niega agencia, voz y reconocimiento de sus experiencias.
Asimismo, existen marcos normativos e institucionales que no validan sus palabras ni sus
vivencias, al tratarlos como objetos debido a su edad.
16
Este modelo de dominación reproduce relaciones jerárquicas que posicionan a los adultos
como los únicos sujetos legítimos de poder y control social, económico y político, y limita
así las capacidades de incidencia de los NNA. Por ello, las respuestas ante el deslizamiento
de tierra ocurrido en Alausí deben analizarse desde una perspectiva crítica que cuestione
las visiones adultocéntricas y reconozca a los NNA como actores sociales con derechos
plenos.
Dado que el Estado no implementó mecanismos efectivos de recuperación
durante varios años, los NNA quedaron en situación de vulnerabilidad, lo que justifica la
necesidad de adoptar medidas de reparación integral.
La reparación integral como marco de solución
La reparación integral consiste en la aplicación de medidas que permitan
reparar el derecho vulnerado, procurando su restitución al estado anterior a la
vulneración.
17
Entre estas medidas se incluyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la
satisfacción y las garantías de no repetición. Adoptar una visión holística del ser humano
permite que las intervenciones sean específicas para cada caso y que aborden no solo la
reparación material o económica, sino también las secuelas psicosociales. Su objetivo es
ofrecer un resarcimiento completo a la víctima, que le permita resignificar la situación de
vulneración, integrarla a su historia de vida, generar fortalezas y avanzar en su
desarrollo. La reparación integral busca lograr la máxima equivalencia posible entre el daño
sufrido y su reparación, de manera que la persona afectada quede en una situación lo más
cercana posible a la que tenía antes del hecho.
18
Es relevante también destacar el concepto de reparación transformadora, que no solo
pretende retornar a la víctima a su condición previa, sino mejorar dicha condición; es
decir, estas reparaciones buscan enfrentar el daño padecido y, al mismo tiempo, abordar las
condiciones que permitieron la vulneración, con el fin de prevenir futuros daños.
19
Instrumentos de protección internacional y nacional de la protección de
niños, niñas y adolescentes
La protección especial de NNA frente a situaciones de desastre cuenta con
un amplio desarrollo normativo internacional y nacional. Estos instrumentos establecen para
los Estados obligaciones específicas que permiten analizar los vacíos en su respuesta tras
el deslizamiento de tierra en Alausí en 2023.
Sistema internacional de protección de niños, niñas y adolescentes
Desde la Declaración de Ginebra de 1922, la comunidad internacional
reconoce la necesidad de los NNA a ser los primeros en recibir socorro en caso de
calamidad.
20
Este principio se vio reforzado por la Declaración de los Derechos del Niño (1959), en
la que se establece que el niño gozará de protección especial y recibirá protección y
socorro de manera inmediata prioritaria y diferenciada
21
en contextos de emergencia. También se desarrolla el concepto de protección especial,
al reconocer el derecho de todo NNA a su bienestar integral, esto es, físico, mental,
espiritual y social.
La Convención de los Derechos del Niño (1989), de carácter vinculante para
Ecuador, amplió el enfoque de protección especial, comprometiendo a los Estados a asegurar
al NNA la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.
22
Esto solo puede garantizarse mediante el acceso a otros derechos interconectados, como
salud, educación, vivienda, movilidad y recreación, incluso en situaciones de desastre. De
esta manera, el derecho a la protección especial puede comprenderse como un derecho
relacional, cuya realización efectiva depende del ejercicio y garantía de otros derechos
estrechamente interconectados.
En su observación general n.° 26, el Comité de los Derechos del Niño
estableció que, frente a desastres naturales, los Estados deben fortalecer los sistemas de
protección infantil, al igual que garantizar acceso suficiente al agua, el saneamiento, la
salud y entornos escolares seguros.
23
Identificó también que en situaciones de desastres humanitarios los adolescentes pueden
verse privados de educación, formación profesional, oportunidades de empleo en condiciones
seguras y acceso a servicios apropiados de salud sexual y reproductiva, lo que los puede
llevar a enfrentar problemas de salud mental y conductas de riesgo.
24
Por esto, señala la importancia de generar espacios deportivos y de recreación que
ayuden a los NNA a recuperar la sensación de normalidad después de las experiencias de
pérdida, desplazamiento y trauma.
25
Estos lineamientos resultan directamente aplicables al caso de Alausí,
donde la falta de reconstrucción de escuelas y áreas de recreación evidencia un
incumplimiento de los estándares internacionales.
Sistema interamericano de protección a niños, niñas y adolescentes
La Corte IDH ha consolidado la protección especial como un derecho
autónomo. En el caso Familia Barrios vs. Venezuela,
26
estableció que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para
asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. En tal sentido, debe prestar
especial atención a las necesidades y a los derechos de los NNA, en consideración a su
condición particular de vulnerabilidad. Asimismo en el caso de las niñas Yean y Bosico
vs. República Dominicana,
27
la Corte IDH señaló que la condición de niña o niño exige una protección especial
que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos
que la Convención Americana reconoce a toda persona. La Corte también se ha pronunciado
a través de la opinión consultiva n.° 32, de 2025, acerca de la protección diferenciada
que deben tener los NNA frente a la emergencia climática: recalcó la responsabilidad que
recae en los Estados de generar planes de mitigación, recuperación y restauración de una
localidad afectada por un desastre.
En cuanto a las medidas que los Estados deben garantizar ante la
emergencia climática, la Corte IDH ha establecido que la reparación del daño debe ser
integral (restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y
garantías de no repetición). Subraya que la reparación debe procurar la plena
restitución (restitutio in integrum), y añade la importancia de que los
mecanismos sean adecuados a la naturaleza de los daños y que se consideren a
circunstancias particulares de las afectaciones a las personas y la naturaleza. Así, se
fortalecen las capacidades de adaptación y resiliencia y se contribuye a una
recuperación sostenible frente al cambio climático.
28
La jurisprudencia interamericana obliga, por lo tanto, a que los
Estados implementen políticas diferenciadas orientadas a la protección especial de NNA
ante adversidades provocadas por la emergencia climática, lo cual no ha ocurrido en
Alausí, donde las medidas estatales han sido generales y no específicas para la niñez.
Sistema ecuatoriano de protección de niños, niñas y adolescentes
La Constitución de la República del Ecuador reconoce la atención
prioritaria y especializada de que gozarán los NNA en situaciones de desastres naturales
o antropogénicos.
29
También reconoce que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y el
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales.
30
El Código de la Niñez y Adolescencia dispone expresamente la protección especial de
NNA en casos de desastres naturales, a través de la provisión prioritaria de
servicios.
31
Por su parte, la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres establece la obligación estatal no solo de reaccionar ante la emergencia, sino
también de garantizar la recuperación, rehabilitación y reconstrucción en el mediano y
largo plazo.
32
La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia n.° 515-20-JP -que analiza el
derecho a la vivienda luego del terremoto de 2016-, se pronunció señalando que el Estado
tiene frente a desastres naturales la obligación de mitigar, recuperar y mejorar las
condiciones de aquellas personas o grupos que han sido víctimas del evento.
33
La falta de ejecución de planes integrales de reconstrucción en Alausí
contradice este mandato, lo que genera una vulneración sostenida de derechos
interconectados como educación, salud, vivienda y recreación.
Metodología
Diseño del estudio y enfoque
La presente investigación se configura como un estudio de caso
instrumental con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y con perspectiva basada en
los derechos de los NNA. El caso del deslizamiento de tierra en Alausí sirve para
analizar en profundidad la vulneración de su derecho a la protección especial en el
posdesastre. El enfoque mixto permitió analizar tanto las percepciones subjetivas de los
actores y las familias damnificadas (cualitativo) como la frecuencia y distribución de
evaluaciones sobre el estado de recuperación (cuantitativo).
Contexto, ámbito y marco temporal
Se aborda el caso de Alausí (Chimborazo, Ecuador) tras el
deslizamiento de tierra del 26 de marzo de 2023. El universo analítico lo constituyen
los NNA y sus derechos interconectados con la protección especial (educación, salud,
vivienda, movilidad, recreación). El período abordado comprende desde 2023 hasta 2025,
lo que permite una evaluación en tres momentos: análisis de la respuesta inmediata
(2023), seguimiento intermedio (2024) y verificación reciente de las condiciones
posdesastre (2025).
Fuentes y corpus de datos
Fuentes primarias
Se recolectaron datos a través de: 1. entrevistas semiestructuradas a
familias damnificadas en cuya estructura nuclear hay al menos un NNA, y a autoridades
locales de instituciones clave (Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Consejo
Cantonal de Protección de Derechos, GADM de Alausí); 2. observación de campo directa
realizada en 2025, focalizada en evaluar el estado de recuperación de la infraestructura
educativa, deportiva y vial, con lista de chequeo y bitácora de campo; y 3. una encuesta
breve aplicada a familias damnificadas para recoger información cuantitativa de la
percepción de la respuesta estatal y su continuidad en el acceso a derechos.
Cabe destacar que, por consideraciones éticas y para prevenir la
revictimización, no se recolectaron datos directamente con los NNA. Su realidad fue
abordada indirectamente a través de las narrativas de sus familias y las autoridades
locales.
Fuentes secundarias
A nivel de normativa internacional se consideran la CDN, las
observaciones generales del Comité de los Derechos del Niños, los lineamientos de
protección en desastres, y la jurisprudencia y la opinión consultiva n.° 32 de la Corte
IDH (protección diferenciada, reparación integral/transformadora). A nivel ecuatoriano
se incluyeron la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, la
Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, fallos constitucionales
relevantes -como la sentencia n.° 515-20-JP- e informes oficiales como los SitRep de la
Secretaría de Gestión de Riesgos y reportes del Ministerio de Educación, el Ministerio
de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). También
se incluyeron diagnósticos de organismos internacionales como UNICEF y la Agencia
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA, por sus siglas en inglés).
Los criterios de inclusión fueron: pertinencia directa con NNA y
posdesastre, publicaciones entre 2008 y 2025, y aplicabilidad al caso Alausí. Se
excluyeron piezas no oficiales o sin relación directa con el objeto de estudio.
Instrumentos
La guía de entrevista a familias se diseñó alrededor de ejes
temáticos como cronología de impacto y barreras por derecho: educación (reubicaciones,
horarios, dispersión), salud (continuidad, salud mental y apoyo psicosocial), vivienda
(pérdida, reubicación, facilidades, promesas, incumplimientos), movilidad (vía E35,
accesos alternos) y recreación (pérdida de coliseo/estadio, impacto).
La guía de entrevista a autoridades se diseñó alrededor de ejes
temáticos de medidas adoptadas por derecho, cobertura y plazos; causas de demora; y
coordinación interinstitucional, evaluación de resultados y proyección de no repetición.
Para cada categoría de derecho se elaboró una lista de chequeo de
observación:
-
Educación: Estado de unidad educativa afectada y sedes
receptoras, jornadas, horarios, servicios básicos.
-
Salud/salud mental: Oferta de programas de apoyo
psicosocial vigentes.
-
Vivienda: Avances en la reubicación y construcción de
proyecto de viviendas, habitabilidad.
-
Movilidad: Estado de la vía E35 y vías alternas,
seguridad, costos.
-
Recreación: Presencia/ausencia de infraestructura
deportiva y programas de fomento deportivo para NNA.
La encuesta de percepción, por último, fue un instrumento breve
que solicitaba a las familias damnificadas calificar la percepción de la acción estatal
y el nivel de recuperación de los servicios (vivienda, áreas deportivas, carreteras,
salud) en una escala (por ejemplo, "muy poco recuperado", "poco recuperado", "muy
recuperado").
Análisis de datos y categorías de estudio
El procesamiento de la información se llevó a cabo a través de un proceso
de triangulación entre fuentes normativas/documentales, fuentes primarias cualitativas y
cuantitativas, observación directa y los datos de la encuesta breve. La triangulación fue de
dos tipos:
-
De datos: Se comparó y contrastó la información proveniente de
las fuentes documentales (normativa, informes) con las fuentes primarias
cualitativas (entrevistas a familias y autoridades) y con la observación
directa.
-
Métodos: Se confrontaron los resultados del análisis
cualitativo (entrevistas y observación) con los datos cuantitativos de la
encuesta de percepción.
El análisis se organizó en torno a cinco categorías de derechos
interconectados con la protección especial: educación, salud (física y mental), vivienda,
movilidad y recreación, que funcionaron como ejes transversales para el contraste de las
fuentes.
Resultados
La afectación de los derechos interconectados y la inacción
estatal
Esta sección presenta los hallazgos organizados por cada derecho
interconectado con la protección especial. Para cada uno -educación, salud, vivienda,
recreación y movilidad- se expone la evidencia triangulada que demuestra su estado de
vulneración, contrastando la narrativa oficial con la percepción de los actores locales
y la verificación in situ. El análisis secuencial (2023-2025) permite visualizar
la cronicidad de la vulneración. También se incluye la propuesta de reparación integral
en cuatro dimensiones -restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías
de no repetición-, con enfoque de protección especial de los NNA.
Derecho a la educación
El derecho a la educación de los NNA de Alausí fue vulnerado tras la
afectación de la Unidad Educativa Federico González Suárez, que recibía aproximadamente
a mil estudiantes en sus aulas. La evidencia converge en señalar que las medidas
implementadas -como la reubicación de estudiantes y la implementación de jornadas
vespertinas-, lejos de restituir el derecho, acabaron generando nuevas barreras para su
ejercicio efectivo.
El último informe SitRep de la Secretaría de Gestión de Riesgos, de
noviembre de 2023, destaca que las actividades educativas se llevaban a cabo de manera
presencial de acuerdo con los planes de contingencia de cada institución, a la vez que
ratifica que la unidad educativa presentaba colapso de cerramiento e ingreso de tierra,
rocas y material a las instalaciones y afectación a las baterías sanitarias.
34
El Ministerio de Educación, por su parte, informa que reubicó los recursos
educativos a las instituciones receptoras para garantizar un entorno seguro para la
comunidad educativa.
35
Sin embargo, los datos de campo ponen en discusión la efectividad de estas medidas
a largo plazo. Los funcionarios locales relataron que "los estudiantes tuvieron que
dispersarse, cambiarse de unidad educativa, cambiarse de cantón, provincia o migrar al
exterior".
36
Otra entrevista a un funcionario de alto nivel de la localidad identificó que
"después del desastre natural del 26 de marzo, los niños y adolescentes perdieron el
derecho a recibir la educación de manera digna, perdieron sus instalaciones,
laboratorios dignos. Nada se ha recuperado".
37
Esta percepción es corroborada por la totalidad de las familias
encuestadas damnificadas, quienes calificaron la infraestructura educativa como "muy
poco recuperada"; por el relato de que "los estudiantes ahora están divididos en
instalaciones prestadas que no garantizan los requerimientos mínimos";
38
y por la observación directa realizada en 2025, en la que se constató que persiste
la inhabilitación de la unidad educativa. Si bien el horario vespertino ya no se
mantiene, los estudiantes continúan dispersos en instalaciones prestadas inadecuadas.
La brecha parece ahondarse cuando se toman en consideración las
características geográficas de la localidad, como lo ilustra el testimonio de una
autoridad local.
Algunos estudiantes
vienen de comunidades lejanas. No es lo mismo que salgan a las 6h30 de la mañana.
Con los nuevos horarios, tuvieron dificultades para retornar; algunos tenían que
volver caminando, con todo el riesgo que conlleva.
39
Esta situación prolongada en el tiempo contrasta frontalmente con el
deber estatal de garantizar la protección especial de la niñez, y evidencia una inacción
crónica para adoptar medidas efectivas de recuperación que trasciendan la mera respuesta
inicial de emergencia.
Derecho a la salud
El derecho a la salud, indispensable para el desarrollo integral y la
protección especial de la niñez, fue inicialmente atendido tras el deslizamiento en
Alausí, mas las intervenciones carecieron de sostenibilidad y dejaron a los NNA sin el
acompañamiento psicosocial especializado que requieren. El informe de rendición de
cuentas del Centro de Salud B de Alausí reporta que sus servicios se activaron
inmediatamente tras el desastre y permanecieron activos brindando asistencia de rayos X,
consulta y servicios de salud mental.
40
De la misma manera, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y ONG como World
Vision y Cruz Roja Ecuatoriana brindaron espacios de acompañamiento emocional
especialmente dirigidos para NNA. Estas intervenciones de primera respuesta parecen no
haber tenido sostenimiento en el tiempo, ya que los testimonios de los damnificados
revelan el abandono posterior: "Al inicio nos apoyaron, luego nos dejaron. Nuestros
hijos tenían pesadillas, miedo, y luego a nadie más le importó".
41
Esta percepción de afectación encuentra sustento en el diagnóstico situacional
elaborado por UNICEF y ADRA en la localidad, que detectó que el 50 % de los NNA de
familias damnificadas presentó tristeza o cambios del estado de ánimo.
42
La observación directa en 2025 no halló evidencia de programas
estatales sostenibles de salud mental específicos para NNA, aunque identificó un
programa de acompañamiento psicosocial para adolescentes ejecutado por UNICEF y ADRA en
instituciones educativas, con colaboración de los departamentos de consejería
estudiantil (DECE). Si bien esta respuesta no gubernamental es valiosa y responde
parcialmente a la necesidad de garantizar la salud mental, no sustituye la obligación
del Estado de liderar la rehabilitación.
Finalmente, en entrevista con un funcionario de una unidad educativa
de la localidad, se recopiló el siguiente comentario:
Los chicos tuvieron
varios meses difíciles. Muchos perdieron compañeros, amigos en el deslave. Estaban
tristes. Las compañeras DECE hacían lo posible, pero sentimos que, si necesitaban
apoyo especializado y duradero en el tiempo, finalmente tuvieron que afrontarlo con
la ayuda de nosotros, su familia, pero nada reemplaza el acompañamiento profesional.
No ha habido reparación del estado anímico ni emocional de los niños ni de ninguna
persona adulta.
43
Figura 1
Afectaciones de salud mental en NNA que experimentaron el deslizamiento de
tierra de Alausí
Fuente: UNICEF y ADRA, Diagnóstico situacional.
Derecho a la vivienda
El derecho a una vivienda digna, condición fundamental para la
protección especial y el desarrollo integral de la niñez, permanece vulnerado para las
familias damnificadas por el deslizamiento de tierra en Alausí. El informe SitRep
oficial reportó 163 viviendas afectadas y 57 viviendas destruidas;
44
las familias que vivían en ellas debieron reubicarse, ya sea pagando altos
arriendos, trasladándose fuera de la localidad o a casas de familiares, lo que podría
generar nuevos riesgos de protección para los NNA. A octubre de 2024, la zona fue
declarada como camposanto, y el 100 % de las familias encuestadas calificó la
infraestructura de vivienda como "muy poco recuperada". Los testimonios recogidos
evidencian promesas incumplidas y barreras burocráticas: "Nos prometieron viviendas
nuevas, pero hasta ahora nada",
45
o "Nos piden renunciar a las escrituras de la casa que teníamos para ser
beneficiarios";
46
esto prolonga la inseguridad habitacional para los NNA.
Si bien la firma, en abril de 2025, de un convenio entre el GADM de
Alausí y el MIDUVI para construir 57 viviendas
47
representa un avance, se materializa luego de más de dos años de ocurrido el
desastre. La observación directa del segundo trimestre de 2025 confirmó la ausencia de
avances significativos en la construcción, lo que perpetúa la situación de
vulnerabilidad.
Esta inacción estatal prolongada no solo incumple la obligación
inmediata de respuesta ante desastres, sino que agrava la ruptura del tejido social y
vulnera el derecho a la protección especial de los NNA, para quienes una vivienda
estable es un requisito indispensable en su recuperación psicosocial y desarrollo
integral.
Derecho a la recreación
La vulneración del derecho a la recreación y el esparcimiento se
evidencia de manera consistente con la triangulación de las fuentes de investigación.
Los participantes en las entrevistas relataron que "los niños y niñas no están
participando activamente en actividades deportivas".
48
Esta afirmación encuentra respaldo en el informe SitRep de la Secretaría de Gestión
de Riesgos de noviembre de 2023, que señala que entre los bienes públicos perdidos se
encuentran un coliseo y un estadio. La observación directa realizada en el primer
trimestre de 2025 (dos años después) constató la ausencia total de infraestructura
deportiva funcional en la zona cero y la falta de programas dirigidos a suplir esta
carencia. La encuesta aplicada a familias damnificadas con NNA en su núcleo familiar
corrobora este hallazgo: el 100 % de participantes calificó como "poco recuperada" la
infraestructura deportiva.
Esta situación contrasta directamente con: 1. el deber de garantía y
adopción de medidas positivas que deriva del derecho a la protección especial
desarrollado por la Corte IDH; y 2. con la obligación de recuperación prevista en el
art. 389 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos. Por lo tanto, no
se trata solo de una percepción de la comunidad, sino de una omisión estatal objetiva,
verificable y prolongada en el tiempo respecto de la garantía de un derecho fundamental
para el desarrollo integral de la niñez.
La voz de un entrevistado relata:
En el lugar del
deslizamiento teníamos un coliseo y un estadio de primera clase, donde se realizaban
campeonatos interinstitucionales. Hoy no tenemos ni el estadio ni el coliseo. No hay
ninguna intención de devolvernos aquello que perdimos. Estamos resignados ya.
49
Derecho a la movilidad segura y accesible
La vulneración del derecho a una movilidad segura y accesible se
evidencia de manera consistente mediante el análisis de las fuentes de investigación. El
SitRep de la Secretaría de Gestión de Riesgos informó sobre la destrucción de 2,32 km de
la vía E35, que permite el acceso a la localidad.
50
Mediante la observación directa realizada en 2025 se constató que la carretera no
ha sido reconstruida; quedó como principal forma de acceso una vía privada que atraviesa
el deslizamiento de tierra, administrada por personas del barrio Casual, y cuyo acceso
es tarifado, lo que encarece el transporte. Este hallazgo es corroborado por el 100 % de
las familias damnificadas encuestadas, quienes calificaron la infraestructura vial como
"muy poco recuperada".
La voz de un entrevistado relata: "Yo creo que el Estado ha hecho muy
poco esfuerzo para recuperarnos. Todo el esfuerzo fue solo al inicio de la tragedia,
luego fuimos olvidados. Hasta ahora no tenemos ni siquiera la carretera".
51
Esta situación genera barreras críticas para el acceso a servicios esenciales como
salud y educación, especialmente para los NNA, y afecta la reactivación económica local.
La omisión estatal prolongada en la rehabilitación de la infraestructura vial contrasta
directamente con la obligación del Estado de mitigación y recuperación. Por lo tanto, la
falta de movilidad segura constituye una vulneración objetiva y verificable a los
derechos interconectados de la niñez y adolescencia de Alausí.
Tabla 1
Estado de recuperación de servicios después de un año y siete meses del
deslizamiento de tierra Casual-Alausí
| Servicio
evaluado |
Respuesta/nivel de
recuperación por parte del Estado |
Porcentaje
|
| Vivienda
|
Muy poco
recuperado |
100 % |
| Áreas
deportivas |
Muy poco
recuperado |
100 % |
| Carreteras
|
Muy poco
recuperado |
100 % |
| Salud |
Muy poco
recuperado |
100 % |
Hacia una reparación integral con enfoque de protección especial
para niños, niñas y adolescentes en Alausí
El análisis diferenciado de los derechos a la educación, la salud, la
vivienda y la recreación mediante la triangulación de fuentes primarias y secundarias
evidencia la ausencia de una respuesta efectiva del Estado para recuperar las
condiciones de vida en Alausí. Esta omisión impide el desarrollo integral de la niñez y
adolescencia de la localidad. La información recabada demuestra con robustez la
vulneración: el Estado ha incumplido su deber de adoptar todas las medidas positivas
necesarias para garantizar la plena vigencia de los derechos de los NNA en contextos de
posdesastre.
En respuesta a esta omisión, se propone un modelo de reparación
integral diseñado a partir del testimonio de las familias de NNA damnificados. Se suma
también la perspectiva de autoridades locales. Si bien una limitante importante del
estudio es la ausencia de la voz directa de los NNA debido a cuestiones éticas y de
evitación de revictimización (será crucial incluirla en futuras etapas del diseño
participativo), la evidencia recabada es suficiente para construir los lineamientos de
una reparación integral con enfoque de protección especial. Este modelo no se limita a
la restitución material de infraestructura -una necesidad evidente-, sino que avanza
hacia la reconstrucción del proyecto de vida de la niñez a través de cuatro componentes
interdependientes.
1. Restitución con mecanismos de participación de niños, niñas y
adolescentes
Se entiende la restitución como el retorno al estado anterior a la
vulneración, lo que adquiere en contextos de posdesastre un carácter invaluable. En el
caso de Alausí, toma un enfoque específico, puesto que no se trata solo de la
reconstrucción material, sino de incorporar mecanismos participativos de niñez y
adolescencia atendiendo a los principios de interés superior del niño y de protección
especial. En ese sentido, el enfoque convierte el proceso de reconstrucción en un acto
reparador en sí mismo. Esto implica crear mecanismos participativos de codiseño en la
reconstrucción de espacios perdidos como el estadio, el coliseo, viviendas e
instituciones educativas, lo que garantiza que la nueva infraestructura sea segura y
amigable y responda a sus necesidades psicosociales particulares, para conseguir una
reparación transformadora.
Por otro lado, la urgencia de la restitución se recopila en la voz de
las familias damnificadas: "Si no tenemos una acción por parte del Estado, se entiende
que no hay una reparación. Nos sentiremos reparados cuando volvamos a tener los espacios
que se perdieron". Sin embargo, más adelante anhelan "un nuevo estadio mejor que el que
teníamos antes, con mayor espacio y con adecuaciones para nuestros niños pequeños, y un
colegio con espacios para actividades específicas de salud mental".
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Se subraya así la demanda de una restitución que mejore las condiciones previas e
incorpore activamente sus necesidades.
2. Rehabilitación
Busca mitigar el dolor y el sufrimiento mediante la atención médica,
psicológica o de cualquier otra índole.
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Para el caso de los NNA de Alausí, al identificarse la ausencia de una respuesta de
este tipo por parte del Estado, es importante sentar las bases para una rehabilitación
que responda a las necesidades específicas de NNA, quienes presentan mecanismos de
afrontamiento diferenciados.
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La urgencia se expresa en la voz de las familias damnificadas: "Necesitamos apoyo
para los niños y adolescentes que se encuentran afectados emocionalmente. Esto todavía
está latente, los muchachos todavía están sintiendo ese dolor".
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Así lo expresó un funcionario del DECE: "Los chicos deberían tener
actividades constantes de descarga emocional específica ante duelos y desastres con la
ayuda de psicólogos del MSP".
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El modelo de rehabilitación psicosocial debe ser interinstitucional, de manera que
combine a profesionales del DECE y del MSP para llevar a cabo intervenciones de
fortalecimiento de habilidades de afrontamiento y de salud mental en NNA.
Además, se propone la creación de un programa específico de salud
mental para trauma por desastres en el centro de salud de Alausí, con personal
capacitado y protocolos diseñados para las necesidades particulares de los NNA, sus
familias y la comunidad. La urgencia de este abordaje se sustenta en el diagnóstico de
UNICEF y ADRA, que identificó que el 50 % de los NNA presentaba secuelas psicológicas, y
en el testimonio de los damnificados, quienes reportaron que "al inicio nos apoyaron,
luego nos dejaron. Nuestros hijos tenían pesadillas, miedo, y luego a nadie más le
importó" Por lo tanto, la rehabilitación no puede depender de la cooperación
internacional temporal, debe ser una obligación presupuestaria y programática del
Estado, que garantice la continuidad hasta la recuperación efectiva, cumpliendo con el
derecho de protección especial.
3. Medidas de satisfacción
Buscan reparar la dignidad y la reputación de las víctimas, incluyendo
la disculpa pública, el reconocimiento de los hechos y las responsabilidades, así como
conmemoraciones, homenajes, enseñanza y difusión de la verdad histórica.
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Para los NNA de Alausí, esto se materializa en: 1. el reconocimiento público de la
omisión estatal y una disculpa pública oficial, tal como lo demandan los testimonios de
familias damnificadas: "Que el Estado reconozca su abandono, que nos dé disculpas
públicas";
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2. la creación de memoriales o espacios de memoria que incluyan la narrativa de la
niñez alauseña, para validar su experiencia y permitir un espacio colectivo de duelo y
reparación; y 3. la incorporación de la verdad histórica del desastre y la respuesta
fallida en la respuesta posdesastre.
La Corte IDH ha señalado que estas medidas buscan el reconocimiento de
la dignidad de las víctimas y transmitir un mensaje de reprobación oficial de las
violaciones a los derechos humanos.
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4. Garantías de no repetición
Parten del entendimiento colectivo de que las vulneraciones fueron
causadas por situaciones estructurales del Estado que se pueden evidenciar ante la falta
de una política pública que garantice derechos o la inexistencia de un marco normativo
que permita la vulneración. Las garantías de no repetición propuestas se enfocan en
transformar la respuesta discrecional en obligaciones exigibles. La voz de los actores
locales, incluida la de un funcionario público, apunta directamente a la solución:
"Sería importante que en las leyes ecuatorianas se incluyan tiempos específicos para que
el Estado deba recuperar las comunidades luego de un desastre natural, porque no tiene
un tiempo específico en el que debería ayudar".
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En respuesta a este hallazgo la propuesta incluye tres elementos: 1.
la creación de una ley de recuperación temprana con enfoque en niñez y adolescencia, con
plazos específicos -el inicio de la reconstrucción no debería ser superior a los doce
meses-; 2. la inclusión de protocolos específicos de protección de NNA en emergencias
dentro de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos; y 3. la creación de un fondo específico
para recuperación de desastres con prioridad en NNA.
