Introducción
A lo largo de la historia, la salud ha sido objeto de amplio debate
respecto de su naturaleza y alcance a través de las distintas posturas de teorías de la
justicia, tomando como especial referencia a Rawls. En esta línea, aunque se ha determinado
que Rawls no desarrolló en profundidad este tema, existen otros autores como Daniels -uno de
los pioneros en considerar a la salud como parte de las teorías de la justicia- y Fishman y
MacKay - dos expositores más contemporáneos en expandir esta teoría- que toman como punto de
partida el planteamiento de este autor y presentan nuevas formas de comprender la salud. Por
ello, y a pesar de esta amplia discusión, el tema de salud es un debate que no se ha agotado
y su desarrollo resulta relevante en toda sociedad, ya que puede resultar determinante al
momento de garantizar la salud como un derecho. Así pues, el presente artículo se centrará
específicamente en los puntos de vista que surgen con base en las teorías de la filosofía
política sobre la justicia, ya que, a pesar de la abstracción propia de la rama, tienen
elementos que aportan a las discusiones actuales en la búsqueda de la garantía de la salud,
más allá de lo que pueden aportar otros enfoques -por ejemplo, las teorías críticas de la
justicia latinoamericanas o la teoría de los derechos humanos-.
Particularmente en el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008 reconoce
el derecho a la salud para todas y todos sus ciudadanos. Sin embargo, en la práctica
parecería que, a pesar de que existe una estructura tanto teórica como normativa para
garantizarlo, su efectividad enfrenta numerosas barreras relacionadas con la economía y el
acceso. De hecho, una de las muestras empíricas más relevantes de las barreras en el acceso
a este derecho se observa en el caso de las personas con enfermedades crónicas o
discapacidades, como quienes requieren diálisis.
Las personas que padecen de un daño renal grave y, como consecuencia de
ello, tienen insuficiencia renal crónica necesitan de un tratamiento que sustituya la
función de sus riñones. Esto es precisamente lo que hace la diálisis -tanto la hemodiálisis
como la diálisis peritoneal-,
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un tratamiento que, mediante una máquina, limpia las toxinas del organismo de las
personas afectadas.
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Este tratamiento se realiza varias veces por semana, de modo que interrumpirlo podría
significar también poner en riesgo la vida de los paciente.
En 2015, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) presentó una
medida cautelar autónoma ante la amenaza de interrupción del servicio de diálisis por parte
de empresas dializadoras que alegaban falta de pago por parte del Estado.
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Una década después, no solo que esta situación se ha repetido, sino que en los últimos
años ha empeorado: hasta la actualidad, el Estado ecuatoriano ha acumulado una deuda de
aproximadamente USD 160 millones.
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No solo eso, sino que las empresas dializadoras, ante la falta de presupuesto, se han
visto forzadas a reducir sus servicios y medicamentos, lo que ha generado en ocasiones el
deceso de los pacientes, pues su vida depende de este tratamiento.
Desde tal perspectiva, este artículo parte de la premisa de que, pese a
que el marco jurídico ecuatoriano incorpora teorías expansivas de la justicia, el Estado ha
fracasado en su rol de garante, como se observa con la crisis estructural en el acceso a la
diálisis. Esta falencia evidencia no solo una brecha entre la norma y la práctica, sino una
vulneración sistemática del derecho a la vida y la dignidad de las personas con enfermedad
renal crónica avanzada (ERCA).
Teorías de la justicia y el derecho a la salud
John Rawls
Previo a tratar el derecho a la salud y cómo ha sido abordado a través
de las teorías de la justicia, resulta necesario en primer lugar comprender qué implica
la teoría de la justicia y por qué resulta relevante. En su libro homónimo, Rawls señala
que lo que busca es llevar la teoría tradicional del contrato social a un nivel más
elevado de abstracción,
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con el fin de explicarla de mejor manera frente al utilitarismo dominante
tradicional.
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Para Rawls, esta teoría de la justicia tiene como punto de partida "un
particular contrato social, un escenario primario e hipotético que denomina posición
original, donde las personas decidirán los principios básicos de justicia que
conformarán la estructura básica de la sociedad desde una especial situación cognitiva
que llama velo de ignorancia y desde una particular teoría del bierí”.
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Es decir, Rawls configura este escenario en el que se intenta que todas las
personas que se encuentran en una misma sociedad tengan un punto de partida igual,
teniendo como base esos conceptos.
Adicionalmente, otra cuestión que se toma en cuenta es cuál es el
objeto primario de la justicia, y se señala que este se "concentra en la estructura
básica de la sociedad, en el modo en que las instituciones sociales principales
distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la distribución de las
ventajas fruto de la cooperación social, que no son otras que las oportunidades
económicas y las condiciones sociales en los distintos grupos de la sociedad".
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En este sentido, se ha señalado que Rawls entiende que "la justicia como equidad
es la justicia que los hombres racionales elegirán en una situación hipotética de
posición original de igual libertad y en condiciones de equidad".
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Entonces, parte de la crítica a este autor surge por cuanto su
propuesta resulta sensible a la ambición pero insensible a "las cualidades y talentos de
las personas, pero también [...] insensible a las necesidades y particularmente a las
necesidades especiales de las personas".
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Es decir, aunque Rawls plantea una teoría de la justicia en la que busca que exista
equidad, al hacer referencia a esta y a la justicia en sí, no toma en consideración las
diferencias entre las personas, sino, por el contrario, intenta uniformar a un solo ser
humano para generar abstracción en el escenario hipotético que plantea.
Así, se ha señalado que "es reprochable la diferenciación que realiza
entre los bienes naturales y los bienes sociales, y especialmente, por los bienes que
incluye como bienes naturales".
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Esta crítica se realiza principalmente porque aquellos bienes que se consideran
naturales son excluidos de la teoría de la justicia, como es el caso de la salud, y esto
conlleva "entre otras implicaciones a no considerar a las necesidades especiales, a
manejar una concepción antropológica sesgada y a permitir desigualdades que impiden la
consecución de la justicia como equidad que pretende configurar".
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En otras palabras, aunque la propuesta de Rawls toma en consideración cuestiones
más sociales, su enfoque no resulta suficiente cuando se trata de abarcar condiciones
particulares de las personas para generar una real equidad.
Comprendida cuál es la base conceptual de esta teoría, también es
necesario presentar cuál es la postura de Rawls en cuanto a la salud, ya que, a partir
de su propuesta, se han derivado otras nuevas tanto a favor como en contra. En esta
línea, se ha dicho que la teoría de la justicia de Rawls en cuanto a la salud "es más
bien escas[a], por no decir decepcionante".
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A pesar de esta afirmación, "sus conceptos, su metodología y sus principios han
sido utilizados profusamente por distintos autores para afrontar esos debates".
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Rawls considera que "aunque su posesión [la de la salud] se vea
influida por la estructura básica, no está directamente bajo su control",
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y por ello se trata de un bien primario natural; asimismo, aunque se trate de algo
valioso y deseable, no se encuentra en el ámbito de la justicia.
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Por tanto, su propuesta evidencia un alto nivel de abstracción que no se centra en
situaciones concretas, y, por ende, tampoco específicamente en el ámbito de la salud.
De hecho, Rawls "recurre a una aproximación de carácter
contractualista, por lo cual los principios de justicia aceptables serían aquellos que
adopten personas libres, racionales y autointeresadas en una situación de igualdad y de
imparcialidad".
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Para esto, emplea los elementos previamente señalados de la "posición original" y
el "velo de ignorancia", con lo que establece un escenario hipotético en el que "estaría
justificado el acuerdo al que llegaran respecto al establecimiento de los principios de
justicia de la sociedad".
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Asimismo, Rawls señala la existencia de imparcialidad creada con el
velo de ignorancia y, al emplear este escenario, cierra la posibilidad de incluir a la
salud como un elemento que incida en él, ya que "supone que todas las personas
participantes en la posición original son [...] normales, plen[a]s y activ[a]s en la
sociedad, con idénticas necesidades físicas y capacidades psicológicas dentro de
parámetros normales".
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Entonces, "el resultado implica limitar la aplicación de los principios de justicia
a esos individuos normales involucrados en la cooperación social".
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Por ello se señala que "situaciones de desventaja relacionadas con la salud, con la
discapacidad o en general con diferencias de tipo natural no son contempladas como
cuestiones de justicia. No lo son a partir de la estipulación de que en la posición
original nadie tiene realmente problemas de salud".
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Así, de todo lo señalado, se puede decir no solo que Rawls considera a la salud
como un bien primario natural, que no formaría parte del ámbito de la justicia, sino que
se encarga de cerrar las posibilidades para incluir a la salud como algo que incida en
su propuesta.
Expuesta la postura de Rawls, para el presente documento se abordarán
algunas de las propuestas de otros autores que han tomado como base esta teoría para
expandirla, y no, por el contrario, aquellas opuestas a su planteamiento inicial.
Norman Daniels
Podría decirse que la propuesta presentada por Daniels se divide en dos
momentos: uno que se presenta antes de los determinantes sociales de la salud (DSS) y otro
que se presenta posteriormente a ellos. En un inicio, Daniels toma como base el principio de
justa igualdad de oportunidades para realizar una extensión de la propuesta rawlsiana.
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De hecho, para el autor, la protección de la salud en todos sus ámbitos (desde la
prevención hasta tratamientos a enfermedades crónicas y otros) permitiría a las personas
alcanzar un "funcionamiento normal" en los aspectos físico, emocional y cognitivo.
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Sin embargo, esta igualación garantiza la "normalidad" de los competidores, pero no
hace que sean estrictamente iguales.
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Aunque esta teoría busca extender la de Rawls, sí existen modificaciones
en cómo se entienden determinados conceptos. De hecho, "para Rawls, la justa igualdad de
oportunidades, regulada en el segundo principio de justicia, está limitada a la obtención de
empleos y oficios; y ello dentro de una concepción de la sociedad como empresa cooperativa
para el mutuo beneficio".
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En esta línea, desde la concepción de los principios de justicia, ya en la propuesta de
Daniels se evidencia un cambio para poder incluir a la salud en la teoría.
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Así pues, en este primer momento, la propuesta de Daniels es relevante por
cuanto amplía el concepto de sociedad y de oportunidades, ya que "la sociedad no está
únicamente formada por los productores, y las oportunidades van más allá de la obtención de
cargos y oficios, puesto que se vinculan con la persecución de los distintos planes de
vida".
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Esto no solo implica ya un avance para la salud en las teorías de la justicia, sino que
también es una muestra de sus posibilidades de expansión.
Ahora bien, en cuanto al segundo momento -esto es, con las consideraciones
de los DSS-,
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la propuesta de Daniels, si bien no cambia por completo, sí se expande mucho más que en
la propuesta presentada inicialmente: la salud ya no se limita a asistencia sanitaria, sino
que "la investigación empírica sobre los DSS habría corroborado que la injusticia social (y
en este caso la violación de los principios de justicia rawlsianos), además de ser
rechazable, es perjudicial para la salud y hace aumentar las desigualdades en salud".
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Asimismo, Daniels se enfoca en la igualdad de los DSS, lo que implica que
una desigualdad en los resultados de salud - incluso si
es sistémica- no será necesariamente reputada como injusta, sino que solo lo será si
viene producida por una desigualdad injusta [...] en el acceso o disfrute de los
determinantes sociales de la salud. Para Daniels se produciría una injusticia si, y solo
si, unos resultados de salud derivan de una distribución injusta de los factores
socialmente controlables que afectan a la salud.
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Entonces, esta propuesta se enfoca en garantizar la equidad en los DSS más
que en los resultados en sí mismos.
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Por ello, la propuesta de Daniels no solo es relevante al incorporar a la salud en la
teoría de la justicia, sino que reconoce el papel estructural que desempeñan los DSS para
evitar la generación de injusticias. Por estos motivos, el presente documento se desarrolla
tomándola como base.
Jayna Fishman y Douglas MacKay
Al igual que Daniels, Fishman y MacKay proponen una extensión de la
teoría de Rawls incluyendo los DSS. Sin embargo, estos autores proponen incluir a las
bases sociales de la salud como un nuevo bien social primario y añadir un nuevo
principio de justicia.
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Esta incorporación, aunque tiene como base la teoría de Rawls, se torna una
propuesta distinta, pues modifica algunas de sus partes centrales. Por ejemplo, esta
propuesta "sigue evaluando la igualdad y la desigualdad en salud y el qué de la
distribución no a partir de los resultados en salud, sino a partir de unos principios
previos".
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De hecho, busca
establecer principios justos en la distribución de
los elementos que los determinan. Lo que tratan con su propuesta es de afinar los
principios para que los resultados no presenten problemas como el de unas
desigualdades residuales en salud demasiado amplias que comprometan la plausibilidad
de los criterios.
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En esta línea, lo propuesto por Fishman y MacKay incorporaría las
"bases sociales de la salud" para que exista un impacto positivo en el estado de salud
de los menos aventajados.
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De lo expuesto, se tiene que estos autores ya no se enfocan exclusivamente en la
salud, sino en todos aquellos componentes sociales que pueden incidir en ella, lo que
implica un cambio en cómo se había entendido la salud hasta ese momento.
Una vez que se han presentado de forma breve estas teorías de la
justicia, resulta relevante comprender: 1. cómo se define a las personas con ERCA; 2. el
marco jurídico ecuatoriano; 3. si existe alguna coincidencia entre este y las teorías de
la justicia presentadas; y 4. si las teorías de la justicia podrían ser una forma de
buscar la reivindicación y garantía de los derechos de las personas con ERCA.
Aunque el punto de partida de la presente investigación sigue siendo
la teoría de Rawls, la propuesta de Fishman y MacKay resulta relevante porque incluye
una visión más amplia sobre la salud, no solo desde el ámbito sanitario, sino como un
concepto que se rodea de distintos componentes para ser garantizada.
Enfermedad renal crónica avanzada en Ecuador: un desarrollo normativo y
jurisprudencial
Enfermedad renal crónica en Ecuador
Para abordar la situación de las personas con ERCA en Ecuador resulta
necesario contextualizar qué implica esta enfermedad y su situación actual en el país.
Se ha determinado que la enfermedad renal crónica "implica la pérdida gradual y
progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los productos de desecho,
mantener en equilibrio la cantidad de líquidos en el organismo, controlar la presión
arterial, facilitar la producción y mantenimiento de glóbulos rojos y regular los
niveles de calcio y fósforo".
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En otras palabras, la función renal es irreemplazable en el organismo y en la vida
de las personas.
Cuando una persona tiene enfermedad renal crónica y llega a una etapa
avanzada, resulta irreversible, por lo que debe recurrir a tratamientos alternos para
sustituir la función renal.
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Estos implican un cambio total en la vida del paciente, porque "debe sometérsele a
tratamientos de sustitución renal no curativos, los cuales son altamente invasivos y
demandantes, lo que implica un alto costo físico, psicosocial y económico para aquel y
su familia".
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Entonces, al hacer referencia a los tratamientos sustitutivos de
función renal para quienes tienen ERCA, se hace alusión por lo general a la diálisis (en
sus diferentes tipos) y al trasplante renal. En el caso del trasplante, la persona
obtiene un nuevo riñón y existen cambios considerables en su vida, pero esta no depende
de la limpieza de toxinas a través de una máquina, como en el caso de la diálisis. Quien
debe someterse a diálisis sufre un detrimento en su calidad de vida, no solo por la
falla del organismo, sino además por las limitaciones que implica acceder al
tratamiento: depender de una máquina y del personal sanitario, además de aplicar
restricciones en la dieta y cambios en los ámbitos social y laboral.
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No obstante, y a pesar de que el tratamiento sustitutivo de la función renal
implica un detrimento en la calidad de vida, también permite que quienes tienen ERCA
puedan evitar la muerte.
En Ecuador, hasta mayo de 2022
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hay un registro de aproximadamente 850 000 personas con enfermedad renal crónica;
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de ellas, 19 327 tienen ERCA y requieren o han requerido diálisis. El grupo más
representativo es el de personas entre 46 y 70 años (11 529 pacientes), y el segundo es
el de personas entre los 71 y 99 años (4413 pacientes). El grupo con menor
representación es el de personas menores de 18 años (193 pacientes).
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Adicionalmente, de este grupo de 19 327 personas, 2732 ya han fallecido, por lo que
se determina una tasa de mortalidad por esta causa de 14,4 %. En consecuencia, existe un
total de 16 595 personas que reciben terapia de reemplazo renal.
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Con esta contextualización, será necesario señalar cuál es el marco constitucional
y normativo ecuatoriano respecto a la discapacidad, a las enfermedades crónicas y al
derecho a la salud.
El derecho a la salud en el sistema jurídico ecuatoriano y su
jurisprudencia
La Constitución del Ecuador de 2008 determina, entre los deberes
primordiales del Estado, "[g]arantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes".
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Posteriormente señala que
[l]a salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua,
la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención
integral de salud [...]. La prestación de los servicios de salud se regirá por los
principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
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Adicionalmente, determina que "[e]l Estado garantizará políticas de
prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su
integración social".
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En este mismo artículo se reconocen derechos específicos para las personas con
discapacidades, como atención especializada, rehabilitación integral, vivienda, educación,
entre otros.
En esta misma línea, también es necesario mencionar el contenido de la Ley
Orgánica de Salud, que en su art. 259 determina el concepto de enfermedad catastrófica,
a la que define como aquella: "a. que implique un alto riesgo para la vida de la
persona; b. que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente;
y c. que su tratamiento pueda ser programado o que el valor promedio de su tratamiento
mensual sea mayor al determinado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria".
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En este mismo cuerpo normativo se determina que a quien sufra de este tipo de
enfermedad se le considerará su condición de doble vulnerabilidad.
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A partir del marco jurídico señalado, se puede observar que las personas
con ERCA tienen en Ecuador una protección reforzada por varias cuestiones. En primer lugar,
se observa una protección respecto a la salud entendida no solo como un tratamiento, sino
desde un entorno mucho más amplio: de acuerdo con lo previamente expuesto, presenta también
componentes propios de las teorías de la justicia que se han desarrollado de manera
posterior a los DSS.
Por otra parte, estos mismos DSS se ven reflejados en la consideración de
discapacidades que realiza la Constitución, y en la definición de "enfermedades
catastróficas" de la Ley Orgánica de Salud. Por ello, se podría señalar que, en el marco
jurídico ecuatoriano, las teorías de la justicia desarrolladas a través de diversos
filósofos han sido incluidas como elementos que rodean tanto el derecho a la salud como los
derechos de las personas con discapacidades, y tienen como finalidad generar igualdad en la
sociedad.
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Así, aunque parecería que los conceptos que forman parte de las teorías de
la justicia pueden encontrarse muy apartados de la realidad que viven las personas con ERCA,
tomarlas como base permite salir de la abstracción filosófica y aterrizarlas en el día a día
de quienes sufren esta condición en Ecuador. Además, abre la puerta a nuevos puntos de
discusión sobre los elementos que parten de dichas teorías y que han sido incluidos en el
sistema jurídico ecuatoriano.
Como se puede observar, tanto la Constitución como las demás normas que
desarrollan el derecho a la salud en el sistema jurídico ecuatoriano tienen elementos
evidenciables en las teorías de la justicia señaladas. Si bien Rawls presenta una teoría
débil en cuanto a la salud, los autores que la toman como base -Daniels, Fishman y MacKay-
sí plantean nuevos elementos que entienden a la salud sin centrarse únicamente en el aspecto
sanitario, sino en relación con el bienestar de la persona y el alcance de una vida digna.
Ahora bien, en principio parecería que el marco jurídico ecuatoriano es un
reflejo de las teorías de la justicia más amplias. No obstante, en la práctica, el escenario
es mucho más complicado, como se analizará a continuación.
Sentencia 16-16-JC/20
Los hechos que dan origen al caso 16-16-JC/20 ocurrieron en 2015, cuando
el MSP presentó una medida cautelar autónoma ante la posible interrupción del servicio de
diálisis por parte de algunas empresas dializadoras que alegaban la falta de pago del
Estado. Aunque el juez que resolvió esta medida cautelar la concedió y prohibió la
interrupción del servicio, el caso fue seleccionado para su revisión en la Corte
Constitucional del Ecuador (CCE).
De estos antecedentes, la CCE realizó dos análisis: uno sobre la
procedencia y efectividad de la medida cautelar respecto a la amenaza al derecho a la
salud de las personas con ERCA que requieren diálisis, y otro respecto a la amenaza
estructural al derecho a la salud de las personas con ERCA que requieren diálisis.
Para el presente documento se hará referencia específicamente al segundo análisis.
La CCE define amenaza estructural como el conjunto de "factores
sociales, económicos, culturales o políticos que configuran una situación compleja de
acciones y omisiones que se reproducen continuamente. Esta amenaza es provocada por la
confluencia de varios actores y tiende a recaer sobre los derechos de un colectivo o grupo
poblacional en situación de desventaja".
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A su vez, determinó que quien o quienes deberían encargarse de la protección de los
derechos, "en lugar de superar o solventar los factores que provocan dicha amenaza,
tiende[n] a reproducirlos o incluso a empeorarlos, deviniendo así en una posible vulneración
estructural a los derechos".
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Con base en estos criterios, la CCE procedió a realizar una verificación importante:
los hechos que dieron origen al caso no eran aislados, sino que se reproducían en varios
lugares del país.
Además, aunque existía un presupuesto asignado para los gastos que genera
la ERCA y que se pagan a los prestadores externos de servicios (dializadoras), la deuda no
solamente se mantenía, sino que había aumentado. También se realizaron otras verificaciones;
por ejemplo, los reportes de personas con ERCA que fallecieron durante la pandemia de
COVID-19 por falta de acceso a insumos o por imposibilidad para movilizarse. Con ello, la
CCE determinó la existencia de una amenaza estructural al derecho a la salud de este grupo
de personas en particular, tomando como punto de partida el derecho desde un punto de vista
integral, ligándolo "a la salud física como a la salud mental, en una dimensión individual
pero también familiar y social conforme lo reconocen la Constitución y los instrumentos
internacionales de derechos humanos".
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Con todas estas consideraciones, la CCE dispuso una serie de medidas para
contrarrestar esta amenaza estructural, incluyendo el fortalecimiento y la mejora de la
política pública que permita que los pacientes con ERCA tengan sus derechos garantizados y
puedan mantenerse con vida.
En este punto resulta necesario considerar lo señalado en la sentencia
constitucional y verificar que, en efecto, las medidas dictadas por la CCE, así como los
conceptos que brinda en su jurisprudencia, también se encuentran acorde con lo señalado en
las teorías de la justicia y en los DSS. No obstante, parece que no logran aterrizar en la
realidad, pues, aunque la CCE emitió un auto de verificación de cumplimiento de la
sentencia, se observó la poca intención del Estado de cumplir con las medidas emitidas.
53
Posteriormente, hasta la fecha de esta investigación no se han emitido otros autos en
los que se corrobore un cumplimiento de las medidas dictadas por la CCE. Sin embargo,
existen graves reportes de la prensa nacional
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e internacional
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en los que se evidencia la difícil situación en la que se encuentran los pacientes con
ERCA.
De todo lo expuesto, se puede señalar que, aunque los conceptos inspirados
en Rawls -que se expanden incluyendo a la salud como un aspecto social- se reflejan en el
sistema jurídico ecuatoriano, la realidad dista considerablemente de la teoría. En
situaciones en que las personas se encuentran en una doble condición de vulnerabilidad, como
es el caso de las personas con ERCA, no solo que no se garantiza que puedan desenvolverse en
la sociedad de una forma libre y en igualdad de condiciones; por el contrario, se está
condicionando su vida a la posibilidad de acceder por sus propios medios a tratamientos que
poseen costos sumamente elevados y que, sin la intervención del Estado, resultan
inaccesibles, por lo que se pone en riesgo la vida de la persona.
Además, y a pesar de la existencia de una sentencia constitucional que
busca proteger el derecho de estos pacientes, queda la duda de hasta qué punto el Estado
cumple su obligación de garantizar el acceso a este tipo de tratamientos, y si existen
políticas públicas o planes de gobierno que permitan prevenir el desarrollo de esta
enfermedad en su población. Si bien esto último no se discute en el presente artículo, es
oportuno cuestionar la necesidad de una cultura de salud preventiva por parte del Estado.
