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Los derechos de la naturaleza y los movimientos sociales en Ecuador[i]

Entrevista a Esperanza Martínez Yánez, militante de Acción Ecológica

 

https://doi.org/10.32719/29536782.2025.1.8

Eres una activista muy reconocida nacional e internacionalmente en la lucha por los derechos de la naturaleza. Cuéntanos: ¿cómo llegaste a ser militante de derechos de la naturaleza?

Desde que tengo uso de razón, he sido militante. Desde los quince años he participado en los primeros de mayo, siempre desde una perspectiva de izquierda. Siguiendo la línea de Galeano, creo que el corazón y la inteligencia deben estar en la izquierda. Mi compromiso con los temas ambientales comenzó cuando estudié biología. Hace cuarenta años, formamos una organización llamada Sociedad de Defensa de la Naturaleza, que luego se convirtió en Acción Ecológica.

Como éramos de izquierda, empezamos a vincular la defensa de la naturaleza con sindicatos, lo que fue un desafío, pero lo logramos. Trabajamos con campesinos e indígenas desde hace muchos años, buscando integrar la ecología con los sectores sociales. Así nació la idea de la ecología popular, un ecologismo más accesible y enfocado en la comunidad. Mientras que organizaciones como la Fundación Natura eran más instrumentales y estaban ligadas a la clase alta, nosotros queríamos un enfoque diferente. Desde que tengo memoria, he trabajado en temas petroleros, comenzando con la Texaco y el Yasuní, y formando redes con otras organizaciones. Nuestras primeras acciones directas se remontan al gobierno de León Febres Cordero, en la década de los 80, donde comenzamos con pequeñas manifestaciones. Decidimos ser una organización que promoviera la acción directa y la no violencia activa, principios que han crecido con nosotros.

Era crucial distinguirnos entre los ambientalistas que solo proponían parches al capitalismo y entre los conservacionistas que, aunque buscaban proteger los parques nacionales, a menudo despojaban a las comunidades indígenas. A diferencia de los movimientos socialistas, que contaron con figuras como Marx, nosotros tuvimos que buscar nuestra propia identidad, y así encontramos el camino del ecologismo popular. Al principio, establecimos una alianza con CEDENMA [Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente] y un grupo de comunicación; éramos mayormente mujeres. Formamos Acción Ecológica como un centro documental sobre el ambiente, pero rápidamente nos volcamos hacia el activismo. Cada miembro asumió la responsabilidad de un tema específico, lo que permitió un aprendizaje rápido y efectivo. Por ejemplo, nuestra compañera Gloria se encargó de minería; yo, del petróleo; y así nos dividimos las áreas de trabajo.

Nuestra estructura organizativa ha sido única; en lugar de seguir modelos jerárquicos típicos de ONG, invertimos ese enfoque. Cada una asumió su tema y aprendió en el proceso, lo que nos permitió desarrollar estrategias distintas. Algunos se volvieron más académicos, otros más populares, y otros más políticos. Esta diversidad ha enriquecido nuestro trabajo.


Nuestra pesadilla, como la de muchas organizaciones, era encontrar un lugar de trabajo. Empezamos en una oficina cedida por los trabajadores petroleros, lo que era irónico, ya que eran nuestros antagonistas. Pero establecimos buenas relaciones y realizamos muchas capacitaciones. Con el tiempo, arrendamos un espacio en la FLACSO y decidimos que, en lugar de seguir pagando arriendo, podríamos comprar un lugar. Así nació nuestra casa, que hemos transformado en un espacio liberado. Aquí se reunían la Ecuarunari [Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador] y otros movimientos, con lo que se convirtió en un verdadero centro de encuentro.

¿Y cómo se ha construido la relación entre la universidad ecuatoriana y los movimientos sociales vinculados con la lucha de los derechos naturales?

Yo diría que esa relación ya tiene doce años; mas no es nueva, sino que tiene bastante tiempo. Yo creo que las universidades han jugado los papeles bien diferenciados: uno desde la propia institución y otro con docentes específicos activistas. Sin embargo, la academia ecuatoriana, si bien ha hecho, ha producido, no ha sido tan crítica como los movimientos sociales. Ha sido una producción un poco más pasiva. La Universidad Andina Simón Bolívar es una de las que ha sacado cursos y programas de posgrado próximos a los derechos de la naturaleza. No he visto mucho de lo que hacen otras universidades, pero sí le veo a la Universidad Central analizando movimientos sociales, movimientos políticos. O sea, sí veo que hay pequeños destellos, pero no tanto con los derechos de la naturaleza, que suponen una reflexión mucho más crítica y más decolonial sobre los temas de naturaleza.

En los últimos años ha habido jurisprudencia de los derechos de la naturaleza en la Corte Constitucional ecuatoriana, y pudimos ver y escuchar a muchos amicus curiae de los movimientos sociales y de personas académicas aliadas a estos derechos. ¿Crees que sirvió?

Sí, claro, yo creo que ha servido. La Corte Constitucional ha construido unas sentencias simpáticas y otras no tan chéveres, pero en este desarrollo estuvieron muchas personas involucradas, tanto de los sectores sociales como de la academia. Entonces ahí vuelvo a la academia, que en el punto de los amicus ha tenido un rol fundamental, porque generó mucho contenido en los temas controversiales, para desarrollar reflexiones profundas, para generar pensamiento crítico, y para crear puentes con la teoría y la ciencia. Sin lugar a dudas, la academia ha tenido un rol importante en los amicus.

Hay que tener en cuenta que en Ecuador el tema ambiental ha pasado por lo político. Está en la Constitución, que es un texto donde se miden fuerzas. No todo es triunfo en la jurisprudencia de los derechos de la naturaleza, también hay un peligro: el de la institucionalidad que puede producir desmovilización.

Te voy a poner un ejemplo: yo siempre he ido a los territorios y entrado como Acción Ecológica; la gente sabe quiénes somos. Sabe que no puede pedir dinero porque nosotros no somos financistas. Sabe que puede pedir respaldo con una acción directa, con la toma de algún edificio o el cierre de un pozo. Sin embargo, desde el día en que se enteraron de que yo era abogada la relación cambió. Ahora me siento “doctorita” y me preguntan sobre la resolución de los casos. O sea que es muy peligroso, porque el derecho desmoviliza. Nuestra ventaja radica en nuestra larga historia. Debemos ejercer autocontrol al reconocer que contamos con más recursos legales que han ampliado nuestras oportunidades de participación. Sin embargo, es crucial ponderar constantemente cuál es la acción más adecuada en cada momento, una que mantenga la movilización y promueva la democracia. Esto no siempre es sencillo, ya que a veces las acciones pueden parecer contradictorias. Por ejemplo, si se está discutiendo un caso de derrame y la comunidad necesita apoyo, como abogado, podrías ayudar en una negociación sobre compensaciones y la firma de un acuerdo. Pero también puede surgir la necesidad de fortalecer alianzas con la comunidad o incluso considerar cerrar una vía. Nos encontramos en un punto en que estas dinámicas están provocando un replanteamiento de nuestras estrategias. Siempre he creído en el poder de la movilización, al menos en teoría.

¿Cómo crees que se encuentra la lucha por los derechos de la naturaleza en la actualidad? ¿Crees que la violencia ha provocado desmovilización?

El panorama en Ecuador está cambiando, y estamos viviendo un momento de violencia sin precedentes. En los territorios, la gente dice que nos estamos “colombianizando”, pero yo creo que es aún peor: nos estamos “mexicanizando”. A nivel local, se está perdiendo el sentido de institucionalidad. Además, ha surgido una economía criminal fuerte en las comunidades, y aunque sabemos cómo reaccionar, la situación se complica. Recuerdo que hace un mes, la gente quería llevar a cabo una acción directa, como bloquear la salida de los camiones de una minera. Incluso la Defensoría del Pueblo les recomendó actuar así. Sin embargo, por primera vez en mi vida, decidí desmovilizar: advertí a Acción Ecológica que se retirara porque corrían el riesgo de que les dispararan. Los militares podrían arrestarlos, pero la violencia se ha intensificado, con situaciones en las que disparan desde motos con pasamontañas.

Nos enfrentamos a una nueva realidad que no sabemos cómo manejar, relacionada con la violencia sicaria, especialmente vinculada a la minería. Lo que está ocurriendo en Molleturo no se limita a la minería ilegal. Aunque la mina estaba manejada por una empresa que perdió sus permisos, eso permitió la entrada de mineros ilegales, y no sabemos cuánta permisividad hubo para su acceso. Lo preocupante es que la empresa minera compra material a estos mineros ilegales, lo que les reduce los costos de operación y precariza aún más el trabajo en la minería informal.

Además, muchas empresas mineras están pagando a la gente y, en algunos casos, incluso ofrecen pequeños préstamos para que puedan adquirir maquinaria. Esto genera que los campesinos, que ya cuentan con equipo, tengan un mercado seguro para sus productos. Estamos viviendo un momento de cambios profundos, lo que complica la situación. Reflexionando sobre cómo enfrentar esta realidad, me doy cuenta de que, aunque hemos trabajado en zonas conflictivas, ahora el contexto territorial es mucho más complicado. No podemos poner en riesgo a nuestros compañeros.

Creo que la defensa de la naturaleza y los derechos podría tener un papel fundamental si la abordamos de manera estratégica. Es esencial elevar el discurso sobre la naturaleza como un interés nacional y promover campañas culturales que sensibilicen a la población. Por ejemplo, cuando lanzamos la campaña sobre Yasuní, inicialmente usamos imágenes de los casos de cáncer relacionados con Texaco, pero no tuvo el impacto esperado. Luego decidimos mostrar imágenes de jaguares, orquídeas y animales como los osos perezosos, lo cual resonó mucho mejor. Esto no solo reduce la tensión con nuestros detractores, sino que también nos permite generar más alianzas y llevar el conflicto a una dimensión nacional. Es sorprendente lo rápido que ha sucedido todo esto. Cuando se permite que un capital criminal tome riendas, en cuestión de meses se apodera de territorios. En Guayaquil, hay áreas donde ni siquiera la policía se atreve a entrar; están completamente controladas.

Qué curioso: antes en Ecuador decíamos que los procesos de paz eran un tema de Colombia, que nada o muy poco tenían que ver con nuestro país. Ahora cambió. ¿Cómo crees que los derechos de la naturaleza ayudarían a construir la paz en Ecuador?

Es una buena observación, ya que todo ha ocurrido muy rápido. La gente menciona que siempre han existido grupos colombianos y mexicanos que han estado influyendo en Ecuador. Históricamente, Ecuador no era un país de grandes disputas; su tamaño y control militar lo mantenían relativamente estable. Aunque siempre ha habido corrupción en las fuerzas de seguridad, la situación ha cambiado.

Las cárceles, que siempre han sido el bastión de las mafias, se convirtieron en escenarios de enfrentamientos violentos debido a estas disputas, lo que ha llevado a una pérdida total de control. Creo que esta situación no podrá sostenerse por mucho tiempo; algo tendrá que cambiar, ya que la velocidad de los acontecimientos es alarmante. Sin embargo, todavía hay espacios en Ecuador. Es el país en donde se ha vivido políticamente de las fisuras. No sabemos estar en el poder, nos va pésimo, nos traicionan rapidísimo. Pero sabemos navegar.

Creo que es fundamental que la naturaleza y sus derechos se conviertan en un interés nacional, y esto no es aislado del contexto de violencia: todo lo contrario, porque hablamos de otro control territorial, de las comunidades de los pueblos indígenas, de la propia naturaleza. Necesitamos dar un gran salto académico en este tema y comprender cómo podemos escalar esta defensa.


Adriana Rodríguez Caguana

Felipe Castro

Notas



[i] Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación “Los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana: Aportes desde las historias de vida de estudiantes de posgrado (2020-2022)”, financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador