Características e impacto de las redes  de macrocriminalidad: Los desafíos en derechos humanos

Entrevista a Luis Daniel Vázquez Valencia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM)

 

https://doi.org/10.32719/29536782.2024.2.7

 

Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor e investigador mexicano, analiza la situación de la macrocriminalidad en México y la región, y detalla las características, las violencias y los diversos impactos que genera, a la vez que plantea los desafíos en derechos humanos. Vázquez es entrevistado por Carlos Reyes Valenzuela, profesor e investigador del Programa Andino de Derechos Humanos de la UASB-E.

Entrevistador (E): Una primera pregunta es sobre México. Durante muchas décadas se ha planteado un discurso político gubernamental basado en la guerra y combate contra el narcotráfico. ¿Cómo ha funcionado esa narrativa de guerra, de violencia? ¿Qué es lo que se ha conseguido y qué no cuando se intenta abordar todo el problema de violencia asociada al narcotráfico en México?

Luis Daniel Vázquez (LDV): Hay dos elementos que necesitamos tomar en cuenta: primero, que la violencia propia de las redes de criminalidad tiene ciertas características, por ejemplo, capacidad de ejercer gobernanza criminal, que sea no solo nacional, sino incluso con características transnacionales. Es el caso del cartel de Sinaloa, que tiene posiciones en más de treinta países. Entonces ya te está hablando de una expresión de la violencia totalmente distinta, o al menos de esa red de criminalidad en específico. Y, segundo, con una última vuelta de tuerca, para el caso de México se dio el cartel de Los Zetas, con características militares, en que no solo es una gobernanza criminal, sino control territorial con características militares. Entonces, todo ese conjunto de cosas nos habla de una nueva expresión de la violencia, que es muy propia del siglo XXI, no es algo del siglo XX. Y en ese sentido lo que tenemos para reaccionar a esas redes de criminalidad son, normalmente, herramientas que creamos en el marco de los conflictos de mediados del siglo pasado; es decir, tenemos el estado de excepción, la justicia transicional, el derecho internacional humanitario, la declaración de conflicto interno…, pero esas respuestas obedecían o tenían como lógica una expresión distinta de la violencia. Entonces, sí hay que estar claros de que tenemos una nueva expresión de la violencia de estas redes de criminalidad y, vale la pena mencionarlo, es un desafío para estudiosos de derechos humanos. Estas herramientas no están teniendo el efecto que esperábamos porque fueron diseñadas para otras situaciones: en el caso de la justicia transicional, para dictaduras o para gobiernos autoritarios; en el caso del conflicto armado interno, directamente para guerrillas que declaraban la guerra al Estado o alguna cosa semejante. No es el caso. No es una violencia política. A los narcos, a las redes de criminalidad, no les interesa gobernar, sino apropiarse del excedente social, y tienen mecanismos específicos para ello: uno de esos es la violencia. Sí tenemos un desafío enfrente y no tenemos las herramientas para hacerlo.

E: En relación a esta violencia macrocriminal, ¿cómo consideras que ocurren estos impactos tanto en comunidades como en la justicia o a nivel político?

LDV: Las redes de macrocriminalidad generan cinco tipos de violencia: la primera es el conflicto territorial entre dos o más cárteles, que es el más público o publicitado. Y no es casualidad, porque justamente es la que a ellos les interesa también

 

dar a conocer: “Este es mi territorio, el que entra es asesinado, lo vamos a expulsar, este territorio tiene dueño”.

La segunda es la gobernanza criminal, que supone de forma muy breve y rápida que las redes de macrocriminalidad tienen la capacidad de gobernar en el territorio que controlan y, para hacerlo, deben construir un sistema de reglas que, además, tiene que ser eficiente. Ese sistema de reglas tiene sanciones, a veces letales, a veces no letales, las cuales, de alguna manera, desplazan al orden jurídico estatal. Eso es muy importante, porque se impone un nuevo tipo de orden. Entonces, este segundo tipo de violencia tiene que ver con estas sanciones, y ahí tenemos un impacto directo en aquella población que sufre. La gobernanza criminal ya no solo es un “Se matan entre ellos”, sino que aplica a toda la población por el solo hecho de vivir en ese lugar.

Una tercera expresión de la violencia tiene que ver con el desplazamiento forzado, para apropiarse de las zonas en las cuales va a haber reconversiones de cultivos. Eso lo tenemos hoy, sobre todo en el sur de Chiapas, donde están ocurriendo desplazamientos de comunidades indígenas enteras.

Una cuarta es cuando tienen relaciones con megaproyectos, cuando empiezan a hacer relaciones con empresas, en particular de mineras, que son las que más sufrimos en México. Y esa forma de expresión de la violencia es para que no generen mecanismos o movimientos de resistencia. En ese sentido, hay ataques específicos en contra de los líderes de esas comunidades, incluso de sus presidentes municipales.

Y, finalmente, la última forma de expresión de la violencia es la gobernanza criminal, para ejercer el control sobre la población que ahí habita y para generar sanciones al interior de las propias redes de criminalidad, para que los miembros de la red cumplan primero con sus funciones, pero además que no se vayan a cambiar de bando, que no vayan a convertirse en testigos protegidos, que no vayan a salir de esa red de criminalidad.

E: Y podríamos entenderlo también en un caso que aquí en Ecuador (y en América Latina en general) tuvo muchísima repercusión: el de los 43 de Ayotzinapa, que podría tener ciertas características que involucran a la Policía, decisiones políticas y macrocriminalidad.

LDV: Sí, totalmente. En el caso de Ayotzinapa podemos identificar algunos casos específicos que se convierten en hitos de la violencia. En México, por ejemplo, uno de esos hitos fue una balacera muy cerca del Tecnológico de Monterrey, que asesina a dos estudiantes. Cuando se da cuenta el Ejército de que cometió un error, lo que hacen es sembrarles armas, cambiar la escena del crimen y presentarlos como si fueran sicarios del crimen organizado. Y en esa conferencia de prensa incluso dijeron que los estudiantes venían armados hasta los dientes. De hecho, hay un documental que se llama Armados hasta los dientes. Con el paso del tiempo se supo que eso era falso y se convirtió en un hito que da cuenta de que, en esta supuesta guerra contra el narcotráfico, en realidad podemos ser víctimas todos. Cualquier persona, por el solo hecho de estar ahí, por el solo hecho de estar en el lugar y en el momento equivocados, cuando el lugar equivocado pareciera ser todo México. Entonces eso es muy importante. Luego tenemos dos hitos: Ayotzinapa y la masacre de Allende, que nos permiten ver el nivel de involucramiento y la cantidad de órganos gubernamentales que operan desde la macrocriminalidad: presidentes municipales, policías municipales, pero también estatales y federales, gobernadores, regimientos militares, la Marina, las aduanas, etc.

E: Respecto a Ecuador, dijiste que incluso la figura jurídica del conflicto armado interno quizás no sea la mejor para estas formas de violencia organizada.

LDV: El caso del conflicto armado tiene pros y contras: uno de los pros es que te permite reconocer al otro; en este caso, directamente la red de criminalidad como el otro con el que estás enfrentándote. Aquí hay que tener cuidado, porque el gran problema es que suele generar la idea de que tenemos, por un lado, a las redes de macrocriminalidad y, por el otro, al Estado, y que se están enfrentando, cuando eso en realidad no es así. Una de las principales características de las redes de criminalidad es que tienen tres estructuras: la criminal, la financiera y la política. Esto es, al interior de las redes de macrocriminalidad hay políticos que están involucrados en distintos niveles: a nivel municipal, de entidad federativa o de provincia, y también a nivel estatal. Entonces, en realidad no tenemos dos partes en conflicto, sino precisamente una red. Hay que pensarlos no de forma unitaria, sino más bien como un conjunto de distintos actores al interior del propio Estado, pero también por fuera del Estado, pues tienen algunas relaciones de conflicto y también relaciones de cooperación. Y eso lo hace mucho más complicado. La figura del conflicto armado te permite, por lo menos, reconocer al otro como contrincante e iniciar procesos de diálogo. Esto es muy importante si pensamos en una salida constructiva que genere paz duradera; justamente lo que necesitas es generar procesos de diálogo, construir paz duradera en lo local y en lo municipal, con desmovilización, desarme, reinserción social, modificación de las economías ilícitas por economías lícitas, con la reconstrucción del tejido social. Ahora: ¿cuál es el problema? Que normalmente un gobierno que se anima a declarar un conflicto armado en contra de redes de mayor criminalidad no está buscando construir paz duradera, sino lo que normalmente quiere es una política de mano dura. Entonces, si bien es cierto que, por un lado, te habilita la posibilidad de sentarte a dialogar con esas redes de criminalidad, por otro, normalmente esos gobiernos lo que quieren es simplemente un marco para echar a andar un proceso de militarización. Y eso es grave, porque la militarización, lejos de construir una paz duradera, muchas veces lo que hace es generar dinámicas explosivas en estos procesos o en estas dinámicas de redes de criminalidad, al tiempo que, por lo menos, nos da un poco más de certeza del marco regulatorio. Por tanto, es mejor tener un marco regulatorio sobre el conflicto que se está dando que no tenerlo. En el caso de México, nunca se hizo ni la declaración efectiva del estado de excepción, ni tampoco de armado ni nada remotamente parecido. Y así lo que tenemos es un estado de excepción de facto y un proceso de militarización de facto, por más de quince años. Entonces, es mejor tener ese marco regulatorio que no tenerlo, y allí el principal pro sería que pensáramos más bien cómo vamos a construir paz de forma duradera.

E: ¿Qué desafíos plantea, para las agrupaciones de derechos humanos, para la academia que está investigando derechos humanos, este contexto de esta macrocriminalidad?

LDV: Tenemos dos desafíos en dos áreas diferentes: uno sería técnico y el otro, de incidencia en política pública. Porque para estudiosos de los derechos humanos, esto de meternos en nuestra torre de marfil no se nos da normalmente. Cuando estamos pensando un problema de derechos humanos, lo estamos haciendo para proponer una solución, para desmantelar esos patrones de violaciones estructurales de derechos humanos. Entonces siempre estamos pensando en elementos técnicos. Nuestro principal aporte sería generar propuestas sustentadas en evidencia empírica, en buenos diagnósticos científicos causales, pero al mismo tiempo, generando incidencia. La idea es que eso no se quede en un libro o en un artículo, sino que efectivamente impacte o modifique en la vida de la gente. Por eso tenemos dos desafíos. En el caso técnico, el principal es cómo vamos a construir elementos que nos lleven hacia esta paz duradera que nos permita generar paz. Aquí es donde hemos tenido la mayor cantidad de avances, aunque todavía hay muchas limitaciones, puesto que hemos aprendido, por ejemplo del caso colombiano, qué funciona, qué no, cómo tenemos que darle seguimiento, etc. Colombia y México son los países donde más o menos se va avanzando en esta discusión de las formas de paz y de violencia. También en los diagnósticos locales, en la identificación de las redes de criminalidad, en cómo se establecen, en qué tipos de patrones de violencia generan y, en consecuencia, cómo podríamos generar mecanismos de protección. En este proceso de documentación y de propuestas, hemos avanzado un poco, aunque todavía nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, en el caso de México, algo que nos ha costado mucho trabajo es que las redes han llegado incluso a las comunidades indígenas: ahora para poder realizar una asamblea agraria tienes que pagar una extorsión; es una locura. Y algo que nos decían los compañeros de las comunidades indígenas es: “Nosotros ni contamos ni nos interesa el Estado”. Por tanto, la interrogante aquí es: ¿cómo podemos, desde nuestra autonomía, construir paz en nuestros territorios? Responder esa pregunta es todo un desafío. Por ejemplo, en México, nuestros presidentes, durante los últimos tres sexenios, se han acostumbrado a administrar el desastre, en lugar de generar procesos efectivos de desarme, de desmovilización, de reinserción social, y políticas de prevención de incidencia criminal primaria, secundaria y terciaria. Podría darse una discusión sobre el uso legal de las drogas, o sobre el proceso de desmilitarización del país. En cambio, no parecen muy interesados en llevar a cabo todas esas discusiones, en que se busque un gran acuerdo nacional. Estamos justo en este momento en proceso de elección y el tema de búsqueda de personas desaparecidas, de identificación forense de los cuerpos, no está en los debates, ni tampoco la construcción de paz. Entonces, yo creo que ahí es donde hemos perdido la capacidad de generar incidencia en las políticas públicas y donde está uno de los desafíos.

E: Una de las estructuras de las que hablabas es la política. ¿Qué ocurre en ese ámbito? Suena muy complicado hacer incidencia allí.

 

 

LDV: Uno de los problemas de que tengamos una estructura política es que dentro de las redes de criminalidad hay una demanda explícita de impunidad. Eso es lo más grave que nos puede pasar como país o como democracia. Estas redes de macrocriminalidad se apropian de los órganos de administración y procuración de justicia, se apropian de los sistemas de seguridad. Cuando eso pasa, por un lado, las redes se vuelven más violentas y, por otro, las personas quedamos en absoluta indefensión. Esa es la parte más grave: la demanda explícita de impunidad que tenemos con esas estructuras políticas.

E: Daniel, te agradezco muchísimo por los aportes que nos has entregado en esta entrevista y que reflejan lo que tú y tu equipo vienen investigando en México.

LDV: Gracias a ustedes. Un abrazo.

Carlos Reyes Valenzuela

Luis Daniel Vázquez Valencia: Profesor a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor a tiempo parcial en FLACSO México. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por FLACSO México, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, y licenciado en Ciencia Política y licenciado en Derecho, en ambos casos por la UNAM. Entre sus temas de investigación se encuentran la relación de los derechos humanos con la corrupción, la impunidad y la democracia; el análisis de política pública con perspectiva de derechos humanos; y la teoría jurídica y política de los derechos humanos.

Carlos Reyes Valenzuela: Docente investigador del Programa Andino de Derechos Humanos de la UASB-E. Editor alterno de la revista Andares.